Transición, ruptura y democracia

Se celebró el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas en España en 1977. Pero la jaleada Transición, de la que esas elecciones fueron eje, no fue el tiempo de concordia que se pretende. El 3 de marzo de 1976 tres trabajadores murieron en Vitoria por disparos de la Policía Armada. Dos más morirían días más tarde. De la brutal represión da cuenta una comunicación por radio de la policía que actuó en Vitoria, minutos después de las muertes, recuperada y revelada posteriormente: “Dile a Salinas que les hemos dado la paliza más grande de la historia“.

Cuatro meses después, Martín Villa, un franquista reformista, ocupó la cartera de Gobernación, que luego se llamó Interior. En menos de tres años murieron 44 españoles a manos de la policía y otros 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados por disparos de policías y grupos de extrema derecha que colaboraban en reprimir manifestaciones. Una Transición que no fue tiempo de paz, sino de violencia por represión constante, terrorismo y guerra sucia. De 1975 a 1983, en España hubo 591 muertes por terrorismo de extrema izquierda, extrema derecha, guerra sucia y represión, según el libro La Transición Sangrienta de Mariano Sánchez. De esos muertos, 188 fueron homicidios para mantener el orden, alentados e incluso organizados desde alguna cloaca del Estado, según Sánchez. Además, en el año de elecciones 1977, la Policía cargó muy violentamente contra hombres y mujeres en unas 800 manifestaciones en toda España. Porque imponer el orden público era determinante para frenar a la izquierda que finalmente renunció a ocupar las calles.

Los franquistas reformistas supieron pronto que el tinglado franquista o parecido no era posible, muerto el dictador. Aunque al principio de la llamada transición tampoco tenían intención de ir a una democracia sino montar algo controlable. Pero grandes sectores de la población española, liderados por la clase trabajadora, se movilizaron contra la dictadura y el gato por liebre en política. Desde 1973 a 1982, España fue el país europeo con mayor agitación social y las mayores protestas obreras conocidas en Europa occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Como nos han contado Sartorius y Alberto Sabio en su obra El Final de la dictadura, solo en 1976 hubo más de 17.700 huelgas en las que se dejaron de trabajar 150 millones de horas. Esa presión trabajadora y popular hizo posible acceder a una democracia aceptable. Tras cada movimiento positivo de la monarquía o de los franquistas reformistas había siempre grandes movilizaciones obreras. Huelgas y movilizaciones, por ejemplo, movieron al rey a despedir al presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tan incapaz de controlarlas como de proponer algo viable.

Pero, como cuenta Ferran Gallego, una élite política franquista controló buena parte de la Transición desde el Estado y la Constitución no surgió de la ruptura con la dictadura sino por la alianza del reformismo franquista con PSOE y PCE, sobre todo. Fue un ministro franquista, Adolfo Suárez (que fue secretario general del Movimiento Nacional, el partido único franquista), quien preparó las primeras elecciones.

Los franquistas nunca tuvieron voluntad de ir hacia una democracia y si la Transición no acabó en agua de borrajas fue por la movilización de la clase trabajadora. La izquierda quería la ruptura pero no confío en la clase trabajadora y en la ciudadanía y aceptó la reforma. Carrillo propuso al PCE aceptar al rey y la bandera rojigualda, sin consulta democrática alguna, atemorizando al Comité Central con el ruido de sables.

Para disponer del escenario completo, cabe recordar que, además de la condena de la España franquista por la ONU en febrero de 1946, el Consejo de Europa en 2006 condenó de nuevo las “violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a1975“. La ONU también suspende a España por mantener símbolos franquistas, por la Ley de Amnistía de 1977 (que viola la legislación internacional e impide juzgar crímenes franquistas), por suprimir la Justicia Universal y por negarse a exhumar desaparecidos localizados y forzar que las exhumaciones sean privadas.

Hoy siguen pendientes los grandes problemas políticos (Estado y naciones, forma de Estado…) porque la canonizada Transición y lo que vino después no han sabido resolverlos. Lo que lleva a pensar de nuevo en romper con todo eso.

Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Es imperativo reducir hasta acabar con la desigualdad

Campaña electoral en España. Momento para recordar el avance de la desigualdad. La ciudadanía ha de saber quiénes, que podrían gobernar, tienen voluntad política de combatirla. La desigualdad no es cuestión académica o de titulares. Es escenario y también causa del avance de la pobreza y exclusión social, mientras una minoría cada vez más reducida acumula un desmedido poder económico.

