Cuando el libre comercio es mentira y explotación

¿Cómo les suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque le obligan a poner en las cajetillas que el tabaco es malo (como está archidemostrado)? ¿O que una petrolera demande a una república porque un tribunal de la misma la condenó a limpiar los muchos residuos tóxicos que vertió en la Amazonia durante años? Ha ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador.

¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un mínimo control de capitales? Es Chile, que no puede controlar los capitales que se mueven en su territorio por prohibírselo un acuerdo comercial con Estados Unidos. También han esgrimido un acuerdo comercial Chevron y Philips Morris para sus indecentes e ilegítimas demandas.

Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un magno Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Y, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones. Y el secreto nunca augura nada bueno. Nunca.

El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de México, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y también en Estados Unidos y el acuerdo benefició de verdad a grandes empresas de ambos países, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así ha ocurrido en todos los países que han firmado acuerdos comerciales bilaterales.

Desde hace décadas, los países ricos ya no suelen ocupar militarmente los mal llamados países en desarrollo para colonizarlos. La ocupación militar para disponer de materias primas baratas y recursos naurales ha sido sustituida por tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados ha firmado, Estados Unidos, ha invadido manu militari varios países.

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es apoyar a las grandes empresas en los países receptores frente a las actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, esos tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales puedan incumplir las leyes nacionales. E impongan sus disolventes condiciones a la política económica del país receptor. Los tratados dicen establecer mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero el auténtico objetivo es crear entidades de arbitraje que tramiten las demandas de las empresas contra los estados, falladas mayoritariamente a favor de las empresas. Unos arbitrajes lejos de cualquier control democrático, por supuesto.

Ahora, ante la muy elevada probabilidad de que se firme el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, los lobbies de grandes empresas y corporaciones ya van a saco contra la que ellos llaman “politización de acuerdos comerciales“. Es decir, contra  la posibilidad de que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo legislen protegiendo a la ciudadanía y al medio ambiente.

Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen frontalmente a que en el acuerdo comercial se incluya la protección de derechos humanos y laborales. Porque lo que busca ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía, la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de muy caras demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más de contenido democrático a Europa.

Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Y sí de lo contrario, podríamos añadir. La dicha liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y algún otro, pero la mayoría de países ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos ellos, excepto en China. Y eso sin ahondar en la evidencia de que las comisiones internacionales de arbitraje no son nada fiables sinó todo lo contrario. Porque tienen también una puerta giratoria: sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés.

Cabe preguntarse pues, como ha escrito Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esa oscuridad informativa (que conviene a la minoría rica) es altamente perjudicial para la ciudadanía que se juega mucho. La aplicación del acuerdo tendrá un impacto muy negativo en los derechos, la justicia, el bienestar y una vida digna de la mayoría de ciudadanos.

En cualquier caso, como ha escrito Joseph Stiglitz, sabemos que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino imponer un comercio dirigido al servicio de los intereses de la minoría económica que ha dominado la política comercial de Occidente.

Si la ciudadanía no se espabila e impide ese acuerdo comercial, lo pagará caro.

El enemigo principal

En un blog, cuyo nombre no recuerdo, leo este apasionado aserto: “España solucionaría sus problemas si […] abandonara esos vicios políticos y morales que la convierten en una dictadura sucia de partidos políticos y de políticos“. Tremendo. ¿Dictadura de políticos? No exactamente. Una democracia descafeinada, vaciada, de decorado, sí, pero ¿dictadura…?

A quien tal afirma le sugiero que averigüe lo que ocurría en concreto en el período de tiempo que va de 1939 a 1976. Probablemente comprobaría en sus carnes el empleo alegre del término dictadura. Mi reflexión no pretende defender a los políticos profesionales, nada más lejos de mi ánimo, sino centrar quien es el verdadero enemigo de la ciudadanía y sus derechos porque, si no lo sabemos, difícilmente superaremos esta situación que nos oprime. Las palabras han de usarse con rigor o se contribuye a la corrupción general del lenguaje que, mira por donde, es una de las armas preferidas de quienes nos saquean y violan nuestros derechos.

En esta crisis-austeridad-saqueo que oprime a la ciudadanía, los políticos no son el principal y aún menos el único enemigo, como se oye a todas horas por todas partes. Por supuesto tienen una responsabilidad enorme en lo que pasa, porque muchos han traicionado a los ciudadanos que los eligió y en ellos delegó el poder que en democracia solo posee legítimamente la ciudadanía.

El enemigo principal es el poder económico-financiero. La banca, las grandes compañías aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de riesgo y de pensiones, las grandes empresas, corporaciones industriales, petro-químicas, farmacéuticas, grandes fortunas… Ellos son el enemigo principal. Muy pocos, por cierto, respecto al total de la humanidad.

