Contra la manipulación y la corrupción de las palabras que buscan dominarnos

Hablar de corrupción del lenguaje, de manipulación de las palabras, no es solo un tema académico u objeto de debate universitario, que también. Es cuestión altamente política que tiene que ver con que una clase domine al resto de clases y, sobre todo, a la clase trabajadora. Por eso estoy de acuerdo con Miguel Ángel Rus, editor de Irreverentes, cuando asegura que “para cambiar el mundo, tenemos que recuperar el significado de las palabras”. El lenguaje es un arma con doble filo. Para construir la conciencia crítica colectiva y cambiar las cosas para bien. Pero también se utiliza de modo artero para reducir, bloquear, impedir o destruir esa conciencia crítica. Y, por tanto, retrasar el cambio necesario hacia un mundo mucho menos desigual, más justo y decente hasta alcanzar la equidad.

Un nivel elemental de corrupción de las palabras es ocultar o disfrazar la realidad con eufemismos. No llamar a las cosas por su nombre. Una palabra es un significante con un significado. La perversión del lenguaje destruye la correspondencia entre ambos y finalmente la presunta comunicación es una torre de Babel en la que se confunden realidades y palabras.

La manipulación y corrupción del lenguaje (herramienta principal de las élites para imponer su hegemonía cultural) cambia o distorsiona el significado de las palabras. Y así, el paro se convierte en ‘tasa natural de desempleo’; la emigración de jóvenes desesperados por no encontrar empleo en España en ‘movilidad exterior’. La recesión es ‘crecimiento negativo’; el rescate bancario es ‘línea de crédito favorable’; la rebaja de salarios es ‘devaluación competitiva interna’; los despidos sistemáticos son ‘flexibilidad laboral’; ‘las viviendas embargadas son ‘activos adjudicados’; el cierre de empresas es ‘cese de actividad’; la crisis es ‘desaceleración del ciclo económico’; el robo de dinero público es ‘desvío irregular de fondos’ y los recortes y violaciones de derechos sociales pasan a ser ‘reformas estructurales’… No es cualquier cosa ni algo inocente, porque el uso reiterado del eufemismo suaviza la realidad que es dura e incluso criminal y abona la extensión de un peligroso mito colectivo que se concreta en el ‘no hay para tanto’ o ‘no hay nada que hacer’.

Insisto, no es debate lingüístico o académico sino político. Según nos explica Gramsci, el poder de la clase dominante se basa en muy gran medida en la hegemonía cultural que ejerce sobre las clases sometidas. Impone sus valores, principios y ‘verdades’ en detrimento de los de la mayoría social dominada. Lo hace por medio del sistema educativo, la industria de la cultura y los medios de comunicación. Para que la mayoría acepte someterse y ser explotada como algo natural y conveniente. Y hoy, además, ser desposeída de la mayor parte de sus rentas, esencialmente sociales. La mal llamada austeridad fiscal se basa en un cúmulo de falsedades económicas, fiscales y contables que tienen en la corrupción del lenguaje un poderoso aliado.

Además de la manipulación del lenguaje, las élites y sus voceros recurren cada vez más lisa y llanamente a la mentira. Pura y dura. Como insistir en que el aumento de las deudas públicas de los estados es por exceso de gastos sociales. Cuando está ampliamente documentado que las deudas públicas han crecido de modo desorbitado porque los gobiernos rescataron la banca con cantidades milmillonarias tras el estallido de la crisis financiera.

Un caso muy actual de mentira en el Reino de España, además de insufrible desfachatez, son las declaraciones de portavoces del PP de ser éste el partido que más actúa contra la corrupción política y con mayor contundencia. ¡Para llorar de rabia!

Y no me digan que estas cuestiones no son importantes porque, de no disponer de hegemonía comunicativa, por ejemplo, el Partido Popular no tendría siete millones de votantes de los que muchos son trabajadores, asalariados. No hay siete millones de ricos en este país ni de clase media real.

