Urge derogar ya la ley Mordaza

Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles (como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace y otros muchos) han propuesto formalmente acabar con las leyes mordaza; es decir, anular la ley de seguridad ciudadana (la propiamente ‘ley Mordaza’), la reforma del Código Penal y también la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular cuando Rajoy era presidente de gobierno. Normas ilegítimas y regresivas, por cierto, que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia. Leyes que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana. Una vulneración de derechos que caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios o totalitarios.

El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión

Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión. Para Amnistía la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, no solo amplía los poderes policiales sin supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del Partido Popular, porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.

Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley Mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía sino para frenar, impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.

Ese truco sucio que es la ley Mordaza ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo (las fuerzas de seguridad) sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en esas infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas sin fácil posibilidad de recurso. Así, la ley Mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas impuestas al año de nunca menos de 600 €. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa Ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte y la división de poderes se va al garete.

Mal momento de la Unión Europea

Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero por desgracia todo eso ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en Estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.

No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.

En España hay nuevo gobierno desde hace una semana. Un gobierno que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes y que así sea pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular (que no tenía mayoría suficiente), los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley Mordaza tan franquista.

Una cuestión de calado porque, contra la incorrección de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es sobre todo el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza se pasan por el arco de triunfo.

Corrupción, embustes y desigualdad en el Reino de España

Mariano Rajoy ha sido destituido como presidente del gobierno de España por el Congreso de los Diputados, que ha investido a Pedro Sanchez, secretario general del PSOE. El 25 de mayo, el PSOE presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su partido, de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, Compromís y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy al ser elegido presidente en 2016.

Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando a la verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.

La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

Corrupción institucional del PP

Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.

También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.

La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construccción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.

Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.

Falacias de Hernando

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.

Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.

Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.

Corrupción y desigualdad

Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.

A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.

Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.

Una sentencia por delito sexual solivianta a las mujeres en España

Concentraciones y manifestaciones agitan docenas de ciudades españolas desde hace días en un creciente tsunami de indignación. De norte a sur y de este a oeste la protesta parece no tener fin tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra a un grupo de cinco hombres jóvenes autodenominados la Manada, condenados a solo 9 años de prisión por abuso sexual de una joven de 18 años, pero no por violación, como la fiscal consideró que sí hubo. Por eso pidió 22 años de cárcel por agresión sexual.

Cientos de miles de personas han participado en las concentraciones y manifestaciones de protesta (también en el extranjero) para hacer saber al Poder Judicial que en la España de 2018 cuando cinco hombres acosan a una mujer en un espacio angosto de madrugada y la fuerzan sexualmente no es abuso, es violación.

La fiscal Elena Sarasate sostuvo en el juicio que “las pruebas son absolutamente contundentes y que los miembros de ‘La Manada’ actuaron de forma conjunta y coordinada“, dejando a la víctima “sometida” y “sin posibilidad de resistencia”. “Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda“, remató la fiscal Sarasate.

El delito se perpetró en Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, y los hechos sucedieron el 7 de julio de 2016 en la capital navarra, donde la joven víctima denunció haber sufrido una agresión sexual por cinco hombres que, además, grabaron un vídeo al perpetrar el delito. La Audiencia Provincial de Navarra, que juzgó a los acusados, considera que no hubo violación y condena a solo nueve años de prisión a los cinco acusados por un delito continuado de abuso sexual, pero les absuelve del delito de agresión sexual como pedían la Fiscalía y la acusación particular.

El Código Penal español define que no hay “violencia e intimidación” en el abuso sexual, que sí existe en el delito de agresión sexual, coloquialmente designado violación.

Se reformará el Código Penal

Además de las constantes concentraciones de protesta en todo el país, tras conocerse la sentencia, en pocas horas, se recogieron 1.200.000 firmas que pedían la inhabilitación de los magistrados redactores de la sentencia, especialmente la del juez que presentó un voto particular en el que afirmaba que en el vídeo solo apreció jolgorio y sexo y pidió la absolución de los cinco hombres.

Una bloguera, Carlota, ha descrito cruda y claramente lo que pasó: “Que cinco tíos te la metan simultáneamente por la boca, por el ano y por la vagina, de madrugada en un portal, mientras se animan entre ellos y repiten ‘¡me toca, me toca!’, eyaculando dentro de ti, sin articular tú ni una sola palabra y acabando en el hospital (sin teléfono móvil, porque te lo han robado para que no puedas avisar a nadie), en España no se considera una violación. Es el porno como educación sexual. Es cultura de la violación. Justicia patriarcal“.

