Capitalismo de amiguetes y corrupción institucionalizada

Rodrigo Rato, que fuera poderoso vicepresidente económico de Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a tres años de prisión, por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo, a dos años de prisión y a su tío Faustino a multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son unos cuantos casos extraordinarios ni tampoco casos aislados: es que el sistema está podrido. Doménech, Raventós y Búster explican que  “la naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la Transición”. Y eso son palabras mayores, porque las políticas económicas de la Transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Ibex 35 y parte de las cúpulas de PP y PSOE, convertido tal bloque en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso hay que buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica Transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada claro sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan una posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son la base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma la Extremadura y Andalucía rurales desde hace siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del PIB y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botswana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia que indica el puesto 37 significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67%.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto ‘legalmente’ con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114.000 puestos de trabajo y hoy aún hay 5.444.600 de parados, 71.000 más que en diciembre de 2011, cuando el PP ocupó al gobierno. Así lo asegura sin dudarlo la última Encuesta de Población Activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación y los juegos malabares con los datos de inscritos en el paro y quienes abandonan tal registro, juegos con los que pretenden que se crea empleo.

La corrupción no atañe solo a unos pocos casos, tampoco es una cuestión privada ni aislada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es solo cuestión penal. La corrupción es estructural y un letal problema económico, social, político e institucional por ser parte del sistema. Y puede acabar destruyendo este país. A sus gentes, seguro. Y, para acabar con esa corrupción, ya institucionalizada, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.

Elecciones y cambio político y social

El Reino de España ya está en campaña electoral. El 24 de mayo serán elegidos nuevos ayuntamientos y casi todos los gobiernos autonómicos y, desde las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, el Partido Popular y el PSOE, fundamento del régimen bipartidista monárquico, han perdido intención de voto a ojos vista. Pero, ya cerca de las primeras citas electorales en todo el terriotiro del Estado, aumenta entre la ciudadanía y la clase trabajadora resistentes la sensación de que ya no parece tan seguro que el bipartidismo monárquico neoliberal y autoritario sufra un descalabro electoral.  El PP ha frenado su caída libre en intención de voto, el PSOE se  ha estabilizado y Podemos, que se presenta como la garantía de cambio, parece haber llegado a su techo, a la vista de los resultados de las elecciones de Andalucía y los de las últimas encuestras electorales. Sin olvidar el ascenso de Ciudadanos, que nadie previó, pues, aunque se presenten como partido de centro, son una versión moderna de partido conservador y neoliberal; el posible sustituto del Partido Popular.   

Por todo lo dicho cunde cierta desesperanza, porque ya no se ve tan seguro el cambio soñado. Y se propaga cierto pesimismo porque se ignora una certeza que hace años escuché formular con lucidez al nonagenario militante comunista y poeta Fernando Macarro, más conocido por su nombre literario de Marcos Ana. El hombre que pasó más tiempo en cárceles franquistas (23 años) explicaba a un reducido e impaciente público joven que los cambios de verdad son necesariamente lentos pues, de no ser así, no son tales sino espectáculo.

Es verdad que las consecuencias nefastas de los recortes sociales y las implacables políticas neoliberales, que a tantos han hecho y hacen sufrir, han despertado muchas conciencias. Y también es cierto que por mucho que el gobierno cacaree sobre la recuperación económica y la salida de la crisis, los trabajadores, la gente común, comprueban en sus vidas que eso no es cierto. Pero no podemos olvidar que en los noventa y primeros años del siglo XXI, antes de la crisis, mucha gente creía vivir en el mejor de los mundos. Aunque un paro considerable haya sido constante durante décadas en España, la burbuja inmobiliaria no había estallado, no habían empezado los brutales recortes sociales ni las rebajas salariales y se ofrecía crédito al consumo a casi todo el mundo a tipos de interés asumibles. No aumentaban los salarios o muy poco, pero los trabajadores podían hacer un montón de horas extraordinarias y entramparse comodamente para pagar a plazos la vivienda, incluso una segunda residencia, televisores, lavavajilas  y automóviles en cuotas mensuales que se podían abonar sin demassiado apuro.