Son los que actúan, presionan, compran conciencias, manipulan, desinforman, estafan, especulan, sobornan, reprimen, provocan guerras y las mantienen… No directamente, claro. Poseen todo el dinero del mundo para corromper, ordenar, impulsar y dirigir a diversos actores a su indiscutible servicio que son quienes ejecutan las felonías citadas. Agentes del poder económico y financiero como gobernantes, diputados, alcaldes de grandes ciudades, directores de medios de comunicación, abogados de campanillas, directivos de entidades internacionales, cúpulas militares…

¿Por qué el poder económico y financiero es el enemigo principal? Porque no solo busca aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores, de la ciudadanía, sino que pretende retroceder a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general al primer tercio del siglo XX. No como efecto colateral, sino como objetivo. Los políticos, algunos políticos, tal vez muchos políticos, son cómplices necesarios a su servicio, pero no son los máximos responsables del saqueo.

Esta historia empezó en los setenta, cuando la reducida minoría rica (la clase dominante, según Marx), al comprobar la disminución de beneficios tras cuatro décadas de vacas gordas, decidió enterrar el pacto social de ese tiempo y pasar a la acción para que las cosas volvieran al orden que les convenía: la hegemonía indiscutible de la clase rica y el control y subyugamiento de las clases trabajadoras. Una decisión de la minoría rica acelerada, como recuerda Josep Fontana, por el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos obreros, por la radicalización de las luchas de los trabajadores (mayo del 68 en Francia, otoño caliente en Italia. “Cordobazo” del 69 en Argentina…), del anti-colonialismo, del anti-imperialismo…

El inicio concreto, previo a la ofensiva, tal vez fue en 1970 o 71, cuando la Cámara de Comercio de EEUU (una de las organizaciones de clase dominante más poderosas) encargó un informe sobre la situación de lo que ellos llaman economía de mercado o de libre empresa y nosotros, sencillamente capitalismo. Les interesaba conocer la aceptación del capitalismo y la adhesión al mismo por parte de la gente común en EEUU. En unas sesenta páginas el informe alertaba sobre el aumento del izquierdismo y de los enemigos de la “libre empresa” (universitarios, profesores, artistas, sindicalistas…) y recomendaba a los líderes del capitalismo pasar al ataque en tres frentes: educación, medios de información y política. Visto lo sucedido desde entonces, está claro que la élite de la “economía de mercado” hizo suyas las recomendaciones del informe.

La ofensiva empezó en serio con Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Una acometida que se inició con el ataque sistemático a los sindicatos hasta debilitarlos o incluso dejarlos en estado vegetativo, al tiempo que gobernaban con descaro a favor de los ricos, reduciendo sus impuestos escandalosamente, por ejemplo. Esa política se extendió como mancha de aceite en los años sucesivos por Europa y países anglosajones. El resto de países, el entonces llamado Tercer Mundo, sufría las agresiones sistemáticas del FMI y Banco Mundial en forma de privatizaciones y otras “reformas estructurales” exigidas sine qua non para poder recibir préstamos internacionales con tales condiciones que ponían a los países deudores a los pies de los caballos de los países acreedores.

La guinda la puso Bill Clintón al otorgar patente de corso a la banca al legislar que los bancos de inversión pudieran actuar como bancos comerciales y otros regalos y mercedes. El capital se movía ya con absoluta libertad, eliminada cualquier norma, regla o control.

En ese amenazador escenario para la ciudadanía, los políticos profesionales jugaron un papel muy importante, porque perpetraron leyes de “liberalización”, privatización y otras bribonadas que han instaurado la actual crisis, estafa y saqueo. Pero esos políticos han actuado por encargo, no son los autores principales. Tal vez excepto parcialmente en EEUU donde las famosas puertas giratorias entre política y economía-negocios-empresas generan que miembros de la minoría rica devengan políticos. Porque la estructura de poder en EEUU (con un coste prohibitivo de las campañas electorales) convierte los cargos públicos elegibles en misión imposible de no poseer sólidas fortunas. Pero, en general, no es el caso de España ni de Europa, donde las puertas giratorias son una indecente y privilegiada vía para enriquecerse políticos desleales que hasta serlo nunca habían comido caliente, como decía sarcástica mi abuela Flora.

La cuestión no es ya si los políticos son así o asá (los dioses me libren de defenderlos). La cuestión esencial es que este sistema apenas democrático está contra la ciudadanía en aras de los intereses de una reducida minoría. Esa minoría que constituye el poder económico y financiero ha reducido la democracia a un vacuo ritual electoral y ha logrado que los parlamentos tengan escaso poder real. Quien decide son FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMC… claramente a su servicio. Y contra esa minoría  hay que luchar prioritariamente.

Esa es la cuestión y no despotricar sin cesar contra los políticos, eficaz maniobra de distracción por otra parte para que los verdaderos responsables del saqueo permanezcan en el anonimato y no sean objetivo de la ciudadanía. Y, como objetivo político, ya dijo hace años Julio Anguita que los mercados (es decir, el poder financiero) tienen nombre y apellidos. Battiston, Glattfelder y Vitali han elaborado un riguroso informe sobre las relaciones de poder y cruces de miles de empresas y consejos de adminsitración de todo el mundo y han concluido que la economía está en manos de 737 grandes bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de riesgo, fondos de pensiones, grandes empresas y corporaciones industriales y otras que controlan el 80% de las empresas transnacionales más poderosas. En el Reino de España, por ejemplo, 1.400 personas gestionan el 80% del PIB nacional. Y en Cataluña se dice desde siempre que la economía de ese país está dominada por 400 familias.

