Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad

Con una enorme deuda ilegítima, que no ha contraído la ciudadanía, y la corrupción campando a sus anchas, en España (también en Europa con cifras diversas), millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva impunemente el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos y que, a pesar del dinero recibido, no se aleja convincentemente de  la insolvencia .

Este panorama es el de una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. Porque a este sistema corrompido le sobran los derechos de la ciudadanía.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece sin cesar. Menos derechos laborales. Rebaja de salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ese es el escenario que hoy sufren las clases trabajadoras, la ciudadanía en general.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“.

Se entiende habitualmente que tales crímenes son las deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, pero ¿acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad (teóricamente para afrontar la crisis) no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de la riqueza es un vago recuerdo.

En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimientos masivos? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es solo un medio de acumular capital por la minoría sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

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Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

Delitos y crímenes económicos

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo para concretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se ha conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos

¿Quién va a la cárcel?

España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por 100.000 habitantes, cuando en Alemania hay 95 por 100.000, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.

Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de drogas.

Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárcel de pobres, cárceles de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurtos, robos, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi setenta va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.

Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120.000 euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información privilegiada bursátil de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción.

No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción; la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de los delincuentes económicos y financieros, los ricos, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.

Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía que protesta pacíficamente contra un sistema económico que los esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, responsable que fue de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas es un fracaso”.

Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difíciles de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.

Este sistema cada día pierde más legitimidad y está democracia se vacía más y más.