Otros jueces y físcales sí consideran que hubo intimidación de la víctima por ‘la Manada’ y esperan la revisión del caso. Juristas consultados señalan que el relato de hechos probados por el tribunal apunta a un delito de agresión sexual y no de abusos. Y citan jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica con claridad que en ningún caso se requiere una “resistencia heroica” de la mujer violada para probar la intimidación, la agresión sexual.

La creciente indignación social tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, ha forzado que el gobierno Rajoy anuncie una revisión del Código Penal para establecer una nueva tipificación de los delitos sexuales. Sin embargo, es el mismo gobierno que ignoró las reivindicaciones de organizaciones y movimientos feministas para afrontar las violaciones en la reforma del Código Penal de 2015.

Acabar con el machismo

Lidia Falcón, abogada y presidenta del Partido Feminista, declaró tras conocer la sentencia que “violar en España sale prácticamente gratis. Es inaceptable que se considere que no había violencia conocida la descripción de los hechos“. Y sostiene que la sentencia a ‘la Manada’ demuestra que la ideología machista impregna instituciones del Estado y que la Justicia en concreto no ha salido de la pasada dictadura, no se ha renovado.

Susana Díaz, presidenta de Andalucia, afirma no comprender ni compartir la sentencia del caso de La Manada, al tiempo que pide tolerancia cero con cualquier violencia sexual. Incluso Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que no destaca por sus posturas progresistas, ha reconocido que “como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de la Manada”.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña), que agrupa 400 entidades de esa comunidad autónoma para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, ha rechazado la sentencia en el caso de ‘La Manada’ y ha exigido la modificación del Código Penal para abolir el delito de abuso sexual, “un tipo penal que pone en peligro a las mujeres y no garantiza sus derechos“.

La siempre prudente Amnistía Internacional al analizar violaciones de derechos humanos afirma que “la ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que la responsabilidad de protegerse de la violación recae en las mujeres ”. Amnistía también informa al respecto que “unos nueve millones de mujeres han sido violadas en la Unión Europea después de los 15 años. La cifra es inquietante y es alarmante que tan pocos países europeos se tomen este grave delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la actuación”.

No cabe duda de que hechos tan rechazables como lo sucedido en Pamplona indican que la preeminencia y dominio de los hombres sobre la mujer (en plata, el machismo) siguen muy arraigados en el Reino de España. Pero por desgracia no solo en España. Amnistía Internacional informa que de 33 países europeos, sólo 9 reconocen que el sexo sin consentimiento es violación. ¿Y los otros 24 de la presuntamente democrática Europa?

Tan alarmante dato expone como ningún otro la repugnante presencia del machismo o, como se dice ahora, del patriarcado. Y empuja a combatirlo con total decisión, desde las escuelas de infancia hasta la universidad, en todos los sectores, en cualquier actividad humana. La esencia de esa lucha es que las mujeres han de tener los mismos derechos que los hombres. Ni un ápice menos. Es imperativa la igualdad por medio de una tarea de educación y concienciación hasta conformar una conciencia social colectiva que asegure esa igualdad real de las mujeres e impida la más leve traza de repulsivo machismo.

Los independentistas casus belli para la involución autoritaria del Partido Popular

La restricción de libertades en el Reino de España empieza a alcanzar cotas no imaginadas desde que gobierna de nuevo el PP. Antes fue la ley Mordaza y la contra-reforma del Código Penal. Hoy es el artículo 155 de la Constitución que aplican a Cataluña y que blanden como amenaza. El mantra para tapar su despotismo, su negativa al dialogo para resolver los problemas, es citar una y otra vez la legalidad constitucional y amenazar. Como los cristianos con el Biblia, los del PP usan la Constitución intocable e inmutable para un barrido o un fregado y para judicializar un conflicto político, el de Cataluña.

Enric Juliana ha explicado que el Gobierno no da órdenes directas a la judicatura, pero hay tal sintonía entre unos y otros que parecen estar conectadas las voluntades del gobierno y la Fiscalía. El señor Maza procesa por rebelión y sedición a los catalanes separatistas, aunque el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinara el 2 de diciembre de 2008 que no era competente para investigar la rebelión contra el Gobierno de Franco. Una demostrada rebelión.

Fue cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar la rebelión franquista y los crímenes de la dictadura que se formó después. El magistrado fue condenado por prevaricación, pero el Tribunal Supremo lo absolvió, aunque en la sentencia el Supremo también certificó que, como magistrado de la Audiencia Nacional, no era de su competencia investigar y juzgar delitos de rebelión. ¿Ahora sí?

