Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.

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Los jubilados españoles se cabrean y llenan las calles del Reino de España

El sábado 17 de marzo hubo un montón de concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un sospechoso en ocasiones exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110.000 personas, en Madrid 60.000 y en Barcelona más de 50.000, si sumamos hasta cien ciudades más de todos los tamaños ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados, incluso un millón o más?

Los manifestantes reivindicaban pensiones dignas y, especialmente, denunciaban con rabia (por considerarlo una tomadura de pelo) el modo de actualizar las pensiones; ese aumento anual del 0,25% de las pensiones. Aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.

Según los clásicos indicadores capitalistas del crecimiento económico (PIB, inversión, consumo exportaciones, ventas…) en el Reino de España ha habido recuperación económica. Pero, por lo visto, la recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Ahí radicaría la evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que ocuparon las calles . Por esa vital razón, pero también, por la desfachatez del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones. Como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizarlas. Y, para mayor guasa, anunció una rebaja del IRPF a los pensionistas como ayuda.

Una burla porque resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan IRPF (evidentemente por la pobreza de sus pensiones) como ha explicado la asociación sindical de Técnicos de Hacienda (GESTHA), conocida por sus rigurosos informes sobre Hacienda e impuestos. Por tanto, las rebajas fiscales para los pensionistas es otro brindis al sol. Además, ¿de que serviría la reducción anual de unas docenas de euros o máximo unos pocos cientos (si fuera el caso) cuando el resto de meses del año (sin declaración de renta ni posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de miseria?

Las cifras hablan por sí solas. En España hay 8.700.000 pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales (unos 90.000 incluso menos) o algo más. Luego 2 millones cobran de 551 a 650 euros. Entre unos y otros, casi un tercio de pensionistas perciben pensiones en el umbral de la pobreza o menos. Un 2.000.000 de pensionistas perciben de 651 euros a 1000 euros y quienes reciben pensiones de más mil euros hasta 2.580, son algo menos de tres millones de pensionistas.

Resumiendo, dos millones y medio largos de pensionistas tienen pensiones dignas, otros tres millones están en riesgo de pobreza (o se han precipitado en ella) y unos dos millones setecientos mil están entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Ni suficiente para no sufrir apuros ni riesgo de pobreza.

Es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas (incluso de miseria) que quienes perciben pensiones dignas. Y, ante esas cantidades y porcentajes de gentes en riesgo de pobreza y exclusión social, uno diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes y personajillos del gobierno del Partido Popular, ¿porque no intentan vivir con 600, 800 o incluso 1000 euros de ingresos mensuales? Aunque, para ser exactos, hay que añadir que las pagas públicas, (y las pensiones lo son) son catorce: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra semanas antes de las fiestas navideñas. Pero, aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España. A quienes perciben 600 euros mensuales, ¿qué les arregla que dos veces al año les paguen 1.200 euros para llevar un vida digna sin apuros?

Para rematar la execrable injusticia de pensiones insuficientes y a menudo indignas, recibir una pensión no es gracia o favor sino uno de los derechos humanos que proclama indiscutible y claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado. Y eso significa que ha de respetarla, aplicarla y desarrollarla.

Para mayor cachondeo, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá rebajar la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones desde hace tres años no tiene en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo a aumentar será siempre el citado y ridículo 0,25% de la pensión.

Ante la petición de la oposición parlamentaria de que se aumenten las pensiones, Rajoy ha respondido que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Olvida Rajoy (sin referirnos por ahora a los miles de millones para Defensa camuflados en partidas de otros ministerios) que sí hay dinero, Dinero desviado, evadido o saqueado por su incompetencia, irresponsabilidad o complicidad. Olvida también (o simula no saber) que el Estado pierde cada año 150.000 millones de euros: 90.000 por corrupción y 60.0000 por evasión de impuestos. Cifras oficiales. ¿Porqué el gobierno que preside no se toma en serio acabar de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? ¿O, cuanto menos, reducirlos notablemente? Porque es posible.

¿Comprenden por qué las y los pensionistas están tan cabreados?

