Heredero del franquismo

Alianza Popular (AP), partido previo al Partido Popular de Aznar y Rajoy, fue fundado por ex jerarcas franquistas. El programa de AP era la unidad de la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la libre empresa (así llaman al capitalismo desaforado), la educación en manos de la Iglesia católica y la moral sexual reprimida. Como en las elecciones AP no conseguía votos ni para pipas, Fraga Iribarne, uno de sus fundadores y ministro de Información con Franco, impulsó un intenso maquillaje de la franquista AP. Y así, en un congreso de refundación en 1989, Alianza Popular pasó a llamarse Partido Popular. Mismos perros con diferentes collares. Pero antes, en octubre de 1976, el acto fundacional de Alianza Popular finalizó con todos los asistentes (cargos luego del PP) coreando en pié Franco, Franco, Franco. Esclarecedor.

Según la legalidad internacional que emana de la ONU, el franquismo fue ilegal por alzarse en armas contra el gobierno legítimo de la República. La Resolución 39 (I) de Naciones Unidas de 9 de febrero de 1946, aprobada por unanimidad por la Asamblea General, afirma que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español. Según la ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad. Y, según la Resolución de la ONU de 2 de octubre de 1997, el franquismo violó sistemáticamente el derecho de las víctimas de la represión y de sus familiares. Y aún después, el 17 de marzo de 2006, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó unánime la condena de la dictadura franquista por “múltiples y graves violaciones” de derechos humanos perpetradas en España por la dictadura de 1939 a 1975. La condena afirma que “hay pruebas suficientes de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, cometidas por el régimen franquista, y asumir el pasado no es solo retirar símbolos de la dictadura de lugares públicos. Ha de haber un juicio del régimen franquista que desemboque en una condena sin ambigüedad”.

Las atrocidades del franquismo fueron perpetradas hasta los años cincuenta por el ejército golpista y Falange, y justificadas por la Iglesia Católica. Fue en verdad una estrategia de tierra quemada, un genocidio, y, a medida que en la guerra el ejército franquista conquistaba pueblos y ciudades, detenía a los republicanos y casi siempre los fusilaba. Es significativo que uno de los colectivos más perseguidos y asesinados por los franquistas fueran los maestros de escuela, impulsores de la lealtad a la República.

Alberto Garzón nos recordó que en este país hubo campos de concentración, miles de juicios sumarísimos y durante años fusilamientos diarios de quienes defendían la democracia. Y hoy hay unos 150.000 desaparecidos cuyos restos el gobierno del Partido Popular se niega a buscar y dificulta la búsqueda por sus familiares. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados, solo superado por Camboya. Eso marca también al Partido Popular como heredero directo del franquismo.

El franquismo fue un sistema totalitario que devino autoritario y continuó siendo criminal en el último tramo de su nefasta existencia. En nuestros días, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU exigen investigar los crímenes franquistas. Amnistía y la ONU exigen también derogar la ley de amnistía de 1977 que exculpó a los franquistas criminales de guerra y de lesa humanidad, algunos hoy o hasta hace un tiempo cargos públicos, catedráticos, empresarios…

El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador”, escribió el investigador Alfredo Grimaldos, “sino una estructura de poder que se integró en la monarquía” y por eso no hubo cambios del aparato político y administrativo de la dictadura. Políticos franquistas dirigieron también la transición. Dirigentes franquistas de la policía, judicatura y ejército continuaron en sus puestos o ascendieron en el escalafón y los jueces del fascista Tribunal de Orden Público pasaron a ser magistrados de instituciones judiciales de la democracia. Incluso los torturadores de la Brigada Político-Social continuaron en sus cargos de la policía.

Y, si aún hay quien dude de lo que afirma el título, recuerde que la llamada Ley Mordaza y la reforma el Código Penal, ambas perpetradas por el Partido Popular, convierten al disidente político y a quien protesta en delincuentes. Características definitorias de los regímenes de Mussolini y Hitler, por ejemplo.

Los pueblos de España tienen una asignatura pendiente: borrar hasta el último resto de franquismo.

