Partido Popular, conflicto catalán y legalidad

En el conflicto desatado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los sucesos consecuentes, tal vez la palabra que se haya oído con mayor insistencia haya sido: legalidad.

Rajoy, miembros de su gobierno y dirigentes del Partido Popular no han cesado de denunciar a los independentistas catalanes y reclamar como prodigioso abracadabra su retorno a la legalidad. El cúmulo de declaraciones, exigencias, peticiones y amenazas se resume en todo con la legalidad, nada sin la legalidad.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de legalidad?

El diccionario de la lengua española define la legalidad como “cualidad de lo que es conforme a la ley“, explicación muy esclarecedora. Por tanto, la cúpula del PP, con Rajoy a la cabeza, al citar tanto la legalidad, pide a los independentistas que actúen conforme a la ley. Veamos un poco más a fondo.

Más allá del hecho innegable de que la ley (toda ley, cualquier ley) no es monolítica sino interpretable (y por eso hay abogados, fiscales, jueces, varias instancias y recursos ante éstas), la legalidad, actuar conforme a ley, lo abarca todo y obliga a todos. No caben excepciones ni afecta solo a una parte de la actuación política, social o económica. Pero según las muy abundantes declaraciones de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, en el Reino de España parece que solo estarían fuera de la legalidad los independentistas catalanes. Sin embargo, tal aserto se desmiente ante el agitado panorama político y socio-económico real.

¿Cuántas situaciones, hechos y actuaciones no “conformes a ley” se dan en este Reino, además de los perpetrados por independentistas catalanes?

A modo de esclarecedor paradigma, ¿es conforme a ley que tantos cargos públicos del PP hayan adjudicado presuntamente obras y contratos públicos a empresarios, que a su vez han donado cuantiosas cantidades de euros en efectivo con las que se han financiado actos de campañas electorales del PP? Según el analista Gustavo Buster “actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados“. Esclarecedor.

¿Es conforme a ley pagar en negro regularmente a altos cargos del Partido Popular tal como mostraron los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP ? En el actual clima de pedir cuentas a los independentistas catalanes ¿no cabría exigir también a cargos públicos y dirigentes políticos del PP, no solo que “vuelvan a la legalidad” (y los corruptos devuelvan el dinero ilícito sustraído) sino que asuman las responsabilidades políticas por haber permitido tal desbarajuste de corrupción, dimitan y acepten las sanciones que les correspondan?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a la ley que el ministro de Interior ignore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegales las “expulsiones en caliente” de refugiados y otros migrantes y declaré públicamente que no la cumplirá?

Y, ya metidos en harina, ¿es conforme a ley que el PP financiara de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, (dirigida por Rajoy, por cierto) que dio a José María Aznar la mayoría absoluta como se documentó y denunció entonces medios de comunicación?

¿Respeta la legalidad la presunta abundante financiación bajo mano y en efectivo de varias campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos y obras públicas como se ha testificado en procesos por corrupción y han ratificado los técnicos de Hacienda?

Incluso la Fiscalía Anti-Corrupción pidió la condena del PP por lucrarse de una financiación delictiva. ¿Son conforme a ley los nuevos chanchullos, enjuagues y corrupción que se descubren en las investigaciones judiciales en marcha (caso Lezo, Canal Isabel II…)?

¿Es conforme a ley que el gobierno de Rajoy oculte a la ciudadanía los multimillonarios sobrecostes de grandes obras pagadas por el Gobierno de España, sobrecostes conocidos hoy en los juicios de corrupción de los casos Gürtel y Taula ?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a ley que el gobierno del PP de España no cumpla las once recomendaciones del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción ni muestre indicios siquiera de que vaya a hacerlo? No es una cuestión menor, pues la corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuánto no mejorarían los servicios a la ciudadanía, la atención a los desfavorecidos, la disminución de la pobreza, la ayuda a los parados (que disminuye) y un largo etcétera con unos presupuestos generales del Estado que ingresaran unos cuantos miles de millones de euros más?

Hay más hechos y situaciones, no conformes a ley, protagonizados por cargos del PP y entonces cabe preguntar: ¿cuánta desfachatez más piensa mostrar el PP, que no cesa de reivindicar la legalidad al hablar de Cataluña? Aquí se cumple del todo lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

No estoy nada de acuerdo con los independentistas catalanes. Pero eso no quita que la hipócrita y cínica conducta del PP en el conflicto catalán despoje a los populares de cualquier credibilidad al mentar la legalidad.