En España, 27% de quienes trabajan (más de la cuarta parte) están subempleados. Más dos millones. Trabajan menos de lo que necesitarían para recibir un salario digno. Más los casi cinco millones de desempleados “oficiales” ya son siete millones quienes viven (si se puede llamar vivir) con ingresos insuficientes e indignos. O sin ingresos.

En Madrid, una de cada cinco personas roza la pobreza o cae en ella. Más de millón y cuarto de madrileños. Así lo documenta el informe “Empobrecimiento y desigualdad social en la sociedad madrileña”, del sindicato CCOO. En el resto de España, según “Análisis y perspectivas 2016” informe de Foessa para Caritas, en los próximos años, aún con crecimiento económico, aumentará la exclusión social. Ya hay 720.000 hogares sin ingresos, cuando hace siete años solo eran 497.000. ¿De qué sirve crecer, si no se beneficia la gente?

La desigualdad borra fronteras de pobreza. Tener empleo hoy no garantiza dejar de ser pobre. Pero, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los directivos de empresas del IBEX 35 tienen un salario medio anual de dos millones y medio de euros. Y, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. Según Oxfam Intermón, hace cinco años los súper-ricos eran 388, pero cada vez muchos menos tienen mucho más. Solo 62. Una grave amenaza.

Oxfam muestra además que esos 3.600 millones de población perdieron un billón de dólares de ingresos desde 2010. Al tiempo que los más ricos aumentaban su riqueza en medio billón. Es desigualdad en estado puro.

Edmundo Fayanás, profesor de Historia, escribe que el capitalismo necesita desigualdad para funcionar y generó desigualdad desde su inicio. Bernard de Mandeville en el siglo XVIII pretendía justificarlo al sostener que el interés individual, lujo y placer personales son imprescindibles para que la economía progrese. De otro modo, decía Mandeville, el capitalismo perdería su motivación principal: el beneficio personal. Pero quienes pueden atesorar riqueza y vivir en lujo y placer son muy pocos. Porque el capitalismo precisa desigualdad.

En los años ochenta del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de EEUU, sentó las bases de una enorme desigualdad con sus obscenas rebajas de impuestos a los ricos. A éstas siguieron las de Bush hijo y, desde entonces, EEUU es un país desigual, cada vez más desigual. Una quinta parte de su población (sesenta millones de personas) vive bien, pero el resto (unos 250 millones) sufre una escalada de graves carencias económicas y sociales. Bush pretendía que para crecer se debía favorecer a las élites y recortar ayudas a los pobres, por ser deficientes económicamente. La misma necedad que roznó Bernard de Mandeville tres siglos antes.

La riqueza mundial está en muy pocas manos. El 1% de la población mundial acapara casi la mitad de la riqueza y su patrimonio crece y crece. En EE UU máximos directivos y ejecutivos ganan 300 veces más que sus trabajadores. Pero en España, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 530 veces más que el salario medio de sus empleados. En Inditex, los 12 millones de euros que cobra su presidente, Pablo Isla, son 526 veces más que el salario medio de sus asalariados. En FCC, 454 veces; en BBVA, 451 veces; en Ferrovial, 239 veces; en Día, 213 veces…

La llamada clase media mengua con la crisis. Digo llamada porque se suele denominar clase media también a los asalariados con sueldos decentes. Clase trabajadora que puede vivir con dignidad y aceptable nivel de consumo. Pues bien, según estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el inicio de la crisis a 2014, esa clase media en España se habría reducido en más de tres millones y medio de personas. Y no para estar mejor.

La desigualdad no cesa. Por desempleo, empleos precarios, trabajo temporal y a tiempo parcial. Más recortes sociales (en educación y sanidad públicas, en ayudas a desempleados, en políticas sociales…). Y volvemos al principio. ¿Qué partidos quieren de verdad reducir la grave amenaza de la desigualdad?

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.

El legado del gobierno del Partido Popular

Aunque en diciembre hubo elecciones generales en España, quizás se repitan en junio. Por no poder constituirse un gobierno estable. Hasta ahora. De haber comicios se enfrentarían quienes creen que ha de continuar el régimen monárquico y neoliberal nacido en 1978. Y los que aspiran a construir un país más justo, cambiando las cosas, al servicio de la mayoría ciudadana no de las élites que detentan el poder económico. Y, así las cosas, parece oportuno recordar cual es el legado real del gobierno del Partido Popular.

