Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

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Gobiernos y bancos centrales usan un doble rasero indecente

Ante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, en España medios informativos hablan de ‘techo de gasto’. En román paladín significa que se dedicará menos dinero a partidas sociales, que la gente necesita para asegurar sus derechos a la sanidad, a la educación, a la protección social… Y en Oviedo hubo el I Encuentro Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, que reunió a más de 700 concejales, alcaldes y diputados regionales.

Ambos hechos tienen que ver con cuentas públicas, ayudas, deuda, déficit e ingresos. En Oviedo acordaron cuestionar las deudas ilegítimas de los ayuntamientos para poder anularlas y financiar servicios esenciales para la ciudadanía. Porque se va mucho dinero en pagar intereses de deudas ilegítimas. Mientras el gobierno del Partido Popular agobia a municipios y comunidades autónomas exigiendo reducir el déficit.

El acoso gubernamental se concretó con un Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y un Fondo de Liquidez Autonómico. Pero no son medios para ayudar a municipios y autonomías. Se beneficia la banca porque, cuando ayuntamientos y autonomías piden préstamos para pagar a creedores o disponer de liquidez, los intereses que les imponen los bancos son 26 veces los que el Banco Central Europeo (BCE) aplica a esos mismos bancos. De que pasta está hecho fiscalmente este gobierno del Partido Popular lo muestra que el ministro de Hacienda Montoro amenazara con medidas punitivas al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, por reducir 1.074 millones la deuda municipal de Madrid y aumentar el gasto social casi 27 % con los intereses ahorrados.

Mientras tanto, el BCE dedica grandes sumas a compras de bonos de deuda. Algo que se repite desde el inicio de la llamada crisis. Por supuesto, los principales beneficiados han sido los bancos, pero ahora el BCE da un paso más y compra bonos corporativos, deuda de grandes empresas; de hecho préstamos baratos a las corporaciones.

Aunque no se desvelan oficialmente esas empresas, el Observatorio Corporativo de Europa ha revelado que esas compras de bonos benefician a empresas petroleras, de gas, fabricantes de automóviles, fabricantes de coches de lujo, constructores de autopistas, productores de champán y fabricantes de juegos de azar. Empresas como Shell, Repsol, BMW, Daimler AG, Renault, Fiat y Ferrari, por ejemplo. Incluso Volkswagen, con sus reiteradas falsificaciones de emisión de gases invernadero de sus automóviles. No solo no les multan sino que les prestan.

Otras corporaciones beneficiadas son Estonio Eesti Energia (mina estadounidense de arenas bituminosas, la energía más sucia), Ryanair (infame por su desprecio de derechos laborales), Gas Natural (que corta luz y calefacción cuando la gente se retrasa en el pago), la italiana ENEL (que construye presas en América del Sur que dañarán esas tierras) y Thales, que fabrica misiles. Vistas las empresas favorecidas, el BCE en realidad apoya a empresas que contribuyen al cambio climático.

El Programa de Compras de Valores Corporativos del BCE ya había concedido a varias corporaciones en cinco meses 46.000 millones de euros comprando bonos de deuda. Y comprará 125.000 millones de euros más el próximo año. Suma considerable, inaccesible a las Pymes, por cierto. Porque al BCE no le da la gana.

Mientras tanto, la evasión y elusión de impuestos, que restan necesarios ingresos públicos, campan a sus anchas en España, en Europa. Tras saber que grandes corporaciones (Apple, Google…) han dejado de pagar un montón de dinero de impuestos que deberían, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, ha logrado que sus empresas no paguen de 2011 a 2014 en varios países en los que actúan casi seiscientos millones de euros. Gracias a ingeniería financiera contable, según informe de los Verdes del Parlamento Europeo. Zara, por ejemplo, eludió pagar más de 218 millones en España

Y eso sucede cuando el FMI, inasequible a la razón y a la justicia, pide a España que revise el gasto en Educación y Sanidad; es decir, que recorte esas partidas y, además, que suba los IVA reducidos de productos necesarios. Es el mismo FMI cuyos análisis y medidas durante 30 años agudizaron las crisis en vez de frenarlas. Así lo afirma Olivier Blanchard, que fue economista jefe de la entidad, en el informe “Errores de pronóstico de crecimiento y multiplicadores fiscales” que, si no lo han quitado, está en la web del FMI. Pero ellos, a lo suyo: recortar gastos, rebajar inversiones sociales y subir impuestos indirectos, los más injustos.  En una palabra, impulsando crisis.