En este tiempo de capitalismo de crédito fácil, buena parte de la clase trabajadora se consideraba ‘clase media’. Se había olvidado que se forma parte de esa clase no por caprichosa elección o moda sino porque solo se dispone de la fuerza de trabajo para alquilar a cambio de un salario para poder vivir, en tanto que una minoría se lleva la parte del león porque detenta la propiedad de los medios de producción en los que trabajamos.

La conciencia de clase brillaba demasiado por su ausencia y el movimiento obrero se debilitaba. ¿Es casualidad que en España solo haya habido cuatro huelgas generales desde 2010, cuando se empezó a notar la crisis que devino saqueo, mientras en Grecia ha habido 30 huelgas generales desde 2009? Un movimiento obrero débil, como el de España, es indicio de falta de conciencia de clase y de insuficiente fortaleza política para acometer cambios en profundidad.

Los cambios profundos llevan su tiempo. Tiempo que es preciso también para forjar conciencias colectivas críticas y transformadoras. Además, en los cambios que merecen tal nombre se consigue parte de lo perseguido y parte no; aquí más y allí menos; aquí cambio notable, allí a medias o apenas… Un cambio revolucionario lleva su tiempo. Un cambio en el que se cuestione y empiece a cambiar la propiedad de los medios de producción, porque ese cambio está ligado al volumen de conciencia crítica de la clase trabajadora y de la ciudadanía y al aumento y afianzamiento de la conciencia de clase.

Y hoy, a pesar de haber más oposición, más resistencia y más movilizaciones populares, aún permanecen una parte considerable de creencias colectivas en mitos y fábulas neoliberales que desmovilizan. Que el crecimiento económico exponencial es imprescindible. Que la competitividad es la esencia de la economía. Que la libre circulación de capitales es buena. Que las normas y regulaciones frenan la economía. Que es legítimo que el capital obtenga buenos beneficios porque arriesga y crea riqueza. Que lo público es caro y malo y lo privado eficaz y bueno. Que la protección social crea vagos.  Que los medios de comunicación de los países occidentales ricos informan verazmente…

Con esa conciencia crítica colectiva insuficiente, más embustes y manipulaciones sistemáticos, que las clases populares ganen las elecciones es importante, pero también difícil, y, sobre todo, insuficiente. Porque las cosas cambian cuando la gente común cambia, se organiza y se moviliza; cuando la clase trabajadora se organiza y lucha. ¿Lucha de clases? ¿Otra vez esa antigualla? De antigualla nada, por cierto, porque la sufrimos día tras día. Y, como botón de muestra de su innegable realidad, recordaré que un destacado miembros de la minoritaria clase dominante, el estadounidense Warren Buffet (uno de los cuatro o cinco hombres más ricos del mundo) asegura “que por supuesto que hay lucha de clases y es mi clase, la clase rica, la que va ganando”.

Y se trata de que pierdan, porque ambas clases no pueden ganar. Por eso no hay que desesperar si los resultados electorales próximos no son los soñados. ¿O acaso alguien creía que el Ibex 35 (las grandes empresas y corporaciones españolas) iba a permanecer impertérrito ante un avance electoral popular? Pueden comprar todo lo comprable y lo hacen.

Por todo ello, el cambio profundo, político, social y económico no es equiparable a una carrera de velocidad ni solo cuestión de elecciones, sino que es más una carrera de fondo, una maratón, en la que hay que medir fuerzas y administrar y organizar energías. Y, por supuesto, aumentar la conciencia colectiva crítica y transformadora. La conciencia de clase trabajadora.

Pobreza en cotas impensables hace tiempo

Según la European Anti Poverty Network (Red europea de lucha contra la pobreza), el compromiso de España con la Red era que en cuatro años hubiera 1.400.000 pobres menos. Pero hoy no sólo no hay menos pobres sino que hay 1.300.000 pobres más: 2.700.000 pobres más respecto a los compromisos contraídos, porque el gobierno en verdad no se ha preocupado en absoluto por reducir la pobreza. Cero. Porque reducir el número de pobres no se logra con rentas mínimas de limosna, que, además, apenas se dan.

