Llueve sobre mojado en la justicia española

Algunos hechos y dictámenes judiciales siembran dudas sobre la justicia en España. ¿Es la propia de un Estado democrático con separación de poderes e independencia judicial? Para empezar a responder cuestión tan preocupante cabe referirse a la reciente decisión del Tribunal Supremo de hacer recaer el impuesto sobre las hipotecas sobre los hipotecados y no a los bancos prestamistas. Una marcha atrás del Supremo que se ha desdicho de su primer dictamen: que ese impuesto debía pagarlo la banca. Tal viraje difícil de comprender ha provocado que el sábado 10 de octubre haya habido en España más de cincuenta concentraciones ciudadanas desde A Coruña a Málaga, desde Gijón a Sevilla y desde Girona a Huelva con el sarcástico lema de ‘gana la banca’. Esas cívicas concentraciones protestaban contra la citada decisión del Supremo que en finalmente hizo recaer el impuesto que grava los préstamos hipotecarios en los ciudadanos solicitantes del préstamo, no en los bancos. Juristas y entidades jurídicas no ligadas a la banca manifiestan que, según la regulación de ese impuesto, aplicando el principio fiscal de progresividad, el que establece que paga más quien más tiene y menos el que de menos dispone, los receptores del préstamo no deben pagar el impuesto.

Por otra parte, el pasado mes de abril, una recientemente creada Asociación Atenas de Juristas por los derechos civiles se querelló contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un presunto delito continuado de prevaricación por la “ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de imparcialidad y la independencia judicial” (…) para el que “propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y postura ideológica” (…) para “garantizarse el enjuiciamiento con magistrados afines al Partido Popular” en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes.

No fue un juicio justo

Y en tercer lugar cabe destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que Arnaldo Otegi, coordinador de Euskal Herria Bildu, no tuvo un juicio justo en el llamado caso Bateragune, el intento de reconstruir el ilegalizado Herri Batasuna en el País Vasco. Otegi y otros cuatro dirigentes nacionalistas vascos recurrieron al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la “parcialidad” de Ángela Murillo, magistrada de la Audiencia Nacional y presidenta de la sala que los condenó.

El TEDH sostiene que la desconfianza de Otegi hacia la juez Murillo estaba “objetivamente justificada”, pues dos meses antes el Tribunal Supremo había aceptado recusar a esa magistrada en otro caso que también juzgaba a Arnaldo Otegi. En marzo de 2010, la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo, condenó a Otegi a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. El dirigente vasco había recusado a esa magistrada, el Supremo aceptó recusarla, el juicio se repitió y, con otros magistrados, la misma Sala de la Audiencia Nacional absolvió a Otegi .

Por otra parte, el Grupo de Estados Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (GRECO), que depende del Consejo de Europa, ha enviado al Gobierno de España en cuatro ocasiones denuncias y advertencias por la “total parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española designados por un órgano tan politizado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

En su Informe sobre prevención de la corrupción con parlamentarios, jueces y fiscales, el GRECO reclamó a España ya en enero de 2014 que evaluara “el marco legislativo que rige el CGPJ y sus efectos sobre la independencia de este órgano”, y que “se estipularan por ley los criterios objetivos y requisitos de evaluación para nombrar altos cargos de la judicatura como presidentes de las Audiencias Provinciales, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y garantizaran que esos nombramientos no ponen en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”.

Dar la callada por respuesta

Tres años después, en octubre de 2016, el GRECO, en su Informe de Cumplimiento, lamentaba que España no hubiera aplicado ni una sola de las recomendaciones hechas al gobierno, denunciando como “globalmente insatisfactorio” el comportamiento del gobierno español para garantizar la independencia de la Justicia.

Y una reciente y grave cuestión: el Tribunal Supremo juzgará en breve por rebelión y sedición a nueve líderes independentistas catalanes en prisión preventiva desde hace un año. El delito de rebelión, que el Código Penal describe como alzamiento con violencia para conseguir objetivos políticos, se castiga con 30 años de prisión.

El 1 de octubre de 2017, fecha de un referendo ilegal convocado por el gobierno de Cataluña, hubo concentraciones y manifestaciones masivas y pacíficas que la Fiscalía considera alzamiento con violencia, a pesar de que la única violencia que hubo fue la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del Estado para impedir que se votara en algunas localidades de Cataluña.