¿Qué dejan cuatro años de inmisericorde gobierno de la derecha? Una enorme desigualdad (como documentan OCDE y OIT), un 15% de trabajadores con empleo, pero pobres, que no ganan bastante para vivir con dignidad y más de trece millones de personas en riesgo de pobreza. Casi un tercio de población. Sin olvidar servicios sociales, sanidad y educación reducidos y muy dañados por una miserable austeridad de incesantes recortes que casi siempre son violaciones de derechos humanos. El resultado es una severa rebaja o incluso pérdida de renta social de la ciudadanía.

Además esa mezquina política no ha evitado contraer una deuda pública tan cuantiosa como el 100% del PIB, una Seguridad Social en números rojos y un sistema de pensiones con el fondo de reserva peligrosamente reducido, amén de la evidente pérdida de poder adquisitivo real de los pensionistas. Sin olvidar el dato innegable de que al final del mandato de este ejecutivo derechista hay 350.000 puestos de trabajo menos que cuando el Partido Popular formó gobierno. En plata, cientos de miles de empleos destruidos. Más la inexorable rebaja durante este gobierno de 40.000 millones de euros anuales en los salarios. Por sus reformas laborales. Multipliquen por cuatro esa rebaja salarial y averiguarán cuanto se ha lucrado la minoría que controla la economía a costa del pueblo asalariado. Según la OIT, España es el país desarrollado donde más han crecido las desigualdades. Por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (por precariedad y rebaja salarial insistentes) y por la desaparición de cientos de miles, millones, de salarios. El paro que no cesa.

Ese funesto legado incluye que 122.000 españoles abandonaran el país en 2015. Ya son más de dos millones y cuarto quienes se han visto forzados a emigrar. O regresar a su país de origen. Y que más de medio millón de jóvenes hayan emigrado durante el gobierno de la derecha porque aquí no encontraban empleo ni en sueños.

Esa cruda realidad se pretende maquillar con macrocifras económicas. Viejo truco. Pero las macrocifras nada tienen que ver con que la gente viva con dignidad con las necesidades básicas atendidas y los derechos, respetados. De nada sirve que crezca el PIB, si la riqueza no se redistribuye con justicia. Al contrario, la ‘reforma’ fiscal perpetrada por este gobierno derechista favorece a los ricos y perjudica al pueblo trabajador. Más desigualdad.

¿Significan algo las macrocifras? De 1940 a 1981, por ejemplo, el PIB de Brasil aumentó de 6% a 9% cada década, pero continuó habiendo demasiados pobres que no cesaban de aumentar. México creció durante cuarenta años 6% anual, desde 1930 a 1970, pero cada vez había más pobres y pobres extremos, ahondando una obscena brecha de desigualdad. En 2010, Libia creció el 10,6 % y fue segundo país del mundo en crecimiento. Sin embargo, la única esperanza de la gente libia era y es emigrar…

No hay macrocifras que valgan. Mientras haya en España un 15% de trabajadores pobres, 50% de paro juvenil y mayoritario empleo precario mal pagado este país está mal. Porque la mayoría de gente está mal. Y lo que importa son las personas y como puedan vivir.

Tal panorama es el legado real del PP, lo que ocurre cuando gobierna la derecha. Parafraseando un texto de David Harvey sobre el capitalismo, pero aplicado al gobierno derechista en España, quizás funcione por tiempo indefinido pero provocará la degradación progresiva del país y la pobreza de mucha gente. Habrá un aumento espectacular de desigualdad y la mayoría ciudadana se verá sometida a vigilancia y represión por un Estado cada vez más autoritario.

Así se vive ya en el Reino de España con el Partido Popular. Va siendo tiempo de que la gente tome nota y no vote a quien le lleva a la ruina total: la derecha. Aunque se disfrace de centro.

Breve balance de una lucha de clases que perdemos por ahora

Los resultados de las elecciones generales en España son prueba de la afirmación del tirular. Elecciones sin mayorías absolutas. Izquierda y derecha ocupan el Congreso a partes casi iguales, pero, con la que está cayendo, la izquierda debía haber arrasado. Pero no. Los nuevos partidos llamados emergentes (uno de izquierda moderada y otro de derecha pura aunque se vista de centro) obtienen diputados y los resultados no permiten pactos fáciles. En la izquierda, no, porque el PSOE, por ejemplo, reaviva su lado más españolista. No pactará con Podemos si mantiene su voluntad de convocar un referéndum en Cataluña para que su ciudadanía diga cual quiere sea su encaje con España.

El gran argumento del PSOE es que no aceptan nada contra la unidad de España. Como si una consulta al pueblo no fuera un ejercicio de democracia. Por cierto, eso de ‘unidad de España’, lo utilizó y repitió hasta la saciedad uno de los grandes genocidas europeos: el dictador Franco.

