Esta Unión Europea es irreformable

Ucrania acordó con sus acreedores (Unión Europea, FMI y fondos de inversión) reestructurar 17.200 millones de euros de deuda. Les han perdonado 3.400 millones (una quita del 20%) más una demora de cuatro años en los que Ucrania solo paga intereses; lo que supone retrasar el pago del capital de deuda a 2019 (y hasta 2027, no desde 2015 a 2023 como antes). Y Ucrania solo pagará 43 centésimas de euro más de interés; un tipo de 7.75%.
Ocurre unas semanas después de que la Unión Europea y el Banco Central Europeo, acreedores de Grecia, se nieguen a la menor quita de deuda. Aunque otro acreedor, el FMI, argumentó la necesidad de la quita. En su lugar, la Unión Europea ha acosado y chantajeado a Grecia. O aceptaba sus condiciones, dignas de Al Capone, o salía del euro.
Lo ha descrito con claridad el economista James K. Galbraith, asesor del gobierno de Syriza: “A finales de enero, el Eurogrupo amenazó a Grecia con destruir su sistema bancario. Cuando el gobierno griego convocó un referéndum, Eurogrupo y BCE cerraron los bancos y, cuando el pueblo griego dijo NO, aumentaron las represalias hasta que el gobierno griego tiró la toalla”.
Tras tan obsceno espectáculo, resurge el debate sobre salir del euro o no. Pero la cuestión no es salir del euro o permanecer. Como ha escrito el ex-ministro de finanzas alemán y líder de Die Linke (la Izquierda), Oskar Lafontaine, “mientras el BCE pueda cerrar el grifo del dinero a un gobierno de izquierdas, no puede haber ninguna política verdaderamente democrática y social en Europa”. ¿Para qué sirve esta Europa a la gente común?

Ni siquiera es preciso recordar que puestos clave de decisión financiera de la UE están y han estado en manos de sujetos que han sido altos directivos de un banco tan predador y digno de sospecha como Goldman Sachs, entre cuyas hazañas está haber falseado las cuentas de Grecia durante los gobiernos conservador y socialdemócrata, para poder ingresar en la eurozona.

Y así, se llega a la triste pero indiscutible conclusión de que esta Unión Europea no admite reformas que merezcan tal nombre. Pues reformar significa ‘modificar algo con la intención de mejorarlo’, y mejorar (para la gente, por supuesto) no es intención ni voluntad de los totalitarios euroburocráticos que gobiernan esta Unión.
¿Qué hacer? ¿Otra construcción europea? ¿Una alianza de países del sur? Imposible. Tal vez. Lo parece.
Imposible pareció a muchos cuando, en 1917 un grupo de sufragistas, que exigían el voto para las mujeres, decidieron concentrarse cada día frente a la Casa Blanca. Al principio fueron ignoradas y su protesta apenas tuvo repercusión, pero se mantuvieron tenaces, convencieron a la opinión pública y dos años después las mujeres podían votar en EEUU. Y a continución en otros países.
En marzo de 1930, Gandhi empezó una marcha de 400 kilómetros para protestar contra el monopolio de la sal del Imperio Británico en la India por ser predador e injusto. Empezaban 17 años de lucha por la independencia. Y la consiguieron.
En el siglo XIX, al inicio de la industrialización, en Europa y EEUU los obreros trabajaban de lunes a domingo en jornadas de hasta quince horas por salarios de miseria. Tras duros y prolongados años de lucha, la clase trabajadora ha conseguido niveles de emancipación notables, lo que no significa que se hayan logrado todos los objetivos deseados y necesarios.
La actual Unión Europea nació inicialmente para que nunca más hubiera enfrentamientos bélicos entre Alemania y Francia, como ocurrió en los siglos XIX y XX. Pero de la búsqueda de paz y respeto de derechos humanos de todos se ha pasado a una especie de Chicago años 30 al servicio del poder financiero y las corporaciones transnacionales.
Como ha escrito Frédéric Viale de ATTAC Francia, “la Unión Europea es un mecanismo conservador antidemocrático para impedir cualquier avance progresista, sea cual sea la voluntad de los pueblos”. Y remacha Galbraith que “las esperanzas de negociar un cambio en la eurozona se han puesto a prueba con resultados brutales y que en la Eurozona hay una dictadura burocrática es un hecho”.
La democracia ya no existe, insiste Viale, hay que fundarla de nuevo, porque esta Unión Europea no es democrática. Es el problema, no la solución y así no hay avance alguno. Por eso esta Unión Europea no es reformable.
Si a eso añadimos la enorme vergüenza de estos días de unos gobiernos europeos incapaces de ponerse de acuerdo en distribuir a los refugiados por países (y algunos incluso negándose a aceptar refugiados), no hay la menor duda de que esta Europa no es la de la gente común, porque solo sirve a los banqueros, grandes empresarios y altos burócratas.
Habrá que rebelarse para cambiar las cosas.

