Juego de tronos, desigualdad y pobreza en el Reino de España

Recién se ha recordado que en 1977, el hoy Rey emérito Juan Carlos I, envió una carta al Sha de Persia, Reza Pahlevi, en la que le pedía diez millones de dólares para ayudar a la candidatura de Adolfo Suárez a vencer a Felipe González del PSOE en las elecciones generales. Las primeras democráticas tras la dictadura franquista y así reforzar la débil monarquía. Esa carta del entonces rey fue citada en 2009 en el libro Adolfo Suárez: ambición y destino del periodista Gregorio Morán, pero antes se había publicado en las memorias de Asadollah Alam, primer ministro de Irán de 1962 a 1964 .

Por si ese recuerdo no fuera bastante asombroso, portadas de diarios y sumarios de informativos televisivos y radiofónicos destacan estos días declaraciones de Corinna, empresaria alemana de origen danés (que pretende ser princesa), cuya aparición en los medios es frecuente desde 2006 por su relación con el rey Juan Carlos I de España. Corinna le organizó al entonces rey safaris en África y lo representó ante magnates, altos dignatarios, empresarios rusos y de Arabia Saudí. El calibre de las declaraciones de la señora Corinna ha movido a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, PdeCAT y Bildu a solicitar que Juan Carlos I acuda a una comisión de investigación del Congreso. Para explicarse.

Pagando por la austeridad impuesta

Y, mientras quien fuera según algunos medios ‘amiga íntima y entrañable del rey emérito’ ha hablado en la radio de presuntas comisiones, intermediación en negocios y testaferros, España no deja de arrastrar problemas serios y graves que afectan a mucha gente. Como el aumento que no cesa de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, legados infames de los gobiernos del Partido Popular, pero también fruto de la blandura política del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis ante las implacables exigencias de austeridad de la Unión Europea.

Si nos referimos a la pobreza, recordemos para hacer boca que España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según informe de la OCDE: 15%. De los ciento noventa y tantos estados del mundo, solo tienen mayor proporción de trabajadores con empleo, pero pobres, China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. Además, España es el único país europeo de la OCDE entre los diez primeros países del mundo con trabajadores pobres.

¿Qué significa ser trabajador pobre? Que lo que te pagan por tu trabajo no alcanza para comer todos los días del mes (y por eso has de recurrir a Cáritas o a los bancos de alimentos) tampoco puedes poner la calefacción ni otras acciones de vida normal decente.

Eso es pobreza.

Además de la innegable pobreza, según el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, de Oxfam Intermón, en el Reino de España el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y solo un muy minoritario 1% de población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. Ese 1% son menos de 50.000 personas en una población de más de 46 millones y esos pocos acaparan tanto como un cuarto de billón de euros. El informe citado señala a España como tercer país más desigual de la Unión Europea y en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007.

Eso es desigualdad.

El crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría

Desigualdad y pobreza que tienen mucho que ver con la impuesta política europea de austeridad presupuestaria que, en román paladino, significa rebajas considerables en presupuestos sociales y recortes en los servicios públicos que satisfacen los derechos humanos de la ciudadanía. Recortes impulsados por la neoliberal obsesión de reducir el déficit público de los estados miembros de la Unión Europea al precio de que la mayoría viva peor.

Una obsesión que sin la menor duda responde a los intereses y apetitos del minoritario sector financiero europeo que ansía mantener y aumentar su multimillonario negocio de prestar a los Estados y cobrar elevados intereses. ¿Cómo explicar de otro modo que las normas de la UE prohíban que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados de la Unión de no ser para asegurar el negocio de los banqueros?

La nefasta política de austeridad (recortes y rebajas de partidas sociales) en teoría alienta el crecimiento. ¿Promueve el crecimiento? Más bien al revés, sobre todo si se considera que el crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría de población. Hay numerosos ejemplos en países del antaño denominado Tercer Mundo como Brasil o México. Según varios estudios en los que destaca el de Oxfam Intermón, la austeridad impuesta retrasa la verdadera recuperación. La que notaría para bien la mayoría ciudadana en su vida cotidiana.

