Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara como negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero solo hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa relacionada con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y las entidades u organismos públicos no puedan contratar empresas con relación con paraísos fiscales.

Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista, pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla, que solo existen sobre el papel para facilitar la elusión, el fraude fiscal. También ha de presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean señalados públicamente y sancionados.

No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la Agencia Tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país.

También se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla. E investigar a bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.

El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, EEUUs o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde su país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.

Zucman reconoce que hoy aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren de verdad en luchar contra el fraude fiscal.

Otra propuesta contra el fraude fiscal es crear un registro mundial de títulos financieros con nombres y apellidos de titulares; un catastro financiero, como ya hay en Suecia. Y una buena política sería formar una gran coalición de varios países contra los paraísos fiscales. Una alianza de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo, tiene más posibilidades de obligar a Suiza o Hong Kong a facilitar información fiscal y a establecer impuestos justos y suficientes.

Sin presiones ni sanciones no avanzará la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué los gobiernos no tienen la misma actitud contra la evasión y elusión fiscales que cuando luchan contra el terrorismo? Un fervor similar al antiterrorista sería perfecto para luchar con los paraísos fiscales. Y vencerlos, por supuesto.

Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá por haber cobrado derechos de imagen por una empresa pantalla, esas sociedades conocidas como offshore.

Sin tanta ordinariez al explicarse, las grandes empresas y corporaciones multinacionales practican la misma elusión fiscal que Crivillé pregona y como hacen tantos deportistas de ingresos multimillonarios. O sería más acertado decir que los Crivillé y compañía se escaquean de pagar impuestos como las empresas multinacionales.

En 2014, la multinacional Apple pagó solo la calderilla del 0,001% (cinco milésimas de unidad por ciento) por sus cuantiosos beneficios. Fue así porque declaró sus cuantiosos beneficios en Irlanda, que ofrece una inmoral rebaja fiscal, aunque obtuvo esos beneficios en varios países donde debería haber tributado.

Offshore Shell Games 2016 reveló que Apple registró 215.000 millones de dólares en empresas pantalla, por los que debería haber pagado 65.400 millones en impuestos al fisco de EEUU… si esos beneficios se hubieran declarado en ese país como es lo justo.

Desde multinacionales y corporaciones internacionales pretenden justificarse asegurando que la ‘elusión fiscal’ que perpetran es legal. Aprovechan agujeros legales y la falta de normas de control internacional para apenas pagar impuestos por los beneficios obtenidos. Esa elusión ‘legal’ de impuestos por quienes más ganan es posible por la innegable falta de voluntad política de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

El mismo Crivillé explica que “recibes asesoramiento para gestionar tu patrimonio. No lo haces tú, te lo hacen los profesionales que te asesoran y dicen cómo lo tienes que hacer”. Evidentemente con trampas y trucos contables. El resultado es pagar mucho menos. Pero abogados y asesores fiscales se van de rositas tras contribuir al multimillonario saqueo de impuestos que nunca llegarán al Estado.

Dejar de pagar impuestos es un delito cuando es evasión pura y dura. Pero eludir impuestos, por más que se pretenda legal, atenta contra el mismo bien jurídico: la recaudación del Estado para atender necesidades y derechos de la ciudadanía. Por tanto, debe ser considerado tan delito como la evasión fiscal. Una mezcla de apropiación indebida y robo. Posible porque la clase política europea gobernante está al servicio de quien está. Tenemos elusión para rato.

¿Por qué en todos estos años de evasión y elusión de impuestos la Unión Europea no ha tomado una sola medida eficaz contra la fuga de impuestos por los paraísos fiscales? Porque no hay voluntad política real. Y es así aunque la misma UE considera que la evasión de impuestos cuesta como poco a sus Estados miembros de 50.000 a 70.000 millones de euros anuales de impuestos perdidos.

Y más que se perderán, porque de 2013 a 2015 se han triplicado los acuerdos fiscales secretos entre multinacionales y gobiernos europeos. Acuerdos ocultos, que permiten hurtar el dinero de impuestos necesario para satisfacer necesidades y derechos ciudadanos, ya son más de 1.400, según la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). ¿Imaginan cuántos millones de dinero de la ciudadanía, que ésta no disfrutará, suponen esos acuerdos?

En realidad, como ya se ha escrito, los paraísos fiscales, que facilitan la evasión y elusión de impuestos, son el lubricante del sistema capitalista. Hacen posible el robo masivo perpetrado contra la ciudadanía en tiempos de descenso de ganancias. Según Offshore Shell Games 2016, las empresas más ricas del ranking Fortune 500 tienen escondidos en paraísos fiscales casi 2,5 billones de dólares de sus ganancias. Beneficios que no pagan impuestos y así el pueblo es sistemáticamente despojado de sus derechos económicos y sociales por evasión y elusión fiscales.

Va siendo tiempo de llamar a las cosas por su nombre. La evasión de impuestos es un delito, un crimen, y eludir impuestos también ha de ser considerado como tal. Y, por tanto, hay que actuar con decisión y contundencia. Incluidas medidas penales.

