Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12.000 millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el Gobierno alemán considera que habrá acuerdo con un trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo es sancionado por abusar y perpetrar irregularidades el Deutsche Bank. El Bank of America pagó 16.650 millones de dólares por ilegalidades varias. JPMorgan Chase fue sancionado con 13.000 millones y Goldman Sachs pagó 5.100 millones. Mientras en Europa también hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. En ese oscuro mundo financiero no se salva nadie. Porque es oscuro. Peligroso y alarmante.

Pero Deutsche Bank es hoy emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Tal vez por eso una acción del poderoso banco alemán vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Otro exponente de severos problemas es que, por ejemplo, el año pasado el Deutsche inició la reestructuración para reducir 35.000 empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en diez países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12.000 millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan solo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por el presunto delito de apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, altos dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria desveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extraordinarias de los miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25.000 euros anuales, pero que no existía para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos quince millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería, incluso tratamientos de belleza… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y escandalosas opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129.000 ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200.000 accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas. Por ello también dirigentes de la entidad han de responder ante los jueces.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, Bankia entre ellas, con dinero público. El que sale de los impuestos de españoles y españolas. Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecar el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, a día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5% del rescate bancario según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras por más de 53.000 millones de euros. Pero solo se han recuperado 2.686 millones: menos del 5%, en realidad 4,9%. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario de la ciudadanía y de que pueda vivir con dignidad. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude y elusión fiscal que debilitan y entrampan a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre cuando hay una especulación desaforada sin el menor control.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, de no plantarle cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.

Anuncios

La banca rescatada con ayudas públicas ha de ser pública

Según los peritos del Banco de España, enviados por el juez Andreu de la Audiencia Nacional para investigar a Bankia bajo sospecha, Rodrigo Rato (ex vicepresidente económico del Gobierno y posteriormente presidente de esa entidad financiera) infló artificialmente en 544 millones se euros los recursos propios y el patrimonio neto, y un año después ocultó pérdidas de 2.000 millones de euros. La Plataforma por la Banca Pública, integrada por 38 organizaciones y entidades sociales, económicas, cívicas, políticas y sindicales de España, ya denunciaba documentadamente hace casi cuatro años que los balances de Bankia no reflejaban las cifras reales ni su verdadero patrimonio. Y lo hizo analizando con rigor las cifras de Bankia de los informes del Banco de España.

Pero, la presunta estafa que haya habido en Bankia para salir a Bolsa en buenas condiciones, que no eran las reales, no es el principal problema de esta entidad. El principal problema es que tiene los pies de barro. Más allá de las actuaciones que sean delito, lo más preocupante es la verdadera situación de Bankia. Como la del sector financiero español, por cierto.

El Gobierno aportó 22.424 millones de euros de capital a Bankia en 2012 para que no quebrara. Las ayudas públicas a Bankia han sido cuantiosas. Desde ese capital inyectado hasta avales, garantías, compra de activos tóxicos por el Sareb (el “banco malo”), títulos, créditos fiscales y préstamos del Banco Central Europeo. En total, 147.810 millones de euros.

En Bankia niegan que las cosas vayan mal y pretenden que ya tienen beneficios. Pero no son tales, pues los pretendidos beneficios no suponen más patrimonio de la entidad. Son ayudas públicas, ingresos por ventas irrepetibles, lo estafado a los preferentistas y rebaja de provisiones contra la morosidad. No son beneficios reales, sino recursos y trucos contables.

Economistas críticos aseguran que no solo Bankia sino el sector financiero español es insolvente. Carlos Sánchez Mato lo demuestra con cifras de los informes del Banco de España. La banca española, que ha costado muchísimo dinero a la ciudadanía a través de los regalos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, no está hoy mejor que cuando estalló la crisis. Las diversas ayudas públicas a la banca española, igual que a Bankia (capital, avales, compra de activos y un largo etcétera de ayudas públicas, incluidos los baratísimos préstamos del BCE que también son ayuda pública), suman 1 billón y 400.000 millones de euros. Pero esos bancos no recuperan la solvencia.

De lo acaecido con la banca, su actuación y situación actual cabe deducir que, sin las ayudas públicas, la banca privada española se hubiera hundido. Como Bankia.

¿Por qué sostener con dinero público un negocio privado que no es capaz de funcionar por sí solo? En el paradigmático caso de Bankia, si no es viable sin apoyo público, que sea pública. Lo es en la medida que el 92,5% de acciones son del Estado a través del FROB, pero amenazan con privatizarlo y ya han vendido muy barato un 7,5% de acciones a un banco sudamericano.

Bankia ha de ser pública con todas las características de la banca pública. Es decir, prioridad de inversión en beneficio de la economía productiva, a favor de la ciudadanía y apoyo a la pequeña y mediana empresa que, por cierto, proporciona el 80% de empleos de este país. Y, por supuesto, control ciudadano. No como el simulacro que hubo en las cajas de ahorros en sus últimos años sino verdadero control social. Y una transparencia que deslumbre.

