Reaccionar

En Finlandia crece la extrema derecha xenófoba, pero no sólo en ese país nórdico. En Italia, Berlusconi se burla de la justicia y reforma una ley procesal (para librarse de la cárcel) que dejará 15.000 delincuentes en la calle. Francia e Italia se enfrentan, enviando ésta a aquélla refugiados e inmigrantes norteafricanos en tren y Francia responde cerrando su frontera. Los especuladores extorsionan a Portugal, Irlanda y Grecia con la deuda pública y amenazan a otros países. Aumenta el desempleo mientras los gobiernos arrojan por la borda las conquistas sociales del último siglo, logros que no son concesión ni privilegio, sino derechos conquistados. En España, cuando se recortan pensiones, salarios públicos y atención sanitaria y hay más del 20,5% de desempleados (cuatro millones y medio), el sueldo medio de directivos de las empresas que cotizan en el Ibex es casi veinte veces el salario medio de un empleado de esas mismas compañías; en 2009, el sueldo de esos directivos era quince veces el salario medio de un empleado. En el resto de Europa, la desigualdad también va a mucho más. Vieja y caduca, Europa olvida los principios e ideales democráticos que defendió.

Además, diez millones de personas más caerán en la pobreza y serán ochenta millones más los hambrientos que se sumarán a los 1.100 millones actuales, gracias a la especulación con precios de alimentos. Un informe de Save the Children denuncia que más de 28 millones de niños en países en conflicto no reciben ninguna educación, pero si los países ricos cediesen el dinero de gasto militar de seis días, se dispondría de los 16.000 millones de dólares para lograr educación para todos, uno de los Objetivos del Milenio… Hechos y datos demuestran que no son minoritarios ni excepcionales. Hablamos de injusticia, de violación sistemática de derechos humanos.

En Europa ha habido protestas, manifestaciones y algunas huelgas. Pero quizás no con la continuidad necesaria, como ocurre en Norte de África y Oriente Próximo, por ejemplo (guerra tribal de Libia aparte). ¿Acaso los europeos aceptan la injusta situación neoliberal que vulnera sus derechos?

Quizás la resistencia y protestas ciudadanas habidas no sean suficientes. Stephane Hessel pidió a la gente joven que se indignara contra la destrucción neoliberal, pero los jóvenes en general, y los universitarios en particular, no parecen reaccionar, aún siendo quienes tienen presente y futuro más inciertos. Y tampoco lo hacen el resto de ciudadanas y ciudadanos. 

Sin embargo, en Internet, en Europa, miles de webs, portales y blogs se oponen a la actual situación, a la crisis que es estafa y atraco, y denuncian la impunidad de sus responsables. En la Red se denuncia cómo se desmantela el estado de derechos (en plural, no estado de bienestar, término inadecuado donde los haya). Son webs y portales de gente joven que de ningún modo comulga con las ruedas de molino de este tinglado neoliberal que va a peor… Sin embargo, los responsables de la crisis continúan obteniendo obscenos beneficios con ella y siguen tan tranquilos actuando contra la mayoría ciudadana.

Una vez más, ¿qué hacer?

Para empezar, recuperar las ideas, sin duda. Defensa de libertades, de justicia, de derechos, de solidaridad, de trabajo colectivo, de igualdad, de respeto a la naturaleza y a la Tierra. Informarse, saber, ser conscientes de lo que pasa; que no nos den más gato por liebre. Reconquistar los valores y principios democráticos y gritarlos con la convicción de que otro mundo es posible de verdad. Otro mundo más justo que pone en cuestión el crecimiento como único objetivo y el individualismo como ética. Otro mundo más humano que rechaza un desarrollo que no busca la felicidad de la gente ni respeta la Tierra. Que está contra los beneficios como único motor y por encima de todo. Que rechaza el consumo por el consumo y el lujo como algo bueno, deseable. Qué actúa contra la dependencia del petróleo y la entronización del automóvil como imprescindible. Que pretende que es mejor poseer que ser…

Y, luego, hay que vencer el miedo. Ese miedo arma paralizadora que los medios extienden un día sí y otro también. Es preciso que se derrumbe el muro del miedo en las mentes. Y reaccionar. Conseguir justicia, que respeten nuestros derechos, es entonces cuestión de persistencia, de tenacidad.

