España a la cabeza de la UE por desigualdad

La Comisión Europea, es decir el gobierno de la Unión Europea, ha suspendido a España por su muy alta cota de desigualdad en ingresos de la ciudadanía. La sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. Más desigual que Bulgaria, más que la agredida y destrozada Grecia y más desigual que Lituania.

Lamentablemente el problema de la desigualdad es general, aunque España se lleve la palma. Según informa la Unión Europea, un 30% de los ciudadanos europeos (casi un tercio) no han recuperado todavía los niveles de igualdad que había antes de que estallara la crisis en 2007 y se extendiera como mancha de aceite. Y España, pese a la cacareada recuperación proclamada por el gobierno Rajoy, sus voceros y tiralevitas, está en una de las peores situaciones europeas de desigualdad.

La Comisión Europea asegura que el Reino de España apenas ha rebajado el riesgo de pobreza y exclusión social y que las personas empobrecidas son demasiadas. Y destaca los pésimos resultados de España en reducir la desigualdad y la pobreza por la ausencia de políticas sociales que merezcan tal nombre.

Por eso el Reino de España es campeón en abandono escolar, en jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes sin futuro (y por supuesto sin presente), en hombres y mujeres en riesgo de pobreza y exclusión, en pensiones insuficientes, en demasiadas personas con escaso nivel educativo… El Reino de España es el paraíso de la desigualdad en Europa.

Esa desigualdad se traduce en que casi 13 millones de personas en este país (y somos 46 millones) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo afirma el informe El Estado de la Pobreza. España 2017, documento con datos al día sobre el riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador que utiliza la UE, AROPE (por sus siglas en inglés de riesgo de pobreza).

El índice AROPE se basa en la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (ganancias económicas menores del 60% del ingreso nacional medio), Baja Intensidad del Empleo en Hogares (personas mayores de 18 años que solo consigan trabajar la quinta parte de posibilidades de empleo que necesitan en el último año) y Privación Material Severa, como no poder poner la calefacción, no poder pagar el alquiler mensual o no poder comer pollo dos veces por semana. La peor noticia del citado informe es que aumenta la privación material severa.

La cifra exacta en España de personas en riesgo de pobreza es 12.989.405. Casi 28% de la población total y cuatro puntos y medio por encima de la media europea del 23,4%. De esos casi 13 millones en riesgo de pobreza, un millón y medio de personas sufren pobreza severa. Lo que nos lleva a concluir que tal vez los datos macro-económicos de los que presume el gobierno hayan mejorado, pero la pobreza ha aumentado y los pobres no notan la recuperación en absoluto. Y no lo notan porque falla estrepitosamente la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de riqueza ha de hacerse por medio de  un sistema justo, progresivo y suficiente de impuestos que proporccione al Estado los recursos suficientes para asegurar una vida mínimamente digna a la población. Ese es el camino.

Pero resulta que, según datos de Erostat de presión fiscal en la UE en 2015, España está casi siete puntos por debajo de la media de los 19 estados de la Zona Euro. Si el volumen de impuestos recaudados fueran los de esa media de presión fiscal, España recaudaría 58.000 millones de € anuales más y habría más justicia.

¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, “lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

Disculpen la insistencia, pero necesitamos otra Unión Europea

La dimisión del primer ministro italiano Matteo Renzi, tras la victoria del No en el referéndum en Italia, más el inesperado Brexit de hace unas semanas, ha generado que medios, voceros y portavoces del sistema teman una inestabilidad institucional en la Unión Europea. Pero tal vez lo que preocupa a los de arriba, sea bueno para quienes están abajo. Veamos.

Hace once años, el canciller alemán Schröeder aseguraba que eran necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados económicos y sociales en la nueva Europa unida. Se cumplió, porque sí se han hecho grandes sacrificios. Pero siempre, los mismos. Funcionarios, trabajadores, empleados públicos, autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, los pobres y siempre las mujeres. Y los resultados no tienen nada de buenos para la mayor parte de la ciudadanía.