Los medios de comunicación (una base de la hegemonía cultural de las élites) buscan legitimar el discurso de éstas ocultando sus intereses reales bajo la apariencia de objetividad, aparentes buenos resultados, pretendida buena gestión y democracia. La corrupción del lenguaje para mantener la hegemonía cultural de esas élites sigue la pauta del nazi Goebbels: una mentira repetida mil veces finalmente se considera verdad. Y así, el partido del gobierno y sus voceros repiten hasta el hastío que esta país se recupera económicamente cuando los hechos, la creciente precariedad y la dureza de vida para millones de personas del pueblo trabajador demuestran lo contrario. Solo se puede hablar de recuperación cuando se recuperan las personas.

La corrupción de las palabras además se usa para deslegitimar todo lo que se opone a este sistema capitalista, antidemocrático, injusto, insostenible y suicida (porque lleva al desastre ecológico).

Palabras como democracia, soberanía, libertad o derechos sociales, entre otras, se han vaciado de contenido por la acción de los medios de hegemonía cultural y de comunicación de las élites. Hoy se entienden de forma sesgada e incluso contraria a su verdadero significado. ¿Cómo se puede negar en nombre de la democracia el derecho a decidir de un pueblo (catalán o cualquier otro)? ¿Cómo se puede negar el derecho a decidir cuando la democracia es precisamente eso: que el pueblo decida?

Según Andrés Querol, la manipulación del lenguaje hoy no tiene nada que envidiar a la que perpetró el Tercer Reich, por ejemplo. Un ejemplo sería la utilización torticera del término anti-sistema, convertido en máximo anatema por dirigentes y mercenarios de las élites económicas. Fernández Buey explica que, si el sistema capitalista es malo para la mayoría de la gente (como es evidente y comprobamos cada día), lo lógico y justo es estar contra ese sistema, ser anti-sistema. Pero al término se le atribuye miserable y falsamente el significado de actuar con violencia y atentar contra los intereses de todos.

No es cuestión académica. Si nos neutralizan por la manipulación y corrupción del lenguaje, bloquean y reducen la conciencia crítica. Porque manipulación y corrupción del lenguaje buscan ocultar, distorsionar, disfrazar, manipular… Para que todo continúe igual, pero parezca que algo cambia.

Los medios de comunicación, cómplices necesarios de la crisis-estafa

La crisis-estafa avanza. Crece la protesta ciudadana y también la represión. Y la criminalización de la ciudadanía indignada y pacífica. En todas las fases de la crisis-estafa, los medios de comunicación han sido y son cómplices necesarios de la misma y del actual estado de cosas. La mayoría de medios.

Actualmente, desde Grecia a España, contribuyen a criminalizar a la ciudadanía resistente. En España, un grupo de indignados llamó, con escasa visión política, a asediar el Congreso de los diputados hasta que el gobierno dimitiera. Ingenuo, pero no violento. Estar ahí y esperar. Según la Asociación de Madres contra la Represión, el gobierno puso en marcha un plan para criminalizar a los manifestantes de esta convocatoria con detenciones preventivas antes de que ocurriera nada. Así fue. Con la complicidad de los medios de comunicación.

Semanas antes los voceros oficiales y espontáneos del partido del gobierno dispusieron de prensa, radio y televisión para tildar de ‘nazis’ y ‘proetarras’ a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quizás la más eficaz, democrática y exitosa asociación ciudadana contra la crisis-estafa. Pues han convencido al país de que desahuciar a los insolventes que no pueden pagar su hipoteca, sin ofrecer alternativa alguna, es inaceptable y antidemocrático.

Peligrosos, violentos, totalitarios y antidemocráticos son adjetivos que abundan en boca de portavoces y muñidores gubernamentales para designar a los activistas ciudadanos contra la crisis-estafa. Con la colaboración de los medios, que no se olvide. Los medios pretendidamente informativos reproducen sin duda ni contextualización de los hechos los escasos episodios con alguna violencia, hechos que magnifican, sin indagar (ni referirse a la provocación de muy probables infiltrados), que aportan la violencia a las movilizaciones ciudadanas. En una gran manifestación cívica del 23 de febrero, las entidades ciudadanas promotoras se desmarcaron con contundencia de los episodios de violencia que hubo al finalizar y denunciaron la actuación comprobada de indeseables infiltrados.