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Una plutocracia indecente

Indigna que la Unión Europea se burle de la soberanía de Portugal, cuyo Parlamento rechazó el plan de recortes del gobierno de José Sócrates para reducir el déficit, mientras fabricantes de rumores y medios cómplices insistían en la necesidad de rescate financiero.

El soberano Parlamento portugués rechazó ese plan y Sócrates dimitió. Luego, siendo ya primer ministro en funciones (que no debe tomar decisiones políticas), solicitó el rescate a la Unión Europea, aunque, según desvela Robert Fishman, catedrático de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, la deuda pública portuguesa es muy inferior a la italiana y, su déficit presupuestario, inferior al de muchas economías europeas.

La Unión Europea concede el rescate e impone un durísimo plan de ajuste de tres años con una oleada de privatizaciones (lo de todos cedido a codiciosas manos privadas), ajuste fiscal, recortes sociales presupuestarios, reforma laboral… Se han burlado de la soberanía de Portugal, que el Parlamento representa. Y, una vez más, la mayoría pagará los errores y canalladas de banqueros y “mercados”.

Con la misma motivación que aquel diputado latinoamericano que juró el cargo diciendo “todo por la pasta” en vez de todo por la patria, quienes detentan cargos y responsabilidades de gobierno o institucionales en Europa parecen tener la moral de un gángster y como tal actúan. 

En otro campo de batalla, el inefable Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, aumenta el tipo de interés, cuando todos los economistas que no están a sueldo de la banca saben que ese aumento dificulta seriamente la recuperación económica. Pero qué más da si los bancos se benefician. Más aún, un Trichet implacable exige que España continúe en la línea de reformas de los últimos meses. Reformas (como las de Grecia, Irlanda y ahora Portugal) que suponen disminuir las pensiones, menos jubilados con derecho a pensión, congelación o reducción de sueldos, pérdida real de valor adquisitivo del salario, desprotección de asalariados y desempleados, perdida de la vivienda, deterioro de la atención sanitaria, deterioro de la enseñanza, encarecimiento de matrículas universitarias… Más precariedad, más incertidumbre, más pobreza, más sufrimiento.

En suma, vulneración de derechos humanos económicos y sociales; tan derechos humanos como los políticos y civiles. Pero parece que esas reformas que violan derechos no son suficientes. Los “mercados”, según denuncia Fishman en su artículo El rescate innecesario, buscan ahora usurpar la democracia. No soportan la intervención del Estado en favor de la mayoría ni de los más desfavorecidos.

En el colmo de la desfachatez, los neoliberales que perpetran el mayor ataque en un siglo contra los derechos humanos de la ciudadanía europea, camuflan sus sistemáticas agresiones apelando a la solidaridad generacional. Lo ha dicho sin que le temblara un párpado, por ejemplo, el jefe del gobierno autónomo de Cataluña, el neoliberal confeso Artur Mas, al camuflar sus brutales recortes a la atención sanitaria (y los que perpetrará en educación) pidiendo al pueblo catalán que acepte sacrificios y renuncie a una parte de su bienestar… ¡para no hipotecar el futuro de sus hijos! Y se atreve a decir que sólo así esta generación no será la más egoísta de la historia.

Se ha llegado a tal grado de cinismo y degeneración que la defensa de los derechos se presenta como egoísmo. Por eso hemos de gritar hasta quedar roncos que una cosa son nuestros derechos y, otra muy diferente, sus privilegios.

¿Cuándo se convencerán de que el respeto de los derechos humanos no es exceso ni lujo ni prebenda ni graciosa concesión? La miserable y solapada confusión de derechos con privilegios pretende camuflar la criminal actuación de los “mercados”, la obscenidad de la plutocracia europea. Porque si esta Europa no es una plutocracia que baje Dios y lo vea.

Robert Fishman advierte que lo ocurrido a Portugal es una clara advertencia a otros países, incluido Estados Unidos, porque acaso se inicie una etapa de usurpación de la democracia por los “mercados” para asegurar la victoria de la plutocracia chantajeando a los Estados con el  fantasma de la deuda y acabar con la justicia social lograda.

