El FMI de nuevo contra la ciudadanía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

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La victoria de Macron ha sido elegir entre lo malo y lo peor

Las elecciones presidenciales francesas revelan agotamiento democrático, síntoma del progresivo vaciado de la democracia que sufrimos desde hace tres décadas. En Francia había que elegir entre lo malo y lo peor; un neoliberal austericida o una fascista xenófoba. Algo va muy mal con este sistema en el que la gente solo ejerce su soberanía ciudadana cada equis años.

El presidente Emmanuel Macron es un Felipe González galo. Emboscado en retórica vibrante y sonora, oculta sus intenciones (¡ese estilo González tan conocido por los españolitos!) y recurre al gastado truco de que la virtud está en el medio. En el centro. Pero ese ‘centrismo’ amenaza con otra ‘reforma’ laboral. Macron dijo de la perpetrada por Hollande que iba en la buena dirección, pero era insuficiente. Si ese ataque en regla contra los trabajadores que era la propuesta de Hollande es poco para Macron, ¿cómo será ‘su reforma’?

Una abstención récord de más del 25% y un volumen histórico de votos en blanco y nulos del 12% muestran que casi 4 de cada 10 franceses no se fían ya del tinglado en que ha devenido la República. Así lo muestra también un sondeo de France Info según el cual el 61% de la ciudadanía francesa no quiere que Macron tenga mayoría absoluta en la cámara legislativa. No se fían.

Macron ha dicho tener ’un plan de choque’ para regenerar la política francesa. Pero sin control del Parlamento, pues tomará medidas por decreto. Muy democrático. ¿Esa regeneración supone lucha contra la corrupción? Excelente disfraz y aún mejor distracción, pues la actuación de los neoliberales contra la corrupción nunca llega al fondo ni la reduce ¿Cómo han de acabar con la corrupción si conforma el sistema? Pero discursear contra la corrupción funciona porque distrae al personal y maquilla las medidas antisociales que se avecinan.

¿Hay que explicar a quién sirve Macron? El nuevo presidente francés, por ejemplo, quiere que las negociaciones laborales sean empresa por empresa. Nada de negociar por sectores y aún menos convenios colectivos. Pero negociar empresa a empresa desarma al movimiento obrero y debilita a los trabajadores. Por eso Macron quiere cambiar las reglas de juego. Además, Macron pretende adelgazar el Estado eliminando más de 125.000 empleos públicos, pero no policías ni soldados, al revés, contratará a 11.000 nuevos policías y creará una fuerza de intervención rápida en el mundo que huele a imperialismo de la más baja estofa.

Para maquillar sus propósitos antisociales, Macron promete formación profesional para parados y jóvenes y reforzar el seguro de desempleo. Pero habrá que ver como lo paga, pues bajará impuestos a las empresas… para favorecer la contratación. Dice. Pero ese tocomocho lo conocemos en España, donde la reforma laboral del Partido Popular ha logrado que la mayor parte del empleo sea temporal y precario, mientras crecen desigualdad y pobreza hasta niveles desconocidos en el último cuarto de siglo. Eso explica que haya 15% de personas con empleo pero pobres. Pues eso es lo que promete Macron. Y, para que no haya duda sobre sus intenciones, reducirá 60.000 millones de euros el gasto social.

ATTAC-Francia ha advertido de que el programa de Macron es netamente ultraliberal y de que su Presidencia será como si la República fuera presidida por bancos y multinacionales, mientras crecen las crisis social y ambiental.

Además, Macron no frenará al Frente Nacional; al contrario, su Presidencia fortalecerá a la derecha, a la minoría que detenta el poder económico, que, por cierto, también está con Le Pen. ¿Acaso Hitler, Mussolini o Franco no estuvieron al fiel servicio de grandes empresas y grandes capitales? Ahí están IG Farben, IBM, Volkswagen, Siemens, BMW, Siemens, Krupp y muchas más a las que favoreció sin el menor disimulo el régimen nazi, por ejemplo. Puro capitalismo

Pero desvela a quien sirve Macron con su deseo de firmar el acuerdo de comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá, el CETA, que dejaría el comercio en manos de las voraces multinacionales. Si llegan a estar vigentes los tratados bilaterales (TTIP, TPI, CETA…) vaciarían del todo la democracia y mandarán las multinacionales.

