La realidad de los derechos humanos en Colombia

La Comisión Colombiana de Juristas ha denunciado que la abogada Lina Malagón Díaz ha recibido amenazas de muerte y sido declarada “objetivo militar” por los paramilitares Águilas Negras, que la insultan llamándola “puta guerrillera que defiende a sindicalistas”. 

Docenas de defensores de derechos humanos colombianos han recibido amenazas de muerte.

 En septiembre de 2008, en el depósito de Ocaña, a 610 kilómetros de Bogotá, no cabían los cadáveres de jóvenes sin identificar. Semanas después, el presidente Uribe calificó a esos jóvenes muertos como delincuentes “que no estaban precisamente recogiendo café en una finca”, pues, según la fiscalía general, eran guerrilleros “muertos en combate”. Pero Mario Iguarán, fiscal general, dijo ignorar quiénes eran y cómo habían muerto.

 Amnistía Internacional denunció que “a finales de octubre de 2008, emergió el escándalo de homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”.

 Sólo en Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero las denuncias superaron los 50. El ejército argumentó que eran reclutados por las FARC y abatidos en combate. Pero la policía averiguó que reclutadores paramilitares recorrían barrios pobres ofreciendo contratos de trabajo a jóvenes desocupados. Los llevaban engañados a zonas de guerra e indicaban al ejército su ubicación para que los mataran y exhibieran como “trofeos de guerra”.  Canallada posible por el sistema de recompensas del ejército. Las bajas de guerrilleros son “positivos” en jerga militar y es baremo de eficacia bélica. Las muertes de varones civiles, presentados como guerrilleros abatidos en combate, son “falsos positivos”.

 El escándalo forzó al Gobierno a expulsar a 27 oficiales y suboficiales del ejército. Pero sólo los expulsó. Esos homicidios son la punta visible de un gigantesco iceberg. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia como práctica generalizada y sistemática. Y Navi Pillay, comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, declaró que las ejecuciones extrajudiciales “parecen ser una práctica difundida y sistemática” en Colombia. También dijo haber “expresado al gobierno  de Colombia la preocupación por el gran nivel de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno se ha comprometido a investigar las denuncias”. Ya son 1.483 ejecuciones extrajudiciales denunciadas los últimos años.

 Durante octubre y noviembre de 2008, las comunidades indígenas de Colombia se manifestaron contra las constantes violaciones de derechos humanos por defender su tierra. Según Amnistía Internacional “autoridades estatales, fuerzas de seguridad y gobierno tacharon estas manifestaciones como subversivas. Y a esas acusaciones a menudo siguieron homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de muerte por parte de paramilitares y fuerzas de seguridad”.

 Según el presidente Uribe, su gobierno “ha desmontado el paramilitarismo”, pero organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que, como mínimo, 12.000 paramilitares continúan guerreando. Extorsionan a campesinos, indígenas y descendientes de esclavos negros, les arrebatan tierras y los asesinan. O matan sindicalistas. El sindicato Comisiones Obreras de España asegura que “tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos”.

 Para mostrar que está contra los paramilitares, ante la pregunta de una periodista que le entrevista, Álvaro Uribe pregunta retóricamente “¿quién iba a pensar hace pocos años que 13 ó 14 jefes paramilitares estuvieran en cárceles de Estados Unidos, extraditados?”. Pero no dice que esos paramilitares sólo han sido juzgados y condenados por narcotráfico. En Colombia ningún jefe o soldado paramilitar ha respondido ante la justicia por crímenes de guerra cometidos. Hay impunidad.

 El informe de Amnistía Internacional “¡Déjennos en paz!”, sobre Colombia, aporta datos escalofriantes. En 2007 hubo en Colombia 1.400 homicidios de civiles (1.300 en 2006). De éstos, las fuerzas de seguridad fueron responsables de 330 homicidios, los paramilitares de 300 y los grupos guerrilleros de 260. Unas 305.000 personas fueron forzadas a desplazarse en 2007 (220.000 en 2006). Y al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada por fuerzas de seguridad y paramilitares o secuestradas por grupos guerrilleros (180 en 2006).

 Amnistía Internacional mantiene que estos crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados en Colombia no deben quedar impunes. Los responsables han de responder ante los tribunales de justicia en Colombia, tribunales de otros Estados por el principio de jurisdicción universal o tribunales penales internacionales.

Y, entre tanto, como dice María Mc Farland, responsable del informe de Human Rights Watch sobre Colombia: “Estados Unidos y la Unión Europea están demasiado callados en los últimos años”.

