Una derecha peligrosa

En el Reino de España hay una derecha trícefala sin parangón en la Unión Europea. Una derecha sucesora y heredera del franquismo formada por el muy conservador Partido Popular, el equívocó Ciudadanos (que cuando nació simuló ser partido de ‘centro’ progresista) y el franquista Vox. Una derecha necia (de necio, nescire: ignorar, no saber) que defiende los intereses de la minoría rica. Así lo demuestra una de las primera decisiones del recién formado gobierno derechista andaluz: suprimir de hecho el impuesto de sucesiones. O, dicho de otro modo, regalar unos 400 millones de euros a los ricos que hereden en Andalucía; millones que las arcas públicas regionales dejarán de recaudar. Pero, como la regulación fiscal de las herencias es estatal y no regional, la trampa del gobierno andaluz conservador, para servir a sus señoritos ricos, ha sido conceder una bonificación que permite descontar el 99% del impuesto a pagar por heredar. Es decir que, de hecho, lo suprime. Al servicio de quien están lo demuestra que sa medida solo beneficia a unos 20.000 ciudadanos andaluces que hereden, la minoría poseedora de grandes patrimonios en una población de ocho millones y medio.

Faltar a la verdad

Además de defender los intereses de los ricos, el Partido Popular recurre de nuevo a la falacia de insinuar que hubo una conspiración contra el PP en el peor atentado terrorista de España: el 11-M. Pablo Casado ha osado decir que las víctimas merecen saber la “verdad”. ¿Qué verdad? La verdad es que tres años después de que la Audiencia Nacional condenara a los responsables de aquel atroz atentado, sin dejar el menor resquicio de duda al respecto, seguir con esa miserable falsedad es injuriar la memoria de las 192 personas que murieron en el atentado mas sangriento perpetrado en España.

Pero no ha de sorprender, porque el líder del PP falta a la verdad con frecuencia. Pretende haber conseguido el adelanto electoral porque el PP se opuso a los presupuestos del gobierno Sánchez y así forzó a éste a disolver el Congreso. Olvida Casado (o no sabe restar) que los presupuestos se hubieran aprobado, incluso con el voto en contra del PP y Ciudadanos, pero que quienes los tumbaron fueron los partidos independentistas catalanes al votar en contra. Casado insiste, sin aportar dato ni hecho alguno, que el gobierno de Sánchez ha firmado no se sabe qué secretos pactos con los partidos catalanes independentistas. Y también falta a la verdad al atribuir a la no demasiado nutrida concentración de las tres derechas en la Plaza Colón de Madrid el fin de la negociación del Gobierno español con el gobierno de Cataluña. Falso. Dos días antes de esa concentración, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, anunció que se había roto el diálogo con los independentistas.

Propiciando el aumento del independnetismo

Casado sostiene también que el Gobierno “ha acercado los presos catalanes a la cárcel de Lledoners” como sospechosa concesión a los independentistas. Pero no ha sido el gobierno sino el juez instructor del caso del referendo del 1-0, Pablo Llarena, quien dictó una providencia que argumentaba que “no hay razón procesal que lleve la custodia de los procesados a un centro penitenciario concreto“. Tras el dictamen judicial, Instituciones Penitenciarias trasladó a los presos, aplicando la norma penitenciaria que indica que los encarcelados han de estar lo más cerca posible de su ambiente personal y familiar habitual .

Lo paradójico en este conflicto es que el independentismo catalán creció con el gobierno de Rajoy , teniendo el PP mayoría absoluta en el Congreso. Y, gobernando el PP, los independentistas han logrado tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. Lo que invita a concluir que el mayor promotor de facto del aumento de independentistas en Cataluña pudiera ser el PP. Mirando fechas y porcentajes de independentistas, los partidarios de la independencia de Cataluña aumentaron exponencialmente tras el recurso del PP presentó al Tribunal Constitucionsal contra la reforma del Estatut de Catalunya (que el Congreso aprobó sin problemas) y la consiguiente sentencia del Tribunal recortando competencias de autogobierno entre las que, curiosamente, algunas están vigentes en los estatutos de autonomía de Valencia y Andalucía sin que nadie haya protestado y, menos aún, recurrido. Antes de esa sentencia, los partidarios de la independencia de Cataluña nunca consiguirieron superar el 10% cuanto más, pero hoy son del 45 al 48%. Parece claro quien habría provocado el aumento del independentismo.

Dialogo o represión, no hay otra

Sobre el conflicto catalán, The Economist ha criticado en editorial la decisión de PP y Ciudadanos de ir incluso más allá que el centralista y ultraderechista Vox. El semanario británico asegura que la política de represión y recorte del autogobierno (que eso es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que reclaman con insistencia esos partidos) “aumentará los partidarios de la independencia”. La cuestión con datos y cifras es que si un 45% es independentista, algo habrá que hacer para buscar una solución política. ¿O acaso pretenden las derechas resolver la situación con control y represion constantes del 45% partidario de la independencia?