Pero esto viene de lejos. Ya en los años ochenta y noventa del siglo XX, los países de América Latina, Asia y África, que aplicaron las recetas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Interrnacional (FMI), lo pagaron caro con el empobrecimiento general de sus poblaciones… aunque mostraran cifras macro-económicas positivas. Pero, ¿saben?, las mejoras que no llegan a la gente común no son mejoras, por mucho que lo proclame la macro-economía. Esas cifras ‘positivas’ en realidad indican que la minoría de siempre se ha apropiado de más, de mucho más, ha acaparado aún mucho más, y para ese viaje no hacían falta alforjas.

Además, la situación se complica y empeora para la gente normal cuando se afianza la economía sumergida, riqueza que escapa al control del Estado, riqueza que no paga impuestos. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, el paro y la corrupción disparan en España una economía sumergida que supone la evasión fiscal de 60.000 millones de euros al año. En España no hay estimaciones oficiales de economía sumergida y la única referencia fiable es la del Parlamento Europeo en 2012: casi el 25% del PIB español sería economía sumergida; siete puntos más que en 2008 y casi la cuarta parte de la riqueza nacional que en dinero se acerca al cuarto de billón de euros anuales. Mucho dinero.

Sin voluntad para conocr la economía sumergida

Por ser necesario conocer el volumen de la economía sumergida, se solicitó al Instituto de Estudios Fiscales del ministerio de Hacienda que aportara personal y medios para un estudio de la realidad de esa economía ilegal sumergida. Pero el instituto no mostró mucho interés. Por su parte el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado quiso elaborar un informe sobre esa sumergida actividad económica, pero lo abandonaron por falta de apoyo institucional y económico.

Si volvemos a la innegable pobreza en este país, una de cada cinco personas (casi 22% de población) vive en pobreza con menos de 8.522 euros al año. Sobrevive (porque eso no es vivir) con menos de 710 euros mensuales y, además según UNICEF, el 31% de niños y niñas en España (2.300.000) vive en pobreza. Una cifra elevadísima.

Además, recordemos que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza impide alimentarse bien a los integrantes  de más de 700.000 hogares españoles, la mayoría con niños. Esos millones de ciudadanos no pueden comer cada dos días carne, pollo o pescado (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) y eso tiene muy malas consecuencias para el crecimiento. Y sencillamente no pueden porque no tienen el dinero para comprar esos alimentos. Ya son tres años seguidos  con malos datos de alimentación en este país.

¿Cuando se abordará en serio acabar con la pobreza y la desigualdad?

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Los jubilados españoles se cabrean y llenan las calles del Reino de España

El sábado 17 de marzo hubo un montón de concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un sospechoso en ocasiones exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110.000 personas, en Madrid 60.000 y en Barcelona más de 50.000, si sumamos hasta cien ciudades más de todos los tamaños ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados, incluso un millón o más?

Los manifestantes reivindicaban pensiones dignas y, especialmente, denunciaban con rabia (por considerarlo una tomadura de pelo) el modo de actualizar las pensiones; ese aumento anual del 0,25% de las pensiones. Aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.

Según los clásicos indicadores capitalistas del crecimiento económico (PIB, inversión, consumo exportaciones, ventas…) en el Reino de España ha habido recuperación económica. Pero, por lo visto, la recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Ahí radicaría la evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que ocuparon las calles . Por esa vital razón, pero también, por la desfachatez del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones. Como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizarlas. Y, para mayor guasa, anunció una rebaja del IRPF a los pensionistas como ayuda.

Una burla porque resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan IRPF (evidentemente por la pobreza de sus pensiones) como ha explicado la asociación sindical de Técnicos de Hacienda (GESTHA), conocida por sus rigurosos informes sobre Hacienda e impuestos. Por tanto, las rebajas fiscales para los pensionistas es otro brindis al sol. Además, ¿de que serviría la reducción anual de unas docenas de euros o máximo unos pocos cientos (si fuera el caso) cuando el resto de meses del año (sin declaración de renta ni posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de miseria?