No hay dos modos de entender la legalidad. No actuar conforme a ley es quebrantar la ley. Bien sea convocando un referéndum ilegal, saqueando las arcas del estado o haciendo un corte de manga a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si elaboráramos una lista de partidos que han gobernado e infringido la legalidad, el PP estaría ahí y acaso no en los últimos lugares. Por eso sería de agradecer que dejen de citar y citar el respeto a la legalidad, algo en lo que no tienen práctica ni costumbre.

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Como está de verdad la clase trabajadora

De nuevo el ruido mediático armado alrededor de la investidura de Carles Puigdemont, por ejemplo, desvía objetos de atención mucho más importantes. Como cual es la situación real de la clase trabajadora en el Reino de España ahora.

Para empezar la maniobra de marear la perdiz, se suele atosigar al personal con titulares de descenso del paro y, por supuesto, del índice de crecimiento económico. Pero sin concreciones, sin detalles, sin matizar, sin contexto. Y, al no haber matiz ni contexto que concreten y ajusten la realidad económica y social se impide que el personal compruebe que no es oro todo lo que reluce.

Hay menos paro, sí, pero aumentan, por ejemplo, los llamados empleos vulnerables en España. Empleos con “altos niveles de precariedad”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empleos con elevado nivel de inseguridad, temporales (por supuesto), de ingresos irregulares, indecentes e insuficientes, además de menor protección social. Eso es lo que hay.

Según la previsión laboral de la OIT para 2018, esos empleos vulnerables también aumentan en número y porcentaje en todo el mundo y ya afectan al 43% de trabajadores y trabajadoras. Casi la mitad de la clase trabajadora.

La OIT ha publicado su informe ‘Perspectivas sociales del empleo en el mundo para 2018 en el que precisamente destaca el aumento de esos “empleos vulnerables” en el mundo y ya son 1.400 millones de personas las que los soportan. Sobre todo en esos países que se denominan ‘en desarrollo o emergentes’, que en realidad y sin eufemismos son países ricos en recursos, pero con grandes desigualdades y grandes mayorías de pobres.

El informe de OIT, entre otros datos, expone que el crecimiento económico mundial fue del 3,6% en 2017 y que el crecimiento se mantendrá , pero ¿de qué sirve el crecimiento si gran parte de la población no lo nota ni beneficia su vida cotidiana?

Que el panorama no es para echar cohetes, a pesar del anunciado crecimiento, lo demuestra que para 2019 se prevén 193 millones de desempleados en el mundo… cuando en 2017 hubo 193 millones de parados. ¿En dos años cero parados menos?

Y, si concretamos en el Reino de España, hablamos de salarios y de como está de verdad la gente común, encontramos el muy esclarecedor dato de que estos años de crisis han supuesto 37.000 millones de euros menos para la clase trabajadora por recortes salariales. Mucho dinero que no han percibido los trabajadores.

Lo cierto y documentado es que la minoría rica ha aprovechado la crisis en todo el mundo, y de modo especial en España, para ajustar cuentas con la clase trabajadora. Ha sido así hasta el punto de que en Davos(Suiza), en el Foro Económico Mundial (que reúne a los más ricos del mundo con la comparsa de algunas ONG y representantes de Estados) se ha reconocido que la desigualdad económica aumentó también el año pasado. Lo confirma un dato esclarecedor: sólo ocho varones ricos poseen tanta riqueza como la suma de los ingresos de los 3.600 millones de personas más pobres de la humanidad, según informe de Oxfam dado a conocer en Davos. Un año más, la súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico sólo beneficia a quienes más tienen, que en definitiva son muy pocos.

En Davos se ha reconocido que el 1% más rico de la población posee más que el restante 99% de habitantes de la Tierra. Una minoría rica que aumentó además un 82% su patrimonio el año pasado. Esa brutal desigualdad social es un enorme obstáculo para eliminar la pobreza en el mundo, veneno para la sociedad según Oxfam.

Fruto de todos esos abusos, en el Reino de España la remuneración de los trabajadores es aún inferior a los ingresos de los trabajadores al principio de la crisis. Si en 2016 los salarios sumaron 532.852 millones de euros, resulta que en 2008 (año del inicio de la crisis) los salarios fueron superiores a los de hoy: 559.777 millones de euros según datos del Instituto Nacional Estadística (INE). La clase trabajadora de Reino de España en estos diez años no solo no ha conseguido más salario (que sería lo justo y lógico) sino que ha perdido. Si durante ese tiempo los salarios se hubieran actualizado según la inflación, los trabajadores habrían ganado 37.000 millones de euros más, el 3,5% del PIB anual.