En toda Europa, los medios maquillan u ocultan la delictiva e injusta crisis-estafa. Y, para rematarlo, repiten con cargante insistencia las falacias neoliberales; que las pensiones públicas son inviables; que hay que ganar la confianza de los mercados; que hay que rescatar la banca para la recuperación económica; que las reformas laborales crean empleo… En Europa, los medios repiten hasta la nausea que nada es más importante que rebajar el déficit de los estados. Con austeridad para lograrlo. Los medios también ocultan o tergiversan hechos en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina o Brasil. Porque esos países han osado hacer un corte de manga a los dogmas neoliberales y se preocupan por combatir de verdad la pobreza y repartir algo mejor la riqueza. Algo que no pueden soportar, porque les desmonta el tinglado.

Pero nada sucede porque sí. Desde 1971, el capitalismo tiene un plan de actuación. Es el Memorando confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa que Lewis F. Powell escribió a instancias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero que se pretende válido para todo occidente. En ese memorando de seis mil seiscientas palabras, Powell explicó que universitarios, periodistas, intelectuales, artistas y científicos eran una amenaza para el capitalismo. Para marginarlos y persuadir a la ciudadanía de que el capitalismo es el único sistema posible, propuso que el capital iniciara una potente contraofensiva política y cultural. Para recuperar el dominio de clase debilitado tras treinta años de políticas sociales. Una ofensiva desde las escuelas, universidades y medios informativos. Y eso ejecutan desde hace cuatro décadas.

Porque la censura tradicional ya no es útil a la minoría rica y dominante. Prefiere desinformar, manipular noticias y hacer propaganda machacona del dogma neoliberal. Ocultación y manipulación de la realidad buscan también la impunidad de la minoría rica y sus servidores para evitar que rindan cuentas por su responsabilidad en los crímenes económicos contra la ciudadanía y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Este estado de desinformación vigente pretende persuadir de que no hay nada qué hacer; que esta

Y para lograrlo, los medios son imprescindibles; cómplices necesarios de la minoría dominante. ¿Qué tiene la ciudadanía a cambio? La razón, la voluntad de cambio, la organización ciudadana. Y la Red, a pesar de los pesares.

Temen a la ciudadanía

Comento a un colega la infamia de algunos gobiernos europeos (incluidos el español o el catalán) que pretenden confundir a la opinión pública y equiparan torticeramente las masivas movilizaciones ciudadanas contra sus desmanes con violencia.
“Temen a la ciudadanía”, responde como explicación.