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La desigualdad creciente indica que algo va francamente mal

En España, tras las elecciones municipales de hace un mes, los nuevos gobiernos locales del cambio ya trabajan para la gente común. Para empezar, encuentros con cúpulas bancarias para frenar desahucios y planes de emergencia social para dar de comer a niños que han acabado el curso y ya no disponen de comedor escolar. Entre otras medidas. Pero al mismo tiempo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, insiste en que las ‘reformas’ que ha perpetrado su gobierno ya dan sus frutos. Reformas que son retrocesos sociales en servil aplicación de la austeridad y recortes sociales que imponen la Unión Europea, BCE y FMI. Y añade Rajoy con la boca pequeña que “hay mucha gente a la que todavía no han llegado los efectos de esta política económica, pero llegarán”.

No se sabe si es cinismo sin más o la peor ceguera; la del ciego que no quiere ver. O tal vez pretenda engatusar a los dos millones y medio de ciudadanos que han dejado de votar a su partido en las recientes elecciones. Porque la cruda y documentada realidad es que desigualdad y pobreza crecen a marchas forzadas en el Reino de España. La gente lo sabe porque lo sufre.

El año pasado fue el quinto consecutivo en el que disminuyeron los ingresos de las familias en ese país, cuya capacidad de consumo (o demanda, si prefieren) “esta casi agotada” según explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico Social, órgano consultivo del Estado. Porque la capacidad de demanda o consumo es hoy de supervivencia, ha remachado.

De la deteriorada situación de gran parte de la ciudadanía española da fe, por ejemplo, que el 42% de usuarios pase apuros para pagar el recibo de la luz, además de otras estrecheces. Como no poner la calefacción en invierno o a menor temperatura para gastar menos. Así lo indica un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Y, si atendemos al derecho a vivienda digna (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución española), cientos de miles de personas han visto vulnerado ese derecho en España, como denuncia Amnistía Internacional en su documentado informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. ¿Quién se perjudica y quien se beneficia en tal situación injusta? Solo son algunas muestras, porque la brecha entre pobres y ricos tiene muchas caras. Bastantes más.

Incluso el FMI advirtió hace un tiempo que España es el país europeo donde crecen más las diferencias entre pobres y ricos. Pero ahora es la OCDE la que constata que este país es donde más aumenta la desigualdad. Y, mientras en el Reino de España la pobreza aumenta en más de un millón de personas y ya afecta al 27% de población (según Red Europea contra la Pobreza), el informe anual de riqueza en el mundo de Capgemini indica que aquí la gente con gran patrimonio ha aumentado unas cincuenta mil personas en siete años. Son 178.000 ricos. La crisis y la política económica presuntamente en contra los han enriquecido. Pero el país está habitado por 46 millones y medio de personas y solo se benefician de verdad de esas políticas un minúsculo 0,04 %.

Junto al mezquino porcentaje de nuevos ricos, quienes sufren privaciones materiales severas han crecido un 28%, al tiempo que se duplican las personas que viven en hogares sin empleo alguno o insuficiente. Y muy escasos ingresos, cuando los hay. El resultado es que casi 13 millones de ciudadanos viven en riesgo de pobreza; algo más del 27% de población. Y otro hecho muy alarmante. En España tener empleo no garantiza una vida digna: casi el 12% de personas pobres tienen trabajo remunerado, pero no salen de la pobreza. Algo que tal vez tenga que ver con que el 19% de la población del Reino de España posee el 56% de la riqueza del país, y el 81% se reparten también desigualmente el 44%, según el Global Whealth Report de Credit Suisse. O que en 2016, según informe del mismísimo Foro de Davos, un 1% de población, el más rico de la Tierra, acumulará tanta riqueza como el restante 99% del planeta.

