Propiedad, multinacionales y derechos humanos

M, vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.

M pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.

En el primer año de la llamada crisis, con recortes, despidos y aumento creciente de desempleo, se iniciaron miles de desahucios. La gente perdía el empleo, no podía pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda y los desahuciaban. A la calle. Entre 2008 y 2012, según informe de la Plataforma de Afectados por le Hipoteca (PAH) hubo casi 245.000 expulsiones de sus viviendas de gente, tanto por impago de hipoteca como de alquiler. Y, en el Reino de España, hubo en los primeros meses de crisis más de cuarenta suicidios asociados a desahucios, algunos, para que no hubiera dudas dejaron notas que explicaban la razón de recurrir a tan desesperada medida: quedarse en la calle. ¿Para qué demonios sirve la vigencia legal del derecho a la vivienda, a la vida digna que incluye, si se pasan por el arco del triunfo los derechos de la gente?

Tal vez el error fue incluir también en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a la propiedad privada en el artículo 17. Sin matices ni aclaraciones. Como una patente de corso, pues parece incuestionable que empezaron los problemas cuando hace miles de años alguien marcó un espacio de tierra y dijo: Esto es mío. Desde entonces los derechos a una vida digna, al sustento, al trabajo a un techo digno… no casan con ese derecho a la propiedad.

¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?

Vistas las maniobras para vaciar la democracia por grandes empresas y corporaciones, como aprobar los tratados bilaterales TTIP, CETA, TTP…, es evidente que han declarado la guerra a los derechos humanos de la gente. Relacionar desahucios y suicidios pudiera ser considerado extremo, pero esclarece responsabilidades y muestra la calaña de la depredación global que algunos insisten en llamar crisis. Es saqueo puro y duro. La mayoría ciudadana forzada al servicio de una obscena minoría. El imperio de la codicia sin freno.

Amenazas sobre la gente, tanto o más graves que lo narrado, se ciernen contra los derechos humanos de mucha gente y la protección de la Naturaleza. ¿Olvida esa minoría codiciosa que solo tenemos esta Tierra y sus recursos son limitados? Y no vale proponer emigrar a Marte, no por no factible (al menos todos o muchos), tampoco deseable, puestos a ser sinceros. Además, resolver los problemas de aquí en otro espacio suena a creencia religiosa; es la vieja fantasía de aguantar aquí y ser felices en otra vida mejor.

Pero aterrizando, son amenazas contra la gente y la Tierra los planes mineros, forestales, energéticos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos… en muchos países del antaño denominado Tercer Mundo. Planes de corporaciones denunciados por la ciudadanía, entidades indígenas y otros actores. Proyectos que supondrán obscenos beneficios para una reducida minoría de accionistas, ejecutivos, cómplices académicos, mediáticos y políticos, pero son un verdadero saqueo para la mayoría de ciudadanos en América Latina, África, Asia…

En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.

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Desigualdad, una amenaza creciente muy peligrosa

El economista Alejandro Inurrieta considera que la situación política europea (salida del Reino Unido de la Unión y avance electoral de partidos fascistas) ha librado a España de una multa milmillonaria por sobrepasar el déficit impuesto por la Unión Europea. Pero no cabe cantar victoria, porque esa condonación no sale gratis. España deberá recortar 10.000 millones de euros de los presupuestos estatales (aunque en verdad son 15.000) y estará en el punto de mira de los burócratas de Bruselas.

La constante rebaja de salarios desde hace años, la demostrada pérdida de valor adquisitivo de las clases trabajadoras y la exigencia europea de recortar gastos sociales para rebajar el déficit público aumentan y aumentarán la desigualdad en España. La brecha entre ricos y pobres crece y así, en España, un reducidísimo 1% de población (menos de medio millón de individuos) posee más riqueza que el 80% del país (37 millones de personas). En 2015, en España, el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó un 15%, mientras la riqueza del 99% de población (muchos millones) caía un 15%. Y no es casualidad, mientras los presidentes de empresas del IBEX35 cobren casi 160 veces el salario medio de un trabajador. Y medio millón de niños se quedan en España sin beca de comedor en verano, según denunció Educo. Por cierto, un tercio de la infancia española está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero, además, 40% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos o pagos a plazos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, según Eurostat, quienes están en riesgo de pobreza en España (casi 29% de población) no pueden ir de vacaciones una semana al año; ni comer carne, pollo o pescado cada dos días; ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; tampoco pueden tener teléfono, televisor ni lavadora y se retrasan habitualmente en pagar hipoteca o alquiler, el gas y la electricidad. Porque así se manifiesta la pobreza en España, pobreza que aumenta con la desigualdad. Desigualdad demostrada cuando 20 familias más ricas del país acumulan más patrimonio que 14 millones de personas corrientes. La desigualdad crece, pero no solo en España; también América Latina, Asia y África. Los datos implacables muestran que la desigualdad aumenta en todo el mundo.

