TiSA, otro tratado negociado en secreto, pero tal vez más peligroso que el TTIP

El tratado de libre comercio e inversión (TTIP), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, ha concitado una formidable oposición ciudadana desde que empezaron las filtraciones sobre las negociaciones. Dos millones de personas ya han apoyado una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y sigue la recogida de firmas. Además, centenares de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales han manifestado su oposición al tratado. Fruto de toda la presión, el Parlamento Europeo ya no lo votaría unánimemente, se ha suspendido por ahora la decisión parlamentaria y, por tanto, se ha frenado su aprobación.

Para saber cuan bueno o malo es ese tratado, recordemos que las grandes corporaciones empresariales presionan para que el TTIP se firme cuando antes. Y, si a ellos les gusta, no puede ser bueno para la gente común. Susan George asegura que “si se firma el TTIP (más el TPP con países del Pacífico), Estados Unidos controlará el 60% de la riqueza mundial y tres cuartas partes de todo el comercio global”. Y eso no es nada bueno. “El TTIP es una gran amenaza -insiste George- porque dará a las grandes empresas la oportunidad de enterrar en Europa un modelo social que beneficie a los trabajadores”.

Pero si malo es el TTIP, peor es el TiSA del que apenas se habla. TiSA (por sus siglas en inglés) es un acuerdo sobre Comercio de Contratos de Servicios. Wikileaks ha filtrado diecisiete documentos de negociaciones clandestinas de ese tratado secretísimo. Un infame tratado para que grandes empresas y corporaciones transnacionales puedan eludir todas las regulaciones y leyes de los países y puedan bloquear o eliminar las medidas sociales y de seguridad financiera, además de privatizar los servicios públicos, porque la amoral minoría que detenta el poder económico los considera negocio, no medios para satisfacer derechos.

El TiSA condicionaría casi el 70% del comercio mundial de servicios: telecomunicaciones, comercio electrónico, finanzas, seguros, transporte, distribución, servicios profesionales, servicios postales… El diario Público, que colabora con Wikileaks, ha dado a conocer documentos del TiSA pensados y redactados para eludir las leyes de los estados y que las empresas puedan burlar cualquier control gubernamental o parlamentario.

Negocian clandestinamente el TiSA los gobiernos de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Taiwán y Turquía. Y también la Comisión Europea, claro, que pretende representar a los 28 países de la Unión. Es significativo que los únicos países latinoamericanos implicados en ese TiSA sean Colombia, México y Panamá, fidelísimos aliados de Estados Unidos, y que no estén Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, potencias económicas emergentes.

El TiSA, por ejemplo, busca eliminar cualquier control o limitación a transacciones y movimientos financieros, suprimir cualquier vigilancia del Estado en el sector de la especulación financiera e impedir que puedan prohibirse productos financieros peligrosos. Como los que provocaron la crisis. En definitiva, el TiSA propone una desmesurada libertad y descontrol financieros. Y ya sabemos adónde conduce ese desgobierno; a formar nuevas burbujas financieras, que estallen y haya más recesión.

El TiSA, secreto incluso cinco años después de su firma, si no lo paramos, exige no obstante transparencia total a gobiernos e instituciones públicas. Deberán anunciar qué leyes y regulaciones piensan aprobar y abrir un debate previo para que las grandes corporaciones y sus lobbies puedan impedir que sean aprobadas o modificarlas en beneficio propio… según el propio TiSA.

Además, el TiSA forzará que los datos personales en Internet queden sin protección legal ni de los gobiernos, que los datos informáticos sean solo mercancía y que desaparezca la privacidad de los datos digitales. Pero la protección de datos no es cuestión comercial, sino un derecho fundamental de las personas. El TiSA, ha denunciado la eurodiputada Viviane Reding, quiere acabar con la privacidad de los datos, mermar hasta eliminar la neutralidad de la Red y suprimir las garantías de las personas en la Red con el viejo pretexto y falacia de la seguridad nacional.

