El largo camino del cambio

Los resultados electorales del pasado 26 de junio en España dejan amargo sabor de boca al pueblo trabajador. Porque se aleja la esperanza de un gobierno progresista y el corrompido PP obtiene 137 escaños, cuando hace poco apenas conseguía ciento veinte según las encuestas. Pero le costará gobernar, porque con sus aliados naturales, Ciudadanos, solo suman 169 escaños, siete menos que la mayoría absoluta para poder investir a Rajoy como presidente del gobierno. Rajoy necesitará siete abstenciones para ser investido, pero lo será, porque no parece de recibo repetir los comicios.

Pero más allá de las cifras, estas elecciones han mostrado la vieja práctica de tergiversar o manipular encuestas, dando resultados excelentes a la oposición de izquierda para desmovilizar a sus votantes y, al contrario, movilizar a los conservadores. Y así parece haber sido.

Como los medios nacionales no podían publicar encuestas un par de días antes de los comicios, los conservadores han recurrido a un diario del paraíso fiscal Andorra, estado soberano del tamaño de una nuez, para publicar un sondeo que mostraba a Unidos Podemos, la izquierda, alcanzando al PP.

El segundo capítulo es que el recuento de votos depende del Ministerio de Interior, cuyo titular está hoy envuelto en sospechas de presunta extorsión a adversarios políticos con informes de corrupción de esos adversarios, que grabaciones telefónicas reveladas han dado a conocer.

¿Qué crédito se tiene así? Como ha escrito Pedro Agueda, han estallado cuatro años de guerra sucia del ministro de Interior contra partidos de la oposición. La historia arranca cuando ese ministro del Partido Popular designa a su cúpula policial y un grupo de mandos elabora sospechosos informes contra rivales políticos del PP sin autoría específica clara, que se filtraban a los medios.

En ese clima oscuro, surgen en la Red sospechas de irregularidades en el recuento de votos. Presuntamente. Según los activistas de Anonymus, comparando el número de quienes pueden votar y los resultados, a la espera de votos de residentes en otros países, parece no saberse donde han ido a parar 1. 200.000 votos. Aunque en realidad, ese estado de ánimo, esa sospecha difusa, quizás sea solo expresión de una frustración colectiva, como ha indicado el periodista Ignacio Escolar.

Y otra última reflexión. Quienes esperaban que con estas elecciones cambiarían las cosas han pecado tal vez de ingenuidad. En este país, con una historia agitada en los dos últimos siglos, mientras muchos países europeos pasaban del régimen absoluto a la democracia llamemos burguesa y al capitalismo industrial, en España el nefasto Fernando VII restauraba la Inquisición y entregaba la deformación mental del pueblo a la Iglesia. Y eso se paga. En esos dos siglos, solo hubo un intento de regeneración democrática: la II República (un proyecto reformista, pero reformista de verdad) que acabó como sabemos. Seguida de una genocida dictadura (ONU dixit) de la que no nos hemos librado del todo, pues con el PP gobernante mandan hijos y nietos de quienes levantaron y mantuvieron esa nefanda dictadura. Con su estilo y principios.

Para cambiar las cosas y lograr justicia, igualdad y libertad, cabe pelear en todos los frentes. También en el electoral. Pero sin olvidar la sabia reflexión del luchador por la democracia de Túnez Moncef Marzouki: “El tiempo de los regímenes políticos no es el de los hombres. Si quiero transformar Túnez, con siglos de antigüedad, no voy a querer cambiarla en solo quince años. Tengo que aceptar el tiempo prolongado. Pero no me desanimo, porque mi horizonte no son seis meses o la próxima elección presidencial: mi horizonte está más allá para cambiar las cosas a fondo. Para cambiar las mentes. Yo vengo del desierto y vi mi abuelo sembrar en él. Siembras en tierra árida y esperas. Si llueve, recoges. No sé si habéis visto el desierto tras la lluvia, es verde como la Bretaña. Un día, marchas sobre una tierra quemada, llueve y te preguntas cómo ha podido ser: flores, verdor… Porque estaban los granos. Incluso en el desierto hay que sembrar. Sembraré y, si mañana llueve, bien, y si no, estarán las simientes”.