Algo va francamente mal.

Elecciones y cambio político y social

El Reino de España ya está en campaña electoral. El 24 de mayo serán elegidos nuevos ayuntamientos y casi todos los gobiernos autonómicos y, desde las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, el Partido Popular y el PSOE, fundamento del régimen bipartidista monárquico, han perdido intención de voto a ojos vista. Pero, ya cerca de las primeras citas electorales en todo el terriotiro del Estado, aumenta entre la ciudadanía y la clase trabajadora resistentes la sensación de que ya no parece tan seguro que el bipartidismo monárquico neoliberal y autoritario sufra un descalabro electoral.  El PP ha frenado su caída libre en intención de voto, el PSOE se  ha estabilizado y Podemos, que se presenta como la garantía de cambio, parece haber llegado a su techo, a la vista de los resultados de las elecciones de Andalucía y los de las últimas encuestras electorales. Sin olvidar el ascenso de Ciudadanos, que nadie previó, pues, aunque se presenten como partido de centro, son una versión moderna de partido conservador y neoliberal; el posible sustituto del Partido Popular.   

Por todo lo dicho cunde cierta desesperanza, porque ya no se ve tan seguro el cambio soñado. Y se propaga cierto pesimismo porque se ignora una certeza que hace años escuché formular con lucidez al nonagenario militante comunista y poeta Fernando Macarro, más conocido por su nombre literario de Marcos Ana. El hombre que pasó más tiempo en cárceles franquistas (23 años) explicaba a un reducido e impaciente público joven que los cambios de verdad son necesariamente lentos pues, de no ser así, no son tales sino espectáculo.

Es verdad que las consecuencias nefastas de los recortes sociales y las implacables políticas neoliberales, que a tantos han hecho y hacen sufrir, han despertado muchas conciencias. Y también es cierto que por mucho que el gobierno cacaree sobre la recuperación económica y la salida de la crisis, los trabajadores, la gente común, comprueban en sus vidas que eso no es cierto. Pero no podemos olvidar que en los noventa y primeros años del siglo XXI, antes de la crisis, mucha gente creía vivir en el mejor de los mundos. Aunque un paro considerable haya sido constante durante décadas en España, la burbuja inmobiliaria no había estallado, no habían empezado los brutales recortes sociales ni las rebajas salariales y se ofrecía crédito al consumo a casi todo el mundo a tipos de interés asumibles. No aumentaban los salarios o muy poco, pero los trabajadores podían hacer un montón de horas extraordinarias y entramparse comodamente para pagar a plazos la vivienda, incluso una segunda residencia, televisores, lavavajilas  y automóviles en cuotas mensuales que se podían abonar sin demassiado apuro.

En este tiempo de capitalismo de crédito fácil, buena parte de la clase trabajadora se consideraba ‘clase media’. Se había olvidado que se forma parte de esa clase no por caprichosa elección o moda sino porque solo se dispone de la fuerza de trabajo para alquilar a cambio de un salario para poder vivir, en tanto que una minoría se lleva la parte del león porque detenta la propiedad de los medios de producción en los que trabajamos.

La conciencia de clase brillaba demasiado por su ausencia y el movimiento obrero se debilitaba. ¿Es casualidad que en España solo haya habido cuatro huelgas generales desde 2010, cuando se empezó a notar la crisis que devino saqueo, mientras en Grecia ha habido 30 huelgas generales desde 2009? Un movimiento obrero débil, como el de España, es indicio de falta de conciencia de clase y de insuficiente fortaleza política para acometer cambios en profundidad.