La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

La realidad de los derechos humanos en Colombia

La Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado que la abogada Lina Malagón Díaz ha recibido amenazas de muerte y sido declarada “objetivo militar” por los paramilitares Águilas Negras, que la insultan llamándola “puta guerrillera que defiende a sindicalistas”. 

Docenas de defensores de derechos humanos colombianos han recibido amenazas de muerte.

 En septiembre de 2008, en el depósito de Ocaña, a 610 kilómetros de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Uribe calificó a esos jóvenes muertos como delincuentes “que no estaban precisamente recogiendo café en una finca”, pues, según la fiscalía general, eran guerrilleros “muertos en combate”. Pero Mario Iguarán, fiscal general, dijo ignorar quiénes eran y cómo habían muerto.

 Amnistía Internacional denunció que “a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”.

 Sólo en Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero las denuncias superaron los 50. El ejército argumentó que eran reclutados por las FARC y abatidos en combate. Pero la policía averiguó que reclutadores paramilitares recorrían barrios pobres ofreciendo contratos de trabajo a jóvenes desocupados. Los llevaban engañados a zonas de guerra e indicaban al ejército su ubicación para que los mataran y exhibieran como “trofeos de guerra”.  Canallada posible por el sistema de recompensas del ejército. Las bajas de guerrilleros son “positivos” en jerga militar y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, son “falsos positivos”.

 El escándalo forzó al Gobierno a expulsar a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Pero sólo los expulsó. Esos homicidios son la punta visible de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia como práctica generalizada y sistemática. Y Navi Pillay, comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, declaró que las ejecuciones extrajudiciales “parecen ser una práctica difundida y sistemática” en Colombia. También dijo haber “expresado al gobierno  de Colombia la preocupación por el gran nivel de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno se ha comprometido a investigar las denuncias”. Ya son 1.483 ejecuciones extrajudiciales denunciadas los últimos años.

 Durante octubre y noviembre de 2008, las comunidades indígenas de Colombia se manifestaron contra las constantes violaciones de derechos humanos por defender su tierra. Según Amnistía Internacional “autoridades estatales, fuerzas de seguridad y gobierno tacharon estas manifestaciones como subversivas. Y a esas acusaciones a menudo siguieron homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de muerte por parte de paramilitares y fuerzas de seguridad”.

 Según el presidente Uribe, su gobierno “ha desmontado el paramilitarismo”, pero organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que, como mínimo, 12.000 paramilitares continúan guerreando. Extorsionan a campesinos, indígenas y descendientes de esclavos negros, les arrebatan tierras y los asesinan. O matan sindicalistas. El sindicato Comisiones Obreras de España asegura que “tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos”.

 Para mostrar que está contra los paramilitares, ante la pregunta de una periodista que le entrevista, Álvaro Uribe pregunta retóricamente “¿quién iba a pensar hace pocos años que 13 ó 14 jefes paramilitares estuvieran en cárceles de Estados Unidos, extraditados?”. Pero no dice que esos paramilitares sólo han sido juzgados y condenados por narcotráfico. En Colombia ningún jefe o soldado paramilitar ha respondido ante la justicia por crímenes de guerra cometidos. Hay impunidad.

 El informe de Amnistía Internacional “¡Déjennos en paz!”, sobre Colombia, aporta datos escalofriantes. En 2007 hubo en Colombia 1.400 homicidios de civiles (1.300 en 2006). De éstos, las fuerzas de seguridad fueron responsables de 330 homicidios, los paramilitares de 300 y los grupos guerrilleros de 260. Unas 305.000 personas fueron forzadas a desplazarse en 2007 (220.000 en 2006). Y al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada por fuerzas de seguridad y paramilitares o secuestradas por grupos guerrilleros (180 en 2006).

 Amnistía Internacional mantiene que estos crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados en Colombia no deben quedar impunes. Los responsables han de responder ante los tribunales de justicia en Colombia, tribunales de otros Estados por el principio de jurisdicción universal o tribunales penales internacionales.

Y, entre tanto, como dice María Mc Farland, responsable del informe de Human Rights Watch sobre Colombia: “Estados Unidos y la Unión Europea están demasiado callados en los últimos años”.

 Es hora de difundir la realidad de los derechos humanos en Colombia.