Partido Popular, conflicto catalán y legalidad

En el conflicto desatado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los sucesos consecuentes, tal vez la palabra que se haya oído con mayor insistencia haya sido: legalidad.

Rajoy, miembros de su gobierno y dirigentes del Partido Popular no han cesado de denunciar a los independentistas catalanes y reclamar como prodigioso abracadabra su retorno a la legalidad. El cúmulo de declaraciones, exigencias, peticiones y amenazas se resume en todo con la legalidad, nada sin la legalidad.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de legalidad?

El diccionario de la lengua española define la legalidad como “cualidad de lo que es conforme a la ley“, explicación muy esclarecedora. Por tanto, la cúpula del PP, con Rajoy a la cabeza, al citar tanto la legalidad, pide a los independentistas que actúen conforme a la ley. Veamos un poco más a fondo.

Más allá del hecho innegable de que la ley (toda ley, cualquier ley) no es monolítica sino interpretable (y por eso hay abogados, fiscales, jueces, varias instancias y recursos ante éstas), la legalidad, actuar conforme a ley, lo abarca todo y obliga a todos. No caben excepciones ni afecta solo a una parte de la actuación política, social o económica. Pero según las muy abundantes declaraciones de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, en el Reino de España parece que solo estarían fuera de la legalidad los independentistas catalanes. Sin embargo, tal aserto se desmiente ante el agitado panorama político y socio-económico real.

¿Cuántas situaciones, hechos y actuaciones no “conformes a ley” se dan en este Reino, además de los perpetrados por independentistas catalanes?

A modo de esclarecedor paradigma, ¿es conforme a ley que tantos cargos públicos del PP hayan adjudicado presuntamente obras y contratos públicos a empresarios, que a su vez han donado cuantiosas cantidades de euros en efectivo con las que se han financiado actos de campañas electorales del PP? Según el analista Gustavo Buster “actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados“. Esclarecedor.

¿Es conforme a ley pagar en negro regularmente a altos cargos del Partido Popular tal como mostraron los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP ? En el actual clima de pedir cuentas a los independentistas catalanes ¿no cabría exigir también a cargos públicos y dirigentes políticos del PP, no solo que “vuelvan a la legalidad” (y los corruptos devuelvan el dinero ilícito sustraído) sino que asuman las responsabilidades políticas por haber permitido tal desbarajuste de corrupción, dimitan y acepten las sanciones que les correspondan?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a la ley que el ministro de Interior ignore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegales las “expulsiones en caliente” de refugiados y otros migrantes y declaré públicamente que no la cumplirá?

Y, ya metidos en harina, ¿es conforme a ley que el PP financiara de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, (dirigida por Rajoy, por cierto) que dio a José María Aznar la mayoría absoluta como se documentó y denunció entonces medios de comunicación?

¿Respeta la legalidad la presunta abundante financiación bajo mano y en efectivo de varias campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos y obras públicas como se ha testificado en procesos por corrupción y han ratificado los técnicos de Hacienda?

Incluso la Fiscalía Anti-Corrupción pidió la condena del PP por lucrarse de una financiación delictiva. ¿Son conforme a ley los nuevos chanchullos, enjuagues y corrupción que se descubren en las investigaciones judiciales en marcha (caso Lezo, Canal Isabel II…)?

¿Es conforme a ley que el gobierno de Rajoy oculte a la ciudadanía los multimillonarios sobrecostes de grandes obras pagadas por el Gobierno de España, sobrecostes conocidos hoy en los juicios de corrupción de los casos Gürtel y Taula ?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a ley que el gobierno del PP de España no cumpla las once recomendaciones del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción ni muestre indicios siquiera de que vaya a hacerlo? No es una cuestión menor, pues la corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuánto no mejorarían los servicios a la ciudadanía, la atención a los desfavorecidos, la disminución de la pobreza, la ayuda a los parados (que disminuye) y un largo etcétera con unos presupuestos generales del Estado que ingresaran unos cuantos miles de millones de euros más?

Hay más hechos y situaciones, no conformes a ley, protagonizados por cargos del PP y entonces cabe preguntar: ¿cuánta desfachatez más piensa mostrar el PP, que no cesa de reivindicar la legalidad al hablar de Cataluña? Aquí se cumple del todo lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

No estoy nada de acuerdo con los independentistas catalanes. Pero eso no quita que la hipócrita y cínica conducta del PP en el conflicto catalán despoje a los populares de cualquier credibilidad al mentar la legalidad.

