¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

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Solo ganando elecciones no se cambian las cosas

En el Reino de España este último trimestre de 2015 será campaña electoral permanente, porque el 20 de diciembre habrá elecciones generales. Cargadas de interrogantes, por cierto. Al respecto he leído en algún lugar de Internet que en este país las encuestas detectan la recuperación del bipartidismo ante nuevas elecciones, luego llegan las elecciones y… el bipartidismo se hunde. Los resultados de las últimas elecciones europeas y los de las recientes municipales y autonómicas parecerían abonar esa convicción. Pero la situación no es tan optimista ni maravillosa como se sueña. El fin del bipartidismo no está tan cerca.

Aún con la máxima desconfianza hacia los sondeos electorales que se suelen hacer, algo hay que tenerlos en cuenta. Personalmente me interesan las tendencias que muestran, más que los porcentajes concretos y, en esa línea, la previsión de que el Partido Popular obtenga de 130 a 140 diputados según las últimas encuetas es muy preocupante. Es cierto que en las pasadas elecciones generales  el PP logró 187 escaños, pero 130 diputados continúan siendo demasiados para un partido que ha destrozado el país, ha mentido, ha faltado el respeto sistematicamente al pueblo trabajador  y ha propiciado el aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza hasta unos extremos impensables.

Por su parte el PSOE, que empezó las reformas laborales que han provocado un mar de perecariedad y de trabajadores con empleo pero pobres, además de reformar la Constitución en pleno agosto para que fuera prioritario pagar los intereses de la deuda pública a los acreedores en las cuentas públicas españolas, conseguiría de 110 a 120 escaños según los sondeos.

En tanto PP y PSOE no bajen ostensiblemente del centenar de escaños es prematuro hablar del fin del bipartidismo. Otra cosa es que el próximo Congreso de los Diputados sea una cámara políticamente inestable en la que sea difícil armar mayorías absolutas para gobernar. Y eso es bueno para quienes quieren cambiar las cosas en el país, pero no es saludable soñar con la victoria de un bloque de izquierdas de unidad popular que ni siquiera se ha constituido. La primera condición pera cambiar las cosas es ser conscientes de dónde y cómo estamos.

Las elecciones europeas de 2014 sí mostraron el indiscutible inicio de la crisis del régimen monárquico bipartidista del 78. Pero fue el inicio de una crisis, no la liquidación. Hay que ser conscientes de que acabar con el bipartidismo no es tarea fácil. Al sistema capitalista en general y al neoliberal austericida en concreto les va de perlas el bipartidismo y por eso hay bipartidismo en muchos países. Pero el adversario a derrotar no es exactamente el bipartidismo, que ha sido el medio, la herramienta.

En el Reino de España lo que hay que sustituir de abajo a arriba es el régimen monárquico del 78 que, con larga cambiada, nos enjaretó el tocomocho de la transición modélica a la democracia. Y treinta y pico años después comprobamos que buena parte es espejismo, truco de ilusionista o mañas de prestidigitador. Como explica el constitucionalista Pérez Royo, “lo que se restauró en 1978 no fue la democracia con forma monárquica  parlamentaria. Lo que se restauró fue la monarquía con formas parlamentarias”. Que no es lo mismo. Por eso esta democracia cojea. Y mucho.

Dice también Pérez Royo que, puesto que el objetivo real era la restauración monárquica, se diseñó a su servicio y mayor gloria una democracia blanda sin riesgos. Lo que se comprueba en la “continuidad en las constituciones de 1845, 1876 y 1978, vigentes durante casi toda la historia constitucional de España, presididas las tres por la desconfianza hacia el protagonismo de la ciudadanía”.

Los hechos muestran que centrarse solo en la política electoral no basta, como parecen hacer algunos adanistas recién llegados a la acción política. Por importantes que sean las elecciones, no habrá verdadera victoria política que permita cambiar las cosas y construir una democracia de verdad en tanto no se logre la victoria cultural que indica Gramsci.