El FMI de nuevo contra la ciudadanía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Los medios al servicio de la oligarquía

Hace unos años, Ignacio Ramonet escribía que “los medios informativos, en general, aparecen como un problema para la democracia”. Y lo son en tanto no reflejan la veracidad, pluralidad y diversidad de la sociedad. Lo cierto es que los medios presuntamente informativos no informan. Para que la ciudadanía no pueda formar una opinión pública crítica y rigurosa. Y, por eso siembran temor y miedo con sus noticias. Para socavar la esperanza de la gente. Pues sin esperanza no hay resistencia y sin resistencia no se cambia este mundo.

Con la excepción de algunos medios digitales, que informan con honradez, veracidad y rigor, en el Reino de España gran parte de los medios desinforman. Con avalanchas de noticias negativas fuera de contexto y sin exponer jamás sus causas. Ese aluvión de datos y mensajes, que buscan asustar, que no informan, moldea una opinión pública timorata y resignada. Eso pretenden.

Donde se muestra nítida esa función disolvente que perpetran los grandes medios es cuando informan sobre atentados terroristas. Servido con innegable amarillismo y sensacionalismo, jamás analizan causas y contextos de los actos terroristas. Para sugerir a la postre, directamente o de modo camuflado, que para afrontar al terrorismo no hay más remedio que aceptar el recorte de libertades. Llevan quince años insistiendo, desde el atentado de Nueva York.

Pero, si se trata de evitar víctimas, resulta que hay víctimas de diferente categoría y, por lo publicado o emitido, las del terrorismo son las que interesan a los medios de persuasión. Así parece al conocer que, según la estadounidense Coalición Nacional pro Personas sin Techo, con sede en Washington, en Estados Unidos mueren de frío cada año unas 700 personas que viven en la calle. Que no es de extrañar pues, desde el inicio de la llamada crisis, ha habido diez mil desahucios semanales en ese país, lo que significa que miles de personas han sido expulsadas de su hogar y se han quedado en la calle. Y calcula esa Coalición que han muerto de frío desde 2008 más ciudadanos estadounidenses que en todos los ataques terroristas en territorio de Estados Unidos en 20 años, incluido el brutal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero esas víctimas mortales no interesan a los medios del sistema. Y así, el despliegue presuntamente informativo por atentados terroristas muestra las intenciones de los grandes medios presuntamente informativos: amedrentar a la gente para desmovilizarla.

Añadamos a ese amarillismo y ausencia de rigor el mantra reiterado, nunca demostrado, de que la única política económica posible es la de austeridad, recortes sociales, absoluta libertad de capitales, privatización de servicios públicos, moderación salarial e impunidad para agresores del medio ambiente, y ya tenemos el dibujo completo de la degeneración informativa en nuestros días. Más la suma de la banalización y frivolidad informativas para ganar lectores o audiencia usando emociones facilonas y epidérmicas, arrinconando el razonamiento, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, que ironizó el poeta.

Sin olvidar que también juegan sucio con las palabras. Ignacio Escolar nos advirtió hace tiempo del uso perverso del lenguaje para el control social y que cualquier manipulación empieza corrompiendo el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, sanidad o pensiones, pero denominan “inversión” lo gastado en construir autopistas, aunque sean tan inútiles e innecesarias como las radiales de Madrid.

Una de las últimas trampas del lenguaje de los medios al servicio de la oligarquía es el uso de “copago”. Cuando no es “copago” sino “repago”, porque el ciudadano que paga parte de un medicamento ya lo ha pagado con sus impuestos.

Una muestra histórica de corrupción de lenguaje es la perpetrada por Aznar para poder enviar tropas españolas a la guerra de Irak. Según la Constitución española, sólo el Jefe del Estado, autorizado por las Cortes, puede declarar la guerra. Para evitar las Cortes, Aznar utilizó “conflicto armado” para hacer… la guerra a Irak de Sadam Hussein con Bush y Toni Blair sin decirlo claramente.

En resumen, se mire como se mire, con honrosas excepciones, los medios se erigen en peligrosos enemigos de la ciudadanía. Una respuesta y acción de resistencia es utilizar los avances tecnológicos para crear nudos ciudadanos de información veraz y rigurosa, al margen de los medios convencionales. Y denunciarlos. Pero nunca ceder, nunca resignarse.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…