Es el caso del gobierno español que pretende encarcelar a ciudadanos no violentos con nuevas normas penales con el pretexto de ir contra los violentos. Por eso el comisario responsable de los antidisturbios de Barcelona declara que resistirse no es pacífico, aunque esa resistencia sea claramente no violenta. Incluso ha tenido la desfachatez de decir que incluso Ghandi hubiera recibido golpes de sus antidisturbios. Según él, lo pacífico es marchar de un lugar público cuando la policía lo ordena. Si te quedas, aunque no hagas nada, no eres pacífico y atentas contra la autoridad. ¡Increíble!
En España, el constitucionalista Pisarello y el abogado Jaume Asens denuncian descalificaciones y ataques del gobierno y medios informativos serviles contra los huelguistas del 29 de marzo. Esos juristas lo acusan también de proponer normas para criminalizar a la ciudadanía pacífica que protesta. Un retorno a prácticas de la dictadura franquista.
Hace unos años, un senador estadounidense dijo que “en tiempos de guerra hay que abordar de otro modo las libertades públicas”. Para echarse a temblar. Lo hemos comprobado con muchas y graves violaciones de derechos y crímenes bajo la cobertura de guerra contra el terrorismo. Pero también los mandatarios de Europa abordan ‘de otro modo’ nuestros derechos. Los ignoran, los vulneran. No sólo los sociales en nombre de la austeridad y el déficit; ahora también los cívicos y políticos.
Criminalizar es una práctica antigua. Se exagera, miente, manipula y deforma lo que ocurre. Se magnifican incidentes violentos minoritarios o disturbios localizados, pero se oculta o minimiza la actuación responsable de quienes protestan en masa pacíficamente. Así preparan el escenario para arremeter contra todo lo que se mueva. No solo en España. Recuerden movilizaciones no violentas de los últimos meses en Francia, Italia, Portugal, Madrid, Barcelona y Valencia en España, en Grecia… Intentan deslegitimar a la ciudadanía, criminalizándola.
En España, el ministro del Interior (del Partido Popular) y su homólogo en Cataluña (nacionalista catalán) coinciden al referirse a la huelga general del 29 de marzo como un “salto cualitativo”. Lo dicen con la peor intención, señalando a un reducido y localizado vandalismo callejero (causado en gran parte por provocadores), olvidando las masivas manifestaciones pacíficas. Los gobiernos parecen decididos a utilizar la fuerza. Como también medidas que criminalicen o desprestigien a la ciudadanía resistente que se moviliza.
Pero no es la ciudadanía la que actúa con violencia, la que agrede. La inaceptable situación de España por la que se quiere convertir ‘legalmente’ en ‘delincuentes’ a ciudadanos pacíficos disconformes parece ser la del matón que dio un puñetazo en el hocico a una persona y luego la denunció porque había atacado su puño con la nariz.
La violencia no la ejerce la ciudadanía. ¿Acaso los desahucios que dejan en la calle a cientos de miles, los recortes salvajes en sanidad y educación, las congelaciones o rebajas salariales y de pensiones, los despidos masivos, en fin las continuas violaciones de derechos no son una agresión en toda regla contra la ciudadanía? Algunos miembros de esa ciudadanía solo utilizan la violencia contra sí mismos, como el jubilado que se suicidó ante el parlamento griego por no estar dispuesto a buscar restos de comida en contenedores de basura para sobrevivir. Esa ciudadanía, que todas las constituciones reconocen depositaria de la soberanía y del poder político, puede acabar en la cárcel por estar contra sus gobiernos y expresarlo en la calle.
Los gobiernos europeos están dispuestos a aplicar a rajatabla una austeridad que significa empeorar la vida de millones de ciudadanos, caiga quien caiga. Y la ciudadanía no está dispuesta a aceptarlo. No aceptará nada contra sus derechos. Una ciudadanía que se moviliza, se organiza, se manifiesta y va a la huelga… Que quiere cambiar las cosas, porque las cosas están mal, porque son injustas.
Crece una gigantesca resistencia civil contra los gobiernos europeos que actúan de modo autoritario y vulneran derechos humanos de la mayoría. Gobiernos cada vez más ilegítimos. Por eso temen a la ciudadanía.

 

