¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

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El FMI de nuevo contra la ciudadanía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica informes anuales en los que aprueba, critica, modifica o rechaza las actuaciones políticas y económicas de los gobiernos. Y ‘recomienda’ medidas concretas a aplicar. El FMI se creó en 1944 para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era la estabilidad de las monedas para asegurar el desarrollo del comercio mundial.

Un tiempo después, como se ha visto en las últimas décadas, el FMI se puso al innegable servicio de lo que Marx y Engels llamaron la ‘clase dominante’ y, en términos coloquiales, los ricos. El FMI tomó partido descarado por quienes tienen el poder económico. La pirata actuación del FMI en América Latina en los años setenta y ochenta del siglo XX, obligando a los países a políticas de recortes sociales, servicios públicos y derechos, si querían obtener los créditos del Banco Mundial, es buena prueba de ello.

Hoy, en los análisis y recomendaciones al Reino de España del último informe del FMI se le vuelve a ver el plumero, se comprueba al servicio de quien están. En ese informe, el FMI considera “impresionante” la expansión económica y creación de empleo en el Reino de España. Pero curiosamente no dice nada del hecho aún más impresionante, comprobado y documentado, del avance de la desigualdad y que el 15% de trabajadores, aún teniendo un empleo, son pobres. Con empleo y pobres. Claro que el FMI en absoluto tiene en cuenta la calidad de la vida de los trabajadores y por eso es capaz de elogira las ‘reformas’ que han convertido España en un ¿país más flexible, competitivo y resistente, con un dinámico sector de servicios?

Sería bueno que las lumbreras del FMI se dieran una vuelta por las empresas de ese presunto dinámico sector de servicios español.  Comprobarían que tras la alta rentabilidad económica para los empresarios, aumenta la precarización, las condiciones laborales indecentes y una temporalidad del 35%. Y todo ello significa inseguridad laboral, menos ingresos, salarios bajos…

Un caso clásico de ese ‘dinámico’ sector es el de las camareras que arreglan habitaciones de hotel. No son asalariadas fijas sino falsas trabajadoras autónomas a las que los hoteles pagan como máximo 2 euros por habitación. Echen cuentas de cuantas habitaciones han de arreglar para conseguir un salario muy justito. Y sucede en pleno triunfalismo gubernamental de cifras récord de turistas… cuyos beneficios nunca llegan a los trabajadores.

Finalmente, ¿qué propone el FMI? Más ‘reformas’. Y ya sabemos que significa ‘reformas’ cuando lo dice alguien del FMI, OCDE, BCE o similar.

¿Y por qué no obtener más ingresos en vez de recortar y jorobar? Sí, claro. El FMI recomienda… subir el IVA. Pero, cucos como son, lo llaman ‘acercar’ el IVA de España al nivel europeo. Y aquí cabe insistir en que el IVA es un impuesto regresivo (y por tanto injusto), que paga igual quien tiene todo que quien nada tiene. ¿Por qué no proponer que las empresas con beneficios paguen el impuesto de sociedades sin recortes ni subvenciones? Porque actualmente las grandes empresas del Ibex, por ejemplo, pagan  un ridículo tipo impositivo de 7,3% sobre los beneficios, que es la mitad de lo ue pagan los asalariados por el IRPF.

¿Por qué no exigen más medios en la lucha contra el fraude fiscal e impago de impuestos de grandes empresas, grandes fortunas y corporaciones multinacionales?

En cuanto a las pensiones públicas, el FMI considera que no serán sostenibles en España si no se prolonga la vida laboral. Proponen retrasar la edad de jubilación y que la gente no se pueda jubilar hasta los 70 años, por ejemplo. Y que se incentiven planes de pensiones privados. Lo que es una falacia, porque no hay pensiones privadas. Hay aportaciones individuales regulares a fondos de inversión que especulan, cuyas rentas, cuando las hay y en la cantidad obtenida, se pagan mensualmente a quienes han aportado esas cuotas regulares al fondo de inversión durante años. A eso llaman ‘planes de pensiones privadas’, pero no son tales sino aportar cantidades mensuales a un fondo de inversión durante años. Aportación que rendirá más o menos según los beneficios obtenidos por los fondos de inversión especulando en los mercados financieros.

Y, como remate, según el FMI, para tener un mercado laboral saludable y dinámico hay que ‘flexibilizarlo’. ¿Flexibilizarlo? E romñan paladino significa poder despedir fácilmente sin coste o a un coste muy bajo. Por cierto, un país que ha aplicado a rajatabla esa ‘flexibilización’ ha sido EEUU. El resultado es que, según datos de la oficina federal del censo, hoy hay 47 millones de estadounidenses pobres, que es el 15% de la población. ¿No son muchos en un país tan rico?

El FMI actúa como el enemigo del pueblo que es. Si se aplican sus recetas habrá más desigualdad, más penuria y más carencias.

Mentiras y democracia

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

La Troika otra vez contra Grecia

Tras siete años de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescató a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la Troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para “cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013”. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedió el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunión de 7 de abril del Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la Troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, vulnera derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los más desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una Troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesión alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que “no aplicaremos medidas si no hay solución para la deuda“. Se refiere a reestructurarla y quizás hacer un quita importante. ¿Plantar cara a la Troika? Si no lo hizo hace siete años con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, ¿se atreverá ahora?

De momento el FMI pide más dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la Troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente común es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son víctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen ‘reformar’ las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones públicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

¿Y qué hacer ante un paro del 30% según los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Más paro porque, aunque se crearan empleos, habrá más precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete años. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones públicas a saquear, perdón a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales.

La Troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurabí hace 3.800 años. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestión de fondo, la Troika olvida además que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y España, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Más aún, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con superávit comercial mensual, además esos pagos nunca serían más del 3% del importe de las exportaciones alemanas. Así la deuda no pesó en la economía, Alemania se recuperó y creció.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisión política de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fría por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidió que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrática y demás países del área soviética.

Años después, continuó la promoción económica de Alemania con la creación del euro, que beneficia sobre todo a ese país. Entonces se aplicaron tipos de interés muy reducidos para que Portugal, España y Grecia, sobre todo, pudieran pedir préstamos a Alemania y así poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuación con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la Troika. Ni los gángsteres de los años 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.

Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.