Que no pretendan que vamos bien, porque es un insulto a la inteligencia.

Recordando películas de gángsteres


Interior de un bar de Chicago, en plena Ley Seca. Un hombre vulgarmente trajeado, que lleva una pequeña maleta, la deja junto a la barra y a renglón seguido ofrece venderle cerveza al dueño del establecimiento.“No insistas. Déjanos en paz. Nos las arreglamos bien; tenemos cuanto necesitamos -contesta el dueño-. Además, esa cerveza que vendes es muy mala”.

No se trata de que la cerveza sea buena o mala -replica sonriente el hombre-, sino de que la has de comprar”.

No la compraré” -asegura el dueño del bar.

No te preocupes, amigo -responde el hombre-, no volveré por aquí”. Y sale por la puerta, pero deja la maleta junto a la barra.

Una niña que ha ido a comprar al establecimiento se da cuenta del olvido, coge la pequeña maleta y va hacia el hombre trajeado que ya está fuera del local.

Señor, señor, señor se deja…”

Una tremenda explosión corta la frase, destroza al local y mata a la niña.

Esta secuencia del filme Los intocables de Brian da Palma muestra tal como es el neoliberalismo que nos invade y desposee. No importa que la cerveza sea mala: hay que comprarla. ¿Comprendéis? Porque lo único que les importa son los beneficios. Ganancias. Más y más. Por encima de todo. Ahí están, por ejemplo, los funestos tratados bilaterales de inversión (NAFTA, CETA, TTIP…) que dan todas las ventajas a las multinacionales y ninguna a los gobiernos, vacían la democracia (porque los parlamentos no pueden legislar contra lo injudto de los tratados) y atan a los Estados de pies y manos. A mayor beneficio de corporaciones y empresas multinacionales.

Esa ‘cultura’ de más beneficios por encima de todo es muy evidente en la oscura actuación de la muy poderosa industria farmacéutica. La avidez de ganancias de las empresas farmacéuticas, que el escritor John le Carré ha denunciado con crudeza en varias novelas, recuerda la calaña moral de los tiempos de Capone. Sin ir más lejos, mostró esa inaceptable codicia empresarial Marijn Dekkers, consejero delegado de la multinacional química y farmacéutica Bayer, en declaraciones a la revista Bloomberg Business Week, hablande de medicinas, patentes y precios en el llamado tercer mundo. A la afirmación del periodista de que la población de la India, por ejemplo, no podía afrontar el precio de un nuevo fármaco de Bayer contra el cáncer, el alto ejecutivo respondió sin el menor rubor: “Nosotros no desarrollamos ese medicamento para los indios; lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo“.

Abundando en la catadura de las farmacéuticas multinacionales, el premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, acusó a los laboratorios farmacéuticos de no invertir desde hacía años en investigar antibióticos definitivos que curen de una vez por todas. Las farmacéuticas prefieren producir medicamentos que el paciente tenga que tomar toda la vida, porque no tienen la menor intención de que la gente se cure del todo.

Otra muestra, esta vez nacional, de esa ilimitada apetencia de beneficios la muestra este titular de diario.es : El Gobierno niega ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Una descarada y nada disimulada actuación del ministerio de Hacienda a favor de Farmaindustria, la patronal farmacéutica.

A las comunidades autónomas que solicitaron ayuda financiera estatal extraordinaria hace unos meses, Hacienda les propuso firmar un convenio con la patronal farmacéutica. El convenio obliga a las consejerías de sanidad autonómicas a comprar los medicamentos de marca de Farmaindustria (más caros que los genéricos). Sin ese compromiso de compra (que asegura las ventas y ganancias a las farmacéuticas) no hay fondos extraordinarios. Hacienda impuso ese requisito para transferir algo más de diez mil millones de euros extras del Fondo de Liquidez Autonómico a varias comunidades autónomas y así, mientras se recortan los presupuestos de sanidad pública, el gasto en medicamentos (sobre todo si son de Farmaindustria) aumenta el 23%. Pero si las consejerías de sanidad gastan en fármacos de marca menos que el volumen indicado en el convenio promovido por Hacienda, los gobiernos autonómicos han de compensar a las empresas de Farmaindustria.

¿No recuerda la secuencia cinematográfica del principio ? Aunque sean más caros hay que comprar los fármacos de marca. Si no se hace, ni un euro extra.