En Irlanda del Norte, tras años de matarse unos a otros, católicos y protestantes se sentaron a dialogar, a negociar. El resultado fue que acordaron gobernar conjuntamente ese país y que la violencia sistemática finalizara. Irlanda del Norte se nrmalizó. En el conflicto catalán se parte de mejor posición, más positiva, pues, por más que la Fiscalía pretenda, en el llamado juicio al Procés, que hubo rebelión porque hubo violencia, ha sido la propia Europa la que lo ha desmentido con argumentos jurídicos al negar la extradición de Carles Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat de Catalunya, huido a Bruselas y arrestado en Alemania.

Y, siguiendo con la radiografía de la derecha hispánica, nos encontramos con un hecho inquietante que se refiere a la actuación política por la igualdad de mujeres y hombres. Vox ha pedido a la Junta de Andalucía datos de empresas, empleados y ONG que trabajan contra la violencia machista en esa comunidad autónoma. Vox pide información de los empleados que evalúan los casos de violencia de género y, aunque no reclama nombres porque el Parlamento andaluz no los puede faciltar por la vigente protección de datos, Vox exige perfil profesional, categoría laboral y número de colegiación de esos empleados. ¿Para qué quiere Vox esos datos?

¿Listas negras?

Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en el parlamento andaluz, pretende, sin aportar dato alguno, que los empleados que trabajan para la Consejerías de Justicia e Igualdad contra la violencia machista no están cualificados y los acusa de elaborar informes ideológicos. Como le ocurre al buen burgués de la comedia de Moliére El burgués gentilhombre, que no sabía que él hablaba en prosa, Vox tampoco sabe que acusar de ‘ideológico’ un informe es absurdo. Pues, salvo que estés muerto, la actividad humana es ideologica. Así lo afirma la Real Academia de la Lengua Española que define ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época. ¿Acaso se puede actuar sin ideas? Tal vez la derecha sí, pero no el resto. ¿Qué busca Vox con esa petición de datos de la gente que trabaja contra la violencia machista? ¿Maccartismo español con listas negras? Sería muy grave y más aún cuando PP y Ciudadanos callan ante la petición de Vox.

Es evidente, notorio y más allá de cualquier duda que la española es una las peores derechas de Europa. Algo habrá qué hacer.

Derecha, mentiras y golpe de estado

Algunos medios calentaron el ambiente político estos días con declaraciones de la derecha sobre la preparación de un golpe estado por los independentistas con complicidades del gobierno de Sánchez. Sin contraste ni prueba alguna, claro. A la acusación directa o solapada de golpe de estado, perpetrada por una de las derechas más inmorales de Europa, la del Reino de España, respondió Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Irritado por las intervenciones de esa derecha, que calificaban de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre, respondió que “aquí no ha habido ningún golpe de Estado, porque el concepto mismo de golpe de Estado implica fuerza y coacción, y todo el proceso catalán ha sido pacífico”.

Para la derecha españolista todo lo que no concuerda con su visión centralista y carpetovetónica de España es un golpe de estado o algo similar. Aunque nada tenga que ver con la realidad política, el PP agita el espantajo del golpe de estado porque le ayuda a crispar la vida política y eso le conviene para tapar sus propias miserias. En el colmo del delirio, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España“. Un golpe, por cierto, del que no hay siquiera el menor indicio, como sí los hubo de conspiraciones, por ejemplo, inmediatamente después de proclamarse la República en 1931.

Golpe de Estado, por fortuna fracasado, sí fue el perpetrado el 23 de febrero de 1981 en grado de tentativa por el general golpista Milans del Bosch que sacó durante horas los tanques a la calle en Valencia, mientras un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, ocupaban metralletas y pistolas en mano el Congreso de los Diputados y secuestraban durante horas a diputados y diputadas.

El curioso hallazgo del golpe de estado sin violencia armada

En el ceremonial de confusión que la derecha impulsa, y de modo especial el Partido Popular, un dirigente del PP, Javier Maroto, ha osado decir desde las más absoluta de las ignorancias o algo peor que “los golpes de Estado, desgraciadamente hoy no se dan con tanques o sables como en el siglo pasado sino que se pueden dar en los parlamentos“. Si la realidad no coincide con lo que les interesa (que un golpe de estado puede darse sin violencia armada), cambian el significado de las palabras que definen esa realidad (el golpe de estado en este caso) hasta que encaje en lo que les conviene para sus oscuros planes. Por supuesto ese tal Maroto no aportó ni un solo caso de los pretendidos golpes llevados a cabo por un Parlamento. Porque lo cierto es sencillamente que hay golpe de estado cuando hay una clara amenaza directa e inmediata de violencia armada. Es una condición sine qua non.

En la descripción del golpe de estado de Edward Luttwak, ejércitos, fuerzas de seguridad y milicias o grupos armados son protagonistas, porque pueden usar la fuerza física y encarcelar a quienes se oponen a sus planes con la amenaza de las armas, aunque no se lleguen utilizar.