Hoy, Roma sí paga a los traidores

Viriato fue un caudillo lusitano que venció a las legiones de Roma en Iberia (lo que hoy es España y Portugal) una y otra vez hace más de dos mil años. Para acabar con Viriato, en 138 antes de Cristo, los jefes romanos sobornaron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dormía y luego fueron al campamento romano a cobrar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma no paga a traidores”.

Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el poder. Quien tiene el dinero.

Ésta es crónica breve de una desvergüenza impune en la Unión Europea. Los medios la llaman ‘puertas giratorias’. Los enjuagues oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos públicos, grandes empresas privadasy corporaciones. Es traición porque se olvida la lealtad debida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que representan. ¿O acaso los intereses de las grandes empresas, corporaciones y sector financiero, que esos mandatarios maquinadores defienden con ardor en la Unión, son los de la gente común?

Ni en sueños.

He aquí un breve recuerdo de que Roma sí paga a los traidores. Por ejemplo, el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia aparte) fue nombrado consejero asesor de Telefónica para Europa y América Latina. El mismo Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos ex-presidentes del Gobierno (presuntamente de signo contrario), Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), fueron fichados por grandes empresas tras dejar de ser presidentes. González por Gas Natural (empresa que había privatizado en los noventa) y Aznar como asesor externo de Endesa, empresa que casualmente acabó de privatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis cifras.

Luis Croissier, ministro de Industria, unió a finales de los ochenta todas las empresas públicas petroleras bajo la marca Repsol y preparó el camino para privatizarla. En 2007, fue nombrado consejero del Repsol privado. Pero más ex-ministros han sido consejeros o asesores de grandes empresas españolas. Abel Matutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC), Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling), Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Endesa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)… Suma y sigue.

Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Hace poco, la siempre equívoca banca de inversión Goldman Sachs contrató al ex presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como consejero y presidente de su negocio internacional. Sven Giegold, ponente en el Parlamento Europeo del informe “Transparencia, rendición de cuentas e integridad en la UE “, ha denunciado que “las vergonzosas puertas giratorias entre política y negocios siembran muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La contratación de Barroso perjudica la reputación de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias? Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas? Certeza de al servicio de quien están los actuales mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobrará buena pasta de Goldman… y recibirá una pensión de 18.000 euros mensuales de la UE.

Pero en la vieja Europa hay más desertores de la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou. Empezaron en el ámbito público y pasaron al privado. O al revés. Todo sea por la pasta. El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló y ocultó las cifras reales de la economía griega para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario Monti, ex-primer ministro de Italia, es hoy asesor internacional de Goldman y con Draghi y otros, ‘asesoraron’ a Grecia cuando falseó sus cuentas para la UE. Romano Prodi, ex-primer ministro de Italia, presidió la Comisión Europea de 1999 a 2004 y también fue cargo importante en Goldman. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, trabajó muchos años para esa banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank y del Consejo del Banco Central Europeo, es consejero internacional del repetido Goldman. Sin olvidar a Huw Pill quien, tras diez años en las oficinas del Banco Central Europeo, fichó por Goldman como economista jefe europeo… ¿Quién da más?

A esa caterva de mandatarios europeos, que tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sonarán las palabras ética, decencia? Habrá que fajarse para una larga lucha por otra Europa en la que no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa es posible.

Trucos y trampas concedidos a quienes más tienen para pagar menos impuestos

Los Papeles de Panamá provocan que un día tras otro se averigüe que personajes y personajillos tienen o han tenido empresas en ese paraíso fiscal centroamericano. Hablamos de fraude fiscal. ¿Para que querría nadie montar una sociedad en un paraíso fiscal si no es para no pagar impuestos?

Lo que periódicos y noticiarios televisivos no cuentan es que, siendo nefasto y muy perjudicial el volumen de impuestos evadidos, otra peligrosa vía de agua reduce los recursos del Estado. La elusión fiscal. Actuaciones y trucos legales para rebajar los impuestos a pagar. Completamente legales. Es decir, la legalidad ya no protege los intereses de la ciudadanía.