En América Latina durante una década gobiernos progresistas se enfrentaron a la desigualdad y la redujeron. Pero el poder capitalista contraatacó y Argentina y el parlamento de Venezuela, por ejemplo, cayeron de nuevo en manos de los servidores de la minoría rica privilegiada, hacedores de desigualdad y pobreza, junto a Perú, Chile, Brasil… Branko Milanovic, economista estudioso de la desigualdad, asegura que ésta es un problema muy grave desde 1980. Precisamente cuando empezaron las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes de gasto público social.

Según el informe de riqueza global de Crèdit Suisse, no llegan a 39 millones (0.5% de población) los multimillonarios y billonarios que poseen algo más de la tercera parte de todos los activos financieros del mundo. Solo 39 millones entre 7.200 millones de habitantes. Mientras el 90% de población mundial apenas accede a la quinta parte de la riqueza global. La desigualdad muy alta en el mundo, cuenta Milanovic, aumenta a pasos agigantados en países ricos (EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia…) y los llamados en desarollo o emergentes (Rusia, China, India, Sudáfrica…)

Tras la crisis de 1929, reformas y controles del capital e impuestos justos y progresivos propiciaron que la riqueza se distribuyera con mayor equidad. Pero desde los ochenta del siglo XX, los capitalistas vuelven a las andadas y la desigualdad aumenta sin cesar. Cuando estalló el colapso financiero de 2008, los estados solo ayudaron (y muy generosamente) al 1% más rico, no a la gente corriente, que es mayoría. La economía real se frenó (y ahí sigue) mientras la cuarta parte de población mundial ve empobrecer su vida.

¿Quieren saber que es desigualdad? Que sólo 62 personas (los pasajeros de un autobús) posean la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.700 millones de personas. Lo denuncia Oxfam en su informe Una economía al servicio del 1%. Hace cinco años esos súper-ricos eran 388 personas. Pero cada vez son menos, poseen más riqueza y tienen más poder, mucho más poder.

Habrá que hacer algo, porque, con la que está cayendo, la Unión Europea insiste en que el nuevo gobierno del Reino de España deberá hacer más recortes para no superar el déficit impuesto del 3%. Da igual que aumenten injusticia y pobreza. Ellos no lo van a notar.

 

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

Breve balance de una lucha de clases que perdemos por ahora

Los resultados de las elecciones generales en España son prueba de la afirmación del tirular. Elecciones sin mayorías absolutas. Izquierda y derecha ocupan el Congreso a partes casi iguales, pero, con la que está cayendo, la izquierda debía haber arrasado. Pero no. Los nuevos partidos llamados emergentes (uno de izquierda moderada y otro de derecha pura aunque se vista de centro) obtienen diputados y los resultados no permiten pactos fáciles. En la izquierda, no, porque el PSOE, por ejemplo, reaviva su lado más españolista. No pactará con Podemos si mantiene su voluntad de convocar un referéndum en Cataluña para que su ciudadanía diga cual quiere sea su encaje con España.

El gran argumento del PSOE es que no aceptan nada contra la unidad de España. Como si una consulta al pueblo no fuera un ejercicio de democracia. Por cierto, eso de ‘unidad de España’, lo utilizó y repitió hasta la saciedad uno de los grandes genocidas europeos: el dictador Franco.

Los resultados electorales muestran también que el régimen del 78 (monarquía restaurada con formas democráticas) es una falacia. Se inventó para que nada cambiara en España. En parte con una ley electoral tramposa, injusta y poco democrática, que da nueve diputados a un partido con 600.000 votos y dos a otro con casi un millón.