Responsabilidad de los medios informativos en la crisis

Una diputada del parlamento de Navarra osó afirmar, en medio de esta recesión y paro que no cesan, que “todos somos en parte responsables de la crisis porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Mentirosa o muy indocumentada, lo malo no es que esa presunta representante ciudadana dijera tal estupidez; lo perverso es que de una o otra forma muchos medios de comunicación lo dejan caer al ¿informar? sobre crisis, déficit público o recortes presupuestarios sociales. Con las peores intenciones, claro.
De igual modo, al reseñar reformas laborales e implacables ataques contra las pensiones, la sanidad y la educación públicas, los presentan como inevitables para recuperar la actividad económica y crear empleo; mientras anuncian sin el menor rubor la bondad de rescatar la banca con enormes cantidades de dinero público (dinero de todos, dinero de nuestros impuestos), aunque con tantas inyecciones de liquidez el crédito no fluya ni a tiros, mientras empresas y usuarios languidecen hasta hundirse.
No cabe la menor duda de que en el desastre que sufre la ciudadanía europea, sometida a la dictadura del poder financiero, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. No es que el antaño llamado cuarto poder (la acción vigilante de la prensa en defensa de la democracia) haya desaparecido del todo, sino que además la mayoría de medios presuntamente informativos están enfangados en esa inmensa estafa que es la crisis. En derecho penal los calificarían como “cómplices necesarios”.
Ignacio Ramonet escribe que, paradójicamente,  vivimos un estado de inseguridad informativa permanente porque, aunque prolifera la información, no es fiable. Triunfan la especulación y el espectáculo: la puesta en escena es más importante que verificar los hechos y contrastarlos. Como dice Pascual Serrano, especialista en análisis de medios, tal vez prensa, radio y televisión “no mienten sistemáticamente, pero el panorama actual de desinformación, retorcimiento de la realidad y ocultación de la misma hace que vivamos una gran mentira”. Por supuesto en beneficio de intereses financieros, empresariales e ideológicos muy concretos.
Muchos medios distraen la atención ciudadana de los problemas que les afectan con un alud de información insignificante. Las páginas de los medios impresos y, sobre todo, espacios radiofónicos y televisivos están repletos de ocultaciones más distorsionesde de los hechos y situaciones, además de mucha pulsión emocional, pero muy poca reflexión. Demasiados medios ocultan, manipulan, tergiversan o distorsionan la realidad de lo que ocurre a mayor gloria y beneficio de la minoría que somete al mundo. Y en Europa, muchos medios insisten hasta el empacho en que lo prioritario es rebajar el déficit de los estados, cuando los hechos, los datos y los estudiosos más sabios de la economía (que no están a sueldo de la banca o similar) demuestran y argumentan que lo imprescindible es regular los llamados mercados, frenar la especulación financiera, subir los impuestos a los ricos, luchar más y mejor contra el fraude fiscal de los poderosos y acabar con los paraísos fiscales. Pero sobre tales cuestiones, la mayoría de medios pasan de puntillas.

Sin entrar en el ataque inmisericorde de los grandes medios al ¿informar? sobre países que no siguen la senda del dogma neoliberal, cual pueden ser Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina e incluso Brasil. Países a los que esos medios acusan de tremendas consecuencias para la democracia por las medidas de sus gobiernos, medidas que siempre tienen que ver con sus intereses como grandes grupos empresariales de comunicación. Como señala Aparicio Tóvar“sorprende que tan altruista preocupación por los valores democráticos nunca lleva siquiera a preguntarse por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes, de esos países cuya vida es tan difícil”. Algo huele a podrido en el reino de la información.
Por cierto, sobre el embuste de que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, es justo lo contrario. Mucha, muchísima gente, lleva años viviendo por debajo de como tiene derecho a vivir, soportando que vulneren sus derechos. La gracia de tales infundios de vivir por encima de bla, bla, bla… es que la minoría que domina el mundo (con la evidente ayuda de muchos medios) mata dos pájaros de un tiro: como todos somos responsables, los culpables de verdad se escapan de rositas. Y, como todos somos culpables, ahora los de abajo hemos de pagar con recortes y pérdida de derechos. Sin rechistar.
Pero es completamente al revés. Pero eso no ocupa los titulares de los medios; las violaciones de derechos que suponen la pobreza y un capitalismo especulativo y voraz no merecen portadas, salvo si se trata del derecho a la libertad de expresión. La de ellos, claro. ¿Y el derecho a la información dónde queda? Se echa en falta honestidad, veracidad y pluralidad al informar. Y, sobre todo, compromiso con la democracia de verdad y la justicia. La ciudadanía ha de reconstruir el cuarto poder con otras herramientas, otros actores y otros horizontes.