¿Golpe de estado utilizando un Parlamento, según Maroto que es según el PP? ¿Cómo si los independentistas catalanes tienen una reducida presencia en el Congreso? ¿O desde el Parlament de Catalunya? Imposible, porque en el Reino de España, los gobiernos autonómicos, incluida la Generalitat, forman parte del Estado, pero en posición subordinada al Gobierno central y a otros poderes estatales y, por tanto, sin posibilidad alguna de tomar el control del Estado ni de obligar a la judicatura a certificar sus decisiones como bien ha explicado Iñigo Sáenz de Ugarte, quien recuerda además que el carácter violento de un golpe de estado es un ingrediente imprescindible y que la sola amenaza de usar la fuerza armada, por quien está en disposición de hacerlo, es suficiente.

¿Dónde había amenaza de violencia armada en la manifestación de setiembre ante la Conselleria de Economía mientras era registrada por mandato judicial por agentes de la Guardia Civil? Esa inexistente violencia amenazadora, que no se ha mostrado ni documentado, es una de las razones para acusar de rebelión a algunos independentistas. La única violencia conocida (y ésta sí está documentada) es la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del estado para impedir el acceso a algunos colegios electorales en el ilegal referéndum del 1 de octubre.

Metáforas para no respetar la verdad

PP y Ciudadanos, y la Fiscalía por supuesto, pretenden que hubo violencia ese 1 de octubre para justificar la acusación de rebelión contra los independentistas juzgados en breve. Políticos del PP y Ciudadanos acusan a los independentistas catalanes de montar un golpe de Estado con el procés. ¿Cómo? ¿Y cómo iban a conseguir el poder? Un año después no ha cambiado nada en el reparto de poder del Estado y, por si hubiera dudas al respecto, conviene recordar que el tribunal alemán, que resolvió la petición de extradición de Puigdemont, detenido en Alemania, no pudo descubrir violencia alguna y por eso denegó la entrega de Puigdemont a España. Tal vez por esa inequívoca sentencia que niega que hubiera violencia por parte de los independentistas, algún genio de la derecha se ha sacado de la manga que hubo “violencia institucional” ejercida por el Govern y el Parlament de 2015 a 2017. ¡Por favor, que alguien explique como se come eso!

Cuando se decide sin base ni fundamento que la violencia no tiene por qué ser física ni armada, es fácil ver violencia, no real sino como mala metáfora, donde te dé la gana. Esa pésima metáfora llevaría a ver golpes de estado en todas las situaciones de desobediencia civil y actuaciones disidentes. Pero desobediencia civil pacífica y disidencia cívica no son rebelión ni golpe de estado. Según esos genios defensores de que hay golpes de estado sin violencia física, Gandhi sería responsable de un golpe de estado permanente en la India, aunque sus acciones, que nunca negó que eran desobediencia civil, fueran precisamente no violentas.

En el fondo del conflicto con Catalunya o en Catalunya está el franquista mito de la unidad de España que ignora con mala fe que España existe desde 1714 como entidad política unida. Antes estaban la Corona de Castilla y la Corona de Aragón (en la que estaba federado el condado de Barcelona que fue Cataluña con el paso del tiempo). Hacia 1640 Portugal y Cataluña se rebelaron y alzaron en armas contra Castilla, cada uno por su cuenta, pero no contra España que no existía como entidad política. Portugal venció y se independizó, pero Catalunya, no. ¿Piensan Casado y el PP reclamar a Portugal que retorne a la unidad de España?

Este cronista no es independentista ni lo ha sido y considera que los pueblos de España han de continuar juntos, pero en democracia auténtica libre, no cuajada de franquistas en todo el Estado ni contaminada por la designación del Jefe de Estado anterior por un dictador implacable cual fue Franco. En todo caso, el problema con Cataluña, creado en gran medida por un PP sin freno moral alguno, que ha maniobrado y manipulado para obtener réditos electorales, no se resuelve con represión, juicios ni cárcel, medidas muy queridas por autoritarios y totalitarios, sean franquistas, fascistas, nazis o los actuales criptofranquistas empotrados en el PP y en ocasiones en Ciudadanos.

Si no hay diálogo e inteligencia, no saldremos de este atolladero.

La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos,el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar qye, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Socia y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuiestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidadd Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Corrupción, embustes y desigualdad en el Reino de España

Mariano Rajoy ha sido destituido como presidente del gobierno de España por el Congreso de los Diputados, que ha investido a Pedro Sanchez, secretario general del PSOE. El 25 de mayo, el PSOE presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su partido, de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, Compromís y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy al ser elegido presidente en 2016.

Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando a la verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.

La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

Corrupción institucional del PP

Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.

También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.

La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construccción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.

Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.

Falacias de Hernando

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.

Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.

Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.

Corrupción y desigualdad

Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.

A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.

Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.

Solo el crecimiento no asegura una vida digna a la mayoría

Se publicó la sentencia del juicio del caso Gürtel con muchos años de cárcel para casi todos los encausados. Además, la sentencia condena al PP como beneficiario de la corrupción. Esa condena más el encarcelamiento del que fuera ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, ha sido la gota que ha colmnado la copa de la paciencia de la ciudadanía. Además ha puesto en un brete a Ciudadanos que ya no puede mirar a otro lado ante una corrupción generalizada, judicialmente ratificada, como ha hecho hasta ahora. Además, ha impulsado al PSOE a presentar una moción de censura contra Rajoy. El PSOE ha hecho saber que no busca ningún pacto con Ciudadanos, tampoco con los independentista, gobernará durante un tiempo para demostar que son posibles otras políticas y convocará elecciones. Pero está por ver.