Un diseño electoral para que las clases ricas formadas durante la dictadura franquista, que se sumaron a los aristócratas y terratenientes de siempre, controlaran la economía patria. Burguesía terrateniente, inmobiliaria, algo industrial y financiera que hoy se agrupa en el Ibex 35, las mayores empresas y corporaciones del Reino. Bloque capitalista que subió con entusiasmo al carro de la llamada crisis. Crisis que fue insensatez, timo y robo con premeditación y alevosía, y finalmente saqueo del pueblo trabajador. Aquí, en EEUU, resto de Europa y la Conchinchina. Puse lo cierto y comprobado es que el capital no tiene otra patria que sus ganancias, que siempre han de ser más.

Obsesionado por pillar más beneficios (que se resistían por sobre producción y otras cuestiones), en la primera década del siglo XXI el capital decide prestar a todo quisque para comprar viviendas. Beneficio por venta inmobiliaria… y beneficio por especular con las deudas para adquirir casas. Fueron las hipotecas sub prime, auténticas hipotecas basura. Préstamos hipotecarios sin la menor garantía de solvencia. Préstamos que jamás serían devueltos y cuyos intereses dejarían de abonarse al poco tiempo.

Esas hipotecas se ocultaron en títulos con otros productos financieros. Pero, como eran incobrables, los títulos devinieron activos tóxicos. Basura financiera que jamás daría beneficio ni se recuperaría el capital prestado. Los balances financieros se fueron al garete y se desató el pánico. Cundió el terror en las cúpulas bancarias, pero, tras breve tiempo de atrición y propósito de enmienda (hablaron de ‘refundar’ el capitalismo), pensaron que la ocasión la pintaban calva. Además de mendigar ayudas billonarias al Estado (para tapar pérdidas y agujeros y continuar ganando obscenamente), podían utilizar la crisis para que todo volviera a su estado ‘natural’. Fin del capitalismo ‘de rostro humano’ tras la II Guerra Mundial, fin del estado de bienestar y recuperar todo el poder. Además, ya no existía la URSS y nadie contrario al capital daba miedo. Beneficios y más beneficios… Y reducir la democracia a decorado y liturgia, porque, cuando es de verdad, se convierte en incordio.

Hablando de la crisis, lo explicó con nitidez el especulador Warren Buffet (uno de los cinco hombres más ricos del mundo) a The Wall Street Journal: “Sí, es lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que va ganando”. Y, para mostrar como ganan los ricos, Isabel Ortiz y Matthew Cummins investigaron lo que los poderosos han impuesto a la mayoría de población urbi et orbe con la excusa de afrontar la crisis. Austeridad, sí o sí. Que en román paladino es transferencia obscena a la minoría rica de las rentas y costes de satisfacer derechos de las clases trabajadoras. Recuerden a Grecia. O España.

En Revisión del Gasto Público y Medidas de Ajuste ambos investigadores documentan las consecuencias de esa política en 181 países del mundo. Se han rebajado los salarios en 97 países. Se han reducido o eliminado las ayudas a desempleados (y a los más pobres) en 100 países. En 94 estados han aumentado los impuestos indirectos al consumo (pagan igual pobres que ricos). Se han rebajado las pensiones en 86 países y se han recortado servicios y prestaciones de sistemas de salud también en 86. Se ha reducido la protección social en 80 países. El despido es más fácil, barato o gratuito en 40 países… Y sigue.

Más allá del sufrimiento, dolor y angustia que esas medidas han provocado y provocan, no han creado empleo aceptable (como no hicieron nunca) ni han recuperado una actividad económica decente. Y, por supuesto, no han mejorado un ápice la vida de la gente. Todo ha empeorado y crecen desigualdad y pobreza.

Pero el problema no acaba ahí. La guerra de los ricos contra la población sigue y hay que saber qué se cuece, qué nos preparan. Por ejemplo, una Unión Europea al acecho quiere más vueltas de tuerca en reforma laboral, pensiones y recortes presupuestarios. Para reducir el déficit, dicen, pero en verdad a mayor beneficio de las élites.

Son tiempos de desobediencia, son tiempos de resistencia.