Unos años después, embarcada a la fuerza la mayoría ciudadana en la crisis, Oskar Lafontaine denunciaba que los mandatarios europeos desmantelaban el Estado social y hacían retroceder a Europa al siglo XIX. Se recortaban logros, derechos sociales y económicos, que tanto había costado conseguir, con la excusa barata de rebajar los déficits públicos. Empezaba la tiranía de la austeridad, convertida en señal de identidad de esta Unión Europea.

Ante la pasión de esta Unión Europea por limitar el déficit público, el economista Juan Torres nos ha recordado que el techo del déficit público del 3% del PIB no responde a criterio científico alguno. El 3% de PIB como máximo déficit público actual se lo sacó de la manga Guy Abelle, un funcionario francés, atendiendo una exigencia del presidente de la República de Francia, François Mitterrand, que quería  algo, una aparente norma fiscal, con la que frenar las demandas de más presupuesto de sus ministros. Solo eso.

Desde hace muchos años, esta Unión Europea no ha dejado pasar ocasión alguna para dejar muy claro al servicio de quien está, que no es precisamente el pueblo trabajador. Y, para hacerlo con comodidad, no ceja de vaciar de contenido y razón de ser la democracia que se supone es la materia prima con la que está construida la UE. ¿En serio?

Una prueba indiscutible de lo dicho es que en 2005 las ciudadanías de Francia, Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática: dijeron NO a la Constitución Europea. Pero los neoliberales constructores de su Europa, distrajeron como magos de feria a la ciudadanía con trucos, amagos y palabrería; olvidaron con alevosía la voluntad ciudadana que dijo NO y dieron el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa, que es lo mismo para el caso y para los intereses de la minoría dominante, porque afianza y remacha el Tratado de Maästricth, claramente al servicio del poder económico, especialmente el financiero, como se comprueba desde hace años.

Esta Unión Europea (que de modo alguno es la de la ciudadanía) ha castigado a la gente con una austeridad infame mientras inyectaba millones y millones de euros para salvar a una banca responsable de la llamada crisis. Como actuó la UE en la crisis de Grecia fue el expositor más claro de esa deriva. Sobre esa grave crisis, el Nobel de economía Stiglitz acusó a la Unión Europea de haber impuesto una estrategia económica catastrófica a Grecia para obligar a arrodillarse al Gobierno progresista de Syriza. Y añadió el Nobel no recordar depresión económica alguna tan deliberada y desastrosa como la de Grecia, evidentemente por culpa de la Unión Europea.

Sirva el aserto de base, con los hechos antes expuestos, para evaluar si esta UE conviene o no a la gente común. Pues, por si no fuera suficiente, esta UE ha levantado una fortaleza carísima contra inmigrantes y refugiados y ha enviado al infierno los derechos y garantías sociales de la gente. Sin olvidar que el Tratado de Lisboa, que sustituyó a la negada Constitución europea, se coció en comités oscuros y secretos. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo intervinieron. Porque para la minoría dominante en esta UE, la ciudadanía es un decorado o, cuanto más, una masa de extras y figurantes.

Y, mientras no cesa la austeridad, se reducen los ingresos públicos y la elusión y evasión fiscales campan a sus anchas. ¿Es casual que en esta UE sigan impunes Andorra, Gibraltar, islas británicas del Canal de la Mancha, Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres? Paraísos fiscales comprobados, donde con cabriolas, atajos y trampas financieras consiguen que los ricos paguen muchos menos impuestos.

Entonces ¿para qué quiere el pueblo trabajador esta Unión Europea?

Este mundo capitalista neoliberal no funciona ni en sueños

El historiador Josep Fontana ha descrito la crisis con veraz lucidez: “Empezó en verano de 2007 como problema local de Estados Unidos, pero enseguida afectó al mundo entero y dejó sin trabajo, sin vivienda ni recursos a millones de personas, condenando al hambre a muchos millones más. Los responsables de provocarla con sus especulaciones pretendieron que la crisis era por excesiva intervención del gobierno y excesivo coste social. E impusieron la austeridad presupuestaria como única solución para salir de la crisis”.

No salimos. Fue mucho peor. Como explica Marco Antonio Moreno, nueve años después las bolsas bajan y los estados petroleros pasan apuros por el descenso del precio del crudo, mientras “la recesión mundial, que ya está aquí, provoca miles de despidos de trabajadores de banca en Alemania, la Eurozona no levanta cabeza, Grecia moribunda, Francia enferma, Alemania afectada y España débil”. Más un desempleo que no cesa o deviene trabajo precario muy mal pagado.