Porque no estamos cerca de esa victoria cultural, porque no hay convicción democrática mayoritaria en todas las mentes ni mayoría absoluta de los valores democráticos y republicanos en la conciencia de la gente, los protagonistas del bipartidismo se recuperan electoralmente. Lentamente, pero se recuperan hasta ser preocupante. Y la gran esperanza que parecía Podemos parece haberse estancado en un techo del 14% de votos. Y con el 14% de votos no se cambia un país. Un país con tres cuartas partes de clase trabajadora en el que una nutrida mayoría de esa clase se considera clase media tiene los valores de quienes los explotan y saquean. Y así hay bipartidismo para rato.

Pero, ¿acaso no indica el fin del bipartidismo el triunfo de la candidaturas municipales unitarias en capitales de provincias e incluso en alguna autonomía? No ha sido el fin del bipartidismo sino la apertura de una crisis. Aparte de que hay que ahondar mucho más en la unidad popular que no puede ser sólo electoral. En Madrid, por ejemplo, la victoria de la candidatura Ahora Madrid fue posible en gran medida por un trabajo tenaz de aterrizaje en los barrios de trabajadores para explicarse y escuchar a los vecinos, a la gente. Para reducir la habitual abstención de los barrios obreros, porque la abstención en los distritos de clase trabajadora ha propiciado no pocos triunfos de la derecha.

Hace unos años se extendió la expresión “paso de política” que concretaba lo que los analistas cursis y editorialistas poco rigurosos denominan ‘desafección de la política’.  Y abundó la gente que decía pasar de la política, ingenuos y desconocedores de que la política nunca pasa de ellos.

La cruda realidad es que para cambiar las cosas no basta con ganar elecciones. Disculpen la obviedad, pero para cambiar las cosas hay que construir poder popular y organizar la movilización ciudadana para, en el caso del Reino de España, oponerse al régimen monárquico neoliberal y ofrecer una alternativa sólida. Pues sólo con poder social un gobierno de unidad popular podrá poner a las personas y sus derechos por encima de todo.

El camino del cambio verdadero es largo y la primera condición para trabajar por el cambio es saber que ese camino es prolongado y lento.

No es lo que dicen que son, sino a quien benefician al gobernar

Elecciones municipales y regionales en el Reino de España. ¿Cuántos votos tendrán los dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos y cuantos perderán Partido Popular y PSOE, soportes de la monarquía bipartidista? Podemos, presentado como extrema izquierda y Ciudadanos como centro político por medios y políticos conservadores. No es cierto en un caso ni en el otro.

Más allá de como los califiquen los adversarios, la auto ubicación de los partidos en el espectro político es un disparate: casi todos dicen ser de “centro”, que debe estar más concurrido que el Metro a hora punta. Incluso el neofranquista Partido Popular dice ser de centro. Pero, ¿cómo diablos se define y describe el centro político más allá del maquillaje de la moderación que reclaman cansinamente? Cuando los partidos se definen de verdad políticamente es cuando gobiernan y muestran a favor de quien lo hacen.

Bill Cinton, por ejemplo, pretendía ser de centro en Estados Unidos, pero como presidente dio el primer paso para desregular el sector financiero y dejarlo sin control, propiciando que generara la crisis de 2008 que ha empobrecido al mundo. Clinton favoreció los intereses del reducido pero poderoso sector financiero, en detrimento de gran parte de la ciudadanía.

Son las actuaciones políticas las que retratan a los partidos. Un partido está más o menos a la derecha, aunque se diga de centro, según la fiscalidad que proponga, por ejemplo. Qué impuestos a pagar, quien paga más y quien menos. Cuanto más a la derecha, más se rebajan los impuestos a los más ricos. Y más se hace recaer la recaudación fiscal sobre quienes menos tienen, pero son más controlables por sus nóminas y el consumo básico.

Por eso sorprende que un partido que dice ser de centro como Ciudadanos coincida tanto con el Partido Popular en fiscalidad. Mientras FAES (fundación del PP para crear opinión) propone ir reduciendo los tramos de IRPF y que solo sean tres a medio plazo, Ciudadanos dice que hay que reducir directamente los tramos a tres. Pero cuantos menos tramos haya, más regresivos e injustos son los impuestos, ¿no?

