La banca rescatada con ayudas públicas ha de ser pública

Según los peritos del Banco de España, enviados por el juez Andreu de la Audiencia Nacional para investigar a Bankia bajo sospecha, Rodrigo Rato (ex vicepresidente económico del Gobierno y posteriormente presidente de esa entidad financiera) infló artificialmente en 544 millones se euros los recursos propios y el patrimonio neto, y un año después ocultó pérdidas de 2.000 millones de euros. La Plataforma por la Banca Pública, integrada por 38 organizaciones y entidades sociales, económicas, cívicas, políticas y sindicales de España, ya denunciaba documentadamente hace casi cuatro años que los balances de Bankia no reflejaban las cifras reales ni su verdadero patrimonio. Y lo hizo analizando con rigor las cifras de Bankia de los informes del Banco de España.

Pero, la presunta estafa que haya habido en Bankia para salir a Bolsa en buenas condiciones, que no eran las reales, no es el principal problema de esta entidad. El principal problema es que tiene los pies de barro. Más allá de las actuaciones que sean delito, lo más preocupante es la verdadera situación de Bankia. Como la del sector financiero español, por cierto.

El Gobierno aportó 22.424 millones de euros de capital a Bankia en 2012 para que no quebrara. Las ayudas públicas a Bankia han sido cuantiosas. Desde ese capital inyectado hasta avales, garantías, compra de activos tóxicos por el Sareb (el “banco malo”), títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo. En total, 147.810 millones de euros.

En Bankia niegan que las cosas vayan mal y pretenden que ya tienen beneficios. Pero no son tales, pues los pretendidos beneficios no suponen más patrimonio de la entidad. Son ayudas públicas, ingresos por ventas irrepetibles, lo estafado a los preferentistas y rebaja de provisiones contra la morosidad. No son beneficios reales, sino recursos y trucos contables.

Economistas críticos aseguran que no solo Bankia sino el sector financiero español es insolvente. Carlos Sánchez Mato lo demuestra con cifras de los informes del Banco de España. La banca española, que ha costado muchísimo dinero a la ciudadanía a través de los regalos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, no está hoy mejor que cuando estalló la crisis. Las diversas ayudas públicas a la banca española, igual que a Bankia (capital, avales, compra de activos y un largo etcétera de ayudas públicas, incluidos los baratísimos préstamos del BCE que también son ayuda pública), suman 1 billón y 400.000 millones de euros. Pero esos bancos no recuperan la solvencia.

De lo acaecido con la banca, su actuación y situación actual cabe deducir que, sin las ayudas públicas, la banca privada española se hubiera hundido. Como Bankia.

¿Por qué sostener con dinero público un negocio privado que no es capaz de funcionar por sí solo? En el paradigmático caso de Bankia, si no es viable sin apoyo público, que sea pública. Lo es en la medida que el 92,5% de acciones son del Estado a través del FROB, pero amenazan con privatizarlo y ya han vendido muy barato un 7,5% de acciones a un banco sudamericano.

Bankia ha de ser pública con todas las características de la banca pública. Es decir, prioridad de inversión en beneficio de la economía productiva, a favor de la ciudadanía y apoyo a la pequeña y mediana empresa que, por cierto, proporciona el 80% de empleos de este país. Y, por supuesto, control ciudadano. No como el simulacro que hubo en las cajas de ahorros en sus últimos años sino verdadero control social. Y una transparencia que deslumbre.

La ciudadanía ha de exigir la nacionalización definitiva y completa de Bankia. Porque es de justicia al salvarse con capital y ayudas públicas. Se le debe a la ciudadanía. Puesto que la banca privada no se derrumba por las enormes ayudas públicas, lo justo es que la banca privada se convierta en pública, porque los impuestos que paga la ciudadanía ya han aportado a los bancos privados lo suficiente como para tener mayoría en los consejos de administración de casi todos los bancos rescatados con ayudas públicas.

Una banca pública controlada democráticamente por la ciudadanía contribuiría de modo decisivo a recuperar una economía real marcada por la voluntad social. Por cierto, la mayor parte de aseveraciones de este escrito en cuanto a solvencia, son aplicables en esencia a la banca europea.