Como recuerda ATTAC-Francia, el Presidente electo es un ultra-liberal, amigo de financieros, bancos y multinacionales, y advierte que, de permitirle gobernar a su antojo, rebajará los derechos del pueblo trabajador hasta convertirlos en sombra y acabará con lo que queda del estado de bienestar. Pero ahora el pueblo francés puede hacer que Macron no disponga de mayoría suficiente en las próximas elecciones legislativas, que ya sería un freno. Votando a la izquierda.

Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara como negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero solo hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa relacionada con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y las entidades u organismos públicos no puedan contratar empresas con relación con paraísos fiscales.

Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista, pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla, que solo existen sobre el papel para facilitar la elusión, el fraude fiscal. También ha de presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean señalados públicamente y sancionados.

No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la Agencia Tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país.

También se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla. E investigar a bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.

El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, EEUUs o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde su país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.

Zucman reconoce que hoy aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren de verdad en luchar contra el fraude fiscal.

Otra propuesta contra el fraude fiscal es crear un registro mundial de títulos financieros con nombres y apellidos de titulares; un catastro financiero, como ya hay en Suecia. Y una buena política sería formar una gran coalición de varios países contra los paraísos fiscales. Una alianza de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo, tiene más posibilidades de obligar a Suiza o Hong Kong a facilitar información fiscal y a establecer impuestos justos y suficientes.

Sin presiones ni sanciones no avanzará la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué los gobiernos no tienen la misma actitud contra la evasión y elusión fiscales que cuando luchan contra el terrorismo? Un fervor similar al antiterrorista sería perfecto para luchar con los paraísos fiscales. Y vencerlos, por supuesto.

Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá por haber cobrado derechos de imagen por una empresa pantalla, esas sociedades conocidas como offshore.

Sin tanta ordinariez al explicarse, las grandes empresas y corporaciones multinacionales practican la misma elusión fiscal que Crivillé pregona y como hacen tantos deportistas de ingresos multimillonarios. O sería más acertado decir que los Crivillé y compañía se escaquean de pagar impuestos como las empresas multinacionales.

En 2014, la multinacional Apple pagó solo la calderilla del 0,001% (cinco milésimas de unidad por ciento) por sus cuantiosos beneficios. Fue así porque declaró sus cuantiosos beneficios en Irlanda, que ofrece una inmoral rebaja fiscal, aunque obtuvo esos beneficios en varios países donde debería haber tributado.

Offshore Shell Games 2016 reveló que Apple registró 215.000 millones de dólares en empresas pantalla, por los que debería haber pagado 65.400 millones en impuestos al fisco de EEUU… si esos beneficios se hubieran declarado en ese país como es lo justo.

Desde multinacionales y corporaciones internacionales pretenden justificarse asegurando que la ‘elusión fiscal’ que perpetran es legal. Aprovechan agujeros legales y la falta de normas de control internacional para apenas pagar impuestos por los beneficios obtenidos. Esa elusión ‘legal’ de impuestos por quienes más ganan es posible por la innegable falta de voluntad política de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

El mismo Crivillé explica que “recibes asesoramiento para gestionar tu patrimonio. No lo haces tú, te lo hacen los profesionales que te asesoran y dicen cómo lo tienes que hacer”. Evidentemente con trampas y trucos contables. El resultado es pagar mucho menos. Pero abogados y asesores fiscales se van de rositas tras contribuir al multimillonario saqueo de impuestos que nunca llegarán al Estado.

Dejar de pagar impuestos es un delito cuando es evasión pura y dura. Pero eludir impuestos, por más que se pretenda legal, atenta contra el mismo bien jurídico: la recaudación del Estado para atender necesidades y derechos de la ciudadanía. Por tanto, debe ser considerado tan delito como la evasión fiscal. Una mezcla de apropiación indebida y robo. Posible porque la clase política europea gobernante está al servicio de quien está. Tenemos elusión para rato.

¿Por qué en todos estos años de evasión y elusión de impuestos la Unión Europea no ha tomado una sola medida eficaz contra la fuga de impuestos por los paraísos fiscales? Porque no hay voluntad política real. Y es así aunque la misma UE considera que la evasión de impuestos cuesta como poco a sus Estados miembros de 50.000 a 70.000 millones de euros anuales de impuestos perdidos.

