Todos los derechos humanos

En nombre de la seguridad y contra el terror se han perpetrado y perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. Y en nombre del desarrollo y crecimiento económicos (en realidad de la codicia de una minoría) se violan permanentemente los derechos humanos económicos y sociales de miles de millones de personas en todo el mundo.

¿De qué hablamos al referirnos a derechos sociales, económicos…? De que todas las personas del mundo tienen derecho al trabajo y a protección contra el desempleo. De que todos los habitantes de la Tierra tienen derecho a un salario que le asegure vida digna con su familia. También, derecho a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez… Derecho a seguridad social, descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas. Derecho al bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Madres, niños y niñas tienen derecho a asistencia especial, y todo el mundo tiene derecho a educación fundamental gratuita…

 

Derechos sociales, económicos y culturales contenidos en artículos 22 a 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Ahora, 60 años después de la Declaración, la ONU aprobó el Protocolo Facultativo para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese Protocolo ha de permitir demandar el respeto de esos derechos, exigirlos al poder político y denunciar sus violaciones y recortes ante los tribunales; igual que se denuncia, procesa, juzga y condena a quienes torturan, ejecutan extrajudicialmente, fuerzan desapariciones, retienen ilegalmente, impiden elecciones libres o cercenan la libertad de expresión.

 

Pero, hay una percepción devaluada de estos derechos sociales en relación con otros, los cívicos y políticos, considerados fundamentales.

Se considera erróneamente que derechos sociales y económicos sólo son ‘principios’ o ‘necesidades’, como editorializaba el periódico The Economist. Pero no son principios, son derechos. Y así lo certifica la legislación de la ONU. Como proclama Amnistía Internacional, los derechos humanos son indivisibles. No hay derechos de primera y de segunda, sólo derechos.

Al respeto de los derechos sociales y económicos se le llama también justicia social, pero hoy, incluso el más obcecado neoliberal o el más ingenuo socialdemócrata han de reconocer que la justicia social es un objetivo aún muy lejano.

 

El incremento de la pobreza así como de la obscena desigualdad, expresado por el aumento hasta 965 millones de hambrientos en los últimos tiempos, prueba la violación permanente y sistemática de derechos sociales y económicos, el grave déficit de justicia social. Pero hay más. Unos 2.800 millones de personas (casi la mitad de población mundial) malviven con menos de menos de un euro y medio diario. Un niño de cada 5 no puede acceder a educación primaria y 876 millones de adultos son analfabetos, de los que dos tercios son mujeres. Cada día, 30.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades curables en países desarrollados, y en los países empobrecidos un niño de cada 10 no cumplirá los 5 años. Más de medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable…

Esos son los mimbres de la pobreza, pero como denunció Nelson Mandela, la pobreza no es natural, la crea el hombre, y vencer la pobreza es un acto elemental de justicia. El respeto de los derechos sociales de todas las personas de la Tierra es justicia, no bienintencionado deseo.

 

El aprobado Protocolo para el Pacto de Derechos Sociales ha de ser herramienta para luchar por esa justicia. Tarea ardua, difícil y prolongada, pero imprescindible. O con la injusticia se extenderá el caos. Y con el caos, más violaciones de derechos humanos que conducirían a ese panorama apocalíptico que pintan obras literarias y cinematográficas catastrofistas.

O ponemos remedio y se respetan todos los derechos humanos de todos o la Humanidad comenzará la cuenta atrás.

¿A quién beneficia la intervención del Estado en la crisis?

En la investigación de un asesinato, un detective que se precie se ha de preguntar: ¿a quién beneficia esta muerte? Y así llega hasta el asesino. El móvil es la pieza clave. Pues para saber qué hay de verdad tras el ruido mediático que  informa sobre la crisis y las medidas que adoptan las grandes potencias o el G-20, así como las recomendaciones del equívoco Fondo Monetario Internacional, es imprescindible seguir el método del buen detective. ¿A quien benefician las medidas tomadas y las que se tomarán?

Y eso nos lleva a preguntarnos si la crisis se resuelve con la intervención del Estado frente al presunto anti-estado liberal. Pues sí, pero, como denuncia lúcidamente el catedrático Vicenç Navarro de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, “el llamado ‘liberalismo’ en realidad es intervencionismo de Estado, pero a favor del mundo empresarial y de las clases ricas”. Así, la falacia liberal queda desvelada. No hay anti-intervención liberal frente a intervención estatal, sino intervención a favor de los más ricos y los ricos a secas o de los demás, que son la inmensa mayoría.

Reagan, líder de la presunta ‘revolución liberal’, en su presidencia aumentó el gasto público enormemente, generando un déficit del 6% del PIB. Hizo intervenir al Estado mucho más que sus predecesores, incrementando el gasto militar, “cuyo estímulo económico y creación de empleo fue menor que si la inversión hubiera sido en servicios públicos como sanidad, servicios sociales e infraestructuras”, nos recuerda sensatamente Vicenç Navarro.

