La Troika otra vez contra Grecia

Tras siete años de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescató a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la Troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para “cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013”. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedió el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunión de 7 de abril del Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la Troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, vulnera derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los más desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una Troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesión alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que “no aplicaremos medidas si no hay solución para la deuda“. Se refiere a reestructurarla y quizás hacer un quita importante. ¿Plantar cara a la Troika? Si no lo hizo hace siete años con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, ¿se atreverá ahora?

De momento el FMI pide más dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la Troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente común es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son víctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen ‘reformar’ las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones públicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

¿Y qué hacer ante un paro del 30% según los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Más paro porque, aunque se crearan empleos, habrá más precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete años. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones públicas a saquear, perdón a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales.

La Troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurabí hace 3.800 años. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestión de fondo, la Troika olvida además que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y España, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Más aún, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con superávit comercial mensual, además esos pagos nunca serían más del 3% del importe de las exportaciones alemanas. Así la deuda no pesó en la economía, Alemania se recuperó y creció.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisión política de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fría por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidió que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrática y demás países del área soviética.

Años después, continuó la promoción económica de Alemania con la creación del euro, que beneficia sobre todo a ese país. Entonces se aplicaron tipos de interés muy reducidos para que Portugal, España y Grecia, sobre todo, pudieran pedir préstamos a Alemania y así poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuación con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la Troika. Ni los gángsteres de los años 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.

Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.

Contra el acoso a Grecia, la larga batalla por otra Europa

Grecia ha votado NO a la Troika. NO a la austeridad contra la crisis. Syriza ganó las elecciones griegas con el 35% de los votos, pero el NO ha conseguido más del 61%. “Hemos visto a Grecia levantarse contra el acoso e intimidación para que aceptara las exigencias de los acreedores y se deshicieran de su Gobierno”, escribe Paul Krugman y, según el Nobel de economía, el Gobierno de Syriza ha conseguido una gran victoria no solo para griegos y griegas, sino por otra Europa.

Pero finalmente la Unión Europea acordó entregar unos 86.000millones de euros a Grecia en tres años. A cambio, recortes, suprimir casi todo el sector público, más reformas laborales y de la administración pública (léase despidos y rebajas salariales).

¿Para ese viaje hacían falta las alforjas del referéndum, señor Tsipras? ¿No hay otra vía que tragar la cicuta de la Troika? La hay, aunque nada fácil. ¿Cual es? Ya es hora de empezar a pensar que esta Europa que ignora los intereses y derechos del pueblo trabajador no interesa. Como demuestra el caso griego.

A pesar de la victoria del rechazo a la política de austeridad de la Unión Europea, Comisión Europea, BCE y Eurogrupo se empecinan intransigentes. Su respuesta a la clamorosa descalificación del NO a sus erróneas políticas ha sido que el Gobierno griego acepte su plan de ‘reformas’. O salga del euro.  Angela Merkel ha remachado que sin “reformas creíbles”, no habrá acuerdo.

¿’Reformas’? ¿Creíbles? ¿Bajar las pensiones en un país en el que más de la mitad de éstas no alcanza el salario mínimo? Y uno se preguntacómo los ‘acreedores’ y sus gendarmes, BCE, Comisión y Eurogrupo, puede ser tan miserables. Tras la derrota democrática, los nuevos sátrapas de Europa persisten en querer acabar con el gobierno de Syriza. La deuda es el pretexto, por eso no citan el reciente informe del FMI que propone una quita y reestructuración de la deuda griega.