Los resultados electorales muestran también que el régimen del 78 (monarquía restaurada con formas democráticas) es una falacia. Se inventó para que nada cambiara en España. En parte con una ley electoral tramposa, injusta y poco democrática, que da nueve diputados a un partido con 600.000 votos y dos a otro con casi un millón.

Un diseño electoral para que las clases ricas formadas durante la dictadura franquista, que se sumaron a los aristócratas y terratenientes de siempre, controlaran la economía patria. Burguesía terrateniente, inmobiliaria, algo industrial y financiera que hoy se agrupa en el Ibex 35, las mayores empresas y corporaciones del Reino. Bloque capitalista que subió con entusiasmo al carro de la llamada crisis. Crisis que fue insensatez, timo y robo con premeditación y alevosía, y finalmente saqueo del pueblo trabajador. Aquí, en EEUU, resto de Europa y la Conchinchina. Puse lo cierto y comprobado es que el capital no tiene otra patria que sus ganancias, que siempre han de ser más.

Obsesionado por pillar más beneficios (que se resistían por sobre producción y otras cuestiones), en la primera década del siglo XXI el capital decide prestar a todo quisque para comprar viviendas. Beneficio por venta inmobiliaria… y beneficio por especular con las deudas para adquirir casas. Fueron las hipotecas sub prime, auténticas hipotecas basura. Préstamos hipotecarios sin la menor garantía de solvencia. Préstamos que jamás serían devueltos y cuyos intereses dejarían de abonarse al poco tiempo.

Esas hipotecas se ocultaron en títulos con otros productos financieros. Pero, como eran incobrables, los títulos devinieron activos tóxicos. Basura financiera que jamás daría beneficio ni se recuperaría el capital prestado. Los balances financieros se fueron al garete y se desató el pánico. Cundió el terror en las cúpulas bancarias, pero, tras breve tiempo de atrición y propósito de enmienda (hablaron de ‘refundar’ el capitalismo), pensaron que la ocasión la pintaban calva. Además de mendigar ayudas billonarias al Estado (para tapar pérdidas y agujeros y continuar ganando obscenamente), podían utilizar la crisis para que todo volviera a su estado ‘natural’. Fin del capitalismo ‘de rostro humano’ tras la II Guerra Mundial, fin del estado de bienestar y recuperar todo el poder. Además, ya no existía la URSS y nadie contrario al capital daba miedo. Beneficios y más beneficios… Y reducir la democracia a decorado y liturgia, porque, cuando es de verdad, se convierte en incordio.

Hablando de la crisis, lo explicó con nitidez el especulador Warren Buffet (uno de los cinco hombres más ricos del mundo) a The Wall Street Journal: “Sí, es lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que va ganando”. Y, para mostrar como ganan los ricos, Isabel Ortiz y Matthew Cummins investigaron lo que los poderosos han impuesto a la mayoría de población urbi et orbe con la excusa de afrontar la crisis. Austeridad, sí o sí. Que en román paladino es transferencia obscena a la minoría rica de las rentas y costes de satisfacer derechos de las clases trabajadoras. Recuerden a Grecia. O España.

En Revisión del Gasto Público y Medidas de Ajuste ambos investigadores documentan las consecuencias de esa política en 181 países del mundo. Se han rebajado los salarios en 97 países. Se han reducido o eliminado las ayudas a desempleados (y a los más pobres) en 100 países. En 94 estados han aumentado los impuestos indirectos al consumo (pagan igual pobres que ricos). Se han rebajado las pensiones en 86 países y se han recortado servicios y prestaciones de sistemas de salud también en 86. Se ha reducido la protección social en 80 países. El despido es más fácil, barato o gratuito en 40 países… Y sigue.

Más allá del sufrimiento, dolor y angustia que esas medidas han provocado y provocan, no han creado empleo aceptable (como no hicieron nunca) ni han recuperado una actividad económica decente. Y, por supuesto, no han mejorado un ápice la vida de la gente. Todo ha empeorado y crecen desigualdad y pobreza.

Pero el problema no acaba ahí. La guerra de los ricos contra la población sigue y hay que saber qué se cuece, qué nos preparan. Por ejemplo, una Unión Europea al acecho quiere más vueltas de tuerca en reforma laboral, pensiones y recortes presupuestarios. Para reducir el déficit, dicen, pero en verdad a mayor beneficio de las élites.

Son tiempos de desobediencia, son tiempos de resistencia.