Una muestra indecente de elusión fiscal ha sido denunciada por el economista Manuel Lagos en un documentado estudio que expone como la rebaja real del impuesto de sociedades es causa principal de la pobreza recaudatoria en el Reino de España. En 2008 empezó el desequilibrio de las cuentas del estado, la llamada crisis fiscal española. El Estado no ingresa suficiente dinero  por los impuestos, pero los gastos corrientes e inversiones crecen en buena lógica. Pero, para entender esa dicha crisis fiscal, además hay que contar el cuantioso pago de elevados intereses de la deuda pública. Unos 30.000 millones de euros anuales en el caso del Reino de España. Entonces se recurre a rebajar el gasto público con los nefastos recortes, pero absurdamente no se busca aumentar los ingresos con una reforma fiscal progresiva, justa y suficiente, por ejemplo. Se les ve el plumero.

Una razón muy importante de la menor recaudación estatal es la rebaja de ingresos por el impuesto de sociedades, el que debería gravar los beneficios de las empresas. En 2006, todos los impuestos recaudados sumaron 183.000 millones de euros. Pero cinco años después, se ingresaron solo 158.000. Unos 25.000 millones menos. En 2006, el impuesto de sociedades aportó 40.000 millones de euros, pero en 2011 ya solo fueron 13.000. ¡27.000 millones menos! ¿Es o no responsable de la precariedad de las cuentas públicas el menor pago del impuesto de sociedades ?

Una respuesta incierta y simplista pretende que hay menos beneficios por la crisis y, por tanto, se reducen los impuestos que los gravan. No va por ahí. Más bien los beneficios de empresas y la base imponible para cuantificar el impuesto a pagar son demasiado diferentes. La base imponible debería responder al resultado veraz de lo que se gana para que las empresas tributaran por beneficios reales. Pero no es así. Los beneficios reales de grandes empresas son reducidos con la llamada ‘contabilidad imaginativa’ y la ‘ingeniería fiscal’. Hasta que la base imponible resultante es mucho menor que los beneficios y, como se paga según la base imponible, se paga mucho menos.

Unos datos lo dejarán claro.

En 2006, antes de la llamada crisis, las empresas españolas obtuvieron beneficios de casi 210.000 millones de euros. Tras las correcciones, ajustes y compensaciones que la ley fiscal permite, la base imponible descendió a 179.000 millones de euros. Pero esa base aún era el 85% de los beneficios. Sin embargo en 2010 unos beneficios de casi 157.000 millones de euros parieron por arte de birlibirloque una muy disminuida base imponible de 76.000 millones. Menos de la mitad de beneficios. Si en 2006 los beneficios que no pagaban impuesto eran 30.000 millones de euros, en 2009 ya eran más de 82.000 millones de euros. Casi el triple. Si a eso añadimos las trampas de las grandes multinacionales (algunas son españolas) que declaran gastos o ingresos en éste o aquel país, según donde paguen aún menos, el resultado es que las grandes empresas pagan muy poco respecto a lo que ganan.

Últimamente voceros conservadores presumen del aumento de recaudación de algunos impuestos, como presunto signo de recuperación. Pero, aunque mienten tanto como respiran, no pueden ocultar que, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades en 2014 recaudó menos que en 2013. Mucho menos. ¿Lo lógico no hubiera sido lo contrario? Pero es así por la generosidad del gobierno del PP (y antes del PSOE) con las grandes empresas, edidente al cobrarles el impuesto de sociedades. O no cobrarlo.

Que hay un trato de favor descarado a favor de las grandes empresas (que no son las que proporcionan más puestos de trabajo) lo muestra la diferente reacción de los países de la eurozona ante el peligroso tratado bilateral que negocian en secreto EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Aunque no están en contra, ha habido desconfianzas en Francia, reticencias en Alemania, dudas en Italia, oposición en Portugal… ¿Y en España? Al gobierno del Partido Popular, el TTIP le parece de perlas. Ninguna disconformidad, ninguna queja y sí una defensa entusiasta de firmarlo cuanto ya, cuanto antes. ¿Por qué? Un TTIP vigente sería una patente de corso para que las empresas hicieran de su capa un sayo y se saltarán controles y regulaciones a porrillo. Esas mismas empresas grandes por las que este gobierno conservador y neoliberal tiene especial debilidad y mucha dedicación para servirlos.