Crisis, antiterrorismo y violencia armada

Junto al saqueo de rentas de la clase trabajadora y de la ciudadanía, más el vaciado de la democracia, el antiterrorismo y la violencia armada organizada son la otra gran amenaza contra los pueblos. Buena muestra es lo ocurrido en Iguala (México). En octubre pasado, en el estado de Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En México, las escuelas Normales son muy cercanas al campesinado, a la clase trabajadora y a sus reivindicaciones. Se dijo que un grupo narcotraficante era el responsable de la desaparición forzada y sí, pero no solo. Como tantas veces desde 1968, fue una acción conjunta de agentes de fuerzas de seguridad y escuadrón de la muerte.

Como ha escrito Raúl Zibechi, sirva este caso para dejar ya de hablar del narcotráfico como algo distinto a otros negocios de las élites, pues hay alianza real entre éstas y violencia armada organizada. Recordemos los precedentes históricos, recuerda Zibechi; piratas y corsarios actuaron en el enfrentamiento de los imperios español, inglés y francés en el siglo XVII, sin olvidar los pactos de Estados Unidos con la Mafia en la conquista de Sicilia durante la II Guerra Mundial entre otros.

Hoy, recuerda Zibechi, Colombia ha sido tierra experimental de utilización de criminales organizados contra la izquierda y los movimientos populares. Un informe de 1990 de Americas Watch, sección de Human Rights Watch, demostró que el cártel de Medellín de Pablo Escobar asesinó sistemáticamente a sindicalistas, políticos de izquierda, defensores de derechos humanos, periodistas y profesores. Luego, los paramilitares cogieron el testigo de esa alianza de élites, terroristas y cloacas del Estado. La experiencia colombiana se aplica hoy en México y Guatemala, disponible para ser utilizada cuando y donde los intereses de las élites lo precisen. Pues no hay diferencia de objetivos entre crimen organizado y élite económica.

En línea semejante, Jeremy Keenan denunció que la ultraderecha estadounidense creó en 1997 un programa para la dominación mundial de Estados Unidos por medio del proyecto Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo. Ahí se reconocía que “el proceso para el dominio de Estados Unidos será largo, salvo que ocurra algún evento catastrófico como un nuevo Pearl Harbor”. El ataque japonés a Pearl Harbor fue el hecho que hizo entrar en guerra a Estados Unidos y no cabe duda de que los atentados del 11-S en Nueva York fueron ese nuevo Pearl Harbor esperado. A partir del 11-S, la guerra contra el terrorismo ha sido el casus belli, el pretexto, para militarizar regiones según los intereses de las élites.

Por ejemplo, en 2001 el presidente Bush definió el petróleo africano como recurso nacional estratégico que Estados Unidos debía controlar militarmente. Keenan ha explicado que Estados Unidos usó la guerra contra el terrorismo para militarizar África, pero como ahí no había terrorismo, lo fabricaron. En 2002, se creó el grupo P2OG de operaciones encubiertas para estimular reacciones terroristas. Keenan recuerda que en 2003 la primera operación conocida provocó el secuestro de 32 turistas europeos por un grupo hasta entonces desconocido, dirigido por un oficial de inteligencia argelino al servicio de Estados Unidos. El Pentágono calificó entonces el Sahara-Sahel como zona terrorista y, tras diez años de política antiterrorista donde no había terrorismo, Mali, Niger y Chad si son ya zona de guerra. Un vistazo al mapa de conflictos armados (Afganistán, Somalia, Libia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Este del Congo, Níger, Ucrania…) y a los recursos de esos países o su importancia geoestratégica permiten ver el mundo de otro modo.

¿Qué decir de Irak, donde se ha gestado la mayor parte de grupos terroristas del siglo XXI tras la invasión y ocupación angloamericana? O en Siria surge de repente un implacable Estado Islámico que asesina a mansalva. El historiador Robert Freeman afirma que el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos al convencer a Arabia Saudita de que financiara a los rebeldes sunitas de Siria, precedentes del Estado Islámico. Ya ocurrió en Afganistán. Estados Unidos financió y entrenó a guerrilleros musulmanes que expulsaron a los soviéticos y derrocaron el gobierno para sustituirlo por la dictadura talibán. Los pueblos han de tomar buena nota de que las élites recurren a la violencia armada, oficial y descarada, encubierta o disfrazada, para continuar el saqueo que llaman crisis.