Las cifras hablan por sí solas. En España hay 8.700.000 pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales (unos 90.000 incluso menos) o algo más. Luego 2 millones cobran de 551 a 650 euros. Entre unos y otros, casi un tercio de pensionistas perciben pensiones en el umbral de la pobreza o menos. Un 2.000.000 de pensionistas perciben de 651 euros a 1000 euros y quienes reciben pensiones de más mil euros hasta 2.580, son algo menos de tres millones de pensionistas.

Resumiendo, dos millones y medio largos de pensionistas tienen pensiones dignas, otros tres millones están en riesgo de pobreza (o se han precipitado en ella) y unos dos millones setecientos mil están entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Ni suficiente para no sufrir apuros ni riesgo de pobreza.

Es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas (incluso de miseria) que quienes perciben pensiones dignas. Y, ante esas cantidades y porcentajes de gentes en riesgo de pobreza y exclusión social, uno diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes y personajillos del gobierno del Partido Popular, ¿porque no intentan vivir con 600, 800 o incluso 1000 euros de ingresos mensuales? Aunque, para ser exactos, hay que añadir que las pagas públicas, (y las pensiones lo son) son catorce: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra semanas antes de las fiestas navideñas. Pero, aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España. A quienes perciben 600 euros mensuales, ¿qué les arregla que dos veces al año les paguen 1.200 euros para llevar un vida digna sin apuros?

Para rematar la execrable injusticia de pensiones insuficientes y a menudo indignas, recibir una pensión no es gracia o favor sino uno de los derechos humanos que proclama indiscutible y claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado. Y eso significa que ha de respetarla, aplicarla y desarrollarla.

Para mayor cachondeo, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá rebajar la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones desde hace tres años no tiene en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo a aumentar será siempre el citado y ridículo 0,25% de la pensión.

Ante la petición de la oposición parlamentaria de que se aumenten las pensiones, Rajoy ha respondido que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Olvida Rajoy (sin referirnos por ahora a los miles de millones para Defensa camuflados en partidas de otros ministerios) que sí hay dinero, Dinero desviado, evadido o saqueado por su incompetencia, irresponsabilidad o complicidad. Olvida también (o simula no saber) que el Estado pierde cada año 150.000 millones de euros: 90.000 por corrupción y 60.0000 por evasión de impuestos. Cifras oficiales. ¿Porqué el gobierno que preside no se toma en serio acabar de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? ¿O, cuanto menos, reducirlos notablemente? Porque es posible.

¿Comprenden por qué las y los pensionistas están tan cabreados?

Hasta después de fiestas os dejo con la decepcionante (y casi inútil) lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europeaa

Como era de temer, la lista oficial de paraísos fiscales de la Unión Europea, publicada el 5 de diciembre, ha decepcionado. Recordemos que paraíso fiscal es un territorio soberano donde la oscuridad y opacidad económica y financiera es dogma de cumplimiento obligado  y donde especuladores financieros, corporaciones, grandes fortunas y titulares de innumerables transacciones financieras esonden su patrimonio y beneficios y no pagan impuestos o son muy reducidos.

En la lista negra de paraísos fiscales según la Unión Europea solo están Samoa Americana, Bahrein, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), que se caracteriza por el rigor de sus informes y estudios, ha elaborado su propia lista de paraísos fiscales con 130 territorios offshore, 30 países en una lista negra y otra gris de 100 paraísos que favorecen la evasión y la elusión de impuestos.

GESTHA considera que la lista europea es muy incompleta y no servirá para luchar de modo eficaz contra la evasión de impuestos porque deja fuera importantes y afresivos paraíso fiscales. Además de que esa lista debería incluir todos los territorios con escasos o ningún impuesto y todos aquellos donde la banca, los registros de empresas y la actividad mercantil son oscuros o están ocultos.

La Unión Europea también ha elaborado su lista gris. Otros 47 territorios sospechosos que no son de fiar fiscalmente, pero que dicen que cambiaran sus normas fiscales para ser blancos impolutos. En esa lista gris están Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. Como para fiarse. Aparte de que cuesta aceptar que algunos de esos sospechosos territorios no estén en una lista negra (incluso muy negra), sorprende que no estén Luxemburgo ni Holanda ni Irlanda, que no son un modelo de lealtad fiscal precisamente.