Salir de la crisis sin jorobar a la ciudadanía

Esto está mal y se pondrá peor, por tanto el Gobierno ha de tomar medidas duras, como la reforma laboral, y hará recortes muy importantes, porque es lo único que se puede hacer”. Este puede ser el resumen de un reciente discurso de Mariano Rajoy, nuevo presidente del gobierno de España. Pero es mentira. Ni es lo único que se puede hacer ni tal política conseguirá otra cosa que más desempleo, pobreza, incertidumbre, sufrimiento y violación masiva de derechos de gran parte de la ciudadanía. En la misma línea suicida que sufre Europa.
Cuando Inazio Lula fue elegido presidente de Brasil, la reducida población más rica del país se quedaba con la mitad del dinero generado y dejaba apenas una décima parte a los pobres, que eran la inmensa mayoría. Lula cambió esas cifras. Aumentó el salario mínimo un 62%, y sacó realmente de la pobreza a millones de brasileños. Sacar de la pobreza a tantos millones hizo crecer siete veces el consumo. Y la economía funcionó mejor. Además logró que 45 millones de brasileños tuvieran cuentas bancarias activas, eliminando intermediarios y buitres en la administración y entrega de recursos públicos a los necesitados.
En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73% y la mortalidad infantil, un 45%. Combatir la pobreza y el hambre fue una prioridad indiscutible  para el presidente Lula. Restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, microcréditos, fomento de la economía local, facilitar a niños y jóvenes educación básica y formación universitaria a hijos de obreros… Funcionó. Y con algunas políticas similares, Bolivia ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica.
Ya en la crisis financiera, en 2008, Brasil salió adelante gracias a las clases populares rescatadas de la pobreza porque demandaban y usaban regularmente bienes y servicios y hacían marchar la economía. “No hay nada más barato que invertir en los pobres”, decía el Presidente Lula, porque la inclusión social de tantos millones de ciudadanos llevó al desarrollo. No era una intención piadosa: es un hecho.
En 2001, Argentina por su  parte sufría una larga recesión y estaba ahogada por una deuda pública enorme. La situación acabó en quiebra, aumento del paro y de la pobreza hasta ser los más altos de su historia moderna. La pobreza afectó a más de 52% de argentinos y el desempleo superó el 24%. Entonces se dejó de pagar la deuda, se devaluó la moneda y se desarrollaron diversos planes sociales. El resultado fue una incesante recuperación del país. Desde entonces, la economía argentina crece entre 7 y 10% anual (salvo 2009 que solo creció 0,9) y se han reducido considerablemente pobreza y desempleo hasta valores inferiores al 10%.
Para Julio Gambina de ATTAC, Argentina es un espejo en el que debe mirarse Europa. Suspensión de pagos de la deuda, devaluación de la moneda y programas sociales es también la recomendación del Nobel de economía Stiglitz a la tozuda Europa. Aunque sea más complicado aplicarlo por las restricciones que impone el euro. Pero que, en realidad, esas restricciones existen por los lamentables tratados que los jefes de Estado y de Gobierno han acordado en la construcción de una Europa al servicio del poder financiero. Pero lo que se acuerda, también se puede anular.
Y también en Europa, la ciudadanía de Islandia expulsó a un gobierno corrupto e inútil y encarceló a los responsables de la crisis financiera y del retroceso del país. Islandia se recupera. Según las previsiones de la Comisión Europea, Islandia ha cerrado 2011 con un crecimiento del 2,1%, este año será del 1,5% (triple que el de los países de la zona euro) y en 2013 se prevé que crezca un 2,7%. Se ha vuelto a crear empleo y la deuda pública ha disminuido de forma notable. Porque la ciudadanía islandesa rechazó rescatar a los bancos, decidieron negociar el pago de la deuda y llevaron a los tribunales a los responsables del desastre económico. Un buen camino.
Hay otras vías para enfrentarse a la crisis, por supuesto. Pero en Europa, los mandatarios solo piden sacrificio; un sacrificio que ellos y sus señores y cómplices jamás hacen ni están dispuestos a hacer. Los resultados de ajustes, recortes y “reformas estructurales” están a la vista: recesión, reducción de la actividad económica, más paro, más pobreza, ninguna perspectiva… En realidad, lo que nuestros mandatarios llaman sacrificio es estafa y latrocinio.

 

La austeridad como receta y otras falacias neoliberales

La violación de derechos que es la política de austeridad se basa en embustes. Falsedades repetidas por medios de comunicación y voceros del poder financiero siguiendo al nazi Goebbels: una mentira repetida mil veces, al final se convierte en verdad.