Ya lo explicaron Marx y Engels hace 168 años. Los partidos conservadores como el PP (que hoy se presentan como ‘de centro’) y las políticas de derechas que perpetran defienden mayoritariamente los intereses y beneficios del capital, de grandes empresarios y banqueros. El Reino de España es una buena demostración de esa innegable realidad.

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.

El enemigo principal

En un blog, cuyo nombre no recuerdo, leo este apasionado aserto: “España solucionaría sus problemas si […] abandonara esos vicios políticos y morales que la convierten en una dictadura sucia de partidos políticos y de políticos“. Tremendo. ¿Dictadura de políticos? No exactamente. Una democracia descafeinada, vaciada, de decorado, sí, pero ¿dictadura…?

A quien tal afirma le sugiero que averigüe lo que ocurría en concreto en el período de tiempo que va de 1939 a 1976. Probablemente comprobaría en sus carnes el empleo alegre del término dictadura. Mi reflexión no pretende defender a los políticos profesionales, nada más lejos de mi ánimo, sino centrar quien es el verdadero enemigo de la ciudadanía y sus derechos porque, si no lo sabemos, difícilmente superaremos esta situación que nos oprime. Las palabras han de usarse con rigor o se contribuye a la corrupción general del lenguaje que, mira por donde, es una de las armas preferidas de quienes nos saquean y violan nuestros derechos.

En esta crisis-austeridad-saqueo que oprime a la ciudadanía, los políticos no son el principal y aún menos el único enemigo, como se oye a todas horas por todas partes. Por supuesto tienen una responsabilidad enorme en lo que pasa, porque muchos han traicionado a los ciudadanos que los eligió y en ellos delegó el poder que en democracia solo posee legítimamente la ciudadanía.

El enemigo principal es el poder económico-financiero. La banca, las grandes compañías aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de riesgo y de pensiones, las grandes empresas, corporaciones industriales, petro-químicas, farmacéuticas, grandes fortunas… Ellos son el enemigo principal. Muy pocos, por cierto, respecto al total de la humanidad.

Son los que actúan, presionan, compran conciencias, manipulan, desinforman, estafan, especulan, sobornan, reprimen, provocan guerras y las mantienen… No directamente, claro. Poseen todo el dinero del mundo para corromper, ordenar, impulsar y dirigir a diversos actores a su indiscutible servicio que son quienes ejecutan las felonías citadas. Agentes del poder económico y financiero como gobernantes, diputados, alcaldes de grandes ciudades, directores de medios de comunicación, abogados de campanillas, directivos de entidades internacionales, cúpulas militares…

¿Por qué el poder económico y financiero es el enemigo principal? Porque no solo busca aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores, de la ciudadanía, sino que pretende retroceder a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general al primer tercio del siglo XX. No como efecto colateral, sino como objetivo. Los políticos, algunos políticos, tal vez muchos políticos, son cómplices necesarios a su servicio, pero no son los máximos responsables del saqueo.

Esta historia empezó en los setenta, cuando la reducida minoría rica (la clase dominante, según Marx), al comprobar la disminución de beneficios tras cuatro décadas de vacas gordas, decidió enterrar el pacto social de ese tiempo y pasar a la acción para que las cosas volvieran al orden que les convenía: la hegemonía indiscutible de la clase rica y el control y subyugamiento de las clases trabajadoras. Una decisión de la minoría rica acelerada, como recuerda Josep Fontana, por el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos obreros, por la radicalización de las luchas de los trabajadores (mayo del 68 en Francia, otoño caliente en Italia. “Cordobazo” del 69 en Argentina…), del anti-colonialismo, del anti-imperialismo…

El inicio concreto, previo a la ofensiva, tal vez fue en 1970 o 71, cuando la Cámara de Comercio de EEUU (una de las organizaciones de clase dominante más poderosas) encargó un informe sobre la situación de lo que ellos llaman economía de mercado o de libre empresa y nosotros, sencillamente capitalismo. Les interesaba conocer la aceptación del capitalismo y la adhesión al mismo por parte de la gente común en EEUU. En unas sesenta páginas el informe alertaba sobre el aumento del izquierdismo y de los enemigos de la “libre empresa” (universitarios, profesores, artistas, sindicalistas…) y recomendaba a los líderes del capitalismo pasar al ataque en tres frentes: educación, medios de información y política. Visto lo sucedido desde entonces, está claro que la élite de la “economía de mercado” hizo suyas las recomendaciones del informe.

