CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

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La ofensiva del poder económico-financiero contra la democracia

Los tratados de libre comercio, y en especial el TTIP (entre EEUU y la Unión Europea), son una seria amenaza para el pueblo trabajador. Ese TTIP supondrá, por ejemplo, una violación sistemática de derechos de los trabajadores, porque EEUU no acepta las reivindicaciones básicas de derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo y la armonización de normas negociada en el TTIP será a la baja. Se impondrá la postura estadounidense de no reconocer la mayoría de derechos laborales. Porque quienes negocian ese tratado consideran los derechos de los trabajadores “barreras” para el libre comercio.

Además, el TTIP prevé crear un “consejo de cooperación reglamentaria” que podrá determinar si los proyectos de ley de los gobiernos perjudican intereses de empresas transnacionales. Y hacerlos retirar, pasándose por el arco de triunfo la soberanía de los legítimos parlamentos que legislan. Además quieren crear unos pretendidos tribunales internacionales para conflictos entre inversores (grandes empresas, corporaciones transnacionales) y gobiernos. Pero hay trampa. Únicamente pueden demandar las empresas y esos ‘tribunales’ solo son tríos de abogados privados carísimos sin ningún mandato ni legalidad democráticos. Una mafia cerrada de hecho.

Por otros tratados bilaterales (que también establecen esos falsos medios de resolución de conflictos), tenemos un amplio conocimiento de como actúan esos falsos tribunales: dictando sentencias mil millonarias de indemnizaciones contra los Estados por pretendidos perjuicios a los beneficios de las empresas. Le pasó al gobierno de Uruguay, por ejemplo, demandado y sancionado por uno de esos falsos tribunales con una multa enorme por decretar que se informará en los paquetes de cigarrillos que el tabaco perjudica la salud.

Pero, como si el Tratado no fuera bastante amenaza, la Comisión Europea pretende crear una Unión de Mercados de Capitales. Para financiar empresas. Dicen. Mercados de capitales no son bancos ni tienen oficinas o sucursales en pueblos y ciudades. Son fondos de inversión, fondos buitre, fondos de pensiones, mercados de divisas, mercados de acciones, de bonos, aseguradoras… ¿Que pretende la Comisión?

Según un Libro Verde donde expone su plan, lo prioritario es “detectar y suprimir las barreras y obstáculos que dificultan la financiación de la inversión en la Unión”. ¡Alarma! Porque cuando la Comisión Europea suprime lo que cree impedimentos para la economía, al final lo paga la ciudadanía. Solo hay que repasar los últimos años de historia europea para comprobarlo.

Esa Unión de Mercados de Capitales significaría la completa financiarización de Europa. Es decir, que todo (tangible o intangible, con valor presente o futuro) se puede comprar y vender como producto financiero. Productos del trabajo y servicios transformados en activos financieros. Para especular. No olvidemos que el aumento del hambre en 2008 (con las muertes consiguientes) fue por la especulación con precios de alimentos básicos en los mercados de capitales.

La historia reciente demuestra cuán destructora ha sido la financiarización de la economía, porque va acompañada de la desregulación. Y ya sabemos cuánto cuesta la ausencia de reglas. Por cierto, en el Libro Verde de la Comisión, la regulación de la actividad financiera y el control de los mercados de capitales brillan por su ausencia, no se propone en lugar alguno regular y controlar capitales y transacciones financieras.

Esta crisis es consecuencia directa de la financiarización desregulada. Para los olvidadizos, empezó con una masiva titulización de activos (agrupación de activos financieros en un nuevo producto). Se les llamó títulos ‘tóxicos’ porque contenían préstamos hipotecarios incobrables, camuflados hábilmente en los títulos con otras deudas. ¿Resultado? La mayor crisis de la historia del capitalismo. Billones de euros aportados por los estados para salvar a la banca del hundimiento y pretexto para una austeridad criminal que ha empobrecido a más de medio mundo. Por eso saltan las alarmas al saber que la Comisión tiene como objetivo prioritario “fomentar la titulización de alta calidad” con esa Unión de Mercados de Capitales. ¿Qué otras burbujas no estallarán?

Si se crea la Unión de Mercados de Capitales, y no se impide la firma del TTIP, Europa retrocederá a la Edad Media política. Porque las soberanías nacionales se irán por el desagüe y la ciudadanía y los Parlamentos no pintarán nada. Los mercados decidirán más que nunca y la democracia se convertirá en ritual, liturgia. Atados de pies y manos Parlamentos y Gobiernos por el TTIP y la libérrima actuación de los mercados, unos pocos decidirán lo que a todos atañe en función de los intereses de esa minoría. Porque el poder económico y financiero no quiere que la ciudadanía haga valer sus derechos con los medios que la democracia proporciona. Porque va contra sus beneficios. Ya no recurren a golpes de estado violentos ni a dictaduras militares. De momento. Pero asaltan la democracia con el rodeo de los tratados y la financiarización total. Para vaciarla de contenido.

Y para que no haya duda alguna al respecto, recuerdo aquí que en mayo de 2013 un informe de la poderosa banca de inversión JP Morgan Chase reclamaba derogar las Constituciones Democráticas que se aprobaron tras la Segunda Guerra Mundial en algunos países europeos e imponer regímenes autoritarios en su lugar.

Democracia y poder económico y financiero son directamente incompatibles. Algo tendremos que hacer.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.