La sorprendente respuesta de Rajoy, al conocer la decisión de presentar una moción de censura contra él ha sido pasmosa. Inenarrable. Rajoy ha osado decir, sin ruborizarse ni que le temblara un párpado, que “la moción de censura del PSOE va contra la estabilidad de España y perjudica la recuperación económica”. ¡Cuanto franquismo rezuman tan inauditas palabras! Es franquismo puro porque para Rajoy (como para Franco), no hay salvación fuera del franquismo. O del Partido Popular. ¡Menuda democracia es la del PP y su cúpula!

Hechos, no discursos

Pero contra ese discurso soberbio y triunfalista se imponen los hechos. Hechos y números obligan a aterrizar en la cruda realidad. Y la realidad implacable indica que tener un trabajo fijo en el Reino de España que gobierna el Partido Popular, por ejemplo, no asegura ahuyentar la pobreza. Por ejemplo. Y no lo asegura porque un 15% de trabajadores asalariados son pobres y viven como pobres.

España tiene el dudoso honor de ser el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según uno de los últimos informes de la OCDE, la organización que reúne los 37 estados más desarrollados del mundo. Solo tienen más asalariados pobres China (la que más), India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. España es el único país europeo de la OCDE entre los primeros diez países con trabajadores pobres.

También denuncia la realidad que la cacareada recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres en España, según Oxfam. Y eso recuerda dos casos clásicos en los que el crecimiento en un país no significa que las cosas vayan bien para su gente. Esos casos son Brasil y México. México creció durante décadas, pero ese crecimiento no supuso la desaparición de la pobreza, ni siquiera una reducción considerable de la misma. Según Unicef, en 2008 (cuando estalló la crisis), en México había casi 51 millones de pobres de una población de 114 millones de habitantes; la mitad. Pobres a los que sus ingresos no alcanzaban ni alcanzan para atender las necesidades básicas y vivir con dignidad.

Solo el crecimiento no asegura la vida digna

El caso de Brasil es más escandaloso si cabe, pues creció año tras año durante todo el siglo XX, pero su inmensa población no lo notó y Brasil se mantuvo entre los países con más pobres de América Latina. Hasta 1999, la extrema pobreza en Brasil rondaba el 26% de población y, aunque unos 28 millones de brasileños salieron de la pobreza de 2004 a 2014 (en los primeros años de la presidencia de Lula da Silva), en 2016 unos tres millones de brasileños cayeron de nuevo por debajo del umbral de la pobreza, haciendo buena la expresión de ser Brasil un país rico lleno de pobres.

Volviendo al Reino de España, el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, elaborado por Oxfam Intermón, indica que el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y que solo un 1% de la población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. El informe muestra a España como tercer país más desigual de toda la Unión Europea y donde más ha crecido la desigualdad desde 2007. En cuanto a la cacareada recuperación económica, de poco sirve cuando los hechos indican que el disfrute de la renta nacional se ha reducido un 17% para los más desfavorecidos, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22% del total de población. Sin embargo los beneficios empresariales se dispararon hasta el 200%. El informe de Oxfam expone también que en España un trabajador con salario medio debería trabajar más de 29 años para lograr el mismo ingreso que consigue en un año alguien del sector más rico y, si la comparación se hace con el salario mínimo vigente, ese trabajador debería trabajar durante 71 años para conseguir lo mismo que alguien que esté en la parte alta de la lista de personas con más ingresos en un año.

Niños, jóvenes y mujeres en la pobreza

Más hechos. Los jóvenes que consiguen un empleo cobran un salario 33% menor que el que se percibía en 2008, mientras los contratos a tiempo parcial (con sueldo muy bajo) han crecido un 54% entre la gente joven. Así no hay quien planifique un futuro. En cuanto a las mujeres con un empleo hay que señalar que siete de cada diez personas con los salarios más bajos son mujeres: un 70%. Y, para rematar un panorama que nada tiene que ver con el triunfalismo del PP, casi dos millones y medio de niños están por debajo del umbral de la pobreza en España, tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil, según Unicef, mientras el 38% de jóvenes del país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Para más inri y que no quepa duda sobre la verdadera situación de la economía y de la gente en España, los datos de la Agencia Tributarua muestran que son los asalariados quienes aportan más al Estado porque el 83% de recaudación fiscal proviene del IVA el IRPF y otros impuestos pagados por los trabajadores.

Como asegura el refranero castellano, obras son amores y no buenas razones. No son los discursos ni las palabras sonoras lo que vale y nos sirve, sino lo que se hace de verdad y se consigue. Lo que sorprende es que, visto y sufrido el panorama descrito, no hayan sido corridos a gorrazos (metafóricamente hablando) el PP y el gobierno que sostiene con tanta desigualdad, pobreza, corrupción y opresión. Como hay y sufrimos.