Las dos principales falsedades neoliberales son que la ciudadanía ha vivido por encima de sus posibilidades (y ahora ha de pagar). Y que la austeridad de los presupuestos públicos es el único modo de salir del agujero.

Las ciudadanías europeas recurrieron al crédito para adquirir bienes de consumo. Cierto. Pero no fue un despilfarro, como pretenden. Lo que fue el crédito fue gran negocio para los bancos, aseguró un crecimiento que aumentaba los beneficios empresariales y  contribuyó a contener los salarios durante decenios, como ha explicado Fernando Luengo.

Comprar una vivienda, cuando apenas había mercado de alquiler, no es vivir por encima de las posibilidades. Adquirir algunos electrodomésticos y teléfonos celulares no es vivir por encima de las posibilidades. Viajar en vacaciones una vez al año no es vivir por encima de las posibilidades… Porque a eso se reduce lo que ha hecho gran parte de la ciudadanía. Hasta la crisis y ni siquiera todos.

Pero la minoría privilegiada sí se lanzó a especular, creando una economía de humo, irreal (hasta lograr que estallara la crisis), mientras se embarcaba en una orgía de derroche con sus obscenos beneficios, como indican, por ejemplo, las remuneraciones y planes de pensiones de las cúpulas dirigentes, así como las tasas de crecimiento del sector de lujo para el que no hay crisis.

Y en Europa, como escribe Juan Torres, “Alemania colonizaba las economías del sur europeo, adquiriendo activos, convirtiendo esos países en importadores masivos de sus productos y financiando su endeudamiento. Teoría e historia económicas nos enseñan que una potencia exportadora, como Alemania, solo es posible si, al tiempo que exporta, financia. En el marco cerrado de la economía europea, para que unos tengan superávit otros han de tener déficit; déficits que financian quienes tienen excedentes a su costa”.
Pero ahora, Alemania teme que esos países no paguen. De ahí la exigencia de austeridad. Mal llamada austeridad, porque, como recuerda también Torres, “solo se recortan los gastos vinculados al bienestar social para abrir la puerta a su privatización”.

Esa implacable exigencia de austeridad busca que los Estados tengan fondos para pagar sus deudas, pero sobre todo para que puedan proporcionar liquidez a los bancos y éstos puedan pagar sus privadas deudas. Porque la deuda grande es la privada, de empresas y bancos. En realidad, la crisis es lo dicho por uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esa lucha. Y vamos ganando”.

La segunda mentira neoliberal es que la austeridad impuesta nos hará salir de la crisis. Paul Krugman se pregunta si no hemos aprendido nada sobre gestión económica en los últimos ochenta años y recuerda que cualquier universitario que estudie la Economía de Samuelson sabe que la austeridad, cuando hay riesgo de recesión, es una pésima idea. Reino Unido, Italia y España, que aplican una austeridad implacable, no se recuperan y demuestran el fracaso de la austeridad en Europa.
Heiner Flassbeck, economista jefe de Comercio y Desarrollo de la ONU denuncia que “con las orgías de recortes en toda Europa, estamos destruyendo nuestro propio mercado. De seguir así, el hundimiento será descomunal”. Y Christine Lagarde,directora gerente del FMI, afirma que los europeos van en dirección contraria al camino de final del túnel que empezó a verse en la primera mitad de 2011.

El FMI ahora rectifica y pide plazos flexibles para la reducción de déficits, porque no es posible el gran esfuerzo fiscal que se exige, además de que conduce sin remedio a una recesión profunda (tal vez depresión) con menos crecimiento, menos consumo, menos inversión y más paro. La austeridad solo lleva al desastre.

Si la austeridad impuesta con gravísimo perjuicio de nuestros derechos se basa en mentiras, es ilegitima. No sólo cabe promover el gran movimiento cívico para no pagar deuda pública alguna cuya legitimidad no sea clara, sino que habrá que empezar a ejercer la desobediencia civil con los gobiernos que acepten reducir a la incertidumbre y a la pobreza a millones de ciudadanas y ciudadanos por el interés de unos pocos.