Los cambios profundos llevan su tiempo. Tiempo que es preciso también para forjar conciencias colectivas críticas y transformadoras. Además, en los cambios que merecen tal nombre se consigue parte de lo perseguido y parte no; aquí más y allí menos; aquí cambio notable, allí a medias o apenas… Un cambio revolucionario lleva su tiempo. Un cambio en el que se cuestione y empiece a cambiar la propiedad de los medios de producción, porque ese cambio está ligado al volumen de conciencia crítica de la clase trabajadora y de la ciudadanía y al aumento y afianzamiento de la conciencia de clase.

Y hoy, a pesar de haber más oposición, más resistencia y más movilizaciones populares, aún permanecen una parte considerable de creencias colectivas en mitos y fábulas neoliberales que desmovilizan. Que el crecimiento económico exponencial es imprescindible. Que la competitividad es la esencia de la economía. Que la libre circulación de capitales es buena. Que las normas y regulaciones frenan la economía. Que es legítimo que el capital obtenga buenos beneficios porque arriesga y crea riqueza. Que lo público es caro y malo y lo privado eficaz y bueno. Que la protección social crea vagos.  Que los medios de comunicación de los países occidentales ricos informan verazmente…

Con esa conciencia crítica colectiva insuficiente, más embustes y manipulaciones sistemáticos, que las clases populares ganen las elecciones es importante, pero también difícil, y, sobre todo, insuficiente. Porque las cosas cambian cuando la gente común cambia, se organiza y se moviliza; cuando la clase trabajadora se organiza y lucha. ¿Lucha de clases? ¿Otra vez esa antigualla? De antigualla nada, por cierto, porque la sufrimos día tras día. Y, como botón de muestra de su innegable realidad, recordaré que un destacado miembros de la minoritaria clase dominante, el estadounidense Warren Buffet (uno de los cuatro o cinco hombres más ricos del mundo) asegura “que por supuesto que hay lucha de clases y es mi clase, la clase rica, la que va ganando”.

Y se trata de que pierdan, porque ambas clases no pueden ganar. Por eso no hay que desesperar si los resultados electorales próximos no son los soñados. ¿O acaso alguien creía que el Ibex 35 (las grandes empresas y corporaciones españolas) iba a permanecer impertérrito ante un avance electoral popular? Pueden comprar todo lo comprable y lo hacen.

Por todo ello, el cambio profundo, político, social y económico no es equiparable a una carrera de velocidad ni solo cuestión de elecciones, sino que es más una carrera de fondo, una maratón, en la que hay que medir fuerzas y administrar y organizar energías. Y, por supuesto, aumentar la conciencia colectiva crítica y transformadora. La conciencia de clase trabajadora.

Elecciones y cambio político

En el Reino de España habrá en 2015 elecciones municipales, regionales y generales. En las encuestas de intención de voto, la nueva formación política Podemos se afianza como una de las que serían más votadas y, últimamente, la más votada. Si se suma que el partido griego Siryza aparece como vencedor de las próximas elecciones griegas, algunos analistas ya predicen un panorama de cambio en Grecia y España y tal vez en Europa después.

Sin embargo, como afirma el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, “pretender transformar la sociedad solo por unas elecciones, no es ilusión, es ilusionismo“. Aserto que completa la reflexión de Juan Torres de que “es necesario obtener buenos resultados en las elecciones, que no pueden ser un fin en sí mismo, pues solo estar en las instituciones puede ser ineficaz y frustrante si no hay un poder popular de la gente organizada desde abajo en constante movilización”.

La mayoría ciudadana, especialmente la clase trabajadora, ha de tener muy presente que un cambio real no se logra solo con un buen resultado electoral. Porque cambiar significa acabar con los desmanes e injusticias institucionalizados por la acción gubernamental durante años. Porque esas acciones u omisiones gubernamentales han convertido pobreza, desigualdad y recorte de libertades en elementos centrales de la situación económica, social y política del país.