¿Quiénes son pobres? Los individuos que vivan solos e ingresen menos de 6.278 euros al año. O cuando viven dos personas e ingresan menos de 9.400 euros anuales. O dos adultos y un menor e ingresan menos de 11.300 euros al año. Hagan cuentas y vean como vivirían con esos ingresos. Un dato significativo, por cierto, pero hay otro indicador europeo de pobreza (tasa AROPE, At Risk Of Poverty and Exclusion) que concreta la población que soporta privaciones materiales severas. Según esa tasa son pobres quienes no pueden afrontar cuatro de estos seis gastos: Pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda. Comer carne o pescado tres veces por semana. Encender la calefacción para que la vivienda en invierno no sea una nevera. Disfrutar de una semana anual de vacaciones por lo menos. Poder afrontar gastos razonables imprevistos. Tener teléfono, televisión y lavadora

¿Cuánta gente hay que no puede poner la calefacción, disfrutar de una semana de vacaciones, comer carne o pescado tres veces por semana ni puede pagar gastos imprevistos? Según Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en 2013 había en España cerca de 13 millones de personas pobres, algo más del 27%. Una enormidad. Y, desde 2009, la cantidad de pobres ha aumentado más de 2,5 puntos, por lo que es probable que la tasa de pobreza aumente, vista la actuación del gobierno. Y algo muy esclarecedor: las tasas de pobreza no se redujeron en los años de crecimiento económico. ¿Y por qué no? Porque este sistema, el capitalista, está acabado. En las previsiones para los siguientes noventa años, el crecimiento será bajo y sin crecimiento este sistema está visto  para sentencia. Y, por supuesto, no hay atisbo alguno de que se albergue la menor intención de repartir la riqueza. Lejos de aportar algo positivo a la humanidad como ocurrió al principio al sustituir a los sistemas feudales y absolutos, según nos recordó el profesor José Luis Sampedro, hace tiempo que este sistema camina hacia la desolación del mundo y no solo por el cambio climático que puede acabar con al Humanidad.

La pobreza aumenta sobre todo porque el capitalismo que soportamos no permite acabar con ella. Si añadimos además que, en nuestro caso, el capitalismo español es cutre y corrupto, un capitalismo de amiguetes fruto de cuatro décadas de ominosa dictadura, se explica mejor porque aquí aumenta más la pobreza y avanza la desigualdad a mayor velocidad que en el resto de Europa, salvo Rumanía y algún otro país también desestructurado.

La crisis contribuyó a aumentar el empobrecimiento, por supuesto. Pero este capitalismo neoliberal, predador, que usa la austeridad y el pago de la deuda pública para dominar a los pueblos, es el que aumenta la pobreza y genera mayor desigualdad. Así las cosas, incluso la Comisión Europea (que no es precisamente de extrema izquierda) ha denunciado la política social del gobierno español por la alta tasa de pobreza y el aumento de desigualdad. ¡Cómo será! Según GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) en su informe Adiós a las clases medias, la precariedad laboral en España aumentó hasta afectar casi al 44% de la población.

Pero no solo la Comisión Europea, también la ONU acusó al gobierno del Partido Popular de llevar a la pobreza a la cuarta parte de población española. Un informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU criticó abiertamente los recortes que perjudicaron de forma desproporcionada a los más desfavorecidos. Y aseguró que los recortes perjudican sobre todo a mujeres, niños, discapacitados, adultos y jóvenes en paro, personas mayores, gitanos e inmigrantes. Millones. Y añadía la ONU que el salario mínimo interprofesional de España no permite una vida digna. Sería un experimento interesante que la gran patronal, banqueros y gobierno se preguntarán en serio cómo vivirían con 648 euros al mes. Y eso con suerte, porque hay salarios aún más precarios y bajos.

Y, mientras la pobreza vuelve a cotas impensables hasta hace un tiempo cercano, cotas que se acercan a las de la posguerra y primeras décadas de la dictadura franquista, las empresas del Ibex, las más poderosas y grandes del país, aumentan un 37% sus beneficios al tiempo que rebajan el sueldo medio de sus empleados un 1,5%. Para que quede claro quién manda aquí.

Ya pueden vender los embustes que quieran sobre la presunta recuperación y salida de la crisis, porque las condiciones objetivas reales de la mayor parte de la gente común son otras e innegables.