FAES del Partido Popular propone en el impuesto de sociedades eliminar deducciones… para finalmente rebajar el tipo nominal al 25% o incluso al 20%. Y Ciudadanos dice que hay que establecer un nuevo tipo de impuesto de sociedades… del 20%. Para el PP el impuesto sobre el patrimonio ha de ser eliminado y Ciudadanos dice que ha de ser de tipos muy bajos y solo para patrimonios de más de un millón de euros…

La propuesta de fiscalidad de Ciudadanos recuerda mucho la del Partido Popular, además de sonar a lo de siempre de la derecha española: bajar un poco los impuestos sobre la renta y camuflar las rebajas de verdad a las rentas del capital, grandes empresas y corporaciones. Y que los impuestos indirectos, como el IVA, sean una gran fuente recaudatoria.

En los ochenta, Ronald Reagan y Margaret Thatcher empezaron a rebajar los impuestos a los ricos y pronto tuvieron seguidores en occidente. Pretendían que rebajar impuestos impulsa el crecimiento porque, si pagan menos impuestos quienes son más ricos invierten lo que ahorran en impuestos, la economía crece y se crea empleo.

Pero eso nunca ha sido verdad. En estos años de crisis, la minoría rica se ha enriquecido aún más y ha pagado menos impuestos (aparte de los que ha evadido), pero la economía sigue estancada. En Estados Unidos, por ejemplo, los ricos y súper-ricos pagaron de 1942 a 1944 ¡un 94% de tipo impositivo! Y, tras la guerra y hasta los setenta, 63% o más. Pero esos altos impuestos a los ricos no supusieron retroceso económico alguno. Al revés.

¿A quién beneficia un gobierno y a quién perjudica con su política económica y fiscal? Tras tres años y pico de gobierno del PP, crece una desigualdad muy preocupante y la pobreza alcanza cotas desconocidas hace tiempo, como atestigua el informe FOESSA de Cáritas, mientras los ricos aumentan 67% sus ganancias. Hasta los obispos denuncian que la situación es inaceptable. Según FOESSA, un 40% de españoles vive en la precariedad y casi una cuarta parte ya sufre exclusión, pero aún moderada.

Ya sabemos a favor de quien gobierna el Partido Popular y, por tanto, también aquellos cuyas políticas fiscales son semejantes. Más allá de como se auto califiquen.

P.S. Ya escrito y publicado este artículo, mi amigo, colega y compañero de profesión Siscu Bages me envía un artículo que ha escrito y publicado sobre Ciudadanos. No resisto reproducirlo, convenientemente traducido al castellano:

“Necesitamos una especie de Podemos de derechas”. Así de claro fue Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, al final de una conferencia que dio en el Círculo de Empresarios de Madrid, el pasado 25 de junio. No ha pasado un año y ya tiene lo que quería: Ciudadanos.

Algunos atribuyen el veloz éxito de Ciudadanos a las excelentes dotes comunicativas de su líder, Albert Rivera, en las tertulias televisivas a las que ha sido invitado. Tal vez, pero cabe señalar que hay un puñado de excelentes tertulianos que no son invitados  un día sí y otro también a los platós de las televisiones.

Había candidato, pero no había ideología,porque Ciudadanos nació en Cataluña como Ciutadans y lo hizo para atacar a los independentistas de derechas o izquierdas. Sin programa político definido había que improvisar un programa económico y se fichó a toda prisa el economista Luis Garicano. El 8 de febrero, Garicano anunciaba que se había afliado al partido por el que suspiraba Oliu.

Los banqueros son banqueros y tienen dinero, por tanto a Rivera y a Ciudadanos no les faltará. Si ha paseado usted por la  versión de la Feria de Abril en Cataluña habrá comprobado cuál era la caseta más lujosa.

Ciudadans despertaba simpatías entre quienes no quieren la independencia de Cataluña. Pero los que no quieren la independencia de Cataluña y son de izquierdas creen que a Rivera y compañía se les ve el plumero.

Ahora convendría saber cómo y en qué cantidad, en dinero y promesas, se ha forjado este juguete que tan contentos tienen a nuestros banqueros.