Razones de derrotas electorales en América Latina

Tras década y media de gobiernos que trabajan por y para la gente, reducen la pobreza y empiezan a dejar atrás la América Latina sojuzgada por oligarquías, algunos han sido vencidos en recientes elecciones. En Argentina, el oscuro multimillonario Mauricio Macri, elegido presidente con 51,40% de los votos; tres puntos por encima del candidato que proponía continuar las políticas avanzadas de Cristina Fernández. Y en Venezuela, la aún más oscura oposición derechista ha logrado 112 diputados frente a 55 del partido del presidente Maduro, sucesor de Chávez. Lo peor es que conservadores y ultra conservadores tienen votos suficientes para cargarse la constitución progresista que impulsó Hugo Chávez, una carta magna que tiene en cuenta a la gente, sus derechos y necesidades.

En Venezuela, esa oposición, que desde siempre defiende los intereses de la minoría rica y sus cómplices en otros estratos sociales, ha conseguido muchos votos. ¿Cómo es posible si la mayoría con derecho a voto está formada por trabajadores, campesinos y gente común, no privilegiados ni miembros de clases pudientes? ¿Acaso el gobierno no ha reducido la pobreza y gobernado en interés de los desfavorecidos, de la gente común?

Lo ha hecho. Sin embargo, y sin olvidar la tremenda ofensiva de la minoría rica para recuperar el poder político con dinero a espuertas y potentes medios de comunicación a su servicio, esos gobiernos que empezaron a cambiar las cosas tienen responsabilidad en las derrotas. Quizás por no ser bastante radicales al servicio del pueblo trabajador, de la gente común. O por haber olvidado que, como explica Gramsci, “se domina a un pueblo imponiendo un sistema de valores. La revolución es cambiar la cultura de la clase explotadora por la de la clase revolucionaria. Si ésta asume principios de los explotadores, construirá una sociedad a la medida de éstos”. ¿Ha sucedido eso en parte? David Harvey explica que, “los gobiernos que alcanzaron el poder en Argentina, Venezuela, Bolivia… son progresistas, pero poco a poco han devenido cautivos del capital”. Además de alejarse de los movimientos sociales, su fuerza, la base sobre la que construyeron las victorias electorales que les hicieron gobernar.

Harvey afirma ser un error de esos gobiernos ligar las propuestas de redistribución de riqueza con atraer a grandes inversores y aumentar más las exportaciones de materias primas. Porque eso les ha hecho depender demasiado del capital. Además de no buscar alternativas concretas, posibles y realizables, al modo capitalista de producción. No parece haber habido suficiente voluntad política de hacerlo, porque las reducidas experiencias de economía solidaria, cooperativas de trabajadores y fábricas recuperadas apenas tienen peso en la economía.

No se puede combatir con éxito un sistema explotador con sus modos y principios siquiera parcialmente. Y ocurre cuando se trabaja por la redistribución de rentas, pero no por organizar la producción de bienes y servicios con otros valores y parámetros. Si que haya rentas suficientes para redistribuir con mayor justicia depende de un desarrollo capitalista, el país queda a merced del capital.

Error esencial ha sido también no ahondar qué modelo de consumo es adecuado para redistribuir riqueza con más justicia. No es estar contra el consumo, dice Harvey, sino optar por el buen consumo. No es lo mismo consumismo que consumo. El primero es el propio del sistema capitalista donde lo prioritario es que la gente consuma cada vez más. Da igual qué, mientras se consuma siempre más, porque el funcionamiento económico va ligado al consumo exponencial. Pero ese modelo no asegura una redistribución justa: provoca el más escandaloso despilfarro.

Además, el modelo de consumo ha de asegurar una redistribución sostenible, pues si no es sostenible, nos ahogaremos en plásticos y otros residuos, se agotarán los recursos naturales y no podremos frenar el cambio climático y lo que supone. Solo tenemos esta Tierra y el modelo de consumo ha de ser diferente del propio del modelo capitalista. Radicalmente. Sin entrar en el debate, con mucho que debatir, sobre crecimiento, qué crecimiento o no.

Esas pueden ser razones que expliquen porque gobiernos progresistas han perdido estas elecciones. Tal vez por no separarse progresivamente y de modo claro del estilo, modos, valores y actuaciones de este sistema, el capitalista. Como defendía Rosa Luxemburgo, hagamos tantas reformas como sean necesarias en beneficio del pueblo trabajador, pero sin olvidar que el objetivo final es acabar con el capitalismo, la propiedad de la riqueza por unos pocos.