Según la UE, los Estados de la lista “gris” deberán modificar sus leyes fiscales para finales de 2018 como máximo, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros (en realidad, países empobrecidos), que tendrán de plazo hasta 2019. Si no cumplen, van a la lista negra de paraísos fiscales. Seguro que eso los aterroriza.

Pero todo eso suena a chiste malo si la Unión Europea no sanciona a los paraísos fiscales, sean del color que sean. Sanciones por mantener leoninos acuerdos de libre comercio, convenios contra doble imposición, en realidad, malabarismos normativos para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos. Sanciones que incluyan negar financiación de la UE a territorios negros o grises y prohibir a las instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en esos territorios así como prohibición de contratar a empresas que operen en paraísos fiscales.

Pero las sanciones debieran aplicarse también a asesorías fiscales, bancos, gabinetes de abogados, contables y otros asesores que participen o hayan participado en esos oscuros territorios en actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, ilícito o perjudicial o que hayan perpetrado planes fiscales agresivos para el Estado o de evasión de impuestos.

Por cierto, ¿hay listas negras y grises de narcotraficantes? ¿De mafias? Dicho de otro modo, ¿por qué tantas contemplaciones con determinados países que facilitan la elusión fiscal y la evasión de impuestos? ¿Acaso no se evalúan los delitos y sus penas por el bien jurídico que agreden? ¿Les parece poca agresión la sufrida por los países en desarrollo (empobrecidos) que pierden 85.000 millones de euros de recursos fiscales por elusión de impuestos de grandes empresas, que los evaden por medio de los paraísos y territorios offshore? Pues un bien jurídico agredido lo conforman los derechos humanos violqados de 6 millones de vidas que se salvarían al año de disponer el Estado empobrecido afectado de los recursos necesarios para una buena asistencia sanitaria pública. Recursos de los que no dispone porque se han eludido y evadido impuestos. La gente enferma y muere por no tener atención médica en hospitales que no han podido construirse. Porque se han evadido impuestos.

La UE debería sancionar los paraísos fiscales que no cooperen de verdad , se llamen como se llamen,. Y no cooperan los que no cambian sus leyes fiscales, mantienen leoninos acuerdos de libre comercio y convenios contra doble imposición (malabarismos normativos para que las multinacionales paguen menos impuestos). Las sanciones serían prohibir que la UE financie paraísos de listas negra o gris; también prohibir a instituciones y entidades públicas de la UE abrir cuentas u operar en jurisdicciones de esas listas, así como no contratar jamás a empresas que operen en paraísos fiscales.

Las sanciones debieran ampliarse también a asesorías, bancos, gabinetes de abogados, contables y asesores fiscales que participen o hayan participado en actividades o acuerdos fiscales  de carácter ilegal, ilícito o perjudicial en esos territorios o hayan participado en diseñar planes fiscales agresivos o de pura evasión fiscal.

Pero ¿saben? nada de eso ocurrirá. Porque más allá de la verborrea para confundir, la clase política dirigente europea está al servicio de quien está: la minoría económico-financiera que acumula y controla la mayor parte de riqueza. Lo muestra que lo máximo que han sido capaces de hacer la UE y la OCDE ha sido un invento llamado BEPS (por sus siglas en inglés) contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para que las multinacionales paguen muchos menos impuestos de los que deberían. Que no resolverá nada porque son medidas voluntarias y no amenazan con sanción alguna.

¿Acaso creen que el racista régimen de apartheid de Sudáfrica, por ejemplo, hubiera cedido un tanto así si las medidas contra ese régimen que impuso la comunidad internacional hubieran sido de aplicación voluntaria? Ni en sueños.

En tanto haya paraísos fiscales, jurisdicciones offshore (o como demonios quieran llamarlo) y no haya medidas duras contra los elusores y evasores de impuestosy sus cómplices necesarios (que no dejan de ser delincuentes aunque con trajes de millar de euros, habrá fraude fiscal a gran escala. Mientras crecen la desigualdad y la pobreza sin atisbo de solución.