Algo va mal cuando la ONU, Banco Mundial y FMI coinciden en que se ha frenado la economía. Y preocupa que China dé sustos un día sí y otro también, tras haber sido la gran esperanza económica de Occidente por su continuo crecimiento (hasta ahora) en tanto que la recesión amenaza a Brasil y a Rusia, también grandes promesas de sacar del hoyo al capital.

Por su parte, el FMI rebaja otra vez sus previsiones de crecimiento global porque el de los países emergentes es bastante menor que el pronosticado. Además, cabe señalar que los informes periódicos del FMI en los últimos treinta meses insisten en el empeoramiento de la situación. El denominador común de los informes es que el crecimiento es demasiado lento durante demasiado tiempo.

En enero de este año, el economista Alejandro Inurrieta pronosticaba que las perspectivas económicas globales para 2016 no eran nada halagüeñas y muchos economistas reconocían que en 2016 podría haber un retroceso económico considerable. Joaquín Estefanía describe con acierto el momento económico actual como “coqueteo con otra gran recesión” porque, insiste el periodista, “la economía mundial reduce aceleradamente su ritmo de crecimiento y los pocos organismos globales de gobernación miran hacia otro lado. Como si otra gran recesión no fuera posible. Y posible es, bien porque se reactive la crisis nunca resuelta de 2007, bien porque estalle otra de burbujas de activos y, sobre todo, la enorme burbuja de la deuda. Deuda pública y privada mundial que ya es casi el 300% del PIB global”.

Que los organismos globales de gobernación nada hacen lo demuestra el G20. Constituido en 2009 por los siete países más ricos del mundo, más Rusia, once países emergentes y la UE, su propósito era convertirse en foro de debate económico mundial para encontrar soluciones. Pero seis años después no han debatido nada que valga la pena ni contribuido un ápice a salir del agujero en el que está el mundo.

¿Qué ha hecho el G20? Recurrir a las máquinas de imprimir billetes y mantener tipos de interés bajos por medio de los bancos centrales. Pero no parecen políticas eficaces cuando el crecimiento mundial es menor que al empezar la crisis en 2007. Por cierto, habría que reflexionar a fondo qué tipo de crecimiento se necesita.

Afrontar el desaguisado económico no es trabajo de bancos centrales. Exige decisiones y actuaciones políticas. Como poner en marcha un cambio de fiscalidad y acabar con las fiscalidades regresivas perpetradas en los ochenta, mantenidas y aumentadas para favorecer a una minoría muy reducida que acumula riqueza de modo obsceno y peligroso, además de poner cerco a los nefastos paraísos fiscales.

Y decidirse de una vez a regular y controlar las transacciones financieras contra la desaforada especulación con deuda, seguros, inmuebles… Pues desregulación y ausencia de control hacen imposible superar la crisis y que pueda haber otra recesión.

Permitir que banca comercial y de inversión se unieran hace unos años, además de suprimir cualquier control de compra y venta de activos futuros y derivados, dejó la puerta abierta de par en par a la más desaforada y destructiva especulación financiera. Y de aquellos polvos, estos lodos. O cambiamos algunos principios y reglas de juego, se va abandonando el neoliberalismo, o esto no hay quien lo arregle. Lo demás son paños calientes, marear la perdiz o tomar el pelo.

Plan B alternativo para construir una Europa democrática

El movimiento contra la austeridad presupuestaria cuajó en Europa tras la humillación a Grecia. Una despótica Troika condenó al pueblo griego a la pobreza, incertidumbre y sufrimiento, en tanto seguían los ataques contra el estado social en Europa del Sur con el pretexto de reducir el déficit público. Meses después nacen en Europa propuestas de confluencia de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y políticas contra la austeridad criminal que impone esta Unión Europea (UE).

