La Unión Europea como Plutocracia

Si democracia es el gobierno del pueblo (demos), plutocracia es el de los más ricos (ploutos). Esta sencilla aclaración etimológica permite decir hoy con toda justicia, a la vista de los hechos de los últimos años, que esta Unión Europea está descaradamente al servicio de la minoría que detenta el poder económico en Europa. Una sociedad gobernada o controlada por la minoría de los miembros más ricos que apenas son unos cinco millones de personas. Contra más de 500 millones.

Tan convencida afirmación proviene del conocimiento de que la última de la Comisión Europea es excluir a los parlamentos nacionales de la aceptación o no de los tratados comerciales bilaterales que se negocien. Tratados comerciales cuya aplicación causa a la ciudadanía graves problemas de atención a la salud, reducción de derechos laborales y agresiones al medio ambiente entre otras consecuencias muy negativas. Pero permite aumentar más los beneficios de corporaciones y multinacionales.

A esta Unión Europea le sobra la democracia y la esquiva, manipula o suprime en cuanto puede. Buena muestra de eso es ver quien manda en la UE. Manda la Comisión Europea que no es el resultado de una mayoría parlamentaria democráticamente elegida sino de acuerdos y chanchullos de los gobiernos de la eurozona, con especial influencia de los de los países más ricos, como Alemania o Francia. Pero de elección democrática, nada.

Más muestras de plutocracia. En 2004 se puso a votación la Constitución Europea y fue rechazada por las ciudadanías de Francia y Holanda, pero no se inició después un debate para elaborar otra Constitución o corregir los desacuerdos de la primera. No. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó el Tratado de Lisboa en esa ciudad para sustituir la Constitución europea rechazada. La Comisión Europea se pasó por el forro el rechazo electoral de las ciudadanías francesa y holandesa y, si no quieres caldo, dos tazas. Habrá la Constitución que queramos y la llamamos Tratado de Lisboa.

Hay dos frentes fundamentales que muestran el establecimiento de la plutocracia en la Unión Europea: la fiscalidad (los impuestos que se pagan o dejan de pagar), y los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión. Ambos de gran repercusión en las vidas de los europeos y europeas de a pie, de la inmensa mayoría ciudadana.

Ahora la Comisión Europea propone dividir los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para evitar el veto de los parlamentos, como sucedió en Valonia cuando esa región belga autónoma rechazó al acuerdo comercial de la UE con Canadá porque vulneraba gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Valonia votó en contra porque ese tratado deterioraba los servicios públicos, perjudicaba la agricultura y violaba derechos laborales. De las consecuencias perjudiciales de esos tratados bilaterales para le gente común supo la ciudadanía al conocer el contenido de tratados como el TTIP de la UE con EEUU.

El nuevo plan de la Comisión Europea es negociar acuerdos comerciales sólo de competencias exclusivas de la UE y separar los acuerdos de inversión. Así los acuerdos comerciales entrarían en vigor sin intervenir los parlamentos nacionales y regionales. Quieren aplicar ese método en la negociación de acuerdos bilaterales de la UE con Australia y Nueva Zelanda.

Otro frente en el que la minoría rica ha desplegado una gran ofensiva (tan importante como lo fue militarmente el desembarco en Normandía) es el de los impuestos. Impuestos que las grandes empresas y grandes fortunas evaden o eluden. Así los grandes beneficios de las multinacionales viajan de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o España a Irlanda (12% de impuesto máximo de sociedades). De Irlanda se desvían a Holanda (1% de tasa) y de Holanda van a parar a las islas Vírgenes o a Delaware en EEUU, donde sencillamente no pagan impuestos. Por eso es posible, por ejemplo, que en Reino Unido, en 2005 y 2006, 466 grandes empresas de las 700 mayores del país pagaran solo 15 millones de libras de impuestos por beneficios. Las 436 restantes no pagaron nada, aunque tuvieron beneficios.

Como denunció el Nobel de economía Stiglitz hace años, los ricos usan su dinero para asegurarse políticas, medidas y ventajas fiscales que les permitan ser más ricos. Por esa razón algunos estados de la Unión Europea (con especial relevancia de Luxemburgo) han firmado cientos de acuerdos con corporaciones y multinacionales para que paguen muchos menos impuestos de los que debieran. Por eso es adecuado decir que estamos en una plutocracia, una sociedad donde dominan los ricos aunque sean muy pocos.

Hace doce años, antes de la crisis, escribí en este blog que tras tantos años, vicisitudes, retóricas hueras y fuego de artificios para ocultar lo que ocurría y las intenciones reales de los poderosos, se cumplían otra vez los análisis y conclusiones de Marx. Una minoría muy minoritaria obtiene como sea el máximo beneficio de la mayoría depredándola, explotando a la mayoría. Como reconoció Warren Buffett (uno de los seis hombres más ricos del mundo) a un periodista de The Wall Street Journal al estallar la crisis: “claro que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que gana”.