Quienes constituyen el poder económico y financiero son el enemigo principal, incluso quienes hacen generosas donaciones para las causas que sean. No lo olvidemos. Y son el enemigo porque así lo  quieren. Luego podemos fijarnos en los cómplices necesarios, cómplices sin más, encubridores y otros contribuyentes a la estafa y saqueo que nos deja sin presente ni futuro, que algunos se empeñan en llamar crisis.

Ahora, el asalto a las pensiones

En el supermercado donde compro, a menudo coincido en la cola para pagar con personas mayores, pensionistas. Con frecuencia he visto como una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha comprado para que le alcance el dinero. No es un cuento ni hecho excepcional.

En España, más de la mitad de 9 millones de pensionistas cobran menos de 800 euros mensuales y la pensión de más de tres millones de ellos es inferior a 600 euros, 500, 400… Viva usted sin apuros con esas cantidades en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao… Pese a ello la bajada de pensiones es una exigencia de la Unión Europea a los países “rescatados”. Ahora toca el asalto a las pensiones en España.

Olli Rehn, responsable económico de la Comisión Europea, insiste una y otra vez desde hace meses que España ha de rebajar ya (perdón, “reformar”) sus pensiones públicas. Para facilitarlo, el gobierno creó un comité de doce “expertos” que propusiera cómo asegurar la “sostenibilidad” de las pensiones. Ese fue elpretexto. Y ese comité ha propuesto retrasar ya la jubilación a los 67 años, así como calcular pensiones y su actualización sin tener en cuenta la evolución de los precios, pero confusamente ligadas al crecimiento económico. Las pensiones pueden congelarse indefinidamente e incluso disminuir.

En Grecia, se rebajó un 20% las pensiones de 1.200 euros mensuales; en Irlanda, 10% menos para las nuevas pensiones y las que superaban 1.000 euros al mes, y en Portugal se rebajó entre 5 y 10% todas las pensiones. En España, el Gobierno quiere evitar incendios políticos y una huelga general; por eso aplaza de momento la recomendación de aplicar en 2014 la rebajadora contrarreforma y pospone aspectos provocadores a 2019. Pero no renuncia. Las pensiones serán rebajadas. De momento amenazan con aumentos de las pensiones del ¡0,25%! Un derroche.

Con tanto mensaje disuasorio y alarmista cabe preguntarse, ¿tan cruda es la situación de las pensiones? No. Y, además, no hay que creer ni una palabra a los presuntos “expertos” del informe de “sostenibilidad”. Nueve de los doce han cobrado o cobran de la banca, grandes empresas y aseguradoras. Bancos y compañías de seguros que obtendrán cuantiosos beneficios si las pensiones públicas son muy insuficientes y la gente contrata pensiones privadas. Como denuncia reiteradamente Miren Etxezarreta y ya ha ocurrido en Gran Bretaña, por ejemplo.

Según el único “experto” del equipo perpetrador del informe sobre sostenibilidad de las pensiones que no ha vendido su alma al diablo, el profesor Santos M. Ruesga, vinculado al sindicato UGT, “el gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato”. Y, como escribe el abogado sindicalista Sabino Cuadra, en España el dinero para pensiones públicas es inferior al de Francia, Italia, Alemania o Portugal. El profesor Nacho Álvarez a su vez recuerda que “según Eurostat (agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es de los más baratos de Europa. El gasto español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (10,7% del PIB). Muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio de la Unión Europea (13% del PIB), 3.658 de Francia (14,4% del PIB), 3.421 de Alemania (12,8% del PIB) o 3.295 de Italia (16% del PIB)”. En los últimos años, insiste Cuadra por su parte, en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25% y el gobierno se propone reducirlo otro 25% más. A ese pillaje denominan “sostenibilidad”.

Lo cierto es que la nefasta política de austeridad y recortes gubernamentales han expulsado a más de tres millones y medio de cotizantes de la Seguridad Social por el aumento millonario del paro. Ese sí, insostenible.

La cuestión no es económica ni presupuestaria sino de derechos. Derechos de los trabajadores que se retiran de la vida laboral. Y con los derechos humanos no se juega: hay que ser inflexible. Por eso, las pensiones podrían financiarse a cargo de los presupuestos del Estado sin depender del volumen de cotizantes. Quienes han de ser sostenibles son los pensionistas con una pensión mínima que asegure una vida digna. Lo indiscutible es que hasta la crisis-saqueo, la austeridad y los recortes no hubo problema con las pensiones públicas. Había superávit. El sistema de pensiones no es insostenible; lo que es insostenible es este gobierno al servicio de la banca y grandes empresas.

Para garantizar las pensiones públicas, otros servicios esenciales y los derechos hay un camino: acabar con el fraude fiscal (más de 80.000 millones de euros anuales) y establecer impuestos justos, progresivos y suficientes por los que pague más quien más tiene y más gana.