 

 

Ciudadanos, la apuesta política del poder financiero y grandes empresas

Tras cerca de siete años de gobierno Rajoy, el legado del PP no es para que las clases trabajadoras echen cohetes. Para empezar, el gobierno entregó a la banca cientos de miles de millones de euros para rescatarla, con la crisis de fondo o como pretexto. Millones de los que más de 24.000 millones de euros nunca se recuperarán como ha reconocido el Banco de España.

O que aún haya tres millones y medio de parados, a los que hay que sumar una  tasa de precariedad laboral en España del 26% con su correspondiente reducción salarial. Y eso es más del doble que en la Unión Europea. Una realidad que empeora el hecho incontestable de que en el Reino de España un 15% de trabajadores son pobres a pesar de tener contrato y ser fijos.

Como ha escrito Miguel Gorospe, coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal en Madrid, en riguroso análisis de la supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Partido Popular y Ciudadanos enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Así es porque la eliminación del citado impuesto desde 2011 (como deducción del 100% del mismo) solo beneficia a un reducido 0,2% de población de la CAM. Unos 15.800 ricos. Por descontado, esa supresión fiscal no beneficia a las siempre inconcretadas ‘clases medias’, tan citadas como pretexto por Ciudadanos y PP. Lo cierto es que suprimir ese impuesto significa que la Comunidad Autónoma de Madrid deja de recaudar 800 millones de euros anuales, convertida parcialmente en paraíso fiscal en el territorio español en el que instalan su sede fiscal ricos de otras comuniddes autónomas.

Menos votantes del Partido Popular

Además del innegable perjuicio a la ciudadanía por la reforma laboral, la corrupción creciente de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular en todo el Estado, más la estupefacta inacción del gobierno Rajoy, cuestionado un día sí y otro también por feministas, pensionistas, estudiantes, sindicalistas, policías y otros grupos y sectores sociales, han reducido de modo notable la intención de voto al Partido Popular. Sin embargo, de acertar los sondeos, será peor el remedio que la enfermedad pues Ciudadanos aparece  como la organización política más votada.

Eso no se comprendería de no contar el llamado partido ‘naranja’ con el apoyo del poder económico del Reino de España que, además de considerable financiación, le proporciona el impagable apoyo de medios de comunicación, que, directa o indirectamente, están en manos del poder económico o controlan.

En pleno conflicto catalán, el 21 de diciembre pasado, Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones catalanas, aunque lejos de poder gobernar por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Fue el más votado porque, en un paisaje de nacionalismo español exacerbado promovido por el PP, Ciudadanos atacó con ferocidad a los independentistas en su nuevo papel de partido más ‘constitucionalista’ del Reino. Aunque más preciso sería decir que Ciudadanos es un partido ‘unionista’ por la unidad de España. Expresión, por cierto, que consagró la dictadura franquista y que la definía.

Ciudadanos, un Podemos de derechas

Ciudadanos nació como Ciutadans en Cataluña en 2006, pero ya como Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de 2008 en las que solo obtuvo poco más de 46.000 votos (0,18%). En las europeas de 2009, el resultado también fue  penoso, pero en las elecciones catalanas de 2012 pasó de 3 a 9 diputados en el Parlament de Cataluña y en 2014 obtuvo dos diputados en el Parlamento Europeo.

Un avance lento y moderado… hasta que a finales de junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una conferencia en el Círculo de Empresarios de Madrid (una de las entidades más neoliberales del país) propuso crear”una especie de Podemos de derechas“. Pero ya estaba creado: Ciudadanos.

Podemos, un partido progresista recien fundado que decía recoger el espíritu del 15-M, había obtenido poco antes cinco eurodiputados y a Josep Oliu, que además de presidente del Sabadell es patrono de FEDEA (Fundación De Estudios de Economía Aplicada), le pareció una atractiva imagen política. Progresista en las formas y más de derechas que Maura en su actuación política.

Por cierto, FEDEA es un grupo de presión creado, financiado e impulsado por Banco Santander, BBVA, La Caixa (además del Sabadell), Iberdrola, Telefónica, Repsol, y otras grandes  empresas del Ibex 35. En fin, que Ciudadanos es el partido por el que apuesta la banca y las grandes empresas del Ibex.

En su esfuerzo por crear una imagen positiva de Ciudadanos, Albert Rivera se jacta de ser presidente del partido más democrático del Parlamento español. Pero no es cierto sino todo lo contrario. Así lo han testimoniado varios afiliados de Ciudadanos expulsados, removidos o ninguneados porque toparon con la dirección nacional o regional de ese partido. José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Alicante, dimitió por falta de democracia interna. En su carta de dimisión escribió que “con Franco también se llegó a votar, pero no por eso había democracia”. Jaime Trabuchelli, candidato a las primarias en Madrid, se fue de Ciudadanos porque era una“estafa a la sociedad“. Por su parte, Carolina Punset, que estuvo en la Ejecutiva de Ciudadanos, denunció maniobras oscuras y, en una entrevista a eldiario.es, afirmó que el congreso de Ciudadanos de 2017 enterró la pluralidad y la democracia interna, si alguna vez las hubo.

