El FMI de nuevo contra la ciudadanía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

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Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Los medios al servicio de la oligarquía

Hace unos años, Ignacio Ramonet escribía que “los medios informativos, en general, aparecen como un problema para la democracia”. Y lo son en tanto no reflejan la veracidad, pluralidad y diversidad de la sociedad. Lo cierto es que los medios presuntamente informativos no informan. Para que la ciudadanía no pueda formar una opinión pública crítica y rigurosa. Y, por eso siembran temor y miedo con sus noticias. Para socavar la esperanza de la gente. Pues sin esperanza no hay resistencia y sin resistencia no se cambia este mundo.

Con la excepción de algunos medios digitales, que informan con honradez, veracidad y rigor, en el Reino de España gran parte de los medios desinforman. Con avalanchas de noticias negativas fuera de contexto y sin exponer jamás sus causas. Ese aluvión de datos y mensajes, que buscan asustar, que no informan, moldea una opinión pública timorata y resignada. Eso pretenden.

Donde se muestra nítida esa función disolvente que perpetran los grandes medios es cuando informan sobre atentados terroristas. Servido con innegable amarillismo y sensacionalismo, jamás analizan causas y contextos de los actos terroristas. Para sugerir a la postre, directamente o de modo camuflado, que para afrontar al terrorismo no hay más remedio que aceptar el recorte de libertades. Llevan quince años insistiendo, desde el atentado de Nueva York.

Pero, si se trata de evitar víctimas, resulta que hay víctimas de diferente categoría y, por lo publicado o emitido, las del terrorismo son las que interesan a los medios de persuasión. Así parece al conocer que, según la estadounidense Coalición Nacional pro Personas sin Techo, con sede en Washington, en Estados Unidos mueren de frío cada año unas 700 personas que viven en la calle. Que no es de extrañar pues, desde el inicio de la llamada crisis, ha habido diez mil desahucios semanales en ese país, lo que significa que miles de personas han sido expulsadas de su hogar y se han quedado en la calle. Y calcula esa Coalición que han muerto de frío desde 2008 más ciudadanos estadounidenses que en todos los ataques terroristas en territorio de Estados Unidos en 20 años, incluido el brutal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero esas víctimas mortales no interesan a los medios del sistema. Y así, el despliegue presuntamente informativo por atentados terroristas muestra las intenciones de los grandes medios presuntamente informativos: amedrentar a la gente para desmovilizarla.

Añadamos a ese amarillismo y ausencia de rigor el mantra reiterado, nunca demostrado, de que la única política económica posible es la de austeridad, recortes sociales, absoluta libertad de capitales, privatización de servicios públicos, moderación salarial e impunidad para agresores del medio ambiente, y ya tenemos el dibujo completo de la degeneración informativa en nuestros días. Más la suma de la banalización y frivolidad informativas para ganar lectores o audiencia usando emociones facilonas y epidérmicas, arrinconando el razonamiento, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, que ironizó el poeta.

Sin olvidar que también juegan sucio con las palabras. Ignacio Escolar nos advirtió hace tiempo del uso perverso del lenguaje para el control social y que cualquier manipulación empieza corrompiendo el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, sanidad o pensiones, pero denominan “inversión” lo gastado en construir autopistas, aunque sean tan inútiles e innecesarias como las radiales de Madrid.

Una de las últimas trampas del lenguaje de los medios al servicio de la oligarquía es el uso de “copago”. Cuando no es “copago” sino “repago”, porque el ciudadano que paga parte de un medicamento ya lo ha pagado con sus impuestos.

Una muestra histórica de corrupción de lenguaje es la perpetrada por Aznar para poder enviar tropas españolas a la guerra de Irak. Según la Constitución española, sólo el Jefe del Estado, autorizado por las Cortes, puede declarar la guerra. Para evitar las Cortes, Aznar utilizó “conflicto armado” para hacer… la guerra a Irak de Sadam Hussein con Bush y Toni Blair sin decirlo claramente.

En resumen, se mire como se mire, con honrosas excepciones, los medios se erigen en peligrosos enemigos de la ciudadanía. Una respuesta y acción de resistencia es utilizar los avances tecnológicos para crear nudos ciudadanos de información veraz y rigurosa, al margen de los medios convencionales. Y denunciarlos. Pero nunca ceder, nunca resignarse.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.

Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.