Derecha, mentiras y golpe de estado

Algunos medios calentaron el ambiente político estos días con declaraciones de la derecha sobre la preparación de un golpe estado por los independentistas con complicidades del gobierno de Sánchez. Sin contraste ni prueba alguna, claro. A la acusación directa o solapada de golpe de estado, perpetrada por una de las derechas más inmorales de Europa, la del Reino de España, respondió Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Irritado por las intervenciones de esa derecha, que calificaban de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre, respondió que “aquí no ha habido ningún golpe de Estado, porque el concepto mismo de golpe de Estado implica fuerza y coacción, y todo el proceso catalán ha sido pacífico”.

Para la derecha españolista todo lo que no concuerda con su visión centralista y carpetovetónica de España es un golpe de estado o algo similar. Aunque nada tenga que ver con la realidad política, el PP agita el espantajo del golpe de estado porque le ayuda a crispar la vida política y eso le conviene para tapar sus propias miserias. En el colmo del delirio, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España“. Un golpe, por cierto, del que no hay siquiera el menor indicio, como sí los hubo de conspiraciones, por ejemplo, inmediatamente después de proclamarse la República en 1931.

Golpe de Estado, por fortuna fracasado, sí fue el perpetrado el 23 de febrero de 1981 en grado de tentativa por el general golpista Milans del Bosch que sacó durante horas los tanques a la calle en Valencia, mientras un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, ocupaban metralletas y pistolas en mano el Congreso de los Diputados y secuestraban durante horas a diputados y diputadas.

El curioso hallazgo del golpe de estado sin violencia armada

En el ceremonial de confusión que la derecha impulsa, y de modo especial el Partido Popular, un dirigente del PP, Javier Maroto, ha osado decir desde las más absoluta de las ignorancias o algo peor que “los golpes de Estado, desgraciadamente hoy no se dan con tanques o sables como en el siglo pasado sino que se pueden dar en los parlamentos“. Si la realidad no coincide con lo que les interesa (que un golpe de estado puede darse sin violencia armada), cambian el significado de las palabras que definen esa realidad (el golpe de estado en este caso) hasta que encaje en lo que les conviene para sus oscuros planes. Por supuesto ese tal Maroto no aportó ni un solo caso de los pretendidos golpes llevados a cabo por un Parlamento. Porque lo cierto es sencillamente que hay golpe de estado cuando hay una clara amenaza directa e inmediata de violencia armada. Es una condición sine qua non.

En la descripción del golpe de estado de Edward Luttwak, ejércitos, fuerzas de seguridad y milicias o grupos armados son protagonistas, porque pueden usar la fuerza física y encarcelar a quienes se oponen a sus planes con la amenaza de las armas, aunque no se lleguen utilizar.

¿Golpe de estado utilizando un Parlamento, según Maroto que es según el PP? ¿Cómo si los independentistas catalanes tienen una reducida presencia en el Congreso? ¿O desde el Parlament de Catalunya? Imposible, porque en el Reino de España, los gobiernos autonómicos, incluida la Generalitat, forman parte del Estado, pero en posición subordinada al Gobierno central y a otros poderes estatales y, por tanto, sin posibilidad alguna de tomar el control del Estado ni de obligar a la judicatura a certificar sus decisiones como bien ha explicado Iñigo Sáenz de Ugarte, quien recuerda además que el carácter violento de un golpe de estado es un ingrediente imprescindible y que la sola amenaza de usar la fuerza armada, por quien está en disposición de hacerlo, es suficiente.

¿Dónde había amenaza de violencia armada en la manifestación de setiembre ante la Conselleria de Economía mientras era registrada por mandato judicial por agentes de la Guardia Civil? Esa inexistente violencia amenazadora, que no se ha mostrado ni documentado, es una de las razones para acusar de rebelión a algunos independentistas. La única violencia conocida (y ésta sí está documentada) es la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del estado para impedir el acceso a algunos colegios electorales en el ilegal referéndum del 1 de octubre.