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Una Ley Mordaza para acabar con el movimiento ciudadano

El Congreso ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Motejada como Ley Mordaza, recuerda mucho a la franquista de Orden Público cuya aplicación reprimió ferozmente a la ciudadanía opuesta a la dictadura y, especialmente, al movimiento obrero.

Esther López y Alberto Garzón, jóvenes diputada y diputado de Izquierda Unida, denunciaron hace un tiempo que “la falta de respeto por los principios democráticos de los gobernantes, unida a su mediocridad y afán por imponer sus planes como sea, son causas de que sólo sepan actuar con represión policial (…). No hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar lo de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco lo hemos tenido que hacer (…) Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio, y nos criminalizan y la policía nos identifica por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política”.

Para quienes sí corrimos ante los ‘grises’, el panorama que se extiende y asienta desde hace tres años, por obra y gracia del gobierno del Partido Popular, nos retrotrae a escenarios de juventud. Porque hay una innegable relación entre como gobierna España el Partido Popular y la dictadura que reprimió, explotó y hundió este país durante casi cuatro décadas.

En el incremento exponencial de la represión de la ciudadanía, hay un hecho esclarecedor. La Audiencia Nacional imputó hace un par de años a ocho miembros de la plataforma ‘Rodea el Congreso’ que llamaba a manifestarse cerca del Congreso de los Diputados. ¡Pero antes de la manifestación! El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, acusó al Gobierno de criminalizar la protesta y de ser insólito imputar a personas por hechos que aún no se habían producido. Si eso no es netamente dictatorial…

La llamada Ley Mordaza ahonda en el resurgimiento franquista. Con esa ley , el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser el franquista “orden público”, y convierte en infracciones graves las movilizaciones y otras legítimas protestas, al tiempo que concede patente de corso a la policía. Como en tiempos de la dictadura franquista.

Más aún. Con la reforma del Consejo General de Poder Judicial que el PP perpetra, la Justicia queda estrechamente ligada a ese partido y la separación de poderes ya no existe y se va por el desagüe. Por eso, quienes hoy tienen más de cuarenta años recordarán fácilmente que todo se parece cada vez más a aquella dictadura franquista.

El hoy piadoso ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tenido la osadía de retar a los abundantes críticos de esa ley: “Quiero que alguien de los que la critica me diga un derecho o libertad que esta ley restringe respecto a la ley vigente“. ¿Porque no lee las recientes declaraciones del director de Amnistía Internacional de España? Esteban Beltrán asegura que “es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger (…) Con esta Ley no se protege la protesta en España sino todo lo contrario: se castiga la disconformidad”.

Es más, desde hace unos años, Amnistía Internacional ha expresado en varios informes su preocupación por el uso de fuerza excesiva por las fuerzas policiales al dispersar a manifestantes pacíficos. Si al ministro Fernández le parece que Amnistía Internacional no tiene autoridad para indicar qué derechos son vulnerados, tiene un grave problema de percepción y comprensión de la realidad.

En fin, las innecesarias nuevas leyes represivas del gobierno solo buscan acabar con la resistencia ciudadana pacífica contra su política de austeridad, recortes, vulneración de derechos y vaciado de la democracia. ¿Por qué esas contrarreformas, si España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa? ¿Por qué una nueva ley de Seguridad ciudadana cuando en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y en 2014 casi otras tantas y ningún problema de orden público digno de reseñar? Porque esa nueva ley Mordaza nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Pretende cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar el país. Como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos”. Hay que reaccionar.

Esta Unión Europea, no

En 2005, aunque las ciudadanías de Francia y Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática (al decir NO a la Constitución Europea), las constructores de la Europa neoliberal, cual cutres magos de feria, distrajeron con trucos, amagos y palabrería al respetable mientras daban el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa que, para el caso, les servía igual.

Desde entonces comprobamos que esa Unión Europea ha castigado a la ciudadanía con una austeridad criminal mientras inyectaba millones de euros para salvar a una banca privada responsable de la crisis económica. Ha construido una fortaleza carísima contra los inmigrantes y desmontado derechos y garantías sociales que tanto han costado.