Hacienda dice que la adhesión al convenio con las farmacéuticas es voluntaria, pero Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, aseguró que el convenio pone entre la espada y la pared a las autonomías que necesitan dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.

¿Recuerdo de Chicago años 30?

Hasta después de fiestas os dejo con la decepcionante (y casi inútil) lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europeaa

Como era de temer, la lista oficial de paraísos fiscales de la Unión Europea, publicada el 5 de diciembre, ha decepcionado. Recordemos que paraíso fiscal es un territorio soberano donde la oscuridad y opacidad económica y financiera es dogma de cumplimiento obligado  y donde especuladores financieros, corporaciones, grandes fortunas y titulares de innumerables transacciones financieras esonden su patrimonio y beneficios y no pagan impuestos o son muy reducidos.

En la lista negra de paraísos fiscales según la Unión Europea solo están Samoa Americana, Bahrein, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), que se caracteriza por el rigor de sus informes y estudios, ha elaborado su propia lista de paraísos fiscales con 130 territorios offshore, 30 países en una lista negra y otra gris de 100 paraísos que favorecen la evasión y la elusión de impuestos.

GESTHA considera que la lista europea es muy incompleta y no servirá para luchar de modo eficaz contra la evasión de impuestos porque deja fuera importantes y afresivos paraíso fiscales. Además de que esa lista debería incluir todos los territorios con escasos o ningún impuesto y todos aquellos donde la banca, los registros de empresas y la actividad mercantil son oscuros o están ocultos.

La Unión Europea también ha elaborado su lista gris. Otros 47 territorios sospechosos que no son de fiar fiscalmente, pero que dicen que cambiaran sus normas fiscales para ser blancos impolutos. En esa lista gris están Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. Como para fiarse. Aparte de que cuesta aceptar que algunos de esos sospechosos territorios no estén en una lista negra (incluso muy negra), sorprende que no estén Luxemburgo ni Holanda ni Irlanda, que no son un modelo de lealtad fiscal precisamente.

Según la UE, los Estados de la lista “gris” deberán modificar sus leyes fiscales para finales de 2018 como máximo, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros (en realidad, países empobrecidos), que tendrán de plazo hasta 2019. Si no cumplen, van a la lista negra de paraísos fiscales. Seguro que eso los aterroriza.

Pero todo eso suena a chiste malo si la Unión Europea no sanciona a los paraísos fiscales, sean del color que sean. Sanciones por mantener leoninos acuerdos de libre comercio, convenios contra doble imposición, en realidad, malabarismos normativos para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos. Sanciones que incluyan negar financiación de la UE a territorios negros o grises y prohibir a las instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en esos territorios así como prohibición de contratar a empresas que operen en paraísos fiscales.

Pero las sanciones debieran aplicarse también a asesorías fiscales, bancos, gabinetes de abogados, contables y otros asesores que participen o hayan participado en esos oscuros territorios en actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, ilícito o perjudicial o que hayan perpetrado planes fiscales agresivos para el Estado o de evasión de impuestos.

Por cierto, ¿hay listas negras y grises de narcotraficantes? ¿De mafias? Dicho de otro modo, ¿por qué tantas contemplaciones con determinados países que facilitan la elusión fiscal y la evasión de impuestos? ¿Acaso no se evalúan los delitos y sus penas por el bien jurídico que agreden? ¿Les parece poca agresión la sufrida por los países en desarrollo (empobrecidos) que pierden 85.000 millones de euros de recursos fiscales por elusión de impuestos de grandes empresas, que los evaden por medio de los paraísos y territorios offshore? Pues un bien jurídico agredido lo conforman los derechos humanos violqados de 6 millones de vidas que se salvarían al año de disponer el Estado empobrecido afectado de los recursos necesarios para una buena asistencia sanitaria pública. Recursos de los que no dispone porque se han eludido y evadido impuestos. La gente enferma y muere por no tener atención médica en hospitales que no han podido construirse. Porque se han evadido impuestos.

La UE debería sancionar los paraísos fiscales que no cooperen de verdad , se llamen como se llamen,. Y no cooperan los que no cambian sus leyes fiscales, mantienen leoninos acuerdos de libre comercio y convenios contra doble imposición (malabarismos normativos para que las multinacionales paguen menos impuestos). Las sanciones serían prohibir que la UE financie paraísos de listas negra o gris; también prohibir a instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en jurisdicciones de esas listas, así como no contratar jamás a empresas que operen en paraísos fiscales.