Muy oportuno, porque, tras el triunfo del No a la austeridad en el referéndum griego, el nada fiable presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sentenció inapelable que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”. Y así destapó con una nitidez indiscutible la Europa autoritaria. La de la élite gobernante al servicio de la minoría que detenta el poder económico y financiero. Para el presidente de la Comisión los tratados que conforman esta UE son como Dios. Pero hoy, el resultado comprobado de esta Europa bajo la dictadura neoliberal es que los tratados han logrado que los ricos sean más ricos, crezca la desigualdad y aumenten los pobres que son más pobres. Lo peor es que esta Unión utiliza la crisis  para desposeer sistemáticamente a las clases trabajadoras europeas en beneficio del poder económico y financiero. Por medio de sistemáticas rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales más brutales recortes sociales de los presupuestos de los Estados, que significan violaciones permanentes de derechos del pueblo trabajador.

Son tres las iniciativas que busca construir una alternativa contra la criminal austeridad de esta Unión Europea: Por un Plan B en Europa, Austerexit y Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25). ¿Se organiza por fin la oposición y resistencia europeas contra esta Unión? Veremos. Sus proyectos buscan en primera instancia eliminar el destructor Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno y acabar con el chantaje permanente a los gobiernos nacionales. Sin embargo, no todos quienes están contra la desintegradora austeridad ponen en cuestión el sistema económico que hace posible esta Europa. ¿Es posible cambiar Europa sin cuestionar ni erosionar el capitalismo?

Hay además dos posturas políticas diferentes de esta oposición que parece nacer con ganas de organizarse y crecer. Terminar con el euro y sus estructuras. O democratizar Europa, sin que mantener el euro o no sea prioritario. ¿Será esa diferencia como ocurre en la fábula de Samaniego en la que dos conejos discuten si les perseguían galgos o podencos hasta que los perros los sorprendieron despistados y los devoraron?

Desde luego nada será posible si la ciudadanía no sale a las calles. Cambiar esta Unión Europea no es cuestión de camarillas ni de líderes iluminados. Nada se logrará si organizaciones y movimientos sociales, ciudadanos y políticos no se convierten (metafóricamente) en tropas de asalto por una revolución democrática que construya una nueva Europa. Se podría empezar creando una red de municipios rebeldes y desobedientes y actuar en conjunto, así como trabajar con paciencia y tesón para que los sindicatos europeos se pongan en marcha, abandonen el papel secundario de buen rollito de los últimos años y recuperen la combatividad propia de sindicatos de clase y dejen de ser actores de reparto, extras o figurantes del sistema.

Una primera acción común mostraría la solidez del movimiento de oposición a esta Unión Europea. Por eso, el 28 de mayo, aniversario de la Comuna de París, se ha convocado una gran movilización por otra Europa en más de cien ciudades europeas. El éxito de esta movilización medirá en parte la fuerza del movimiento que nace para romper la actual arquitectura europea.

Es tiempo de construir el proyecto de otra Europa, no de reformas cosméticas. No habrá más justicia ni mas democracia en Europa sin desobedecer las reglas de juego de esta UE hasta eliminarlas. No habrá cambio sin desobedecer ni quebrar la política al servicio del poder financiero. No habrá otra Europa sin cuestionar el sistema capitalista, sobre el que se asienta esta Unión, para construir otro sistema.

El Plan B avanzará si se desobedecen tratados y techos de déficit. Y para logralo es preciso que la gente se mueva. Lo sintetiza Alberto San Juan cuando asegura que “sin movilización en las calles ningún partido cambiará nada. Es tiempo de volver a las plazas”. Esta UE no se arregla con reformas. Porque no es reformable. Es imposible gobernar a favor de la ciudadanía con los tratados y normas de esta Unión. Se necesita una revolución que ha de ser no violenta y democrática radical. Vía difícil, costosa y acaso lenta, pero nunca imposible. ¿Acaso no ha habido cambios en la Historia?

Y no nos confundamos. No es un problema de España contra Alemania o al revés. Es el pueblo trabajador europeo de todos los países miembros contra las élites políticas y económicas que lo explotan. Por eso es momento de tejer alianzas y redes contra la austeridad en España, Italia, Grecia, Portugal… Y sumar más y más para que crezca la desobediencia contra la dictadura de las élites.