Cambiar la política, la economía, el país, es ardua tarea que no se resuelve solo con mayoría parlamentaria, aunque ésta sea imprescindible. Porque no se trata de gobernar como siempre, pero mejor que PP y PSOE (que no es tan difícil), sino de terminar con el régimen monárquico bipartidista. Y hay que hacerlo desaparecer porque, como ha reiterado Pérez Royo, ese régimen del 78 no es una restauración de la democracia, como se proclama, sino una restauración de la monarquía con formas democráticas, que no es lo mismo. Hay que conseguir democracia de verdad, no solo formas democráticas. Y para lograrlo, además de mayoría parlamentaria, es imprescindible la movilización masiva de conciencias. Pero esa conciencia crítica colectiva no se logra por ganar elecciones. Se ganan elecciones si ha habido una movilización masiva de conciencias. Gramsci tenía razón al escribir que “la conquista del poder cultural es previa a la del poder político”. Poder cultural que es la hegemonía de la libertad, justicia, solidaridad y cooperación para que los derechos de la inmensa mayoría sean prioritarios. Pero para que primen los derechos de la inmensa mayoría es preciso un cambio profundo, una revolución democrática. Es establecer una democracia de verdad y no autoritarismo maquillado de formas democráticas; libertad de expresión con verdadero derecho a la información y no mayoría silenciada; servicios públicos en vez de salud, educación y pensiones como mercancía; economía productiva al servicio de la mayoría y no especulativa para las élites… y, muy especialmente, participación ciudadana. Porque democracia es más, mucho más, que votar cada cuatro años.

Alexis Charititsis de Syritza concreta por donde ha de caminar una democracia que necesariamente ha de ser participativa para ser democracia real. Es necesario un sistema con derecho de revocación, consultas públicas, referendos, auditorías civicas, consejos de trabajadores, comisiones ciudadanas… Porque hay que cambiar las reglas de juego. Otras reglas que no son reformar y parchear la actual Constitución (como quiere el PSOE, por ejemplo), sino redactar otra Constitución de abajo hacia arriba como reivindican los movimientos ciudadanos, sociales y la izquierda que merece tal nombre. Una Constitución que dé verdadero poder a la ciudadanía, que garantice la justicia social, que recupere libertades y las afiance. Y también que resuelva cuestiones pendientes, como el inaceptable trato de favor a la iglesia católica o investigar los crímenes del franquismo, procesar a los culpables y ofrecer reparación a las víctimas de la dictadura.

Parece difícil, pero se puede y hay esperanza. Como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se logra. Y él tenía experiencia en lograr lo que parecía inalcanzable.

El filósofo John Locke escribió que “cuando un gobierno usurpa las libertades, se corrompe o conduce la sociedad de modo distinto al que ha prometido, la resistencia y la desobediencia ciudadanas están plenamente justificadas”. Con la ciudadanía resistente, movilizada y organizada, además de ganar las elecciones, se pueden cambiar las cosas.

Un pueblo en Marcha de Dignidad para cambiar las cosas

Caminar es inseparable de la vida. Es negarse a detenerse, a morir, porque marchar niega la muerte. El caminante se alza y lucha, progresa, avanza paso a paso. La historia está llena grandes marchas”, nos cuenta el antropólogo Frank Michel.

En marzo, varias columnas de toda España caminaron hacia Madrid. Las Marchas de la Dignidad. Y el sábado 22, una masiva ciudadanía abarrotó los paseos del Prado y Recoletos de la capital de España, desde Atocha hasta Colón. Como dijo una activista de la columna de Aragón, “Madrid fue una fiesta. Ciudadana, reivindicativa y pacífica. Un clamor unánime reclamando cambios, pan, trabajo y libertad”.
La manifestación fue descomunal, pero antes de culminarla, cuando faltaba poco para las nueve de la noche del 22, la hora de los telediarios, “tras la histórica, enorme y pacífica manifestación, la policía disparó pelotas de goma y gas pimienta cuando gente buena y solidaria pretendía retirarse tranquilamente por el lateral de Recoletos” explica Shangay Lily. Mientras desde el estrado de la plaza de Colón los miembros del coro de la orquesta Solfónica proclamaban “estas son nuestras armas” agitando los papeles escritos de las partituras del canto de los esclavos de la opera Nabucco.

Un ritual que se repite: oscuros incidentes violentos aislados tras una movilización pacífica. Tal vez para registrar, falsa y arteramente, que el 22-M fue una jornada violenta y no la magnífica gesta de resistencia cívica pacífica contra la austeridad, los recortes y la pérdida de derechos. El gobierno del Partido Popular, una vez más, recurre a la mentira como arma política al pretender vincular la exitosa manifestación cívica a esos opacos incidentes violentos.