Por tanto, la cuestión no es aumentar el gasto público del Estado, sino que ese gasto sea descaradamente en beneficio de la mayoría ciudadana. Hasta ahora, la intervención de los fabulosos rescates en EEUU y la Unión Europea han sido en beneficio de la reducida minoría de la clase bancaria y financiera. ¿Favorecerán a la mayoría ciudadana las próximas intervenciones estatales anunciadas en EEUU y la UE?

Habrá intervención y gasto públicos, los ha habido siempre, pero no siempre en beneficio de la gran mayoría. La gran economía, la economía financiera y la economía de humo (la especulativa y tramposa) están controladas por grandes grupos bancarios, corporaciones y empresas transnacionales, cuyos dirigentes y controladores de la masa accionarial, quiénes deciden y tienen poder, apenas llegan al medio millar, según cálculos de Ignacio Ramonet, y ésos han secuestrado al estado el último cuarto de siglo en su propio beneficio y el de sus servidores. Por eso es incierto que el Estado se haya autodisuelto, como han simulado, sino que el Estado se puso al descarado servicio de las minoritarias clases ricas, bajo el patronazgo del aún más minoritario grupo dirigente que denuncia Ramonet. De ahí que en las últimas décadas se hayan suprimido normas y vigilancias financieras, y de ahí la exigencia constante de ‘reformas’ estructurales laborales, que han sido y son en realidad todas las facilidades para que las empresas hagan y deshagan en detrimento de los derechos de los trabajadores; reformas que han arrojado como resultado que hoy las rentas del trabajo hayan descendido tanto, que nunca han sido tan bajas respecto al PIB en los últimos cincuenta años. Pero las del capital no han cesado de subir en el mismo período de tiempo.

En EEUU, el presidente electo, Barak Obama, ha asegurado que contra la crisis pondrá de inmediato en marcha un plan de inversiones públicas de entre 400.000 y 700.000 millones de dólares. Incluirá el mayor programa de construcción de carreteras, puentes y obra pública desde hace medio siglo, reforma de edificios federales (obras y adaptaciones para consumir menos energía), modernizaciones de hospitales y escuelas, potenciar la banda ancha para que todo el mundo tenga acceso a Inetrnet…

Pero Obama ha avisado que “no haremos el plan de inversiones a la vieja manera de Washington. No nos limitaremos a dar dinero. Mediremos el progreso de las reformas, los empleos que se creen y la energía que ahorramos”. Parece un plan intervencionista de los buenos, en beneficio de la ciudadanía. ¿Llegará a buen término? ¿Será así también en Europa? ¿En otros países?

Pero que quede claro que intervencionismo de estado ha habido siempre en los últimos setenta años, aunque no siempre en beneficio de la mayoría trabajadora y ciudadana. Y que quede claro también que el neoliberalismo ha sido el invento del último cuarto de siglo para resucitar el intervencionismo estatal a favor de los más poderosos, pero camuflado. Porque el encendido discurso anti-estado de los neoliberales sólo lo ha sido contra el Estado social, el que se preocupa por la ciudadanía, por la inmensa mayoría trabajadora; sólo contra el Estado que vigila y controla, mantiene la protección social,  incrementa las pensiones o promueve la enseñanza gratuita y la asistencia sanitaria pública.

Saber a quién se beneficia es clave.

Nada por encima de los derechos humanos

Más de 70.000 personas han muerto violentamente en Colombia en los últimos cuarenta años, la mayoría civiles, en un inacabable conflicto que enfrenta a ejército, policía, guerrilla y paramilitares; unas veinte mil personas han ‘desaparecido’ y más de tres millones se han visto obligadas a desplazarse, convertidos en refugiados en su propio país, y además hay unos diez mil niños y niñas soldado. Las víctimas del conflicto son casi siempre civiles, campesinos, indígenas, mujeres, descendientes de los esclavos negros…

No sólo mueren o son forzados a desplazarse, son torturados y les roban las tierras (millones de hectáreas). Amnistía Internacional ha documentado detalladamente cientos de casos de violaciones graves de derechos humanos de los colombianos y colombianas y nos facilita las terribles cifras del inicio de este escrito en su reciente informe “Déjennos en paz”. Sin embargo el gobierno colombiano presidido por Uribe tiene una visión optimista del respeto de los derechos humanos en el país, negando que los paramilitares sigan actuando, torturando… Y miran hacia otro lado…

 

En el Congo, en la región de los grandes lagos de África Central, ha estallado de nuevo una guerra feroz. Un ejército tutsi ha irrumpido desde Ruanda en la región congolesa de Kivu, donde hay ricas reservas de oro, diamantes, cobalto y coltán (los dos minerales esenciales en la fabricación de móviles y ordenadores). Este señor de la guerra, Laurent Nkunda, aduce que defiende a los tutsis de los hutus. Mentira. Detrás están las transnacionales occidentales (estadounidenses, belgas, canadienses sobre todo) que han atizado el conflicto para mantener el control remoto de la zona y de sus riquezas minerales. Un informe de la comedida ONU acusó hace unos pocos años a 29 compañías de haber saqueado la República Democrática de Congo y a otras 85 de haber violado las normas de comportamiento empresarial establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Empresas occidentales en su mayoría, por cierto.