Elecciones y cambio político y social

El Reino de España ya está en campaña electoral. El 24 de mayo serán elegidos nuevos ayuntamientos y casi todos los gobiernos autonómicos y, desde las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, el Partido Popular y el PSOE, fundamento del régimen bipartidista monárquico, han perdido intención de voto a ojos vista. Pero, ya cerca de las primeras citas electorales en todo el terriotiro del Estado, aumenta entre la ciudadanía y la clase trabajadora resistentes la sensación de que ya no parece tan seguro que el bipartidismo monárquico neoliberal y autoritario sufra un descalabro electoral.  El PP ha frenado su caída libre en intención de voto, el PSOE se  ha estabilizado y Podemos, que se presenta como la garantía de cambio, parece haber llegado a su techo, a la vista de los resultados de las elecciones de Andalucía y los de las últimas encuestras electorales. Sin olvidar el ascenso de Ciudadanos, que nadie previó, pues, aunque se presenten como partido de centro, son una versión moderna de partido conservador y neoliberal; el posible sustituto del Partido Popular.   

Por todo lo dicho cunde cierta desesperanza, porque ya no se ve tan seguro el cambio soñado. Y se propaga cierto pesimismo porque se ignora una certeza que hace años escuché formular con lucidez al nonagenario militante comunista y poeta Fernando Macarro, más conocido por su nombre literario de Marcos Ana. El hombre que pasó más tiempo en cárceles franquistas (23 años) explicaba a un reducido e impaciente público joven que los cambios de verdad son necesariamente lentos pues, de no ser así, no son tales sino espectáculo.

Es verdad que las consecuencias nefastas de los recortes sociales y las implacables políticas neoliberales, que a tantos han hecho y hacen sufrir, han despertado muchas conciencias. Y también es cierto que por mucho que el gobierno cacaree sobre la recuperación económica y la salida de la crisis, los trabajadores, la gente común, comprueban en sus vidas que eso no es cierto. Pero no podemos olvidar que en los noventa y primeros años del siglo XXI, antes de la crisis, mucha gente creía vivir en el mejor de los mundos. Aunque un paro considerable haya sido constante durante décadas en España, la burbuja inmobiliaria no había estallado, no habían empezado los brutales recortes sociales ni las rebajas salariales y se ofrecía crédito al consumo a casi todo el mundo a tipos de interés asumibles. No aumentaban los salarios o muy poco, pero los trabajadores podían hacer un montón de horas extraordinarias y entramparse comodamente para pagar a plazos la vivienda, incluso una segunda residencia, televisores, lavavajilas  y automóviles en cuotas mensuales que se podían abonar sin demassiado apuro.

En este tiempo de capitalismo de crédito fácil, buena parte de la clase trabajadora se consideraba ‘clase media’. Se había olvidado que se forma parte de esa clase no por caprichosa elección o moda sino porque solo se dispone de la fuerza de trabajo para alquilar a cambio de un salario para poder vivir, en tanto que una minoría se lleva la parte del león porque detenta la propiedad de los medios de producción en los que trabajamos.

La conciencia de clase brillaba demasiado por su ausencia y el movimiento obrero se debilitaba. ¿Es casualidad que en España solo haya habido cuatro huelgas generales desde 2010, cuando se empezó a notar la crisis que devino saqueo, mientras en Grecia ha habido 30 huelgas generales desde 2009? Un movimiento obrero débil, como el de España, es indicio de falta de conciencia de clase y de insuficiente fortaleza política para acometer cambios en profundidad.

Los cambios profundos llevan su tiempo. Tiempo que es preciso también para forjar conciencias colectivas críticas y transformadoras. Además, en los cambios que merecen tal nombre se consigue parte de lo perseguido y parte no; aquí más y allí menos; aquí cambio notable, allí a medias o apenas… Un cambio revolucionario lleva su tiempo. Un cambio en el que se cuestione y empiece a cambiar la propiedad de los medios de producción, porque ese cambio está ligado al volumen de conciencia crítica de la clase trabajadora y de la ciudadanía y al aumento y afianzamiento de la conciencia de clase.