La falacia de no ser de derechas ni de izquierdas

Además, Ciudadanos pretende no ser de izquierdas ni de derechas. Muy original. Incluso hace suyas necedades como “izquierda y derecha son categorías vencidas por la realidad, y cualquier partido que se reclame novedoso tiene que superarlas“. Pero la política no es cuestión de modas e izquierda y derecha son términos que significan querer cambiar las cosas para bien de la mayoría o conservar lo injusto y desigual que hay. Izquierda es cuestionar el actual modelo socio-económico y derecha, afianzarlo. Pero izquierda y derecha no son conceptos superados. Esa pretendida superación de izquierda y derecha es la que pretende la gente de derechas. Y, aunque Ciudadanos diga ser de centro, es de derechas. Sin duda porque defiende los objetivos de cualquier derecha.

Se comprueba en sus propuestas de impuestos que coinciden con las de la fundación FAES de Aznar, guarida del más extremo neoliberalismo capitalista. Por ejemplo, la reforma del IRPF que propone Ciudadanos reduciría de modo considerable la recaudación del Estado y, por tanto, el gasto e inversión sociales. Además proponen más recursos públicos para el sector financiero. ¡Aún más! También proponen un IVA rebajado en artículos de lujo, grandes bienes y hostelería, y otro más alto en productos básicos, alimentos y medicinas. ¿Está claro al servicio de quien está Ciudadanos? Sin olvidar su propuesta de contrato laboral único que harían aún más fácil los despidos.

Además, Ciudadanos apoya la autoritaria ley Mordaza de 2015, que frena las movilizaciones ciudadanas y coarta la libertad de expresión. Y tiene una postura muy retrógrada ante la lacra de la violencia machista. Por ejemplo, propone eliminar del Código Penal la tipificación de delitos específicos de violencia de género. Y uno de sus dirigentes regionales, Carlos Pracht de Cantabria, al pedirle que se pronunciara sobre la violencia machista  no se le ocurrió otra cosa a decir que “las mujeres yihadistas y el aborto también son violencia“.

Algunas declaraciones del  líder máximo de Ciudadanos, dejan bien claro de que pie cojea el señor Rivera. Por ejemplo, que“llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables.” O que  “para tener el derecho universal a la sanidad se necesita el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo”, lo que deja sin un derecho esencial (la sanidad pública) a miles de inmigrantes. Y podríamos continuar citando propuestas y frases que dejan a Albert Rivera y a su partido Cudadanos con las vergüenzas políticas al aire.

En fin, por más maquillaje y apariencia de renovación que proporcionen el marketing, la publicidad y la buena prensa cómplice de algunos medios, Ciudadanos es un partido de derechas. Muy de derechas. Pues aunque hablen tanto de clases medias (que nunca concretan ni definen), defienden los intereses de quienes más tienen y atesoran que en este Reino son poco más de 200.000 según el Informe Mundial de la Riqueza del año pasado, de la consultora Capgemini. Pero la población española es algo más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos y la humilde aritmética desvela al servicio de quien está el partido Ciudadanos. O contra quien están de hecho, que es la mayoría trabajadora o pensionista. Quien sirve a los ricos es de derechas.

Lo indudable es que quienes mandan de verdad en este reino (poder financiero, grandes empresas y grandes fortunas) han decidido no correr riesgo alguno. No quieren que, por la torpeza y podredumbre del actual partido de gobierno, pueda  gobernar este país una coalición democrática y progresista. Por eso apuestan por Ciudadanos, porque el PP ya no les sirve.

El conflicto catalán, dos nacionalismos enfrentados

El 11 de mayo se votó en el Parlament de Cataluña para elegir al nuevo presidente de la Generalitat catalana. El candidato era Quim Torra, miembro de Convergencia Democrática de Cataluña, hoy PDECat (Partido Demócrata Europeo de Cataluña) integrado en la coalición Junts per Catalunya (JxCat) que lidera el huido Puigdemont. Torra es considerado un independentista radical.

Torra no fue investido entonces, pero lo fue el lunes 14 de mayo, elegido por mayoría simple. Para que no quepa duda sobre la postura política de Torra, en su primer discurso de investidura afirmó que “nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al programa del 1 de octubre y a la construcción de la república“. Pero no dijo como se construirá esa república. Aunque, por supuesto, también expresó su voluntad de dialogar con el gobierno de España sin condiciones previas.

Desde el partido Popular y el gobierno que sostiene, también Rajoy ha dicho estar dispuesto a dialogar. ¿Qué diálogo cuando, tras calificar el conflicto con los independentistas catalanes como el mayor “ataque a nuestra soberanía nacional”, Rajoy ha amenazado (así sonaba) que el 155 “ya no es sólo un artículo de la Constitución sino un antecedente y un procedimiento para el futuro si fuera necesario”?

¿Es posible diálogar cuando uno pide blanco y el otro dice negro? Dialogar supone estar dispuesto a ceder. ¿Hasta donde cederían Torra y Rajoy? Una cosa son las frases de miting o las declaraciones en rueda de prensa y otra la cruda realidad.

¿Se pondrán de acuerdo PP y el gobierno Rajoy con Torra-Puigdemont y Junts per Catalunya?