Gobiernos y bancos centrales usan un doble rasero indecente

Ante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, en España medios informativos hablan de ‘techo de gasto’. En román paladín significa que se dedicará menos dinero a partidas sociales, que la gente necesita para asegurar sus derechos a la sanidad, a la educación, a la protección social… Y en Oviedo hubo el I Encuentro Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, que reunió a más de 700 concejales, alcaldes y diputados regionales.

Ambos hechos tienen que ver con cuentas públicas, ayudas, deuda, déficit e ingresos. En Oviedo acordaron cuestionar las deudas ilegítimas de los ayuntamientos para poder anularlas y financiar servicios esenciales para la ciudadanía. Porque se va mucho dinero en pagar intereses de deudas ilegítimas. Mientras el gobierno del Partido Popular agobia a municipios y comunidades autónomas exigiendo reducir el déficit.

El acoso gubernamental se concretó con un Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y un Fondo de Liquidez Autonómico. Pero no son medios para ayudar a municipios y autonomías. Se beneficia la banca porque, cuando ayuntamientos y autonomías piden préstamos para pagar a creedores o disponer de liquidez, los intereses que les imponen los bancos son 26 veces los que el Banco Central Europeo (BCE) aplica a esos mismos bancos. De que pasta está hecho fiscalmente este gobierno del Partido Popular lo muestra que el ministro de Hacienda Montoro amenazara con medidas punitivas al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, por reducir 1.074 millones la deuda municipal de Madrid y aumentar el gasto social casi 27 % con los intereses ahorrados.

Mientras tanto, el BCE dedica grandes sumas a compras de bonos de deuda. Algo que se repite desde el inicio de la llamada crisis. Por supuesto, los principales beneficiados han sido los bancos, pero ahora el BCE da un paso más y compra bonos corporativos, deuda de grandes empresas; de hecho préstamos baratos a las corporaciones.

Aunque no se desvelan oficialmente esas empresas, el Observatorio Corporativo de Europa ha revelado que esas compras de bonos benefician a empresas petroleras, de gas, fabricantes de automóviles, fabricantes de coches de lujo, constructores de autopistas, productores de champán y fabricantes de juegos de azar. Empresas como Shell, Repsol, BMW, Daimler AG, Renault, Fiat y Ferrari, por ejemplo. Incluso Volkswagen, con sus reiteradas falsificaciones de emisión de gases invernadero de sus automóviles. No solo no les multan sino que les prestan.

Otras corporaciones beneficiadas son Estonio Eesti Energia (mina estadounidense de arenas bituminosas, la energía más sucia), Ryanair (infame por su desprecio de derechos laborales), Gas Natural (que corta luz y calefacción cuando la gente se retrasa en el pago), la italiana ENEL (que construye presas en América del Sur que dañarán esas tierras) y Thales, que fabrica misiles. Vistas las empresas favorecidas, el BCE en realidad apoya a empresas que contribuyen al cambio climático.

El Programa de Compras de Valores Corporativos del BCE ya había concedido a varias corporaciones en cinco meses 46.000 millones de euros comprando bonos de deuda. Y comprará 125.000 millones de euros más el próximo año. Suma considerable, inaccesible a las Pymes, por cierto. Porque al BCE no le da la gana.

Mientras tanto, la evasión y elusión de impuestos, que restan necesarios ingresos públicos, campan a sus anchas en España, en Europa. Tras saber que grandes corporaciones (Apple, Google…) han dejado de pagar un montón de dinero de impuestos que deberían, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, ha logrado que sus empresas no paguen de 2011 a 2014 en varios países en los que actúan casi seiscientos millones de euros. Gracias a ingeniería financiera contable, según informe de los Verdes del Parlamento Europeo. Zara, por ejemplo, eludió pagar más de 218 millones en España

Y eso sucede cuando el FMI, inasequible a la razón y a la justicia, pide a España que revise el gasto en Educación y Sanidad; es decir, que recorte esas partidas y, además, que suba los IVA reducidos de productos necesarios. Es el mismo FMI cuyos análisis y medidas durante 30 años agudizaron las crisis en vez de frenarlas. Así lo afirma Olivier Blanchard, que fue economista jefe de la entidad, en el informe “Errores de pronóstico de crecimiento y multiplicadores fiscales” que, si no lo han quitado, está en la web del FMI. Pero ellos, a lo suyo: recortar gastos, rebajar inversiones sociales y subir impuestos indirectos, los más injustos.  En una palabra, impulsando crisis.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Trucos y trampas concedidos a quienes más tienen para pagar menos impuestos

Los Papeles de Panamá provocan que un día tras otro se averigüe que personajes y personajillos tienen o han tenido empresas en ese paraíso fiscal centroamericano. Hablamos de fraude fiscal. ¿Para que querría nadie montar una sociedad en un paraíso fiscal si no es para no pagar impuestos?