Llegan rumores de que el Gobierno griego cede; eliminar los complementos a pensiones más bajas. Porque la UE pretende que el porcentaje de Grecia en pensiones es muy elevado (casi 18% de PIB). Pero olvida con mala fe la enorme caída de actividad económica por la austeridad impuesta. En cualquier caso, no juzgo esas decisiones, de confirmarse, porque la presión es enorme y lo necesario es la solidaridad ciudadana europea. Los mandatarios de esta Europa decadente no pueden aceptar que un gobierno de izquierdas se salga con la suya. Porque muestra otro camino que nada tiene que ver con la inútil austeridad que llena los bolsillos de las élites. Pues lo que preocupa a los mandatarios neoliberales es que crezca la conciencia ciudadana colectiva de que hay otra vía para acabar con atonía económica, desigualdad, empobrecimiento y sufrimiento. Clara muestra de la indecente miseria moral de Eurogrupo, BCE y Comisión Europea.

¿Qué oscuras razones impulsan a los acreedores de Grecia, y a sus fieles sirvientes, a impedir un acuerdo razonable? Saben que la deuda de Grecia es impagable, como dicen ya incluso los técnicos del FMI y una legión de economistas independientes. ¿Ignoran que se anulan y reestructuran deudas desde hace milenios? Desde los tiempos de Hammurabi. ¿Por qué insisten en que la deuda sea pagada a costa de la ciudadanía: desempleados, pensionistas, hijos, nietos y mujeres de las clases trabajadoras? ¿Y por qué el Eurogrupo ha cambiado de parecer y se enroca recalcitrante cuando en noviembre de 2012 aceptaba que la deuda se reestructurara?

¿Acaso no ha habido bastantes recortes en Grecia? Los ha habido como muestran los datos de Eurostat. Como escribe Ignacio Escolar, en 2014 el gasto público total de Grecia fue de 88.371 millones €. Casi un 11% menos que en 2013. ¿No es un recorte considerable? Pero la Comisión, BCE y Eurogrupo se empeñan en acogotar más al pueblo trabajador griego. E irrita aún más que en 2013 algo más del 25% del total del gasto público griego fuera para rescatar a la banca, cuando en la eurozona esa partida fue solo 9% de gasto público.

Continúa Escolar recordando que se le prometió a Grecia en 2012 que, si hacía recortes, se reestructuraría su deuda y permanecería en el euro. Pero, tras el mayor recorte de gasto público de su historia, tras perder el 27% del PIB por ello, tras demostrarse que la Troika evidentemente ha fallado en todas sus previsiones, ese compromiso no se ha cumplido e, insaciables, exigen más recortes.

El semanario alemán Der Spiegel ha advertido a Merkel, implacable gendarme de la mal llamada austeridad, que quizás pase a la historia como responsable de que Alemania provoque una catástrofe europea, Por tercera vez en un siglo.

Ésta es una larga batalla y no solo de Grecia. Todos nos jugamos construir otra Europa, justa y decente. Si no se logra, es al desastre.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Derrotar la ofensiva contra las pensiones públicas

     A finales de 2014, el Gobierno informará por carta a todos y cada uno de los trabajadores mayores de 50 años de España. Y les concretará qué pensión cobrarán cuando se jubilen. Extenderá esa información a todos los trabajadores en los tres años siguientes, tengan la edad que tengan. ¿Servicio de información? En realidad, un programa para atemorizar a los trabajadores que contraten planes privados de pensiones a la vista de la escueta pensión que percibirán en la mayoría de casos. El Gobierno lo niega, pero la patronal de empresas aseguradoras (que venden planes de pensiones) está muy satisfecha con esta iniciativa. ¿Por qué será?

     Una estrategia diáfana. El Gobierno rebaja la pensiones (desligándolas del coste de la vida, aplicando el factor de sostenibilidad, retrasando la edad de jubilación) y enseña las insatisfactorias pensiones que la mayoría cobrará.

     Es una ofensiva programada contra las pensiones públicas en beneficio de las privadas. Les urge porque las fuertes rebajas salariales y el enorme desempleo han frenado el lento y reducido crecimiento de los planes privados de pensiones en España. Y también porque el empobrecimiento que es parte de la crisis ha forzado a 100.000 españoles con planes privados de pensiones a retirar en 2013 un total 500 millones de euros de los mismos . Además, lo que no reconocen es que las pensiones privadas (que surgen de la especualación financiera como fondos de inversión) están sometidas a los vaivenes de la crisis financiera y, a menudo, no alcanzan la cantidad que se prometió al contratarlas. Porque son un riesgo.