Parecería que sí, pues a fin de cuentas ambos son conservadores y creen en el sistema capitalista y en esta democracia representativa, donde los representados solo cuentan cada cuatro años y pintan mucho más todo el tiempo los representantes, los políticos profesionales.

PP y PDECat tienen bastante en común. Son muy conservadores y han sido aliados en el Congreso durante décadas. ¿Sabían que, cuando empezarron las medidas de austeridad, el primero en implantar el copago de medicamentos fue Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña? Y tanto PDECat como PP son nacionalistas, aunque este último no quiera reconocerlo. También cabe señalar que el nacionalismo español del Partido Popular es sucesor y heredero del nacionalismo español franquista. No es el caso del PDECat (antes CDC) que, sin embargo, no ha dejado de sacar tajada en nombre de Cataluña.

Hay más concurrencias. Tanto PP como CDC (se llame como se llame ahora) tienen o han tenido en común una corrupción organizada para financiar ilegalmente parte de su actividad política. La confirmación por Hacienda en el caso Gürtel de que el Partido Popular se ha financiado de modo ilegal tal vez induzca a que ese partido sea finalmente condenado por financiación ilegal como partícipe a título lucrativo. Casi como en otra condena de CDC en Barcelona por llevarse más de 6 millones de euros como beneficiario de una corrupción organizada.

En el juicio del caso Gürtel técnicos de Hacienda testificaron que hubo financiación ilegal del Partido Popular, con prácticas prohibidas por la ley, de sus campañas electorales tanto generales (año 2000) como regionales (Madrid y Valencia). Y en Cataluña, en el caso ADIGSA, CDC cobró también comisiones ilegales del 3% del presupuesto de obras públicas adjudicadas por el gobierno de Convergencia i Unió (CiU).

Denunciado el caso en 2005, archivado entonces y reabierto en 2015, el caso ADIGSA se investiga judicialmente. Un proceso al que cabe añadir el caso Palau con una sentencia de 9 años de cárcel para Luis Millet (cerebro de la corrupción), 4 para Osàcar (ex-tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña) y la condena de CDC por apropiarse de más de 6 millones de euros como beneficiario.

De nuevo en nuestros días, parecería que nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes pueden entenderse. Pero, como cualquier nacionalismo, ambos necesitan enemigos exteriores y ambos agitan emocionalmente a sus seguidores. Por eso no hay avenencia sino enfrentamiento de nacionalismos. No olvidemos que la I Guerra Mundial, por ejemplo, fue por intereses enfrentados de Alemania y Francia, ambos estados capitalistas, ambos conservadores y ambos nacionalistas.

Volvemos a la casilla de salida en el conflcito catalán, pues no parece que nadie quiera dialogar de verdad. Habrá que ver investido como presidente a Quim Torra y, sobre todo, qué hace cuando lo sea. Es fácil decir que es presidente provisional porque el presidente ha de ser otro cuando no tienes poder. Otra cuestión es cuando lo tienes.

Corrupción en la Puerta del Sol

La emblemática Puerta del Sol de Madrid, kilómetro cero de las carreteras nacionales radiales del Reino de España, es uno de los espacios urbanos más significativos y conocidos de la capital del Estado. Ahí está, además, la sede del gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Una comunidad bastante agitada políticamente en los últimos años.Por eso algún medio informativo tituló no hace mucho que ‘la maldición de la corrupción persigue a los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid‘. Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes han dimitido de la presidencia regional salpicados por irregularidades y casos de corrupción ya en causas judiciales.

Alberto Ruíz-Gallardón no dimitió, y agotó su mandato como presidente del gobierno regional de Madrid, pero siete años investigando corrupción han dado lugar a que un juez lo haya citado como imputado en la causa conocida como caso Lezo. Investigada por la Audiencia Nacional por presuntas malversación y apropiación indebida, entre otros delitos, en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la CAM. La Audiencia busca saber si se desviaron fondos públicos a cuentas particulares de miembros del Partido Popular (PP) del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II compró la empresa colombiana Inassa. En seguimiento de esa causa, en noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional ordenó decomisar el botín conseguido por esos delitos, oculto en Colombia: más de 5 millones de dólares depositados en cuentas de empresas presididas por testaferros.

Falsificar notas y hurtar cremas de belleza

Otros casos de corrupción en Madrid en proceso judicial son los conocidos como Gürtel y Púnica. Y el remate, que no ha esquilmado las arcas públicas, pero muy significativo, es la falsificación de notas de un máster que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Gürtel y Púnica son corrupciones clásicas en las administraciones públicas: adjudicar ilícitamente obras y contratos públicos millonarios a empresas concretas (saltándose todas las reglas) a cambio de comisiones en efectivo que éstas abonan. Esas comisiones suelen ser el 3% del total de inversión en esos contratos y obras, y a menudo también cuantiosos sobrecostes posteriores.