Otra Europa, una utopía que puede hacerse realidad

La Unión Europea entregará unos miles de millones de euros a Grecia en tres años. Siempre y cuando haya más recortes, pensiones rebajadas, más privatizaciones, menos derechos laborales, más despidos y rebajas salariales en la administración pública, además de aumentar el IVA. Esta Europa no es la del pueblo trabajador. En absoluto. Ignora sus intereses y derechos por sistema. A España, Portugal, Irlanda e Italia, como a Grecia, no les interesa esta Europa a medida de Alemania, Francia, Holanda y otros países ricos. Matizo: al servicio de sus élites. Porque a los trabajadores de esos territorios tampoco les beneficia esta Europa de la desigualdad que avanza.

El Nobel de economía Stiglitz ha acusado al Eurogrupo de imponer una estrategia económica catastrófica para obligar a arrodillarse al Gobierno de Syriza. “Europa ataca a la democracia griega -denuncia- porque la verdadera naturaleza del conflicto de la deuda es más sobre quien tiene el poder que sobre dinero y economía”. Y añade no recordar depresión económica alguna tan deliberada ni con consecuencias tan catastróficas como la de Grecia por culpa de la Troika. Pero aún peor es que el nuevo dinero de la UE (a tan alto precio) irá al sector financiero. Una vez más. Y en España debería saberse que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, has de poner las tuyas a remojar, aconseja el refranero castellano. Puede ocurrir algo semejante y hay que prepararse.

Sobre la austeridad en Europa, el historiador Josep Fontana afirma que es comparable desde el punto de vista económico con los campos de concentración nazis. Dice que “los campos de concentración nazis no eran en primera instancia un lugar de exterminio, sino organizaciones industriales gestionadas con criterios económicos especiales. Para obtener los máximos beneficios. La propia aniquilación de judíos se pensó con criterios de rentabilidad. El secreto de la rentabilidad era utilizar hasta agotar a trabajadores que apenas costaba mantener y exterminarlos cuando no eran útiles. Eliminar costes improductivos garantizaba una alta competitividad”. ¿Les suena?

El historiador concluye que hay semejanzas entre el funcionamiento económico de los campos y las políticas de austeridad que se imponen sí o sí. Ambos buscan minimizar costes del trabajo y eliminar los gastos de mantener a quienes ya no producen. Los nazis usaban las cámaras de gas, los neoliberales europeos, las contrarreformas y la supresión del estado de bienestar. No es método igual, cierto, pero el resultado buscado es el mismo.

Analizando políticas neoliberales, Isabel Ortiz y Matthew Cummins en su investigación “La era de la austeridad, una revisión del gasto público y las medidas de ajuste” muestran las consecuencias de la austeridad impuesta en 181 países. Rebaja de salarios públicos en 97 países, reducción o eliminación de ayudas en 100 países, aumento de impuestos indirectos en 94, rebaja de pensiones y recortes en salud pública en 86, menos protección social en 80 países y despido libre en 32 según el FMI o 40 países según la OIT. La ofensiva total del neoliberalismo. Políticas que jamás han generado empleo estable ni recuperado el crecimiento ni mejorado el nivel de vida.

¿No cabe pensar ya en otra Europa que nada tenga que ver con competitividad, crecimiento exponencial, reducción de costes laborales y beneficios como máxima prioridad? ¿No es hora de otra Europa sin Juncker, Merkel, Tusk, Dijsselbloem, Schäubel y demás ralea? En la UE un 75% no cree que las cosas vayan bien, solo una cuarta parte de ciudadanos confía en su gobierno y dos tercios no se fían ni un pelo de la propia Unión. Hay qué dar otro paso. Olvidarnos de esta UE para empezar a construir otra más justa, más democrática. Otra Europa que no esté al servicio del sector financiero, los mercados y las transnacionales.

¿Utopía? Cuando un grupo de mujeres británicas se organizó en 1903 para reivindicar el voto femenino, fueron tachadas de locas. Utópicas. Hoy, aunque resta mucho para la emancipación total de las mujeres, se ha avanzado. Porque la justicia y la libertad no es una veloz carrera de 100 metros sino una paciente maratón.