Y sí, tras la manifestación, hubo algunos incidentes aislados, pues sin duda a veces hay energúmenos que no son otra cosa que provocadores y nada tienen que ver con la ciudadanía que marcha pacífica para cambiar las cosas, el país, la sociedad. Como ha escrito Juan Torres, “sabemos desde hace años que la propia policía infiltra bravucones, como manifestantes normales, para provocar incidentes que justifiquen la intervención policial. Las pruebas son abundantes e indiscutibles, pues hay multitud de fotos y videos que así lo demuestran”.

La criminalización del ejercicio del derecho de manifestación es vieja práctica de la derecha, ya denunciada por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, al informar sobre manifestaciones en Barcelona y Madrid en 2011.

Pero, más allá de esas miserias como ha escrito Vicenç Navarro, “las Marchas son un hecho histórico que establece un antes y un después. La España real de pueblos hermanados que denuncian un Estado que ha perdido toda legitimidad, porque ha vendido la soberanía a intereses financieros y económicos”.

Y, en cuanto al éxito numérico, no cabe entrar en bailes de cifras, pues fue evidente la enorme protesta ciudadana. Gigantesca, adjetivó el diario Le Monde. Como ha explicado Agustín Moreno, “con la vara de medir otras manifestaciones históricas, se puede hablar de un millón contra la burda manipulación que hablaba de 50.000 personas. ¿Cómo, si llegaron a Madrid más de 900 autocares, varios trenes y muchos coches particulares que ya sumaban más de 50.000 personas?”

Fue una muestra de poder de la ciudadanía. Y el 22 de marzo el Gobierno mostró su miedo al pueblo respondiendo con represión del peor estilo franquista.

Las Marchas que ocuparon Madrid son punto de reanudación y nueva partida. Como dice Torres, “la Dignidad que ha impulsado las Marchas es comienzo de otras nuevas que culminarán en la única solución para España: paralizarlo todo para acabar con esas políticas tramposas, antidemocráticas, injustas y fracasadas”.

Pues ya nada es como era. Ni lo será. Lo resume estupéndamente Julio Anguita: “Cientos y cientos de miles de personas testigos de su fuerza; que constatan que existen en la acción que los une y los multiplica en su decisión de acabar con la indecencia moral que gobierna. Pero también contra el poder económico que hay tras este andamiaje vacío, seco e inútil. Los que nos manifestamos en Madrid construiremos el contrapoder que acabe con el robo, el cinismo, la indigencia moral y la permanente conculcación de la Ley y el llamado Estado de Derecho. Los que nos manifestamos en Madrid lo hicimos en nombre de los derechos humanos que ellos son incapaces de llevar a la realidad cotidiana de la ciudadanía. Los que nos manifestamos en Madrid dejamos constancia de que aspiramos a una soberanía popular y nacional en todos los terrenos: económico y monetario, social, político y cívico.

Es un pueblo en marcha que cambiará las cosas, cuanto tarde y cueste lo que cueste.

Este mundo no es justo y hay que cambiarlo

Recordemos una vez más la respuesta de Warren Buffet a una pregunta sobre la crisis en The Wall Street Journal: “Por supuesto que es lucha de clases y mi clase, la de los ricos, gana“. Buffet es uno de los hombres más ricos del mundo y su desvergonzada contestación introduce una especie de balance de los dos últimos años de crisis, que prefiero llamar saqueo.

¿Saben que el 1% de la población de EEUU se quedó con el 95% del aumento de ingresos del país de 2009 a 2012? ¿Y que se apropió de casi el 70% del ingreso familiar real generado desde 1993 hasta el año pasado? En esos diecinueve años, los ingresos del 1% rico aumentaron un 86%, pero los del 99% restante, solo un 6,6%. Esclarecedor, ¿no? Pues eso muestra el reciente estudio de la Universidad de California en Berkeley, Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States.

Tiene un nombre: Desigualdad. Desigualdad astronómica. Pero no solo en EEUU. Cuanto más se empobrece un país, más desigualdad hay. Hiriente, obscena. Y cuanta más desigualdad, más pobreza. Como ocurre en España. Y en Europa.