José Manuel Maza participó en la elaboración de aquella sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón, pero presentó un voto particular donde sostenía que Garzón debía ser condenado por prevaricar al asumir una competencia (juzgar un delito de rebelión) que no le correspondía. Por lo visto hoy si se puede juzgar la rebelión de los separatistas catalanes que no es juzgar la rebelión armada del “General Franco”, como lo llamó Maza en su voto particular.

Nacho Escolar nos recuerda que “no hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre esos delitos (por ejemplo, contra los controladores aéreos en huelga) han sido firmadas por audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy”. Curioso.

Visto lo visto, ¿alguien duda de que el gobierno Rajoy y el PP en pleno aprovechan la enorme torpeza y estupidez de los catalanes independentistas para crispar el escenario político y actuar con ‘contundencia a continuación?

El resultado final de esta crisis es una auténtica involución conservadora cuando nos las prometíamos tan felices tras las últimas elecciones en las que el PP perdió su mayoría absoluta y ver que el gobierno Rajoy perdía votaciones en el Congreso.

Alguien ha escrito que hay una referencia exterior próxima del modelo de Rajoy para rebajar la democracia: Erdogan en Turquía. El autócrata turco, que se presentó a las elecciones de su país como un conservador moderado (como Rajoy), en 2016 utilizó un oscuro y nunca bien explicado intento de golpe de estado militar para desatar una descomunal represión y derivar hacia un innegable régimen autoritario. Ocurrió precisamente tras varias movilizaciones ciudadanas multitudinarias que amenazaban con derribar su gobierno.

No de igual modo, pero sí lo recuerda, Rajoy se sacó de la manga la llamada ley Mordaza cuando aumentaron las movilizaciones ciudadanas al calor de la extensión del 15-M. Y hoy, la torpe, nada realista e irresponsable actuación del sector independentista de Cataluña ha sido para Rajoy como el golpe militar para Erdogan, anillo al dedo para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. La crisis de Estado provocada por el casus belli del independentismo catalán les permite franquistizar el Estado, podríamos decir, y volver a centralistas formas. Que se oiga de nuevo en estos días lo de ‘la unidad de España’ retrotrae al franquismo más auténtico que creíamos derrotado.

Que por ahí van los tiros lo demuestra que destacados dirigentes del PP han blandido el artículo 155 de la Constitución Española como amenaza de regreso al centralismo en Euskadi y Navarra, pero también en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma ha sido Julián Gregorio, delegado del gobierno, quien ha dicho alto y claro que “García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) pide a gritos el artículo 155 para que el Estado enmiende al Gobierno del PSOE y Podemos”. Más claro, agua.

Por su parte el ex-ministro Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, ha declarado sin que le tiemble un párpado que Euskadi puede llegar a “la misma situación, al mismo desafío y al mismo peligro que Cataluña por la combinación de nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que justifican posiciones violentas, populistas de Podemos y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca“. Ni ensayando a todas horas mentiría mejor.

También los conservadores navarros se han retratado al declarar su presidenta, Ana Beltrán, que “la actuación del Govern en Cataña se puede extrapolar a Navarra, pues ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a la mayoría no nacionalista (…) y hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta Uxue Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco“. Y siguen la falacias.

Se coge antes a uno del PP que a un cojo y es diáfano que esa reciente adoración del artículo 155 es la apuesta que no pueden ocultar (tal vez tampoco quieran) por el centralismo. Según el PP, el artículo 155 (que suprime la autonomía) es aplicable a cualquier entidad autónoma donde no gobierne el PP…  precisamente por no ser gobernada por el PP.

Estos días el PP ha celebrado el 40ª aniversario de su fundación, aunque el partido que se fundó esa fecha era Alianza Popular. Un partido ultraconservador y españolista creado por siete ex-ministros de Franco: Manuel Fraga, Silva Muñoz, López Rodó, Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Martínez Esteruelas, demócratas de toda la vida evidentemente. Un partido ultraconservador que por cierto se negó a participar en la redacción de la Constitución que hoy tanto mentan desde Rajoy al más modesto dirigente local, y que no la apoyó hasta última hora cuando propuso con desgana votar sí en el referendo de aprobación ciudadana.

No les quepa duda; vamos hacia atrás como los cangrejos, pues eso es el centralismo autoritario que nos preparan.

El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.

Un fascismo camuflado se extiende por Europa

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito y repite siempre que puede que en Europa se está desmantelando la democracia. Veamos. En España, por ejemplo, el gobierno reforma el Código Penal. Para sancionar a los violentos en manifestaciones. Pero es también es un pretexto. Porque lo que buscan de verdad es amedrentar a la ciudadanía pacífica que se opone en masa a la violación de sus derechos. Buscan que la gente tenga más miedo al sistema. Así lo reconoció Felip Puig, consejero de Interior del gobierno nacionalista de Cataluña, aliado del Partido Popular. Tal para cual.