Metáforas para no respetar la verdad

PP y Ciudadanos, y la Fiscalía por supuesto, pretenden que hubo violencia ese 1 de octubre para justificar la acusación de rebelión contra los independentistas juzgados en breve. Políticos del PP y Ciudadanos acusan a los independentistas catalanes de montar un golpe de Estado con el procés. ¿Cómo? ¿Y cómo iban a conseguir el poder? Un año después no ha cambiado nada en el reparto de poder del Estado y, por si hubiera dudas al respecto, conviene recordar que el tribunal alemán, que resolvió la petición de extradición de Puigdemont, detenido en Alemania, no pudo descubrir violencia alguna y por eso denegó la entrega de Puigdemont a España. Tal vez por esa inequívoca sentencia que niega que hubiera violencia por parte de los independentistas, algún genio de la derecha se ha sacado de la manga que hubo “violencia institucional” ejercida por el Govern y el Parlament de 2015 a 2017. ¡Por favor, que alguien explique como se come eso!

Cuando se decide sin base ni fundamento que la violencia no tiene por qué ser física ni armada, es fácil ver violencia, no real sino como mala metáfora, donde te dé la gana. Esa pésima metáfora llevaría a ver golpes de estado en todas las situaciones de desobediencia civil y actuaciones disidentes. Pero desobediencia civil pacífica y disidencia cívica no son rebelión ni golpe de estado. Según esos genios defensores de que hay golpes de estado sin violencia física, Gandhi sería responsable de un golpe de estado permanente en la India, aunque sus acciones, que nunca negó que eran desobediencia civil, fueran precisamente no violentas.

En el fondo del conflicto con Catalunya o en Catalunya está el franquista mito de la unidad de España que ignora con mala fe que España existe desde 1714 como entidad política unida. Antes estaban la Corona de Castilla y la Corona de Aragón (en la que estaba federado el condado de Barcelona que fue Cataluña con el paso del tiempo). Hacia 1640 Portugal y Cataluña se rebelaron y alzaron en armas contra Castilla, cada uno por su cuenta, pero no contra España que no existía como entidad política. Portugal venció y se independizó, pero Catalunya, no. ¿Piensan Casado y el PP reclamar a Portugal que retorne a la unidad de España?

Este cronista no es independentista ni lo ha sido y considera que los pueblos de España han de continuar juntos, pero en democracia auténtica libre, no cuajada de franquistas en todo el Estado ni contaminada por la designación del Jefe de Estado anterior por un dictador implacable cual fue Franco. En todo caso, el problema con Cataluña, creado en gran medida por un PP sin freno moral alguno, que ha maniobrado y manipulado para obtener réditos electorales, no se resuelve con represión, juicios ni cárcel, medidas muy queridas por autoritarios y totalitarios, sean franquistas, fascistas, nazis o los actuales criptofranquistas empotrados en el PP y en ocasiones en Ciudadanos.

Si no hay diálogo e inteligencia, no saldremos de este atolladero.

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Impuestos injustos e insuficientes, enorme deuda pública y estado de bienestar menguante

Con la amenaza de otra crisis global (como recuerdan Argentina y Turquía con sus severos problemas económicos) y sacado Mariano Rajoy del ejecutivo por una moción de censura, los resultados de su gobierno no son, como se dice castizamente en Madrid, para echar cohetes. Para empezar, según el Banco de España el gobierno Rajoy consiguió que la deuda pública superara el billón de euros por primera vez en la historia reciente del país. Aún peor, que sobrepasará por primera vez en un siglo el equivalente del 100% del PIB, la riqueza nacional de un año. En junio, cuando la moción de censura expulsó al PP del gobierno del Reino, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos debían (y deben) un billón con 163.000 millones de euros. Lo que significa que anualmente han de pagarse unos 30.000 millones de intereses.

