Derechos o barbarie

Esta época es la de la mayor liquidación de derechos sociales de la población mundial. Pero esa aniquilación de derechos sociales es parte de una escabechina mayor. Todo estalló tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, atentados que le vinieron de perlas a la minoría dominante para sus planes de demolición, y ya en 2006 el lúcido analista Josep Ramoneda denunciaba que “la guerra contra el terror se ha llevado por delante los valores de la libertad individual, de la capacidad de todos y cada uno de pensar y decidir por uno mismo”. Porque el antiterrorismo se convirtió pronto en el supremo pretexto que engendró nuevas leyes que permitieron cargarse los derechos cívicos y políticos: que se pudiera detener sin garantías a cualquiera por meras sospechas y mantenerlo encerrado indefinidamente, entre otras atrocidades, además de recortes a las libertades de expresión, reunión, participación política… Nuevas normas establecidas de norte a sur y de este a oeste contra el terror (decían) que eran y son una burla del estado de derecho.

Y ocho años después, The New York Times revela que Barak Obama se reúne con altos funcionarios para decidir qué terroristas, presuntos terroristas o “combatientes enemigos” serán asesinados por drones (aviones bombarderos no tripulados) en Afganistán, Yemen, Pakistán, Somalia o Sudán. De momento solo en esos países. Los asesores de Obama reconocen que el presidente estadounidense tiene una reunión “antiterrorista” todos los martes para designar qué personas serán ejecutadas en nombre de la lucha antiterrorista. Hasta hoy, Estados Unidos ha perpetrado 268 ataques de drones. Según The Guardian, desde 2004 los drones han asesinado a más de 2.400 personas de las que más de 800 eran civiles y, de éstos, 175 niños. Estados Unidos tiene actualmente desplegados 7.000 drones.

En marzo se publicó el informe del Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Una denuncia de lo inadmisible de los asesinatos selectivos, porque cualquier gobierno, con el pretexto de la lucha antiterrorista podría matar a cualquier persona en cualquier lugar, si la acción antiterrorista justificara todo y pudiera estar por encima de los derechos humanos. Que no lo está.

Inaceptable porque, con acciones como las ejecuciones por drones, los gobiernos se convierten en fiscales, jueces, jurados y verdugos. Inaceptable porque la acción homicida de los drones aniquila los derechos humanos de presunción de inocencia, juicio justo por tribunal imparcial y defensa. Y los derechos humanos no son de quita y pon. Siempre están vigentes y no admiten excepciones.

Human Rigths Watch ha denunciado la condescendencia y tolerancia de Estados Unidos y la Unión Europea con Estados autoritarios disfrazados de democracia y Estados que violan gravemente derechos humanos. Estados como Rusia, Pakistán, Bahrein, Jordania, Irak, Nigeria, Rusia, China Tailandia, Colombia, Etiopía, Arabia Saudí, Vietnam o Israel. Por no recordar, como ha denunciado Nuno Vieira, presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal y asesor de la ONU, que también ocurren cosas terribles en países democráticos y que casi ningún país puede decir que no aplica tratamientos crueles a detenidos ni que es ajeno a la tortura.

Mientras tanto, continúan el sufrimiento y empobrecimientos de las clases asalariadas europeas. En Europa crece la pobreza y aumentan las personas que deben elegir entre una comida al día o caldear la casa, pagar la hipoteca o comer. En 2009 había en la Unión Europea más de 115 millones de personas pobres (23% de la población), cuando en 2007 eran 85: en dos años, 30 millones de pobres más. Y además, esos pobres son más pobres. Pero los gobiernos europeos continúan con sus políticas suicidas de recortes presupuestarios que son como cerrar hospitales en una guerra.

Violación sistemática de derechos cívicos y políticos, violación sistemática de derechos sociales y económicos; es decir, violación sistemática de derechos humanos. Esta es una época de barbarie hipócrita, de violación sistemática y sistémica de los derechos de la inmensa mayoría.

Lo inaudito e insoportable es que la casi totalidad de los 196 estados del mundo han firmado y ratificado la declaración de derechos humanos y la mayor parte de leyes internacionales derivadas de ésta; lo que significa que la Declaración de Derechos Humanos los obliga. Una declaración que afirma en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Tienen idea de lo que significa esa frase y a lo que obliga?

La Declaración Universal de Derechos Humanos de ningún modo puede ser jamás papel mojado. O la barbarie se habrá instalado en el mundo para no dejarlo nunca.