Los documentos secretos filtrados demuestran, si cabe, que el TiSA es más neoliberal, antidemocrático y totalitario que el TTIP.

Es evidente que se han de impedir esos tratados con presión y movilización ciudadanas y, como propone Susan George, profundizando la globalización social así como coordinando y globalizando la protesta.

Esta Unión Europea, no

En 2005, aunque las ciudadanías de Francia y Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática (al decir NO a la Constitución Europea), las constructores de la Europa neoliberal, cual cutres magos de feria, distrajeron con trucos, amagos y palabrería al respetable mientras daban el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa que, para el caso, les servía igual.

Desde entonces comprobamos que esa Unión Europea ha castigado a la ciudadanía con una austeridad criminal mientras inyectaba millones de euros para salvar a una banca privada responsable de la crisis económica. Ha construido una fortaleza carísima contra los inmigrantes y desmontado derechos y garantías sociales que tanto han costado.

Esa Unión Europea se ha construido enterrando los principios de la democracia y erosionando la democracia misma. El Tratado de Lisboa, como la non nata Constitución europea, se coció en opacos comités. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo ni debate ciudadano. La euroclase política que hace y deshace al servicio de la minoría ha considerado y considera a la ciudadanía solo un decorado.

Y, para saber al servicio real de quien están, hemos conocido los oscuros enjuagues en Luxemburgo para que las grandes empresas apenas paguen impuestos. Da igual que Juncker (ex primer ministro de Luxemburgo, hoy presidente de la Comisión Europea) niegue tener que ver con esa arquitectura para eludir impuestos. Europa es tierra de elusión y evasión fiscal. O, lo que es igual, donde se quita a la ciudadanía lo que es suyo y a lo que tiene derecho. Pues, además de Luxemburgo y los paraísos fiscales europeos ‘tradicionales’ (Andorra, Gibraltar o las islas británicas del Canal de la Mancha) también son tales paraísos Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres, donde las cabriolas, trampas financieras y atajos para que los ricos paguen menos impuestos son realidad incontestable. Hasta el propio Juncker reconoce el exceso de ingeniería fiscal en Europa. Y, sin retórica ni trampas semánticas, los paraísos fiscales son un modo de quedarse con lo que es de la ciudadanía, el dinero de impuestos que no se llegan a pagar.

Pero además, Juncker tiene un plan. Un proyecto para invertir más de 300.000 millones de euros y crear empleos. ¿No es maravilloso? Lo malo es que para que el capital privado invierta, se le regalan millones. Según nos ha contado Claudi Pérez, “el plan de Juncker supone la emisión de 60.000 millones en bonos garantizados por la Unión Europea para que las empresas financien sus proyectos”. Genial, más dinero para las empresas. ¿A cambio de qué? ¿Empleos? De momento, las primeras experiencias con esos milagrosos bonos (Castor en España y autopista Passante di Mestre en Italia) han sido un fiasco. En el primer caso, cancelar el proyecto por riesgo comprobado de terremotos en la extracción de gas por fractura hidráulica, pero pronto pago de mil y muchos millones de graciosa indemnización en tiempo récord a la empresa responsable de Castor. Y en el caso italiano mucho dinero de sobrecostes más una trama corrupta con un centenar de detenidos. Más de lo mismo en la vieja Europa: beneficios privados, pero socialización de pérdidas.

Solo son un par de muestras de esta Unión Europea. Y un toque más local. Con el desastre innegable del paro y aumento del trabajo precario en el Reino de España, la Unión Europea pide al gobierno más recortes presupuestarios y reformas para cumplir con el déficit de 2015. Y a Rajoy le ha faltado tiempo para garantizar que perpetrará todas las reformas que le pidan. Lo que ellos llaman reformas.