Habrá que hacer algo y dar la vuelta a la situación.

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CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

La victoria de Macron ha sido elegir entre lo malo y lo peor

Las elecciones presidenciales francesas revelan agotamiento democrático, síntoma del progresivo vaciado de la democracia que sufrimos desde hace tres décadas. En Francia había que elegir entre lo malo y lo peor; un neoliberal austericida o una fascista xenófoba. Algo va muy mal con este sistema en el que la gente solo ejerce su soberanía ciudadana cada equis años.

El presidente Emmanuel Macron es un Felipe González galo. Emboscado en retórica vibrante y sonora, oculta sus intenciones (¡ese estilo González tan conocido por los españolitos!) y recurre al gastado truco de que la virtud está en el medio. En el centro. Pero ese ‘centrismo’ amenaza con otra ‘reforma’ laboral. Macron dijo de la perpetrada por Hollande que iba en la buena dirección, pero era insuficiente. Si ese ataque en regla contra los trabajadores que era la propuesta de Hollande es poco para Macron, ¿cómo será ‘su reforma’?

Una abstención récord de más del 25% y un volumen histórico de votos en blanco y nulos del 12% muestran que casi 4 de cada 10 franceses no se fían ya del tinglado en que ha devenido la República. Así lo muestra también un sondeo de France Info según el cual el 61% de la ciudadanía francesa no quiere que Macron tenga mayoría absoluta en la cámara legislativa. No se fían.

Macron ha dicho tener ’un plan de choque’ para regenerar la política francesa. Pero sin control del Parlamento, pues tomará medidas por decreto. Muy democrático. ¿Esa regeneración supone lucha contra la corrupción? Excelente disfraz y aún mejor distracción, pues la actuación de los neoliberales contra la corrupción nunca llega al fondo ni la reduce ¿Cómo han de acabar con la corrupción si conforma el sistema? Pero discursear contra la corrupción funciona porque distrae al personal y maquilla las medidas antisociales que se avecinan.

¿Hay que explicar a quién sirve Macron? El nuevo presidente francés, por ejemplo, quiere que las negociaciones laborales sean empresa por empresa. Nada de negociar por sectores y aún menos convenios colectivos. Pero negociar empresa a empresa desarma al movimiento obrero y debilita a los trabajadores. Por eso Macron quiere cambiar las reglas de juego. Además, Macron pretende adelgazar el Estado eliminando más de 125.000 empleos públicos, pero no policías ni soldados, al revés, contratará a 11.000 nuevos policías y creará una fuerza de intervención rápida en el mundo que huele a imperialismo de la más baja estofa.

Para maquillar sus propósitos antisociales, Macron promete formación profesional para parados y jóvenes y reforzar el seguro de desempleo. Pero habrá que ver como lo paga, pues bajará impuestos a las empresas… para favorecer la contratación. Dice. Pero ese tocomocho lo conocemos en España, donde la reforma laboral del Partido Popular ha logrado que la mayor parte del empleo sea temporal y precario, mientras crecen desigualdad y pobreza hasta niveles desconocidos en el último cuarto de siglo. Eso explica que haya 15% de personas con empleo pero pobres. Pues eso es lo que promete Macron. Y, para que no haya duda sobre sus intenciones, reducirá 60.000 millones de euros el gasto social.

ATTAC-Francia ha advertido de que el programa de Macron es netamente ultraliberal y de que su Presidencia será como si la República fuera presidida por bancos y multinacionales, mientras crecen las crisis social y ambiental.

Además, Macron no frenará al Frente Nacional; al contrario, su Presidencia fortalecerá a la derecha, a la minoría que detenta el poder económico, que, por cierto, también está con Le Pen. ¿Acaso Hitler, Mussolini o Franco no estuvieron al fiel servicio de grandes empresas y grandes capitales? Ahí están IG Farben, IBM, Volkswagen, Siemens, BMW, Siemens, Krupp y muchas más a las que favoreció sin el menor disimulo el régimen nazi, por ejemplo. Puro capitalismo

Pero desvela a quien sirve Macron con su deseo de firmar el acuerdo de comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá, el CETA, que dejaría el comercio en manos de las voraces multinacionales. Si llegan a estar vigentes los tratados bilaterales (TTIP, TPI, CETA…) vaciarían del todo la democracia y mandarán las multinacionales.

Como recuerda ATTAC-Francia, el Presidente electo es un ultra-liberal, amigo de financieros, bancos y multinacionales, y advierte que, de permitirle gobernar a su antojo, rebajará los derechos del pueblo trabajador hasta convertirlos en sombra y acabará con lo que queda del estado de bienestar. Pero ahora el pueblo francés puede hacer que Macron no disponga de mayoría suficiente en las próximas elecciones legislativas, que ya sería un freno. Votando a la izquierda.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.