Una amnistía fiscal anulada sin beneficio para la ciudadanía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del Reino de España en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mínimo que Hacienda pretendía recaudar con la amnistía. La pequeñez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupción que, segun la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España suma 90.000 millones de euros anuales. Muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las últimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que así el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la evasión de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnistía fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el país europeo con más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del déficit público. Se comprueba al ver que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Y así cuadran las cifras para la Unión Europea, pero perjudican a la gente. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Se cuadran los números a expensas de fastidiar a la ciudadanía.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Empleo, paro, recuperación y pobreza en el Reino de España

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en un acto del Partido Popular presentó a España en un ataque de euforia como “un ejemplo de recuperación económica”. Si recuperarse es volver a adquirir lo perdido, es difícil aceptar que este país se haya recuperado.

Salvo que recuperarse signifique que las rentas del capital casi doblen a los salarios en un escenario de tozuda alta tasa de paro y creciente precariedad laboral. Según la Contabilidad Nacional de este inicio de año, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, los beneficios empresariales de enero a marzo aumentaron 6%. Se habrán recuperado los grandes empresarios, pero los salarios se redujeron 6.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Eso no es recuperarse.

Tal vez España sea más rica en frías cifras generales, pero españoles y españolas son cada vez más pobres en realidades concretas. Según el FMI, el PIB de España crecerá este año 25.000 millones de euros más que en 2008. Pero solo lo notarán las altas finanzas, grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones multinacionales. La gente común, las familias, han perdido y pierden ingresos y llevar una vida digna es más difícil. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela el avance de la pobreza en España que ya afecta a más del 22% de hogares. Los ingresos de más de cuatro millones de familias no llegan a 8.200 euros anuales y mucha gente cae por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza afecta a más de la tercera parte de familias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura y en el resto de comunidades se escampa. Más de un tercio de hogares no puede afrontar gastos imprevistos y a un 16% de familias les es “muy difícil llegar a fin de mes”. Esas familias a las que no les alcanza el dinero ya son casi tres millones, mientras la pobreza energética afecta a unos dos millones de familias que no pueden tener la casa a temperatura adecuada. Menos mal que llega el tiempo veraniego.

En resumen, los que antes de 2009 lo pasaban mal hoy lo pasan mucho peor. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, infancia y mayores de 50 a 64 años (abandonados en tierra de nadie) sobre todo.

Ha bajado la cifra del paro, pero la vida de las clases trabajadoras no mejora. Tanto es así que incluso la muy neoliberal Comisión Europea reconoce que el crecimiento de España, tan jaleado, no ha reducido nada la creciente e incesante desigualdad y pobreza, al tiempo que pobreza y exclusión social en este Reino son de las más alarmantes de la Unión Europea. Sin olvidar que los trabajadores pobres, los que tienen empleo, pero no dejan de ser pobres, han aumentado hasta el 15% del total de quienes tienen empleo. Por ejemplo, becarios, contratados por horas, fijos discontinuos, falsos autónomos…

Hay algo menos paro en frías cifras, pero no mejor vida. Demasiadas personas encadenan varios empleos de miseria para conseguir ingresos mínimamente dignos. No es de extrañar cuando, según informe del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), casi la mitad de asalariados del Reino de España cobra menos de mil euros mensuales. No mil sino ‘menos de’, lo que puede llegar a ser muy poco. Según la Encuesta de Población Activa, se ha creado empleo precario. Por ejemplo, desde hace ocho años los contratos a tiempo parcial aumentan sin parar. Y con contratos temporales parciales no hay modo humano de vivir con dignidad. Eso no es crear empleo, eso es escampar la pobreza y repartir la penuria.

Por otra parte, los salarios suman actualmente 30.000 millones de euros menos, sin embargo los beneficios del capital aumentaron 14.000 millones. Antes de 2009, los salarios eran el 50% del PIB, la riqueza anual generada. Hoy solo son el 46%. La pretendida recuperación afecta a pocos; en realidad la llamada recuperación no es otra cosa que transferencia de rentas de los trabajadores a la clase capitalista, las élites. Ellos se han recuperado con creces, pero a costa de los demás por reformas laborales, bajos salarios y recortes sociales.

No hay recuperación que valga si no se recupera la mayoría de la gente. No hay recuperación si la inmensa mayoría no puede llevar una vida digna.