¿Qué hay al destripar las cifras de desigualdad?

En Europa, por ejemplo, en el Reino de España en particular, la llamada crisis ha sido pretexto perfecto para perpetrar un recorte de salarios sin precedentes desde 2000. Y un aumento de jornada laboral con menos retribución. Mientras se destruyen empleos en casi todos los sectores económicos. Según un informe sobre grandes empresas de la Agencia Tributaria, éstas despidieron 1,5% de sus plantillas solo en octubre. En tanto que los salarios disminuían 2,5% de media en 2012. Por eso los beneficios de las 35 mayores empresas españolas aumentaron 13% más en los primeros nueve meses del año. Y en 2014 superarán esa cifra con creces. A costa de los trabajadores y trabajadoras.

Más beneficios no por mejor gestión empresarial ni por atender con mayor acierto las necesidades del mercado. Los beneficios de los grandes suben porque el empleo disminuye y los salarios bajan. El mismo FMI constata que las empresas españolas exportadoras rebajan salarios para aumentar beneficios. Los beneficios están tan ligados a las rebajas salariales que la banca pide más moderación salarial en los próximos años  sin el menor rubor. Salarios aún más bajos. ¿Dónde quedaron los empresarios que justificaban sus beneficios porque creaban puestos de trabajo?

El BBVA incluso ha tenido la desfachatez de proponer una rebaja del 7% de los salarios para crear un 10% de empleo. ¿De dónde sacan cifras tan gratuitas? Porque los salarios no cesan de bajar desde hace años, pero no se crean empleos, como pretende el neoliberalismo, sino todo lo contrario. Incluso dejando de lado que la disminución de la demanda, concomitante con las rebajas salariales y destrucción de empleo, hará crónica la crisis.

Más aún. En el sector financiero hasta finales de 2012, las ayudas públicas totales al sector sumaban ya más de 1,42 billones de euros, como nos recuerda Sánchez Mato. Algo más de 87.000 millones de euros, en forma de capital y 1,33 billones de euros en ayudas públicas diversas. Por cierto, esas ayudas públicas al sector financiero son como todo el PIB español y un tercio más. Mientras se recorta en educación, sanidad, servicios sociales, ciencia…

Y broche de oro para tan capitalista sinrazón; la perniciosa y muy peligrosa sinrazón de beneficios por encima de todo. Como ha contado la revista Diagonal, en el encuentro internacional en Varsovia, COP19, para hacer frente al calentamiento global, cambio climático y sus tremendas consecuencias, las empresas industriales y extractivas más contaminantes del mundo han tenido un papel protagonista.

Una rendición en toda regla ante el poder corporativo en beneficio de los contaminadores. En vez de controlarlos y obligarlos a respetar el medio ambiente y la Tierra. De momento han logrado aplazar hasta 2015 tomar medida alguna contra la contaminación y el cambio climático. Da igual que días antes de COP19 el tifón Haiyan devastara buena parte de Filipinas. Las industrias contaminantes, a lo suyo: cuantos más beneficios mejor. Caiga quien caiga.

El capitalismo es predador y además, suicida. Como dice Josep Fontana, “se acabó la vieja política más o menos socialdemócrata, cuando las cosas se negociaban. Hoy, la rebaja de salarios es sistemática. Pero sólo luchando contra los retrocesos y defendiendo derechos, que se ganaron con dos siglos de luchas sociales, enderezaremos el rumbo”. Como ha escrito Simon Torney, la gran esperanza es que la gente común ha visto que este modelo no funciona y, siguiendo a Marcos Ana, “el cambio a fondo, revolucionario, no se produce en un pispás. Continuar adelante es una lucha constante. No hay otro camino: este mundo no es justo y hay que cambiarlo”.

Y sí se puede. En América Latina con gobiernos progresistas, la pobreza ha bajado del 41,5% al 29% de 2003 a 2009, tras dos décadas de mantenimiento o aumento de la pobreza. Y más que se puede cambiar. Por ejemplo, que el miedo cambie de bando y sustituyamos esta sociedad capitalista y predadora por otra mucho más justa y solidaria.

Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.