Y hoy, a pesar de haber más oposición, más resistencia y más movilizaciones populares, aún permanecen una parte considerable de creencias colectivas en mitos y fábulas neoliberales que desmovilizan. Que el crecimiento económico exponencial es imprescindible. Que la competitividad es la esencia de la economía. Que la libre circulación de capitales es buena. Que las normas y regulaciones frenan la economía. Que es legítimo que el capital obtenga buenos beneficios porque arriesga y crea riqueza. Que lo público es caro y malo y lo privado eficaz y bueno. Que la protección social crea vagos.  Que los medios de comunicación de los países occidentales ricos informan verazmente…

Con esa conciencia crítica colectiva insuficiente, más embustes y manipulaciones sistemáticos, que las clases populares ganen las elecciones es importante, pero también difícil, y, sobre todo, insuficiente. Porque las cosas cambian cuando la gente común cambia, se organiza y se moviliza; cuando la clase trabajadora se organiza y lucha. ¿Lucha de clases? ¿Otra vez esa antigualla? De antigualla nada, por cierto, porque la sufrimos día tras día. Y, como botón de muestra de su innegable realidad, recordaré que un destacado miembros de la minoritaria clase dominante, el estadounidense Warren Buffet (uno de los cuatro o cinco hombres más ricos del mundo) asegura “que por supuesto que hay lucha de clases y es mi clase, la clase rica, la que va ganando”.

Y se trata de que pierdan, porque ambas clases no pueden ganar. Por eso no hay que desesperar si los resultados electorales próximos no son los soñados. ¿O acaso alguien creía que el Ibex 35 (las grandes empresas y corporaciones españolas) iba a permanecer impertérrito ante un avance electoral popular? Pueden comprar todo lo comprable y lo hacen.

Por todo ello, el cambio profundo, político, social y económico no es equiparable a una carrera de velocidad ni solo cuestión de elecciones, sino que es más una carrera de fondo, una maratón, en la que hay que medir fuerzas y administrar y organizar energías. Y, por supuesto, aumentar la conciencia colectiva crítica y transformadora. La conciencia de clase trabajadora.

Elecciones y cambio político

En el Reino de España habrá en 2015 elecciones municipales, regionales y generales. En las encuestas de intención de voto, la nueva formación política Podemos se afianza como una de las que serían más votadas y, últimamente, la más votada. Si se suma que el partido griego Siryza aparece como vencedor de las próximas elecciones griegas, algunos analistas ya predicen un panorama de cambio en Grecia y España y tal vez en Europa después.

Sin embargo, como afirma el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, “pretender transformar la sociedad solo por unas elecciones, no es ilusión, es ilusionismo“. Aserto que completa la reflexión de Juan Torres de que “es necesario obtener buenos resultados en las elecciones, que no pueden ser un fin en sí mismo, pues solo estar en las instituciones puede ser ineficaz y frustrante si no hay un poder popular de la gente organizada desde abajo en constante movilización”.

La mayoría ciudadana, especialmente la clase trabajadora, ha de tener muy presente que un cambio real no se logra solo con un buen resultado electoral. Porque cambiar significa acabar con los desmanes e injusticias institucionalizados por la acción gubernamental durante años. Porque esas acciones u omisiones gubernamentales han convertido pobreza, desigualdad y recorte de libertades en elementos centrales de la situación económica, social y política del país.

Cambiar la política, la economía, el país, es ardua tarea que no se resuelve solo con mayoría parlamentaria, aunque ésta sea imprescindible. Porque no se trata de gobernar como siempre, pero mejor que PP y PSOE (que no es tan difícil), sino de terminar con el régimen monárquico bipartidista. Y hay que hacerlo desaparecer porque, como ha reiterado Pérez Royo, ese régimen del 78 no es una restauración de la democracia, como se proclama, sino una restauración de la monarquía con formas democráticas, que no es lo mismo. Hay que conseguir democracia de verdad, no solo formas democráticas. Y para lograrlo, además de mayoría parlamentaria, es imprescindible la movilización masiva de conciencias. Pero esa conciencia crítica colectiva no se logra por ganar elecciones. Se ganan elecciones si ha habido una movilización masiva de conciencias. Gramsci tenía razón al escribir que “la conquista del poder cultural es previa a la del poder político”. Poder cultural que es la hegemonía de la libertad, justicia, solidaridad y cooperación para que los derechos de la inmensa mayoría sean prioritarios. Pero para que primen los derechos de la inmensa mayoría es preciso un cambio profundo, una revolución democrática. Es establecer una democracia de verdad y no autoritarismo maquillado de formas democráticas; libertad de expresión con verdadero derecho a la información y no mayoría silenciada; servicios públicos en vez de salud, educación y pensiones como mercancía; economía productiva al servicio de la mayoría y no especulativa para las élites… y, muy especialmente, participación ciudadana. Porque democracia es más, mucho más, que votar cada cuatro años.