Y más que se perderán, porque de 2013 a 2015 se han triplicado los acuerdos fiscales secretos entre multinacionales y gobiernos europeos. Acuerdos ocultos, que permiten hurtar el dinero de impuestos necesario para satisfacer necesidades y derechos ciudadanos, ya son más de 1.400, según la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). ¿Imaginan cuántos millones de dinero de la ciudadanía, que ésta no disfrutará, suponen esos acuerdos?

En realidad, como ya se ha escrito, los paraísos fiscales, que facilitan la evasión y elusión de impuestos, son el lubricante del sistema capitalista. Hacen posible el robo masivo perpetrado contra la ciudadanía en tiempos de descenso de ganancias. Según Offshore Shell Games 2016, las empresas más ricas del ranking Fortune 500 tienen escondidos en paraísos fiscales casi 2,5 billones de dólares de sus ganancias. Beneficios que no pagan impuestos y así el pueblo es sistemáticamente despojado de sus derechos económicos y sociales por evasión y elusión fiscales.

Va siendo tiempo de llamar a las cosas por su nombre. La evasión de impuestos es un delito, un crimen, y eludir impuestos también ha de ser considerado como tal. Y, por tanto, hay que actuar con decisión y contundencia. Incluidas medidas penales.

Propiedad, multinacionales y derechos humanos

M, vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.

M pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.

En el primer año de la llamada crisis, con recortes, despidos y aumento creciente de desempleo, se iniciaron miles de desahucios. La gente perdía el empleo, no podía pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda y los desahuciaban. A la calle. Entre 2008 y 2012, según informe de la Plataforma de Afectados por le Hipoteca (PAH) hubo casi 245.000 expulsiones de sus viviendas de gente, tanto por impago de hipoteca como de alquiler. Y, en el Reino de España, hubo en los primeros meses de crisis más de cuarenta suicidios asociados a desahucios, algunos, para que no hubiera dudas dejaron notas que explicaban la razón de recurrir a tan desesperada medida: quedarse en la calle. ¿Para qué demonios sirve la vigencia legal del derecho a la vivienda, a la vida digna que incluye, si se pasan por el arco del triunfo los derechos de la gente?

Tal vez el error fue incluir también en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a la propiedad privada en el artículo 17. Sin matices ni aclaraciones. Como una patente de corso, pues parece incuestionable que empezaron los problemas cuando hace miles de años alguien marcó un espacio de tierra y dijo: Esto es mío. Desde entonces los derechos a una vida digna, al sustento, al trabajo a un techo digno… no casan con ese derecho a la propiedad.

¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?

Vistas las maniobras para vaciar la democracia por grandes empresas y corporaciones, como aprobar los tratados bilaterales TTIP, CETA, TTP…, es evidente que han declarado la guerra a los derechos humanos de la gente. Relacionar desahucios y suicidios pudiera ser considerado extremo, pero esclarece responsabilidades y muestra la calaña de la depredación global que algunos insisten en llamar crisis. Es saqueo puro y duro. La mayoría ciudadana forzada al servicio de una obscena minoría. El imperio de la codicia sin freno.

Amenazas sobre la gente, tanto o más graves que lo narrado, se ciernen contra los derechos humanos de mucha gente y la protección de la Naturaleza. ¿Olvida esa minoría codiciosa que solo tenemos esta Tierra y sus recursos son limitados? Y no vale proponer emigrar a Marte, no por no factible (al menos todos o muchos), tampoco deseable, puestos a ser sinceros. Además, resolver los problemas de aquí en otro espacio suena a creencia religiosa; es la vieja fantasía de aguantar aquí y ser felices en otra vida mejor.

Pero aterrizando, son amenazas contra la gente y la Tierra los planes mineros, forestales, energéticos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos… en muchos países del antaño denominado Tercer Mundo. Planes de corporaciones denunciados por la ciudadanía, entidades indígenas y otros actores. Proyectos que supondrán obscenos beneficios para una reducida minoría de accionistas, ejecutivos, cómplices académicos, mediáticos y políticos, pero son un verdadero saqueo para la mayoría de ciudadanos en América Latina, África, Asia…

En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.