 Es hora de difundir la realidad de los derechos humanos en Colombia.

Lo que corresponde a los empresarios y financieros

Con la crisis surgen ganas enormes de reciclaje profesional en numerosos ejecutivos y directivos empresariales y financieros. Tal indica el incremento de matriculaciones en cursos master de dirección empresarial y especialidades similares en Europa. Como si aceptaran que no estaban bastante preparados.

Pero no caerá esa breva. Aún hemos de verles reconocer la incompetencia  y la irresponsabilidad empresariales y financieras, factor clave en la generación de la crisis, además de la obscena codicia desbordada y el juego sucio.

 En España, y otros pagos de la vieja Europa, las crisis se traducen en paro. A renglón seguido, la clase empresarial y financiera pide a los gobiernos flexibilización del mercado laboral como mejor respuesta al desempleo. Nos tememos que en otros continentes se respira igual. Flexibilidad es eufemismo de una vieja aspiración empresarial: despido libre, congelación de salarios y otras desprotecciones sociales. Combatir el desempleo, destruyendo empleo.

 Lo cierto es que ha habido incompetencia, incapacidad e ineptitud manifiestas en amplios sectores del mundo empresarial y financiero global. Más gravísima irresponsabilidad. ¡Aquellos ejecutivos de la aseguradora AIG celebrando el multimillonario rescate de la empresa con dinero federal pasando un fin de semana a todo tren en un soleado hotel californiano de superlujo que costó cientos de miles de dólares! Lujo, derroche e incapacidad caracterizan a buena parte de financieros y empresarios.

 Pero la clase empresarial y financiera reincide en pedir rebajas salariales, despidos libres… como receta infalible. Si miramos a fondo (con la referencia de España como arquetipo de la crisis), la clase empresarial y financiera debería mirar la viga en el ojo propio y no la paja en el ajeno. Financial Times (que no es un periódico de izquierdas) publicó en marzo de 1991 que “durante los años de expansión de la economía española, hubo gran crecimiento de inversiones financieras, la mayoría especulativas, hipotecarias, en lugar de aumentar el tejido industrial y productivo”.

 Y de aquellos polvos, estos lodos. Pero la clase empresarial y financiera continúa clamando por la “flexibilización del mercado laboral”.

 No son imaginativos ni innovadores. No proponen contratos a tiempo parcial, por ejemplo, que en Dinamarca y Holanda redujeron el desempleo de mujeres y hombres de edad avanzada. No se les ocurre que la superación de la crisis es impulso creativo de nuevas tecnologías en la empresa, recurso a energías no contaminantes (para lo que deben ser desarrolladas), fomento de la educación específica de los trabajadores…

 No. Quieren abaratar el despido, abaratar el trabajo, reducir o congelar los salarios, ya bastante bajos en bastantes países europeos y, nos tememos, aún más en otras partes del mundo… La OCDE publicó un estudio en 2007 sobre la evolución de los salarios entre 1995 y 2005. En España, por ejemplo, en ese período no sólo no hubo incremento salarial reflejado en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, sino retroceso real de los salarios en un 4%. Cuando en el mismo período, según la misma OCDE, las rentas empresariales aumentaron un 37%.

 Y luego está ese otro tipo de empresarios y financieros: los que orillan la ley, por decirlo cariñosamente. Carlos Berzosa, catedrático de economía y rector de la Universidad Complutense de Madrid, nos revela que “vemos a personas que, procedentes de la clase media y algunos con ingresos altos en esta amplia capa intermedia, se construyen casas grandes, compran viviendas en la costa y en la montaña, juegan al golf, van de caza, compran coches caros y yates y viven a todo lujo. No hacen ocultación de la nueva riqueza, sino que por el contrario alardean de ella”. Para explicarnos a continuación que son “falsos empresarios”, vinculados a la construcción y a la corrupción, que “se pretende son unos linces para los negocios porque han sabido prosperar. Pero no son empresarios, aunque se hacen pasar por tales, son intermediarios, oportunistas, muñidores”.

 Pues de esos hay un montón, nos tememos.

 Concluye Berzosa, citando al economista austríaco Schumpeter, que “no es empresario cualquier persona que tenga una empresa, sino quien realmente lleva a cabo procesos de innovación que están en la base del verdadero progreso material de las sociedades”.

¿Cuántos de esos hay en este mundo capitalista en crisis?