La codicia de los países blancos y ricos mantiene un conflicto que ha dejado más de cuatro millones de muertos en quince años y un millón y medio de desplazados. Además hoy hay unos siete mil niños soldado y niñas prostitutas forzados (30.000 en todo el tiempo) y en la región fronteriza de Kivu, los trabajadores que extraen los preciados minerales han sido convertidos en auténticos esclavos, según informan organizaciones humanitarias entre ellas el ‘Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en la región de los Grandes Lagos’.

 

En Irán, a pesar de que el Fiscal general de ese país anunció hace unas semanas que no ejecutarían a más menores de edad, ciento cincuenta mil menores esperan en el corredor de la muerte, porque las autoridades iraníes permiten que siga vigente la qisas, la ley del talión, que autoriza a los familiares de una víctima a vengarse del agresor hasta matarlo.

Esa es una de las miserables falacias del gobierno iraní: permitir la venganza privada; la otra es retrasar el momento de la ejecución hasta que el condenado ha cumplido los dieciocho años, cuando el principio de no ejecutar menores se refiere al momento en que cometieron el delito.

Mohsen Gabrai fue acusado de sodomía a los 15 años, delito terrible en un país islámico como Irán, y será ejecutado si no media algún milagro, a pesar de que su víctima, otro chico de edad similar, le ha perdonado. Además, Moshe fue torturado brutalmente.

 

Todos hablan de la crisis económica que azota el mundo. Parte de esa crisis ha sido la más feroz especulación del precio de alimentos básicos. Hace unas semanas se podía leer en una web del Deutsche Bank, la recomendación de invertir en alimentos porque el precio iba a subir y los beneficios podían ser jugosos sin que les temblara un párpado. Para ser justos, hay más así, no sólo el Deutsche Bank, dispuestos a las mayores tropelías en aras de sus sagrados beneficios.

El aumento del precio de alimentos básicos, como arroz, cereales y otros, conseguirá que 16 millones de niños y niñas más pasen a engrosar la legión de los hambrientos en los próximos años. Lo dice un estudio del Instituto para la Investigación de las Políticas Alimenticias presentado recientemente en Maputo (Mozambique). Según el mismo estudio, en sólo cuatro años (de 2003 a 2007) los hambrientos en el mundo han pasado de ser 850 millones a 925. Hacia atrás, como los cangrejos.

En Bangladesh, por ejemplo, el aumento del precio de alimentos en un 50% provoca que aumente en un 25% el número de mujeres y niños con déficit de hierro, lo que se traduce en mayores riesgos en el embarazo y el parto, y menor desarrollo de la capacidad de conocimiento en los niños.

 

Son cuatro muestras de violaciones masivas de derechos humanos. Cuatro muestras de cómo sin respeto de todos los derechos humanos de todos no hay futuro ni presente. No hay vida digna. No hay vida.

Es bueno recordarlo ahora que se cumplen 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay que ser conscientes de que los derechos humanos no son una opción, sino una exigencia ineludible.

Y no vale pensar en el fondo de nuestro corazoncito que esas cosas tan dramáticas a nosotros (que vivimos en el llamado primer mundo) no nos pueden pasar, pues nos pueden ocurrir otras tal vez menos graves, pero violación de nuestros derechos a fin de cuentas.

Conviene recordar quizás un poema escrito por un pastor protestante en la Alemania nazi, Martin Niemüller, aunque se atribuye erróneamente al dramaturgo Bertol Bercht:

Cuando los nazis apresaron socialistas,

no dije nada,

pues yo no era socialista.
Cuando detuvieron a los de sindicatos,

no dije nada,

por no ser yo sindicalista.
Y cuando se llevaron a los judíos,
tampoco protesté,

porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,

ya no había nadie

que pudiera protestar.

 

Aunque tengamos la pueril fantasía de que las violaciones de derechos humanos en lugares lejanos y exóticos no nos afectan, conviene recordar que las víctimas de violaciones de derechos humanos (en el grado que sea) siempre sufren, siempre padecen dolor, angustia e incluso muerte. Los derechos humanos de todos y todas son lo primero.

Por eso, el principio indiscutible es que nada puede haber por encima de los derechos humanos. Nada. O nos vamos al garete.