Al respecto es esclarecedor el auto emitido por la Audiencia Provincial de Barcelona que asegura que los agentes de la Guardia Civil “golpearon a ciudadanos sin finalidad aparente” el 1 de octubre de 2017 en un colegio electoral de Sant Joan de Vilatorrada de la provincia de Barcelona. Los hechos a los que se refiere el auto son el intento de votación en el referendo ilegal convocado por el gobierno catalán en el Instituto de Enseñanza Secundaria Quercus, convertido en colegio electoral, y la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en ese lugar para impedir la votación. Resultaron heridas por las cargas policiales 14 personas.

Los magistrados cuestionan que fuera necesario usar la fuerza para impedir la votación porque el referendo había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y, por tanto, ya no tenía efectos jurídicos ni otras consecuencias. Si la Policía Nacional y la Guardia Civil hubieran dejado votar no hubiera pasado nada, como así sucedió en los lugares en los que sí hubo votaciones.

Un delito imaginario

Volviendo al juicio a los dirigentes independentistas catalanes, Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional, escribió ya hace meses que, “el delito de rebelión que el Juez Instructor contra los independentistas ve en la actuación de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya firmaron también más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión que figura en la orden europea de un juez que pidió a Alemania la extradición del anterior presidente del gobierno catalán, exiliado a ese país, es un delito imaginario, afirma Pérez Royo, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

Por su parte, los abogados defensores de los independentistas acusados han denunciado además las dificultades para conocer el sumario y también que el juicio debería celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues los hechos a juzgar sucedieron allí. Además los letrados denuncian que se les ha negado aportar más de 300 pruebas, documentos y testimonios, y censuran la falta de imparcialidad de los jueces, pues ellos fueron quienes admitieron a trámite la querella de la Fiscalía y por ello su actuación podría estar viciada.

Los independentistas catalanes acusados serán juzgados por rebelión, delito que en su día rechazó el Tribunal del estado federado alemán de Schleswig-Holstein al negar la extradición de Puigdemont, anterior presidente del gobierno catalán.

Visto lo anterior, no cabe duda de que en el Reino de España hay una situación preocupante en la administración de justicia. Inquietante porque una justicia independiente e imparcial es requisito imprescindible de un país democrático. ¿Lo es en el Reino de España?

Anuncios

Derecha, mentiras y golpe de estado

Algunos medios calentaron el ambiente político estos días con declaraciones de la derecha sobre la preparación de un golpe estado por los independentistas con complicidades del gobierno de Sánchez. Sin contraste ni prueba alguna, claro. A la acusación directa o solapada de golpe de estado, perpetrada por una de las derechas más inmorales de Europa, la del Reino de España, respondió Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Irritado por las intervenciones de esa derecha, que calificaban de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre, respondió que “aquí no ha habido ningún golpe de Estado, porque el concepto mismo de golpe de Estado implica fuerza y coacción, y todo el proceso catalán ha sido pacífico”.

Para la derecha españolista todo lo que no concuerda con su visión centralista y carpetovetónica de España es un golpe de estado o algo similar. Aunque nada tenga que ver con la realidad política, el PP agita el espantajo del golpe de estado porque le ayuda a crispar la vida política y eso le conviene para tapar sus propias miserias. En el colmo del delirio, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España“. Un golpe, por cierto, del que no hay siquiera el menor indicio, como sí los hubo de conspiraciones, por ejemplo, inmediatamente después de proclamarse la República en 1931.

Golpe de Estado, por fortuna fracasado, sí fue el perpetrado el 23 de febrero de 1981 en grado de tentativa por el general golpista Milans del Bosch que sacó durante horas los tanques a la calle en Valencia, mientras un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, ocupaban metralletas y pistolas en mano el Congreso de los Diputados y secuestraban durante horas a diputados y diputadas.

El curioso hallazgo del golpe de estado sin violencia armada

En el ceremonial de confusión que la derecha impulsa, y de modo especial el Partido Popular, un dirigente del PP, Javier Maroto, ha osado decir desde las más absoluta de las ignorancias o algo peor que “los golpes de Estado, desgraciadamente hoy no se dan con tanques o sables como en el siglo pasado sino que se pueden dar en los parlamentos“. Si la realidad no coincide con lo que les interesa (que un golpe de estado puede darse sin violencia armada), cambian el significado de las palabras que definen esa realidad (el golpe de estado en este caso) hasta que encaje en lo que les conviene para sus oscuros planes. Por supuesto ese tal Maroto no aportó ni un solo caso de los pretendidos golpes llevados a cabo por un Parlamento. Porque lo cierto es sencillamente que hay golpe de estado cuando hay una clara amenaza directa e inmediata de violencia armada. Es una condición sine qua non.