Los (pretendidos) tribunales de arbitraje internacional, una mafia

Los Intocables y Muerte entre las flores son filmes que muestran a Chicago gobernada por gángsteres y políticos a su servicio. Lamentablemente, vamos velozmente hacia esa situación. En esencia.

En los últimos años ha aumentado peligrosamente el antidemocrático y perverso arbitraje internacional. Para dirimir conflictos entre transnacionales y gobiernos. Dicen. Pero en realidad para facilitar indemnizaciones multimillonarias a esas empresas. Son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas contra estados… a favor de las empresas, por supuesto. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros que ninguna estancia democrárica ha nombrado. Cumplen en nuestros días un papel semejante al de los matones con metralleta Thompson al servicio de Al Capone en Chicago. Sin metralletas, pero con retorcidos argumentos jurídicos al servicio de las transnacionales, basados en principios oscuros que se resumen en el dogma de que los beneficios privados están por encima de todo. La gangsterización de la economía se concreta en el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) que, entre otras maldades, negocian en secreto EEUU y la Unión Europea en un tratado de inversiones. Ese mecanismo pone a los gobiernos a los pies de los caballos, los debilita y puede frenar o impedir que se gobierne en beneficio de la ciudadanía.

Los pretendidos árbitros son pocos, muy pocos, la mayoría de EEUU y Reino Unido. El supuesto arbitraje internacional es en verdad un oligopolio de bufetes de abogados de mil dólares por hora. Según el excelente informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, solo tres firmas de abogados (White & Case y King & Sapalding de EEUU y Freshfields de Reino Unido) han arbitrado en un año ¡130 demandas contra gobiernos! Y han dictado indemnizaciones multimillonarias a pagar por los estados. Y solo quince abogados han resuelto (es un decir) más de la mitad de demandas contra estados. Esas demandas arrancan si las transnacionales creen que alguna actuación gubernamental, norma o ley en beneficio de la ciudadanía, los trabajadores o la protección del medio ambiente puede reducir sus beneficios.

Ese reducidísimo grupo de abogados carísimos actúa indistintamente sin el menor pudor como árbitros, representantes de empresas demandantes o testigos. Todo queda en casa. Además, varios abogados del tinglado del arbitraje han sido miembros de consejos de administración de grandes empresas. Cualquier pretensión de equiparar el artificio del arbitraje internacional con la justicia es un mal chiste y un insulto a la inteligencia de la gente decente.

La ONU ha expuesto ya sus muchos reparos contra el arbitraje internacional e incluso el FMI ha reconocido que la actuación de esos presuntos tribunales limita muy severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis y debilita a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.

Los bufetes que mantienen ese montaje, además de fallar a favor de las empresas, promueven pleitos contra países en crisis para sacar tajada aunque el país se hunda (como hicieron con Grecia o Libia) y animan a las empresas a utilizar la amenaza de demandar a los gobiernos para que cedan a sus pretensiones. El bufete de arbitraje Luther tiene la desfachatez de decir que es más fácil lograr un acuerdo ventajoso de una transnacional con un gobierno si se le amenaza con una demanda multimillonaria.

Pia Eberhardt y Cecilia Olivet nos han desvelado, además, que el arbitraje internacional está muy conectado con la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas potencialmente demandantes. La financiarización del arbitraje ya es tal que se especula con paquetes de demandas a estados… como activos financieros. Y ya sabemos por dolorosa experiencia que la financiarización nos lleva al desastre.

Juan Fernández Armesto, abogado español de arbitraje, señala admirado la sinrazón del mismo: “Nunca deja de sorprenderme que estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. A tres abogados particulares se les da el poder de revisar, sin restricción ni apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento”.

¿Es o no un auténtico vaciado de la democracia? Una tomadura de pelo gravísima.

Algunos países ya se retiran del sistema de arbitraje. Australia anunció que no aceptaría medidas sobre resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados. Bolivia, Ecuador y Venezuela han anulado tratados de inversión y se han retirado del órgano de arbitraje del Banco Mundial. Argentina no paga laudos arbitrales, Sudáfrica también se resiste al arbitraje… Pero se han de sumar más países hasta que el arbitraje desaparezca, porque esos pretendidos árbitros son pocos, peligrosos, depredadores y sin legitimidad.

La ciudadanía ha de movilizarse para acabar con la mafia del arbitraje.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.