Por eso crean nuevos delitos como “atentado a la autoridad por resistencia pasiva o activa grande”. ¿Qué es esa resistencia pasiva grande? No notificar a la delegación del gobierno que un colectivo de ciudadanos se manifestará. El incumplimiento de un formalismo administrativo puede convertir en detenidos y encarcelados a manifestantes pacíficos.

La reforma crea también otro delito, el de integración en organización criminal para quienes difundan a través de Internet convocatorias de movilización violenta. O (y eso es lo que les interesa más) simplemente que esas movilizaciones no hayan sido notificadas a la delegación del gobierno; también ese delito será el de los que no abandonen un lugar tras indicarlo la Policía, aunque permanezcan en el lugar pacíficamente.

Fascismo es toda doctrina o práctica política que se pase por sistema o por ley los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre ahora en toda Europa y ocurrirá más si la ciudadanía no lo impide. Un fascismo sin brazos alzados, esvásticas ni águilas imperiales. El fascismo que utiliza el miedo y la fobia al extraño, al diferente. Pero no renuncia a la violencia callejera; tal vez la de provocadores. Porque la utilización de provocadores es vieja como la Historia. Y esa violenciade provocación genera otra indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía resistente pacífica. Como la que hubo en Valencia, Madrid y Barcelona en las últimas semanas.

Por esos hechos, Amnistía Internacional denunció el uso de fuerza excesiva por fuerzas policiales contra manifestantes pacíficos. Sus informes indican que la policía cargó de modo indiscriminado; las imágenes pudieron verse en le Red y son muy claras.

¿Es casualidad, por otra parte, que el gobierno del Partido Popular haya indultado recientemente a cinco mossos d’esquadra (agentes de policía autonómica de Cataluña) condenados por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal de un ciudadano falsamente acusado de robo?

El fascismo de hoy en Europa ha sustituido los uniformes pardos o negros y las liturgias delirantes por el control férreo de los medios de comunicación que utilizan para desinformar, engañar, ocultar, hipnotizar colectivamente, manipular y mantener desorientada y adormecida a la ciudadanía.

Amedrentar y fobia, dos caras de la misma política del miedo propia del fascismo. Fobia contra los inmigrantes, por ejemplo (antaño fueron los judíos), convertidos en chivo expiatorio. Y amedrentar a toda una Europa con el espantajo del déficit y la austeridad obligatoria como única (falsa) salida. Porque el miedo genera pasividad y fatalismo, inmoviliza. Y eso busca el poder financiero, autentico dueño de Europa.
El regreso del inicio del fascismo, maquillado de ritual democrático, se inició en los noventa: Berlusconi en Italia. Hasta The Economist lo consideraba una nueva forma de fascismo, una amenaza al Estado de derecho. Y el actual primer ministro, Mario Monti (designado a dedo por el poder financiero), no ha cambiado esa fascistoide situación italiana ni un ápice. Su objtivo es otro: que el poder financiero no se cabree.
Porque lo que de verdad molesta al poder financiero es la democracia; la de verdad, por supuesto. Irrita a los integrantes de la minoría que se sientan en los consejos de administración de bancos, corporaciones globales y grandes empresas; porque pone coto a su codicia y reconoce los derechos de la mayoría. Son ellos quienes sustituyen gobiernos elegidos democráticamente por tecnócratas designados en opacos cónclaves.

Pero hay más síntomas de ese desmantelamiento de la democracia. Estonia rehabilita a sus nazis, Lituania olvida el holocausto y Hungría deviene autoritaria. Y “en muchos países europeos del antiguo bloque oriental se abre paso una versión fascista de la historia“, denuncia el periodista alemán William Totok. Además, Dinamarca recuperó viejas restricciones a la libre circulación de personas; una norma comunitaria europea autoriza el internamiento sin juicio hasta año y medio de inmigrantes sin papeles y la expulsión de menores. En Francia e Italia deportaron en masa extranjeros gitanos… Huele a años treinta del siglo XX.
Y cuando Viktor Orban, primer ministro de Hungría, tomó medidas autoritarias (purgar la administración y los medios informativos de voces críticas) e inició proyectos contra la libertad de prensa o la división de poderes… no pasó nada. Pero cuando Orban pretendió que el parlamento húngaro pudiera vetar las directivas europeas o someter el Banco Central de Hungría al control directo del gobierno de ese país, entonces la Comisión Europea clamó que ”los valores europeos” peligraban en Hungría.
¿Ven la farsa? Habermas tiene razón: en Europa se está desmantelando la democracia.