Entonces ¿qué hacemos con esta Europa que actúa contra los intereses de la clase trabajadora y ciudadanía en general? Antoni Domenech propone democratizarla: “Nuestra tarea es democratizar de verdad el Estado. Las repúblicas democráticas que el movimiento obrero trajo a Europa tras la I Guerra Mundial fueron truncadas por el fascismo y el estalinismo. Y las constituciones políticas de los estados de bienestar tras la II Guerra Mundial son menos democráticas que las constituciones tras la primera guerra mundial. La República Federal Alemana es menos democrática que la República de Weimar y la monarquía española, mucho menos democrática que la II República”.

Esa es nuestra tarea, democratizar Europa. Otra Unión Europea.

Un tratado depredador el que negocian EEUU y la Unión Europea

En Bruselas se negocia un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta hace poco, en secreto. En realidad, una patente de corso para grandes empresas y corporaciones, gran banca y fondos de inversión. El sueño de Al Capone: conseguir beneficios sin norma, regla ni control. Son muchos los daños y males que sufriría la ciudadanía con ese Tratado, pero citamos dos: extensión del fracking y resolución de controversias entre inversores y estados.

El Tratado busca horadar el suelo sin cortapisas ni molestas normas de protección del medio ambiente y la salud ciudadana. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo vertical y se inyecta a presión agua con arena y productos químicos para fracturar las rocas subterráneas que contienen gas o petróleo y favorecer su salida al exterior. Pero los productos usados son tóxicos y cancerígenos, además de dejar el subsuelo en condiciones irrecuperables y contaminar las aguas subterráneas. Con el Tratado, el fracking se extendería como una plaga por toda Europa.

Y la Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2.000 millones de dólares por su campaña anti-tabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.
Incluso el FMI reconoce que la resolución de conflictos entre inversores y Estado limita gravemente la capacidad de los Estados y debilita a los gobiernos para decidir lo necesario para los países. Pero se negocia.

Por otra parte, el Tratado se vende como solución a la crisis, pues dicen que aumentará el PIB un 1% y se crearán millones de puestos de trabajo. Falso. Un estudio de la propia Comisión Europea calcula que el crecimiento europeo solo será un 0,1%, y la competencia estadounidense perjudicará a los sectores agrícola, carne, fertilizantes, azúcar y metal. Y se destruirán millones de puestos de trabajo.

Susan George ha denunciado que el Tratado elimina los controles de regulación social y medioambiental; las normas que protegen a trabajadores y trabajadoras, a consumidores y a la naturaleza. Normas que las grandes corporaciones consideran obstáculos a eliminar porque se interponen en el aumento de sus beneficios.

Pero el Tratado no perjudica solo a la ciudadanía europea. Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), el sindicato más poderoso de ese país, ha denunciado que “esos acuerdos de comercio dejan en manos de las grandes empresas la política económica de Estados Unidos y buscan rebajar salarios al trasladar los empleos al extranjero”. Trumka asegura que el Tratado con la Unión Europea sigue el modelo erróneo del que firmaron EEUU, México y Canadá (NAFTA, en inglés). “Tras veinte años del NAFTA, sabemos que sus consecuencias son muy negativas”. Y, según Susan George, “el NAFTA provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, considerables bajadas salariales en Estados Unidos y trabajo semi-esclavo en México. Pero enormes beneficios para las élites empresariales”.

Trumka denuncia también que lo que busca este Tratado no son acuerdos comerciales, sino rebajar la protección del trabajador y del consumidor, así como reducir la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Priman los intereses privados sobre el bien común. Pero se ha constituido en Europa una respuesta: el Mandato de Comercio Alternativo, una alianza de más de cincuenta organizaciones de consumidores, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de comercio justo, agricultores, sindicatos y agencias de desarrollo. Una alternativa al Tratado donde las personas y el medio ambiente estén siempre por encima de los beneficios e intereses de las grandes corporaciones.

No es fácil, pero hay que detener ese Tratado y establecer el Mandato de Comercio Alternativo. Por el bien de todos.