Esa Unión Europea se ha construido enterrando los principios de la democracia y erosionando la democracia misma. El Tratado de Lisboa, como la non nata Constitución europea, se coció en opacos comités. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo ni debate ciudadano. La euroclase política que hace y deshace al servicio de la minoría ha considerado y considera a la ciudadanía solo un decorado.

Y, para saber al servicio real de quien están, hemos conocido los oscuros enjuagues en Luxemburgo para que las grandes empresas apenas paguen impuestos. Da igual que Juncker (ex primer ministro de Luxemburgo, hoy presidente de la Comisión Europea) niegue tener que ver con esa arquitectura para eludir impuestos. Europa es tierra de elusión y evasión fiscal. O, lo que es igual, donde se quita a la ciudadanía lo que es suyo y a lo que tiene derecho. Pues, además de Luxemburgo y los paraísos fiscales europeos ‘tradicionales’ (Andorra, Gibraltar o las islas británicas del Canal de la Mancha) también son tales paraísos Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres, donde las cabriolas, trampas financieras y atajos para que los ricos paguen menos impuestos son realidad incontestable. Hasta el propio Juncker reconoce el exceso de ingeniería fiscal en Europa. Y, sin retórica ni trampas semánticas, los paraísos fiscales son un modo de quedarse con lo que es de la ciudadanía, el dinero de impuestos que no se llegan a pagar.

Pero además, Juncker tiene un plan. Un proyecto para invertir más de 300.000 millones de euros y crear empleos. ¿No es maravilloso? Lo malo es que para que el capital privado invierta, se le regalan millones. Según nos ha contado Claudi Pérez, “el plan de Juncker supone la emisión de 60.000 millones en bonos garantizados por la Unión Europea para que las empresas financien sus proyectos”. Genial, más dinero para las empresas. ¿A cambio de qué? ¿Empleos? De momento, las primeras experiencias con esos milagrosos bonos (Castor en España y autopista Passante di Mestre en Italia) han sido un fiasco. En el primer caso, cancelar el proyecto por riesgo comprobado de terremotos en la extracción de gas por fractura hidráulica, pero pronto pago de mil y muchos millones de graciosa indemnización en tiempo récord a la empresa responsable de Castor. Y en el caso italiano mucho dinero de sobrecostes más una trama corrupta con un centenar de detenidos. Más de lo mismo en la vieja Europa: beneficios privados, pero socialización de pérdidas.

Solo son un par de muestras de esta Unión Europea. Y un toque más local. Con el desastre innegable del paro y aumento del trabajo precario en el Reino de España, la Unión Europea pide al gobierno más recortes presupuestarios y reformas para cumplir con el déficit de 2015. Y a Rajoy le ha faltado tiempo para garantizar que perpetrará todas las reformas que le pidan. Lo que ellos llaman reformas.

Entonces ¿qué hacemos con esta Europa que actúa contra los intereses de la clase trabajadora y ciudadanía en general? Antoni Domenech propone democratizarla: “Nuestra tarea es democratizar de verdad el Estado. Las repúblicas democráticas que el movimiento obrero trajo a Europa tras la I Guerra Mundial fueron truncadas por el fascismo y el estalinismo. Y las constituciones políticas de los estados de bienestar tras la II Guerra Mundial son menos democráticas que las constituciones tras la primera guerra mundial. La República Federal Alemana es menos democrática que la República de Weimar y la monarquía española, mucho menos democrática que la II República”.

Esa es nuestra tarea, democratizar Europa. Otra Unión Europea.

Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad

Con una enorme deuda ilegítima, que no ha contraído la ciudadanía, y la corrupción campando a sus anchas, en España (también en Europa con cifras diversas), millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva impunemente el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos y que, a pesar del dinero recibido, no se aleja convincentemente de  la insolvencia .

Este panorama es el de una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. Porque a este sistema corrompido le sobran los derechos de la ciudadanía.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece sin cesar. Menos derechos laborales. Rebaja de salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ese es el escenario que hoy sufren las clases trabajadoras, la ciudadanía en general.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“.

Se entiende habitualmente que tales crímenes son las deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, pero ¿acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad (teóricamente para afrontar la crisis) no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de la riqueza es un vago recuerdo.

En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimientos masivos? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es solo un medio de acumular capital por la minoría sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.