Como siempre, la ciudadanía tiene la respuesta. Le va la dignidad, la libertad y la justicia en ello.

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El déficit, una excusa para desmantelar el estado de derechos sociales

La estafa y drama de la crisis de la deuda en Europa (o del euro) ocupan portadas. Portugal continúa cayendo: 3,3% menos de PIB el último trimestre. Su gobierno, para incentivar la competitividad (dice), aumenta la cantidad a pagar por los trabajadores a la Seguridad Social del 11% al 18% (que así cobrarán 7% menos) y rebaja la cotización empresarial del 24% al 18%. Así satisface a la troika: FMI, BCE y Comisión Europea. Eso o no habrá millones para la siguiente fase de rescate. Pagan el pato los de siempre: las clases trabajadoras.

En España, crisis e indecente austeridad presupuestaria han destruido más de 200.000 empresas y creado una multitud de cinco millones de desempleados (24%). Eso implica una severa reducción de ingresos en arcas públicas, a la que sumar 80.000 millones de euros de impuestos anuales evadidos. Así las cosas, el gobierno del Partido Popular aumenta el IVA (arruinando al sector de la cultura y pequeño comercio), decreta una amnistía fiscal para los defraudadores y estudia pedir ayuda al Fondo de Estabilidad Europeo. Pero para conceder ese rescate (que es préstamo y no graciosa donación), la Unión Europea exige que se rebaje la ayuda a desempleados, el gasto en pensiones y los presupuestos en sanidad y educación. Violaciones de derechos exigidas por la troika (maquilladas como “condiciones presupuestarias”) que agravarán aún más la situación de la ciudadanía que, en el segundo trimestre de 2012, vio reducidos sus salarios casi un 4%; casi un 8% menos en nueve meses.

En violación de derechos, Grecia se lleva la palma. La troika exige que despidan más empleados públicos y aumente la edad de jubilación para ahorrar 900 millones de euros anuales. Sin embargo no acepta que el gobierno ahorre casi 500 millones de euros cancelando compras de armamento. Y reclama que los asalariados trabajen seis días semanales, (en vez de cinco, cobrando igual), y que baje la aportación empresarial a la Seguridad Social. La troika no acepta ahorros que no sea despedir empleados públicos, rebajar salarios, retrasar edad de jubilación y otros recortes sociales.

Tales medidas han conseguido que Grecia esté cinco años sucesivos en recesión económica, que el desempleo alcance el 23% y la capacidad adquisitiva de los griegos haya caído al nivel de los años ochenta. Por no hablar del incremento de suicidios, relacionados con las rebajas presupuestarias sociales.

Justo lo contrario de lo que exhortan el Consejo de Derechos Humanos de ONU y Amnistía Internacional: “Ninguna crisis económica y financiera disminuye la responsabilidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para respetar los derechos humanos”. En Europa, por lo visto, esos derechos se arrojan hoy a la cloaca.

Ver las exigencias de la troika da que pensar. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? ¿Controlar el déficit? No parece, aunque se proclame. El retroceso económico no cesa y no pueden ser tan estúpidos. Quizás la respuesta esté en una ilustración del humorista El Roto: Una mano con anillo ostentoso en un dedo índice enhiesto y monitorio, mientras alguien gallea: “Lo siento, amiguitos, pero las conquistas sociales solo eran concesiones temporales”.

Como dijo Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, hablando sobre conflictos de la crisis para The Wall Street Journal: “Por supuesto que es lucha de clases y mi clase va ganando”. En realidad, la minoría rica y sus cómplices gobernantes dicen a las clases trabajadoras con sus políticas de recortes; ¿pero que os habíais creído, qué sois como nosotros?

El control del déficit no es el motivo principal, aunque esté ahí. Es el pretexto, un casus belli. La minoría rica y privilegiada (unos miles de banqueros, de grandes empresarios, de grandes inversores-especuladores y de políticos cómplices, más gobiernos siervos) quiere cancelar el denominado “estado de bienestar” (que habría que llamar mejor “estado de derechos sociales”). Y lo está logrando.

Como dice Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida en España, con el realismo y los pies en el suelo propios del agricultor que es: “No quieren crear empleo, porque les interesa mantener una enorme bolsa de reserva de parados para presionar sobre los salarios y las condiciones laborales. El objetivo no es crear empleo, sino bajar los salarios”.

Esta crisis es lucha de clases, como reconoce Buffet. Habrá que cambiar tácticas para que venza la justicia.