En la descripción del golpe de estado de Edward Luttwak, ejércitos, fuerzas de seguridad y milicias o grupos armados son protagonistas, porque pueden usar la fuerza física y encarcelar a quienes se oponen a sus planes con la amenaza de las armas, aunque no se lleguen utilizar.

¿Golpe de estado utilizando un Parlamento, según Maroto que es según el PP? ¿Cómo si los independentistas catalanes tienen una reducida presencia en el Congreso? ¿O desde el Parlament de Catalunya? Imposible, porque en el Reino de España, los gobiernos autonómicos, incluida la Generalitat, forman parte del Estado, pero en posición subordinada al Gobierno central y a otros poderes estatales y, por tanto, sin posibilidad alguna de tomar el control del Estado ni de obligar a la judicatura a certificar sus decisiones como bien ha explicado Iñigo Sáenz de Ugarte, quien recuerda además que el carácter violento de un golpe de estado es un ingrediente imprescindible y que la sola amenaza de usar la fuerza armada, por quien está en disposición de hacerlo, es suficiente.

¿Dónde había amenaza de violencia armada en la manifestación de setiembre ante la Conselleria de Economía mientras era registrada por mandato judicial por agentes de la Guardia Civil? Esa inexistente violencia amenazadora, que no se ha mostrado ni documentado, es una de las razones para acusar de rebelión a algunos independentistas. La única violencia conocida (y ésta sí está documentada) es la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del estado para impedir el acceso a algunos colegios electorales en el ilegal referéndum del 1 de octubre.

Metáforas para no respetar la verdad

PP y Ciudadanos, y la Fiscalía por supuesto, pretenden que hubo violencia ese 1 de octubre para justificar la acusación de rebelión contra los independentistas juzgados en breve. Políticos del PP y Ciudadanos acusan a los independentistas catalanes de montar un golpe de Estado con el procés. ¿Cómo? ¿Y cómo iban a conseguir el poder? Un año después no ha cambiado nada en el reparto de poder del Estado y, por si hubiera dudas al respecto, conviene recordar que el tribunal alemán, que resolvió la petición de extradición de Puigdemont, detenido en Alemania, no pudo descubrir violencia alguna y por eso denegó la entrega de Puigdemont a España. Tal vez por esa inequívoca sentencia que niega que hubiera violencia por parte de los independentistas, algún genio de la derecha se ha sacado de la manga que hubo “violencia institucional” ejercida por el Govern y el Parlament de 2015 a 2017. ¡Por favor, que alguien explique como se come eso!

Cuando se decide sin base ni fundamento que la violencia no tiene por qué ser física ni armada, es fácil ver violencia, no real sino como mala metáfora, donde te dé la gana. Esa pésima metáfora llevaría a ver golpes de estado en todas las situaciones de desobediencia civil y actuaciones disidentes. Pero desobediencia civil pacífica y disidencia cívica no son rebelión ni golpe de estado. Según esos genios defensores de que hay golpes de estado sin violencia física, Gandhi sería responsable de un golpe de estado permanente en la India, aunque sus acciones, que nunca negó que eran desobediencia civil, fueran precisamente no violentas.

En el fondo del conflicto con Catalunya o en Catalunya está el franquista mito de la unidad de España que ignora con mala fe que España existe desde 1714 como entidad política unida. Antes estaban la Corona de Castilla y la Corona de Aragón (en la que estaba federado el condado de Barcelona que fue Cataluña con el paso del tiempo). Hacia 1640 Portugal y Cataluña se rebelaron y alzaron en armas contra Castilla, cada uno por su cuenta, pero no contra España que no existía como entidad política. Portugal venció y se independizó, pero Catalunya, no. ¿Piensan Casado y el PP reclamar a Portugal que retorne a la unidad de España?

Este cronista no es independentista ni lo ha sido y considera que los pueblos de España han de continuar juntos, pero en democracia auténtica libre, no cuajada de franquistas en todo el Estado ni contaminada por la designación del Jefe de Estado anterior por un dictador implacable cual fue Franco. En todo caso, el problema con Cataluña, creado en gran medida por un PP sin freno moral alguno, que ha maniobrado y manipulado para obtener réditos electorales, no se resuelve con represión, juicios ni cárcel, medidas muy queridas por autoritarios y totalitarios, sean franquistas, fascistas, nazis o los actuales criptofranquistas empotrados en el PP y en ocasiones en Ciudadanos.

Si no hay diálogo e inteligencia, no saldremos de este atolladero.