La ofensiva empezó en serio con Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Una acometida que se inició con el ataque sistemático a los sindicatos hasta debilitarlos o incluso dejarlos en estado vegetativo, al tiempo que gobernaban con descaro a favor de los ricos, reduciendo sus impuestos escandalosamente, por ejemplo. Esa política se extendió como mancha de aceite en los años sucesivos por Europa y países anglosajones. El resto de países, el entonces llamado Tercer Mundo, sufría las agresiones sistemáticas del FMI y Banco Mundial en forma de privatizaciones y otras “reformas estructurales” exigidas sine qua non para poder recibir préstamos internacionales con tales condiciones que ponían a los países deudores a los pies de los caballos de los países acreedores.

La guinda la puso Bill Clintón al otorgar patente de corso a la banca al legislar que los bancos de inversión pudieran actuar como bancos comerciales y otros regalos y mercedes. El capital se movía ya con absoluta libertad, eliminada cualquier norma, regla o control.

En ese amenazador escenario para la ciudadanía, los políticos profesionales jugaron un papel muy importante, porque perpetraron leyes de “liberalización”, privatización y otras bribonadas que han instaurado la actual crisis, estafa y saqueo. Pero esos políticos han actuado por encargo, no son los autores principales. Tal vez excepto parcialmente en EEUU donde las famosas puertas giratorias entre política y economía-negocios-empresas generan que miembros de la minoría rica devengan políticos. Porque la estructura de poder en EEUU (con un coste prohibitivo de las campañas electorales) convierte los cargos públicos elegibles en misión imposible de no poseer sólidas fortunas. Pero, en general, no es el caso de España ni de Europa, donde las puertas giratorias son una indecente y privilegiada vía para enriquecerse políticos desleales que hasta serlo nunca habían comido caliente, como decía sarcástica mi abuela Flora.

La cuestión no es ya si los políticos son así o asá (los dioses me libren de defenderlos). La cuestión esencial es que este sistema apenas democrático está contra la ciudadanía en aras de los intereses de una reducida minoría. Esa minoría que constituye el poder económico y financiero ha reducido la democracia a un vacuo ritual electoral y ha logrado que los parlamentos tengan escaso poder real. Quien decide son FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMC… claramente a su servicio. Y contra esa minoría  hay que luchar prioritariamente.

Esa es la cuestión y no despotricar sin cesar contra los políticos, eficaz maniobra de distracción por otra parte para que los verdaderos responsables del saqueo permanezcan en el anonimato y no sean objetivo de la ciudadanía. Y, como objetivo político, ya dijo hace años Julio Anguita que los mercados (es decir, el poder financiero) tienen nombre y apellidos. Battiston, Glattfelder y Vitali han elaborado un riguroso informe sobre las relaciones de poder y cruces de miles de empresas y consejos de adminsitración de todo el mundo y han concluido que la economía está en manos de 737 grandes bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de riesgo, fondos de pensiones, grandes empresas y corporaciones industriales y otras que controlan el 80% de las empresas transnacionales más poderosas. En el Reino de España, por ejemplo, 1.400 personas gestionan el 80% del PIB nacional. Y en Cataluña se dice desde siempre que la economía de ese país está dominada por 400 familias.

Quienes constituyen el poder económico y financiero son el enemigo principal, incluso quienes hacen generosas donaciones para las causas que sean. No lo olvidemos. Y son el enemigo porque así lo  quieren. Luego podemos fijarnos en los cómplices necesarios, cómplices sin más, encubridores y otros contribuyentes a la estafa y saqueo que nos deja sin presente ni futuro, que algunos se empeñan en llamar crisis.