     Y, como la crisis-saqueo ha golpeado a los trabajadores con pensiones privados por partida doble, con los recortes sociales y rebajas salariales más la menor rentabilidad de sus pensiones privadas, desde el inicio de la misma más de un millón doscientos mil trabajadores han cancelado sus planes privados de pensiones en España.

     Por su parte, en el incesante ataque contra la pensiones públicas, el ultraneoliberal Círculo de Empresarios pide reformarlas más, “con la misma valentía” que se hizo la reforma laboral, dicen. Y que el Gobierno actúe para que los ciudadanos sean “protagonistas” de sus pensiones, y no se “duerman” en la comodidad del Estado del Bienestar. Es difícil superar tanta desfachatez.

    La ofensiva empezó en los 80 en los países anglosajones. Te rebajó la pensión pública porque puedo y tú ahorras de tu corto sueldo para contratar un plan privado de pensiones. Aquí, el Gobierno de Zapatero abrió la veda contra las pensiones públicas y el de Rajoy perpetra una contra-reforma del sistema de pensiones públicaspara rebajarlas sin prisa y sin pausa año tras año.

    Más de 32.000 millones de euros en ocho años. Y que los trabajadores contraten pensiones privadas. La profesora emérita Miren Etxezarretaexplica que las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones privadas son una estupenda inyección de dinero fresco para la banca y los fondos de inversión. Los mismos que financian los falsos informes dramáticos sobre el futuro de las pensiones públicas.

     Es falso que las pensiones públicas sean insostenibles por una mayor esperanza de vida. Lo han demostrado con amplitud Torres, Navarro, Eduardo y Alberto Garzón,Etxezarreta, un informe de veinticinco economistas y juristas críticos (http://documentopensiones.org/) y otros muchos. En España, el número de pensionistas se dobló y más en los últimos cuarenta años y el sistema público de pensiones no tuvo problema alguno. Pero, contra esa evidencia, año tras año, “expertos” a sueldo de bancos y aseguradoras profetizan un colapso de las pensiones públicas que nunca llegó.

     Lo expresa con cínica claridad José Herce, miembro de una empresa de inversión financiera. Sin rubor alguno reconoce que “lo que necesitamos desesperádamente es que las pensiones públicas se replieguen de una u otra manera para ampliar el espacio para las pensiones privadas”. Más claro, agua. Y en eso está el Gobierno.

     En honor a la verdad, el problema no es la insostenibilidad de las pensiones públicas, que no es real. El problema cierto es que en España las pensiones públicas son bajas. El 54% de pensiones españolas no garantizan una vida mínimamente digna, porque es inferior al salario mínimo, y la pensión media en España es casi un 40% inferior a la media de la Unión Europea más desarrollada. Por tanto, la solución no es contratar pensiones privadas sino aumentar la pensiones públicas. Por lo menos un 40% más. Es lo justo.

     Hay solución. Anulando las progresivas reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los últimos años para empezar. Pero, sobre todo, cambiando el enfoque de financiación de las pensiones públicas. Porque éste no ha de basarse en las cotizaciones sociales, que han de ser una fuente de financiación más. Las pensiones públicas pueden y deben ser financiadas por los presupuestos generales del Estado. Porque es un derecho humano. Y, para que los presupuestos sean suficientes, hay que acabar con el fraude fiscal y de cotizaciones: 90.000 millones de euros anuales. Para empezar. Además de que pague más quien mas gana y más tiene. Un sistema de impuestos justos, progresivos y suficientes. Y no hay insostenibilidad que valga.

     El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que percibir una pensión digna es un derecho. Y con los derechos no se juega ni puede haber medias tintas. Por eso hay que aumentar las pensiones públicas y blindarlas para que ningún gobierno pueda rebajarlas.