Según el diccionario de las academias de la lengua española, plutocracia es la preponderancia, el exceso de peso, de los ricos en el gobierno del Estado. O plantamos cara a los ricos o será mucho peor.

Dejar de ser inofensivos

Francisco L. tiene 42 años y la última vez que ganó un salario fue en 2008. Desde entonces no ha encontrado empleo y vive en una tienda de campaña en un bosque cercano a la ciudad andaluza de Jaén. No tiene medios para otra cosa. Sus únicas pertenencias son un saco de dormir, una manta, una toalla, una bolsa con utensilios de aseo personal y una radio. Consigue agua de un pilar cercano a su tienda y come dos veces al día conservas y bocadillos. Subsiste en condiciones precarias.

Esta historia es real. Y hay millones semejantes y peores en el mundo. La crisis, claro. Sí, la crisis como estafa o la crisis como atraco. Pero, como denuncia Josep Fontana, refiriéndose a la maldita crisis, “la gran trampa, que ha hecho que nos convenzan de asumir mansamente los costes de la crisis, ha sido permitir a quienes la causaron presentar los problemas creados por un sector muy concreto del mundo económico como problema colectivo del que todos somos responsables”. Y en absoluto es así.

Sin embargo, aceptamos que reduzcan nuestros derechos y legitimamos el ataque contra ellos al no responder o, peor aún, votando a quienes desmantelan el estado de alguna justicia y cierta equidad que tanto ha costado levantar. El mal designado “estado de bienestar” no es privilegio ni lujo ni exceso, como pretende el neoliberalismo e insinúan los medios, sino un acercamiento al respeto de los derechos humanos de todos.

¿Por qué aceptamos que recorten nuestros derechos?

En un debate televisivo que vi, la cuestión a debatir era: ¿hasta donde han de llegar los recortes? No era un debate entre presuntos profesionales de la opinión y periodistas bien remunerados. En el plató había una veintena de ciudadanas y ciudadanos normales que aceptaban tranquilamente debatir sobre el ataque contra sus derechos que son los recortes presupuestarios.

Se hace buena la trampa del nazi Goebbels: la mentira repetida muchas veces suena a verdad. La falacia repetida hasta la saciedad por políticos y medios es que no hay otro camino para superar la crisis que recuperar la confianza de los “mercados” con austeridad y recortes sociales. Tiene razón José Luis Sampedro, cuando afirma que “necesitamos reeducarnos, pues pasamos por una fase de barbarie porque los valores democráticos se han degradado”.

La primera fase de esa re-educación es abrir los ojos y la segunda, no ser inofensivos. Porque hemos devenido una ciudadanía inofensiva. Quienes vulneran nuestros derechos hoy no tienen ningún temor de que los ciudadanos los pongamos en su sitio (que en muchos casos sería la prisión). Somos ciudadanos inofensivos. Salvo en África del Norte, Oriente Próximo e Islandia, dónde ciudadanas y ciudadanos luchan por sus derechos civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Porque ningún derecho es más importante que otro.

Islandia es la excepción europea. Fue saqueada hasta la ruina por banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos, pero Islandia se recupera porque ciudadanas y ciudadanos han reaccionado con una respuesta democrática de calado. Echaron al gobierno responsable, dejaron hundirse a los bancos, promovieron investigar los delitos perpetrados y ahora hacen más democrática su Constitución. No aceptan tener que pagar las canalladas de los bancos, como ha ocurrido en otros países. Y saben que la solución no es sólo económica. Es también política: ser inofensivos como ciudadanos.

En España, la asociación ATTAC y otras organizaciones sociales han interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contras las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poors y Fitch por alterar el precio de la deuda pública y utilizar ilegítimamente información privilegiada en beneficio propio. Al margen del resultado, eso es empezar a dejar de ser inofensivo. Roberto Unger, que fue ministro con Lula, ha denunciado que “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. Lo malo es que juicio tan duro es aplicable a los otros 26 estados de la Unión Europea, a Estados Unidos y un montón de países más. Por tanto, la respuesta es política y nada complaciente.

¿Cuándo decidiremos dejar de ser inofensivos y exigiremos nuestros derechos?

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

Quienes han provocado la crisis –denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.