Parece que los gobiernos deberán actuar con decisión, firmeza, con cierta severidad incluso, sin paños calientes, al poner en marcha medidas para resolver la crisis. O la incompetencia y codicia empresariales y financieras la harán eterna.

¿Quién es más pirata?

Los piratas están de moda. Países ricos y asociaciones de derechos de autor han lanzado una intensa campaña contra el pirateo de películas y canciones; filmes y éxitos musicales que se copian bajo mano y se venden ilegalmente con pingües beneficios. También otros piratas, éstos somalíes y armados con Kalashnikov, atacan, abordan y secuestran barcos en el océano Índico para exigir cuantiosos rescates. Los gobiernos han enviado sus buques de guerra para hacer frente a los piratas y evitar sus abordajes. Lejos del ánimo la menor simpatía por estos piratas, como por nadie que recurra a la violencia para lograr sus fines y ponga en peligro la vida, libertad e integridad de las personas. Ni por aquéllos. Pero tal vez deberíamos prestar atención a otros piratas más letales.

Desde hace años, empresas farmacéuticas transnacionales envían personal explorador a países empobrecidos con la saqueadora y depredadora misión de descubrir plantas, semillas, microorganismos, tratamientos y conocimientos populares y tradicionales de esos países, en Latinoamérica y Asia, así como técnicas curativas y terapias indígenas, para rapiñarlos y registrarlos sin encomendarse ni a dios ni al diablo, con la sacrosanta protección de la patente. Cees Hamelinck, profesor de la Universidad de Ámsterdam, denunció hace tiempo esta nueva piratería: “En muchos países pobres [el sector farmacéutico] saca partido de los conocimientos locales para fabricar medicamentos muy rentables, sin el consentimiento ni beneficio de los habitantes del lugar”. Y así, expertos del Gobierno de India descubrieron que más de 5.000 “medicinas y tratamientos tradicionales” indios se estaban registrando en oficinas de patentes de todo el mundo por empresas o testaferros que nada tenían que ver con la India, su cultura, sus conocimientos o sus intereses.

Ahora, India se ha convertido en el primer país que se enfrenta a la bio-piratería de grandes empresas farmacéuticas occidentales: ha elaborado una inmensa base de datos (La Biblioteca Digital del Conocimiento Tradicional) y declarado “propiedad pública” más de 200.000 tratamientos médicos de la cultura india para impedir que la industria farmacéutica robe esos conocimientos tradicionales con el viejo truco de patentarlos. Las grandes transnacionales farmacéuticas han dejado maltrechos a los países empobrecidos por el elevado precio de sus medicamentos patentados y su beligerante actitud contra el esfuerzo de países emergentes para elaborar principios activos, medicamentos genéricos sin marca, mucho más baratos.

Las organizaciones solidarias defensoras del derecho a la salud han denunciado que anualmente llegan a morir diecisiete millones de personas por no poder conseguir medicamentos contra infecciones respiratorias, malaria, sida, tuberculosis o enfermedades sexuales, debido a su alto precio. La codiciosa belicosidad de las empresas farmacéuticas se traduce en una implacable presentación de demandas judiciales contra gobiernos de los países emergentes que intentan elaborar o importar medicamentos genéricos a precios razonables y asequibles para curar a sus ciudadanos.

La presión internacional, fruto de protestas ciudadanas y de la acción de organizaciones como Oxfam y Médicos sin Fronteras, han conseguido que las empresas farmacéuticas retiren o pierdan demandas contra gobiernos como el de India, Filipinas y otros; demandas en las que realmente buscaban patentes de corso para vender sus caros fármacos y que se prohibieran los medicamentos genéricos baratos. Pero la beligerancia farmacéutica no acaba ahí.

Germán Velázquez, director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, recomendó producir medicamentos genéricos y eliminar las patentes en el sector farmacéutico. Tal vez fuera casualidad, pero desde que el doctor Velázquez publicó su estudio ha recibido amenazas de muerte, ha sido agredido físicamente y acosado telefónicamente. Ahora se mueve con protección policial.

Casper Gutman, un gangster de modales exquisitos y palabra culta, personaje de El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosa figura de oro y piedras preciosas. Cuando se le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya responde: “Un objeto de tal valor pertenece sin duda a quien lo consiga”. Ésa parece ser la filosofía del sector farmacéutico, blindado tras un injusto sistema de patentes: el conocimiento para quien se apropie de él. Según Noam Chomsky, “los derechos de propiedad intelectual no son más que protección del control que garantiza a las grandes corporaciones el derecho a cobrar precios de monopolio”. Y visto todo esto, ¿quién es más pirata?