No hay dos modos de entender la legalidad. No actuar conforme a ley es quebrantar la ley. Bien sea convocando un referéndum ilegal, saqueando las arcas del estado o haciendo un corte de manga a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si elaboráramos una lista de partidos que han gobernado e infringido la legalidad, el PP estaría ahí y acaso no en los últimos lugares. Por eso sería de agradecer que dejen de citar y citar el respeto a la legalidad, algo en lo que no tienen práctica ni costumbre.

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¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

Lo que no se ve tras el conflicto entre gobierno PP e independentistas

Llevamos todo un trimestre con una agitación política y mediática que no cesa a propósito del conato (que en realidad no fue) de proclamar el señor Puigdemont, la independencia de Cataluña. Y ahí cabe alguna precisión que otra sobre la verdadera entidad del conflicto (que haberlo, haylo).

La crisis en Cataluña se ha utilizado también para que muchas noticias relevantes que tenían que haber alterado ánimos ciudadanos hayan pasado como si no hubieran sido. Por ejemplo, el final del juicio del caso Gürtel, en el que, según concluyó la fiscal anti-corrupción, Concepción Sabadell, “ha quedado abrumadora y plenamente acreditada la existencia de la caja B del PP” que financió al partido. Una caja B que acumulaba el importe de las comisiones ilícitas al Partido Popular por adjudicar obra pública y contratos también públicos

También caso Gürtel, poco ha destacado que el inspector-jefe, Manuel Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel , haya declarado que hubo presiones y querellas contra la UDEF para frenar la investigación, que la financiación irregular del PP es “corrupción en estado puro” y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron sobresueldos en negro.

Sorprendentemente (o no) esa noticia no ha salido en las portadas del País, ni de ABC, ni de El Mundo, ni de La Razón ni, por supuesto, en los sumarios de los telediarios de TVE. Los titulares han sido mayoritariamente sobre y contra los independentistas catalanes.

Tampoco ha destacado la prensa que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, por haber creado “sociedades en el extranjero para defraudar a la Hacienda Pública“.

Y no se ha visto bastante que Alberto Ruiz Gallardón está imputado por prevaricación y falsedad documental en el supuesto y delictivo “desvío de fondos” para comprar una filial latinoamericana del Canal Isabel II.

Entre otras cosas tampoco ha destacado de modo suficiente (que debiera) que el Gobierno Rajoy reduce por tercer año consecutivo la inversión en Sanidad, Educación y Protección Social, mientras la deuda pública alcanza el billón de euros. Tampoco se ha destacado que el gobierno Rajoy ha tirado a un cajón la muy necesaria ley de reforma hipotecaria que había de acabar con el aumento de desahucios injustos sin alternativa para la gente desahuciada.

Pero tal vez lo peor sea que ministros de Rajoy admitan que se podrían devolver competencias autonómicas al gobierno central en la comisión de reforma constitucional del Congreso. Esos ministros han propuesto una regresión autonómica como opción aceptable. Que por ahí van los tiros lo demuestra la declaración del ministro de Justicia, Catalá, al decir que “algunas políticas, que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, ahora manifiestan disfunciones disonantes“. Mientras la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defiende que “se puede reformar en un sentido o en otro“. Lo que suena fatal y apesta a despótico.

Al final resultará que la derecha rancia, corrupta y autoritaria, directa heredera del franquismo, podría salirse con la suya: volver de facto a un repugnante escenario franquista.

Pero solo será si se lo permitimos.

En tal situación, ante las cercanas elecciones catalanas, hay que empezar por pedir a los independentistas de ERC que, tras haber fastidiado tantas cosas con su ausencia de realismo político, precipitación y pésimo cálculo, olviden la DUI y fantasías semejantes. El objetivo del 21 de diciembre ha de ser una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no independentista sino radicalmente democrática. Para vencer a los que se autodenominan ‘constitucionalistas‘ que no son más que la derecha de siempre que solo acepta el sistema democrático si mandan ellos.

Ese es el objetivo porque, entre otras razones , el enemigo de la ciudadanía y de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado no es España sino la clase dominante española que, por cierto, todos estos años se ha dado el pico con la clase dominante catalana hasta noviembre de 2014.

¿En qué cabeza cabe un proceso político en el que van de la mano los muy neoliberales y austericidas recortadores de presupuestos sociales del PdeCAT (antes CiU) con los que dicen ser anticapitalistas de la CUP?

Ahora toca poner en apuros al régimen dinástico bipartidista del 78, que aún respira y puede hacer mucho daño. Y las elecciones al Parlament de Catalunya es un buen modo de hacerlo.

CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

El largo camino del cambio

Los resultados electorales del pasado 26 de junio en España dejan amargo sabor de boca al pueblo trabajador. Porque se aleja la esperanza de un gobierno progresista y el corrompido PP obtiene 137 escaños, cuando hace poco apenas conseguía ciento veinte según las encuestas. Pero le costará gobernar, porque con sus aliados naturales, Ciudadanos, solo suman 169 escaños, siete menos que la mayoría absoluta para poder investir a Rajoy como presidente del gobierno. Rajoy necesitará siete abstenciones para ser investido, pero lo será, porque no parece de recibo repetir los comicios.

Pero más allá de las cifras, estas elecciones han mostrado la vieja práctica de tergiversar o manipular encuestas, dando resultados excelentes a la oposición de izquierda para desmovilizar a sus votantes y, al contrario, movilizar a los conservadores. Y así parece haber sido.

Como los medios nacionales no podían publicar encuestas un par de días antes de los comicios, los conservadores han recurrido a un diario del paraíso fiscal Andorra, estado soberano del tamaño de una nuez, para publicar un sondeo que mostraba a Unidos Podemos, la izquierda, alcanzando al PP.

El segundo capítulo es que el recuento de votos depende del Ministerio de Interior, cuyo titular está hoy envuelto en sospechas de presunta extorsión a adversarios políticos con informes de corrupción de esos adversarios, que grabaciones telefónicas reveladas han dado a conocer.

¿Qué crédito se tiene así? Como ha escrito Pedro Agueda, han estallado cuatro años de guerra sucia del ministro de Interior contra partidos de la oposición. La historia arranca cuando ese ministro del Partido Popular designa a su cúpula policial y un grupo de mandos elabora sospechosos informes contra rivales políticos del PP sin autoría específica clara, que se filtraban a los medios.

En ese clima oscuro, surgen en la Red sospechas de irregularidades en el recuento de votos. Presuntamente. Según los activistas de Anonymus, comparando el número de quienes pueden votar y los resultados, a la espera de votos de residentes en otros países, parece no saberse donde han ido a parar 1. 200.000 votos. Aunque en realidad, ese estado de ánimo, esa sospecha difusa, quizás sea solo expresión de una frustración colectiva, como ha indicado el periodista Ignacio Escolar.

Y otra última reflexión. Quienes esperaban que con estas elecciones cambiarían las cosas han pecado tal vez de ingenuidad. En este país, con una historia agitada en los dos últimos siglos, mientras muchos países europeos pasaban del régimen absoluto a la democracia llamemos burguesa y al capitalismo industrial, en España el nefasto Fernando VII restauraba la Inquisición y entregaba la deformación mental del pueblo a la Iglesia. Y eso se paga. En esos dos siglos, solo hubo un intento de regeneración democrática: la II República (un proyecto reformista, pero reformista de verdad) que acabó como sabemos. Seguida de una genocida dictadura (ONU dixit) de la que no nos hemos librado del todo, pues con el PP gobernante mandan hijos y nietos de quienes levantaron y mantuvieron esa nefanda dictadura. Con su estilo y principios.

Para cambiar las cosas y lograr justicia, igualdad y libertad, cabe pelear en todos los frentes. También en el electoral. Pero sin olvidar la sabia reflexión del luchador por la democracia de Túnez Moncef Marzouki: “El tiempo de los regímenes políticos no es el de los hombres. Si quiero transformar Túnez, con siglos de antigüedad, no voy a querer cambiarla en solo quince años. Tengo que aceptar el tiempo prolongado. Pero no me desanimo, porque mi horizonte no son seis meses o la próxima elección presidencial: mi horizonte está más allá para cambiar las cosas a fondo. Para cambiar las mentes. Yo vengo del desierto y vi mi abuelo sembrar en él. Siembras en tierra árida y esperas. Si llueve, recoges. No sé si habéis visto el desierto tras la lluvia, es verde como la Bretaña. Un día, marchas sobre una tierra quemada, llueve y te preguntas cómo ha podido ser: flores, verdor… Porque estaban los granos. Incluso en el desierto hay que sembrar. Sembraré y, si mañana llueve, bien, y si no, estarán las simientes”.

Marcos Ana, comunista y poeta, que sufrió cárceles franquistas durante 23 años, dice que un cambio, si lo es de verdad, es necesariamente lento. O solo es espectáculo. Hay que prepararse porque largo es el camino del cambio.

Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.