La ciudadanía ha de exigir la nacionalización definitiva y completa de Bankia. Porque es de justicia al salvarse con capital y ayudas públicas. Se le debe a la ciudadanía. Puesto que la banca privada no se derrumba por las enormes ayudas públicas, lo justo es que la banca privada se convierta en pública, porque los impuestos que paga la ciudadanía ya han aportado a los bancos privados lo suficiente como para tener mayoría en los consejos de administración de casi todos los bancos rescatados con ayudas públicas.

Una banca pública controlada democráticamente por la ciudadanía contribuiría de modo decisivo a recuperar una economía real marcada por la voluntad social. Por cierto, la mayor parte de aseveraciones de este escrito en cuanto a solvencia, son aplicables en esencia a la banca europea.

No es una crisis, es un saqueo

Una historia interminable. Tras expoliar la sanidad, depredar la educación pública y perpetrar reformas laborales que han destruido millones de empleos (sobre todo en el Sur europeo), ahora, en España, un comité de 12 “expertos” propone “reformas” para hacer “sostenibles” las pensiones. Ocho de esos “sabios”, por cierto, han estado a sueldo de la banca. La OIT, además, denuncia que un millón de europeos ha perdido su trabajo en solo seis meses. Desde que empezó la llamada crisis, hay diez millones de parados más, que ya suman 27 millones en la Unión Europea.

Como es sabido, la crisis la provocaron los bancos privados de países ricos con sus especulaciones, choriceos y malas prácticas; incluso delitos. Pero los estados acudieron raudos al rescate. En 2007 y 2008, inyectaron a la banca cerca de un billón de dólares. Pero no acabó ahí el derrame de ayudas públicas. Hoy, a pesar del despilfarro de dinero, la banca continúa inestable, insolvente y sin dar créditos a empresas y familias.

Los bancos españoles son paradigma de ese derroche e insolvencia. Por ejemplo, el Estado ha ayudado a un banco, Bankia, con 157.000 millones de euros de dinero público, avales o compra de activos. Cinco veces el presupuesto anual de subsidios de desempleo. Pero Bankia continúa insolvente y al borde del abismo.

A finales de 2012, las ayudas públicas a cajas y bancos españoles ascendían ya a más de 1,42 billones de euros. Y, por si fuera poco, en la Unión Europea hay un fraude fiscal de un billón de euros, reconocido por el presidente de la Comisión Europea. Los estados tienen menos ingresos por el fraude fiscal y las rebajas de impuestos a los ricos. Y se endeudan.

En el tercer trimestre de 2012, la deuda pública española había ascendido hasta 817.400 millones de euros. Y ese endeudamiento aumenta en 2013 por la ayuda pública de 37.000 millones de euros para tapar agujeros de los bancos. Con el agravante de que gran parte de la deuda pública (contraída en muy buena medida para ayudar a la banca) está en manos de la propia banca. Porque con el dinero que el Banco Central Europeo presta a los bancos al 1% (dinero también público), éstos compran deuda al 4%, 5% o más de interés. Sin riego ni esfuerzo. Un negocio redondo.

Se establece así un circuito perverso de recurso permanente a la deuda para mayor beneficio de la banca. Recurso a la deuda que, como se ve, es transferencia neta de riqueza del Estado (es decir, la de todos) a la banca. En el caso español, el endeudamiento ha supuesto el pago de 258.000 millones de euros en intereses desde 2009. El endeudamiento ha servido de nada para activar la economía, porque el déficit sigue ahí.

El nuevo timo de la minoría rica y los serviles gobiernos europeos es aflojar en la exigencia de reducir el déficit, pero apretar en reformas “estructurales”. Chantaje puro y duro. O se imponen las contrarreformas exigidas (rebaja directa de salarios, despido fácil barato o gratuito, desprotección laboral, rebaja de pensiones, privatización de sanidad, educación y otros servicios públicos…) o no hay comprensión para rebajar el déficit. Y se continúa recurriendo a endeudarse para pagar los intereses y gastos corrientes del Estado. Insostenible.

En resumen, la banca provoca la crisis. La banca se hunde. El Estado la rescata con dinero público. El rescate aumenta el déficit público. Hay que reducir el déficit. Y se recortan presupuestos. Los recortes perjudican gravemente a la ciudadanía. Los recortes hacen retroceder la actividad económica. Aumenta el paro. Banca y grandes empresas evaden más impuestos que nunca. El fraude fiscal reduce los ingresos del Estado. El Estado se endeuda. La banca, especuladora e insolvente, continúa recibiendo ayudas públicas. Y, por esa razón, aumenta el déficit público. Banca, grandes empresas y gendarmes internacionales de la minoría rica exigen reducir el déficit. Como sea. Para reducir el déficit, los dóciles gobiernos recortan más derechos de la ciudadanía… Sigue la historia interminable.

Pero ya no es crisis: es saqueo. Saqueo (también denominado pillaje o latrocinio) es apoderarse de modo ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos. Y, en uso del derecho a la legítima defensa ciudadana, tenemos el derecho y el deber de actuar contra ese saqueo. Empezando por desobedecer a esos gobiernos cómplices necesarios del saqueo.