¿Otra Europa más decente es utopía? Tal vez, si utopía, como describe el Diccionario de la Lengua, es lo ‘irrealizable en el momento en que se propone’. No para siempre. Como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se consigue. En realidad, utopía es el escenario que será. El que haremos posible.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU, una seria amenaza

No se informa ni se comenta públicamente. Pero los gobiernos de la Unión Europea y EEUU negocian en el más absoluto secreto un tratado de libre comercio entre ambas potencias. Lejos de luz y taquígrafos, casi inexistente para periódicos e informativos de radio y televisión, solo los gobiernos y algunas multinacionales saben qué se cuece.

Cuando se ha filtrado algo al rtespecto, solo se ha hablado de las grandes ventajas del tratado. Como aumentar un 1% el PIB de la Unión Europea, 110.000 millones de euros para las haciendas europeas y 95.000 millones de dólares para la de EEUU… Cálculos de macro economía en los que nunca figuran impactos negativos laborales, sociales o medioambientales.

No hay tales ventajas y beneficios como pretenden pues disponemos de precedentes esclarecedores. En América Latina, en los noventa, EEUU quiso establecer un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el mantra del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado, que no se logró, era imponer el credo neoliberal, las nefastas medidas del Consenso de Washington. Políticas para el descarado beneficio de las élites económicas y financieras.

Al no conseguirlo, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y un tratado con México y Canadá. Como dan fe las hemerotecas, este último tuvo consecuencias devastadoras para los sectores agrícola e industrial mexicanos, provocó una intensa y abundante migración de México hacia EEUU y limitó las posibilidades de desarrollo de aquel país. No le fue mucho mejor a Perú, Colombia y Chile, que han visto crecer sus cotas de desigualdad y no eliminan la pobreza histórica.

Para conocer qué puede significar el tratado de Europa con EEUU, disponemos además de un antecedente próximo; la negociación del tratado de libre comercio de EEUU con once países costaneros del Pacífico, desde Japón hasta Nueva Zelanda.

WikiLeaks ha conseguido y publicado un borrador de ese Tratado de Asociación Transpacífico y no pinta bien. Para empezar, pretende que los servidores de Internet actúen como policías y jueces que eliminen contenidos de la Red si parecen perjudican los derechos de autor. Más una especie de tribunales internacionales en defensa de tales derechos que ignorarán las soberanía y tribunales nacionales.

En ese tratado, EEUU pretende implantar las posturas más reaccionarias sobre propiedad intelectual así como su perversa aplicación en la industria farmacéutica. De lograrlo, el tratado Transpacífico provocará un aumento de precio de muchos medicamentos e impedirá el acceso universal a ellos. Incluso pretenden que se patenten procedimientos médicos; es decir, intervenciones quirúrgicas o métodos de diagnóstico serían propiedad de alguien y no podrían ser utilizados universalmente por los centros sanitarios públicos, salvo que paguen a la entidad o empresa dueña de la patente.

Hay mucho más, pero sirva lo dicho como botón de muestra.

En Europa, la Comisión Europea reconoce el dañino impacto comercial que provocará el tratado de libre comercio en los sectores de producción de carne, fertilizantes, bioetanol, azúcar, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, metalurgia, productos de madera, papel y comunicaciones. Según la práctica y lógica neoliberales, esos sectores aplicarán duros ajustes para competir con EEUU, ajustes que se traducirán en millones de trabajadores al paro.

Además EEUU quiere eliminar o reducir severamente las leyes de protección social y del medio ambiente, más exigentes en Europa. Por no hablar de la grave amenaza del tratado para la libertad de expresión en Internet a cuenta de la presunta protección de los derechos de autor.

Y, aún peor, el tratado crearía un arbitraje especial para atender las demandas de las corporaciones e inversores internacionales contra los gobiernos europeos cuando consideren que tienen menos beneficios por culpa de sus leyes de salud pública, medio ambiente o protección social. Sin olvidar un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López que muestra que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes«. ¿Entonces?

Por más que se vista de seda, el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU (como el Transpacífico, como el de México) busca la total desregulación e intocable libertad para las corporaciones multinacionales en su insaciable búsqueda de beneficios.

Lo ha dicho Stiglitz: una zona de libre comercio entre EEUU y Europa significa un comercio desigual y predador al servicio de la élite económica. En Costa Rica, una gran movilización social impidió la firma de un tratado bilateral de comercio. Ese parece el camino, aunque no sea fácil.