Lo que periódicos y noticiarios televisivos no cuentan es que, siendo nefasto y muy perjudicial el volumen de impuestos evadidos, otra peligrosa vía de agua reduce los recursos del Estado. La elusión fiscal. Actuaciones y trucos legales para rebajar los impuestos a pagar. Completamente legales. Es decir, la legalidad ya no protege los intereses de la ciudadanía.

Una muestra indecente de elusión fiscal ha sido denunciada por el economista Manuel Lagos en un documentado estudio que expone como la rebaja real del impuesto de sociedades es causa principal de la pobreza recaudatoria en el Reino de España. En 2008 empezó el desequilibrio de las cuentas del estado, la llamada crisis fiscal española. El Estado no ingresa suficiente dinero  por los impuestos, pero los gastos corrientes e inversiones crecen en buena lógica. Pero, para entender esa dicha crisis fiscal, además hay que contar el cuantioso pago de elevados intereses de la deuda pública. Unos 30.000 millones de euros anuales en el caso del Reino de España. Entonces se recurre a rebajar el gasto público con los nefastos recortes, pero absurdamente no se busca aumentar los ingresos con una reforma fiscal progresiva, justa y suficiente, por ejemplo. Se les ve el plumero.

Una razón muy importante de la menor recaudación estatal es la rebaja de ingresos por el impuesto de sociedades, el que debería gravar los beneficios de las empresas. En 2006, todos los impuestos recaudados sumaron 183.000 millones de euros. Pero cinco años después, se ingresaron solo 158.000. Unos 25.000 millones menos. En 2006, el impuesto de sociedades aportó 40.000 millones de euros, pero en 2011 ya solo fueron 13.000. ¡27.000 millones menos! ¿Es o no responsable de la precariedad de las cuentas públicas el menor pago del impuesto de sociedades ?

Una respuesta incierta y simplista pretende que hay menos beneficios por la crisis y, por tanto, se reducen los impuestos que los gravan. No va por ahí. Más bien los beneficios de empresas y la base imponible para cuantificar el impuesto a pagar son demasiado diferentes. La base imponible debería responder al resultado veraz de lo que se gana para que las empresas tributaran por beneficios reales. Pero no es así. Los beneficios reales de grandes empresas son reducidos con la llamada ‘contabilidad imaginativa’ y la ‘ingeniería fiscal’. Hasta que la base imponible resultante es mucho menor que los beneficios y, como se paga según la base imponible, se paga mucho menos.

Unos datos lo dejarán claro.

En 2006, antes de la llamada crisis, las empresas españolas obtuvieron beneficios de casi 210.000 millones de euros. Tras las correcciones, ajustes y compensaciones que la ley fiscal permite, la base imponible descendió a 179.000 millones de euros. Pero esa base aún era el 85% de los beneficios. Sin embargo en 2010 unos beneficios de casi 157.000 millones de euros parieron por arte de birlibirloque una muy disminuida base imponible de 76.000 millones. Menos de la mitad de beneficios. Si en 2006 los beneficios que no pagaban impuesto eran 30.000 millones de euros, en 2009 ya eran más de 82.000 millones de euros. Casi el triple. Si a eso añadimos las trampas de las grandes multinacionales (algunas son españolas) que declaran gastos o ingresos en éste o aquel país, según donde paguen aún menos, el resultado es que las grandes empresas pagan muy poco respecto a lo que ganan.

Últimamente voceros conservadores presumen del aumento de recaudación de algunos impuestos, como presunto signo de recuperación. Pero, aunque mienten tanto como respiran, no pueden ocultar que, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades en 2014 recaudó menos que en 2013. Mucho menos. ¿Lo lógico no hubiera sido lo contrario? Pero es así por la generosidad del gobierno del PP (y antes del PSOE) con las grandes empresas, edidente al cobrarles el impuesto de sociedades. O no cobrarlo.

Que hay un trato de favor descarado a favor de las grandes empresas (que no son las que proporcionan más puestos de trabajo) lo muestra la diferente reacción de los países de la eurozona ante el peligroso tratado bilateral que negocian en secreto EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Aunque no están en contra, ha habido desconfianzas en Francia, reticencias en Alemania, dudas en Italia, oposición en Portugal… ¿Y en España? Al gobierno del Partido Popular, el TTIP le parece de perlas. Ninguna disconformidad, ninguna queja y sí una defensa entusiasta de firmarlo cuanto ya, cuanto antes. ¿Por qué? Un TTIP vigente sería una patente de corso para que las empresas hicieran de su capa un sayo y se saltarán controles y regulaciones a porrillo. Esas mismas empresas grandes por las que este gobierno conservador y neoliberal tiene especial debilidad y mucha dedicación para servirlos.

Ya lo explicaron Marx y Engels hace 168 años. Los partidos conservadores como el PP (que hoy se presentan como ‘de centro’) y las políticas de derechas que perpetran defienden mayoritariamente los intereses y beneficios del capital, de grandes empresarios y banqueros. El Reino de España es una buena demostración de esa innegable realidad.