Las sanciones debieran ampliarse también a asesorías, bancos, gabinetes de abogados, contables y asesores fiscales que participen o hayan participado en actividades o acuerdos fiscales  de carácter ilegal, ilícito o perjudicial en esos territorios o hayan participado en diseñar planes fiscales agresivos o de pura evasión fiscal.

Pero ¿saben? nada de eso ocurrirá. Porque más allá de la verborrea para confundir, la clase política dirigente europea está al servicio de quien está: la minoría económico-financiera que acumula y controla la mayor parte de riqueza. Lo muestra que lo máximo que han sido capaces de hacer la UE y la OCDE ha sido un invento llamado BEPS (por sus siglas en inglés) contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos de los que deberían. Que no resolverá nada porque son medidas voluntarias y no amenazan con sanción alguna.

¿Acaso creen que el racista régimen de apartheid de Sudáfrica, por ejemplo, hubiera cedido un tanto así si las medidas contra ese régimen que impuso la comunidad internacional hubieran sido de aplicación voluntaria? Ni en sueños.

En tanto haya paraísos fiscales, jurisdicciones offshore (o como demonios quieran llamarlo) y no haya medidas duras contra los elusores y evasores de impuestosy sus cómplices necesarios (que no dejan de ser delincuentes aunque con trajes de millar de euros, habrá fraude fiscal a gran escala. Mientras crecen la desigualdad y la pobreza sin atisbo de solución.

España a la cabeza de la UE por desigualdad

La Comisión Europea, es decir el gobierno de la Unión Europea, ha suspendido a España por su muy alta cota de desigualdad en ingresos de la ciudadanía. La sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. Más desigual que Bulgaria, más que la agredida y destrozada Grecia y más desigual que Lituania.

Lamentablemente el problema de la desigualdad es general, aunque España se lleve la palma. Según informa la Unión Europea, un 30% de los ciudadanos europeos (casi un tercio) no han recuperado todavía los niveles de igualdad que había antes de que estallara la crisis en 2007 y se extendiera como mancha de aceite. Y España, pese a la cacareada recuperación proclamada por el gobierno Rajoy, sus voceros y tiralevitas, está en una de las peores situaciones europeas de desigualdad.

La Comisión Europea asegura que el Reino de España apenas ha rebajado el riesgo de pobreza y exclusión social y que las personas empobrecidas son demasiadas. Y destaca los pésimos resultados de España en reducir la desigualdad y la pobreza por la ausencia de políticas sociales que merezcan tal nombre.

Por eso el Reino de España es campeón en abandono escolar, en jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes sin futuro (y por supuesto sin presente), en hombres y mujeres en riesgo de pobreza y exclusión, en pensiones insuficientes, en demasiadas personas con escaso nivel educativo… El Reino de España es el paraíso de la desigualdad en Europa.

Esa desigualdad se traduce en que casi 13 millones de personas en este país (y somos 46 millones) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo afirma el informe El Estado de la Pobreza. España 2017, documento con datos al día sobre el riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador que utiliza la UE, AROPE (por sus siglas en inglés de riesgo de pobreza).

El índice AROPE se basa en la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (ganancias económicas menores del 60% del ingreso nacional medio), Baja Intensidad del Empleo en Hogares (personas mayores de 18 años que solo consigan trabajar la quinta parte de posibilidades de empleo que necesitan en el último año) y Privación Material Severa, como no poder poner la calefacción, no poder pagar el alquiler mensual o no poder comer pollo dos veces por semana. La peor noticia del citado informe es que aumenta la privación material severa.

La cifra exacta en España de personas en riesgo de pobreza es 12.989.405. Casi 28% de la población total y cuatro puntos y medio por encima de la media europea del 23,4%. De esos casi 13 millones en riesgo de pobreza, un millón y medio de personas sufren pobreza severa. Lo que nos lleva a concluir que tal vez los datos macro-económicos de los que presume el gobierno hayan mejorado, pero la pobreza ha aumentado y los pobres no notan la recuperación en absoluto. Y no lo notan porque falla estrepitosamente la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de riqueza ha de hacerse por medio de  un sistema justo, progresivo y suficiente de impuestos que proporccione al Estado los recursos suficientes para asegurar una vida mínimamente digna a la población. Ese es el camino.

Pero resulta que, según datos de Erostat de presión fiscal en la UE en 2015, España está casi siete puntos por debajo de la media de los 19 estados de la Zona Euro. Si el volumen de impuestos recaudados fueran los de esa media de presión fiscal, España recaudaría 58.000 millones de € anuales más y habría más justicia.

¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!