Alexis Charititsis de Syritza concreta por donde ha de caminar una democracia que necesariamente ha de ser participativa para ser democracia real. Es necesario un sistema con derecho de revocación, consultas públicas, referendos, auditorías civicas, consejos de trabajadores, comisiones ciudadanas… Porque hay que cambiar las reglas de juego. Otras reglas que no son reformar y parchear la actual Constitución (como quiere el PSOE, por ejemplo), sino redactar otra Constitución de abajo hacia arriba como reivindican los movimientos ciudadanos, sociales y la izquierda que merece tal nombre. Una Constitución que dé verdadero poder a la ciudadanía, que garantice la justicia social, que recupere libertades y las afiance. Y también que resuelva cuestiones pendientes, como el inaceptable trato de favor a la iglesia católica o investigar los crímenes del franquismo, procesar a los culpables y ofrecer reparación a las víctimas de la dictadura.

Parece difícil, pero se puede y hay esperanza. Como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se logra. Y él tenía experiencia en lograr lo que parecía inalcanzable.

El filósofo John Locke escribió que “cuando un gobierno usurpa las libertades, se corrompe o conduce la sociedad de modo distinto al que ha prometido, la resistencia y la desobediencia ciudadanas están plenamente justificadas”. Con la ciudadanía resistente, movilizada y organizada, además de ganar las elecciones, se pueden cambiar las cosas.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

Bipartidismo, una seria amenaza para la democracia

En una ilustración del humorista El Roto, dice un tipo encorbatado: “Renovación, sí, pero siempre que sea de lo mismo“. Eso es lo que prepara el bipartidismo. Más de lo mismo. Y frutos comprobados de modo reiterado del bipartidismo son la rebaja de democracia, el recorte de libertades y la reducción o pérdida de derechos sociales que, lenta pero inexorablmente, se perpetran bajo un disfraz meramente formal de democracia. Porque democracia es mucho más que votar representantes cada cuatro años. Recordemos; democracia es que la gente común realmente participe en la toma de decisiones políticas importantes y no -muy largo me lo fiáis- solo poder influir cada varios años.

El bipartidismo escenifica alternancia, que no alternativa, y así hemos llegado a la situación actual en la que los gobiernos de los países van en una única dirección. Que no es precisamente la que conviene a la ciudadanía. Como proclamaban una y otra vez los indignados del 15 M, “PP-PSOE la misma cosa son“. Cierto, en lo esencial, en lo que de verdad importa. En la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, la alternancia demostró hasta que punto se corrompe un país y se rebaja la democracia cuando impera. Fue hace casi siglo y medio, cuando se sucedían Cánovas y Sagasta ordenadamente: ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. En nuestros días, el bipartidismo cuece un gobierno de ‘concentración nacional’ de PP y PSOE. Aunque, a fuer de sinceros, “un gobierno oculto de coalición PP-PSOE  ya existe en las grandes cuestiones de Estado, en las que realmente importan al verdadero poder”, escribe Manuel Monereo. Entonces, ¿por qué proponer ahora un gobierno de coalición visible? Porque el régimen monárquico bipartidista hace aguas. Y porque continuarán las ‘reformas’ que la Troika exige, reformas que aumentarán el sufrimiento de la ciudadanía. Pero ¿acaso no se crea empleo y dicen se creará más? La muy lenta reducción de desempleados se logra a costa de aumentar los trabajadores pobres, nueva categoría social. Por precariedad y por salarios muy bajos. Lo comprobamos en Alemania donde millones de asalariados devienen trabajadores pobres y han de recurrir a la asistencia social.