Dejar de ser inofensivos

Francisco L. tiene 42 años y la última vez que ganó un salario fue en 2008. Desde entonces no ha encontrado empleo y vive en una tienda de campaña en un bosque cercano a la ciudad andaluza de Jaén. No tiene medios para otra cosa. Sus únicas pertenencias son un saco de dormir, una manta, una toalla, una bolsa con utensilios de aseo personal y una radio. Consigue agua de un pilar cercano a su tienda y come dos veces al día conservas y bocadillos. Subsiste en condiciones precarias.

Esta historia es real. Y hay millones semejantes y peores en el mundo. La crisis, claro. Sí, la crisis como estafa o la crisis como atraco. Pero, como denuncia Josep Fontana, refiriéndose a la maldita crisis, “la gran trampa, que ha hecho que nos convenzan de asumir mansamente los costes de la crisis, ha sido permitir a quienes la causaron presentar los problemas creados por un sector muy concreto del mundo económico como problema colectivo del que todos somos responsables”. Y en absoluto es así.

Sin embargo, aceptamos que reduzcan nuestros derechos y legitimamos el ataque contra ellos al no responder o, peor aún, votando a quienes desmantelan el estado de alguna justicia y cierta equidad que tanto ha costado levantar. El mal designado “estado de bienestar” no es privilegio ni lujo ni exceso, como pretende el neoliberalismo e insinúan los medios, sino un acercamiento al respeto de los derechos humanos de todos.

¿Por qué aceptamos que recorten nuestros derechos?

En un debate televisivo que vi, la cuestión a debatir era: ¿hasta donde han de llegar los recortes? No era un debate entre presuntos profesionales de la opinión y periodistas bien remunerados. En el plató había una veintena de ciudadanas y ciudadanos normales que aceptaban tranquilamente debatir sobre el ataque contra sus derechos que son los recortes presupuestarios.

Se hace buena la trampa del nazi Goebbels: la mentira repetida muchas veces suena a verdad. La falacia repetida hasta la saciedad por políticos y medios es que no hay otro camino para superar la crisis que recuperar la confianza de los “mercados” con austeridad y recortes sociales. Tiene razón José Luis Sampedro, cuando afirma que “necesitamos reeducarnos, pues pasamos por una fase de barbarie porque los valores democráticos se han degradado”.

La primera fase de esa re-educación es abrir los ojos y la segunda, no ser inofensivos. Porque hemos devenido una ciudadanía inofensiva. Quienes vulneran nuestros derechos hoy no tienen ningún temor de que los ciudadanos los pongamos en su sitio (que en muchos casos sería la prisión). Somos ciudadanos inofensivos. Salvo en África del Norte, Oriente Próximo e Islandia, dónde ciudadanas y ciudadanos luchan por sus derechos civiles y políticos, pero también económicos y sociales. Porque ningún derecho es más importante que otro.

Islandia es la excepción europea. Fue saqueada hasta la ruina por banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos, pero Islandia se recupera porque ciudadanas y ciudadanos han reaccionado con una respuesta democrática de calado. Echaron al gobierno responsable, dejaron hundirse a los bancos, promovieron investigar los delitos perpetrados y ahora hacen más democrática su Constitución. No aceptan tener que pagar las canalladas de los bancos, como ha ocurrido en otros países. Y saben que la solución no es sólo económica. Es también política: ser inofensivos como ciudadanos.

En España, la asociación ATTAC y otras organizaciones sociales han interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contras las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poors y Fitch por alterar el precio de la deuda pública y utilizar ilegítimamente información privilegiada en beneficio propio. Al margen del resultado, eso es empezar a dejar de ser inofensivo. Roberto Unger, que fue ministro con Lula, ha denunciado que “España es una democracia secuestrada por las grandes empresas, por una plutocracia mercantilista que ha puesto las instituciones del Estado a su servicio”. Lo malo es que juicio tan duro es aplicable a los otros 26 estados de la Unión Europea, a Estados Unidos y un montón de países más. Por tanto, la respuesta es política y nada complaciente.

¿Cuándo decidiremos dejar de ser inofensivos y exigiremos nuestros derechos?