Marcos Ana, comunista y poeta, que sufrió cárceles franquistas durante 23 años, dice que un cambio, si lo es de verdad, es necesariamente lento. O solo es espectáculo. Hay que prepararse porque largo es el camino del cambio.

La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

Una Ley Mordaza para acabar con el movimiento ciudadano

El Congreso ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Motejada como Ley Mordaza, recuerda mucho a la franquista de Orden Público cuya aplicación reprimió ferozmente a la ciudadanía opuesta a la dictadura y, especialmente, al movimiento obrero.

Esther López y Alberto Garzón, jóvenes diputada y diputado de Izquierda Unida, denunciaron hace un tiempo que “la falta de respeto por los principios democráticos de los gobernantes, unida a su mediocridad y afán por imponer sus planes como sea, son causas de que sólo sepan actuar con represión policial (…). No hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar lo de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco lo hemos tenido que hacer (…) Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio, y nos criminalizan y la policía nos identifica por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política”.

Para quienes sí corrimos ante los ‘grises’, el panorama que se extiende y asienta desde hace tres años, por obra y gracia del gobierno del Partido Popular, nos retrotrae a escenarios de juventud. Porque hay una innegable relación entre como gobierna España el Partido Popular y la dictadura que reprimió, explotó y hundió este país durante casi cuatro décadas.

En el incremento exponencial de la represión de la ciudadanía, hay un hecho esclarecedor. La Audiencia Nacional imputó hace un par de años a ocho miembros de la plataforma ‘Rodea el Congreso’ que llamaba a manifestarse cerca del Congreso de los Diputados. ¡Pero antes de la manifestación! El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, acusó al Gobierno de criminalizar la protesta y de ser insólito imputar a personas por hechos que aún no se habían producido. Si eso no es netamente dictatorial…

La llamada Ley Mordaza ahonda en el resurgimiento franquista. Con esa ley , el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser el franquista “orden público”, y convierte en infracciones graves las movilizaciones y otras legítimas protestas, al tiempo que concede patente de corso a la policía. Como en tiempos de la dictadura franquista.

Más aún. Con la reforma del Consejo General de Poder Judicial que el PP perpetra, la Justicia queda estrechamente ligada a ese partido y la separación de poderes ya no existe y se va por el desagüe. Por eso, quienes hoy tienen más de cuarenta años recordarán fácilmente que todo se parece cada vez más a aquella dictadura franquista.

El hoy piadoso ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tenido la osadía de retar a los abundantes críticos de esa ley: “Quiero que alguien de los que la critica me diga un derecho o libertad que esta ley restringe respecto a la ley vigente“. ¿Porque no lee las recientes declaraciones del director de Amnistía Internacional de España? Esteban Beltrán asegura que “es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger (…) Con esta Ley no se protege la protesta en España sino todo lo contrario: se castiga la disconformidad”.

Es más, desde hace unos años, Amnistía Internacional ha expresado en varios informes su preocupación por el uso de fuerza excesiva por las fuerzas policiales al dispersar a manifestantes pacíficos. Si al ministro Fernández le parece que Amnistía Internacional no tiene autoridad para indicar qué derechos son vulnerados, tiene un grave problema de percepción y comprensión de la realidad.

En fin, las innecesarias nuevas leyes represivas del gobierno solo buscan acabar con la resistencia ciudadana pacífica contra su política de austeridad, recortes, vulneración de derechos y vaciado de la democracia. ¿Por qué esas contrarreformas, si España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa? ¿Por qué una nueva ley de Seguridad ciudadana cuando en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y en 2014 casi otras tantas y ningún problema de orden público digno de reseñar? Porque esa nueva ley Mordaza nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Pretende cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar el país. Como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos”. Hay que reaccionar.