Sin embargo, desmintiendo el titular mencionado, no hay maldición alguna en la Comunidad de Madrid. Solo corrupción. Por eso, más de cincuenta miembros de la dirección del PP madrileño y cargos públicos han sido imputados por esos delitos y han sido procesados tres secretarios generales del PP de la Comunidad Autónoma durante los últimos años ; Ignacio González, Francisco Granados y Ricardo Romero de Tejada.

El caso de Cifuentes es distinto porque dimitió como presidenta regional tras conocerse el vídeo de una cámara de seguridad que la mostraba hurtando cremas de belleza en una gran superficie comercial del barrio de Vallecas hace siete años. El vídeo se ha dado a conocer hace poco, tras más de un mes de declaraciones varias y forcejeos en los medios informativos por la falsificación de notas del máster que cursó la ya ex-presidenta en la Universidad Rey Juan Carlos. Un hecho que destapó y documentó el periódico digital eldiario.es, en una modélica muestra de riguroso periodismo de denuncia.

Sin embargo, aunque la causa de la dimisión no es presunta corrupción, Cifuentes sí fue relacionada con el citado caso Lezo en dos informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Esos informes apuntaban a su presunta participación en la  adjudicación irregular del servicio de restaurante y cafetería de la sede de la Asamblea parlamentaria de Madrid cuando ella era su vicepresidenta.

Luchadora contra la corrupción obligada dimitir

El caso de Cristina Cifuentes es aún más notable porque ella se presentaba como luchadora contra la corrupción y tolerancia cero con la misma. Y, aunque es cierto que su gobierno aportó datos del caso Lezo, lo hizo cuando la Fiscalía Anticorrupción llevaba ya un año investigando la compra ruinosa de la colombiana Inassa por la empresa pública Canal Isabel II y ya había averiguado por donde iban los tiros.

Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid entre alborotos y falta de apoyos en su propio partido, lo que ella achaca a su postura contra la corrupción. Pero es cierto solo en parte, aunque sí parece ser que Cifuentes ha sido descabalgada de la presidencia regional por ‘fuego amigo’. ¿Cómo explicar de otro modo que una cinta de seguridad de una gran superficie comercial (que según la ley debía haber sido borrada hace años) aparezca en medio del rifirafe de las notas falsificadas del máster de Cifuentes? Al ser emitida por las televisiones la cinta con el hurto de cremas de belleza, con el consiguiente ruido mediático, el jefe del gobierno y Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ordenó hace unos días a Cristina Cifuentes por una intermediaria que dimitiera antes del mediodía de esa jornada. Además, Cifuentes ha dimitido como presidenta del PP de Madrid y también como diputada de la Asamblea de Madrid.

‘Tamayazo’, Gürtel, Púnica y Lezo

Retrociendo en ese sumidero de corrupción, el que fuera presidente de la CAM tras Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil en abril de 2017, permaneció en prisión preventiva hasta noviembre de ese año y recuperó la libertad provisional tras abonar 400.000 euros de fianza . González está implicado en el caso Lezo por presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal Isabel II cuando él la presidía, ocho años antes de ser elegido Presidente de la región de Madrid.

Por su parte, Esperanza Aguirre dimitió entre casos de corrupción (tramas Gürtel, Púnica y Lezo), tras el registro de la sede regional del PP para buscar pruebas de financiación ilegal del Partido Popular madrileño con dinero ilícito en efectivo de la llamada trama Púnica. Además, durante su presidencia se adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la red organizada por el empresario Francisco Correa a cambio de comisiones ilegales. Correa está procesado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.

Por otra parte, no hay que olvidar que Esperanza Auirre fue elegida presidenta regional de Madrid por la traición de dos diputados socialistas (el llamado ‘tamayazo’) que se ausentaron de la Asamblea de Madrid en la votación a Rafael Simancas del PSOE como candidato a presidente de la región, impidiendo así que Simancas fuera elegido. Tras varios inútiles intentos de formar gobierno, se convocaron nuevas elecciones regionales en las que ganó el PP y Aguirre fue elegida presidenta.

Estar en política para forrarse

Los hechos de presunta corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid (y antes en la de Valencia), gobernando en ambas el partido Popular (aunque hoy ya no gobierna en Valencia), son atribuidos una clase política que no se sabe a ciencia cierta si expolia para gobernar o gobierna para desvalijar.  Para comprender mejor ese panorma, es esclarecedor que un dirigente político, que mandó en el PP de la Comunidad Valenciana y luego fue ministro en Madrid, Eduardo Zaplana, dijera en conversación grabada por la policía: Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. O que Vicente Sanz, entonces secretario general del PP de Valencia, dijera “estoy en política para forrarme“.

No hay maldición alguna en la Puerta del Sol sino codicia de demasiados políticos profesionales. No es cuestión académica que podamos ovidar porque al final la ciudadanía paga la corrupción. En el caso de la CAM, la corrupción, según estiman algunas ONG, supone la pérdida de unos 200.000 millones de euros. ¿Cuantas escuelas, centros de salud, más médicos y personal sanitario, atención a dependientes y apoyo social deja de haber por no tener esos cientos de miles de millones de euros que la corrupción se ha tragado? Si la ciudadanía paga la corrupción y la paga cara , ¿por qué aún hay gente que vota a los corruptos?

Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.