Eso cabe esperar del bipartidismo, porque genera una democracia muy recortada, muy aguada, holográfica. Pero, ¿acaso no son votados los partidos del bipartidismo? Pero no es suficiente. También se votaba en las dictaduras de Trujillo en Dominicana y de Stroessner en Paraguay, por ejemplo. Democracia no es una liturgia electoral, aunque las elecciones libres sean herramienta básica. Democracia es que se respeten, protejan y desarrollen los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y cívicos de todos y todas ciudadanos y ciudadanas. Sin excepción. Siempre. Echen un vistazo atento a la Declaración Universal de Derechos Humanos o lean la carta de derechos de Europa y comprobarán hasta que punto no podemos decir que haya democracia cuando se violan tan sistemáticamente tantos derechos de tantos y tantas. Una y otra  vez.

En España, como en la Unión Europea, las dos formaciones políticas que tejen el bipartidismo han eliminado normas y controles del sector financiero y bancario; con todo el desastre que eso ha traído consigo. Y han votado juntos todos los tratados de la Unión que han dado el poder a la élite económica. En el Parlamento Europeo, socialdemócratas y conservadores han votado lo mismo en más del 73% de decisiones de los últimos cinco años. Y, en cuanto a eurodiputados españoles, PP y PSOE votaron lo mismo el 75% de las veces. Presuntos socialistas y conservadores reales gobiernan a la par en Alemania. Gobiernan también juntos en otros diez países europeos y se llevan muy bien en el Consejo y Comisión europeos. La gran coalición ya funciona. Porque es lo que conviene al poder económico. El que manda de verdad. Y, si se les ocurre justificarlo con la teoría del mal menor, lean lo que Antonio Gramsci nos enseñó sobre la elección del mal menor.

En España, PP y PSOE sumaron sus votos para tumbar la propuesta de Izquierda Plural de someter a referéndum la ratificación o rechazo del Tratado de comercio e inversión entre Unión Europea y Estados Unidos que se negocia en secreto. Un tratado que, de firmarse, abrirá una vía veloz para vaciar la democracia, aparte de otros males sociales y económicos. ¿Por qué? A la clase dominante, en verdad no le gusta la democracia, no le gusta nada. Y el poder que otorgaría ese Tratado a las corporaciones multinacionales reducirá los parlamentos nacionales y el Europeo a vacua tramoya. Que es lo que buscan, la democracia al garete; que ningún parlamento o gobierno pueda decidir nada que disminuya un ápice sus obscenos beneficios.

En España, PP y PSOE promovieron y votaron juntos la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda púbica y sus intereses pasara por delante de la inversión social, los servicios públicos y los derechos sociales de la ciudadanía. Ambos partidos se han opuesto a la dación en pago para cancelar la deuda hipotecaria que ahoga a cientos de miles de familias y han votado juntos para que no se puedan tomar medidas eficaces contra la evasión fiscal. Además de aprobar contarreformas laborales que permiten despedir a los trabajadores a muy bajo precio incluso en empresas que tengan beneficios. Han bajado los salarios y congelado las pensiones y gobiernan o han gobernado con la misma austeridad que ha arruinado a gran parte de la ciudadanía europea.

¿No son lo mismo? Monereo recuerda que “hay algunas diferencias entre ambas formaciones del bipartidismo pues, si no las hubiera, el negocio no sería posible”. Por eso escenifican numeritos, pretendidos debates tensos, descalificaciones… Pero lo cierto es que defienden los mismos intereses. Que son los intereses del poder económico y financiero. Que suele ser agradecido, por cierto.

Ahora el bipartidismo prepara una nueva ofensiva en España. Con un nuevo flamante rey y tal vez alguna reforma constitucional de chicha y nabo. Para impedir que la ciudadanía, movimientos sociales y partidos de izquierda de verdad, que se movilizan más y más, inicien un proceso constituyente hacia una verdadera democracia. Por eso mismo urge a la ciudadanía ponerse las pilas, concretar el camino hacia la democracia y avanzar en coordinación y unidad. Para conseguir el poder y cambiar las cosas.