Si la deuda pública es superior al PIB nacional, es más difícil devolver a los acreedores el dinero que han prestado y entonces, por la nefanda influencia de las instituciones internacionales neoliberales (FMI y Eurozona) se imponen medidas de austeridad y recortes sociales que, no solo perjudican a la mayoría de la gente, cuyos derechos sociales son pisoteados en tanto el estado de bienestar se va al garete, sino que también perjudican el crecimiento económico del país y lo reducen. De momento, España se salva más o menos a pesar de su enorme deuda pública, porque los tipos de interés son bajos. Por ahora.

Campeones en desigualdad

Tal vez el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados enmienden situación tan peligrosa sin hacérselo pagar a la gente. Situación que sería inaceptable pues, según el último Barómetro Social de España, las cosas no van tan bien como muchos medios informativos que comulgan las ruedas de molino de las recetas del neoliberalismo pretenden. A destacar, por ejemplo, que la distribución de la riqueza ha sido en el cercano 2016 mucho más desigual que en el ya lejano año 1994. Hasta tal punto que se ha multiplicado por dos la brecha entre quienes tienen más (que no son muchos, por cierto) y los que poseen poco o muy poco. Lo muestra, por ejemplo, que los salarios son mucho más bajos, pero no así las ganancias de las empresas que aumentan. Varios economistas y sociólogos dicen también que el Reino de España ha sufrido un gran retroceso social y por eso estamos a la cola de Europa en el reparto de riqueza. Tan a la cola que, según Eurostat (agencia de datos de la Unión Europea), solo están peor en desigualdad Rumanía, Lituania y Bulgaria. Lo que no deja de ser muy esclarecedor.

Más cifras aburridas, tal vez, pero significativas. Según la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la desigualdad entre hogares que tienen riqueza y quienes apenas tienen nada se ha multiplicado por dos ¡en sólo 12 años! Si en 2002 la mitad de hogares más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de hogares más pobres, ahora esa riqueza se ha multiplicado por 12. La mitad más rica del país ha aumentado su patrimonio medio un 29%, mientras la mitad más pobre ha perdido un 30% de lo poco que tenía, casi un tercio menos que antes. Una desigualdad indecente.

Indicador de esa situación es que el salario medio hasta 2016 ha perdido el 5% de poder adquisitivo y ha aumentado la desigualdad entre tramos salariales, no porque se paguen más salarios altos sino porque aumentan sin cesar quienes cobran sueldos inferiores al salario mínimo oficial (736 euros mensuales). En 1994, hace casi un cuarto de siglo, quienes cobraban menos que el salario mínimo eran unos 3 millones, pero hoy ya son 6 millones (el 34% de la población ocupada) quienes cobran salarios por debajo del Salario Mínimo. El doble que hace 24 años.

La pobreza severa, inaceptable

En España, los hogares en riesgo de pobreza son el 60% y un 30% son quienes soportan una pobreza severa. De 1994 a 2015 el riesgo de pobreza en España ha aumentado algo más de 3%, lo que significa que las personas en riesgo de pobreza ya son algo más de 10 millones en números absolutos . Este aumento es muy superior al de la Unión Europea. Y ¿a qué llamamos pobreza severa? Cuando una familia no puede cumplir o disfrutar de cuatro situaciones de estas nueve siguientes:

1. No poder ir de vacaciones una semana al año.

2. No poder comer carne, pollo o pescado cada dos días.

3. No poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

4. No poder pagara gastos imprevistos de 650 euros.

5. Retrasarse en pagar la hipoteca, alquiler o recibos de gas y luz…

6. No poder comprar un automóvil a plazos ni tampoco mantenerlo.

7. No poder tener y usar el teléfono.

8. No poder adquirir un televisor.

9. No poder tener una lavadora.

Pobreza severa es la que sufre la población con ingresos tan reducidos que es imposible llevar una vida digna. De 2007 a 2015 han aumentado más de un millón las personas que sufren pobreza severa hasta sumar 3 millones en toda España. Sólo Cantabria, Ceuta y Melilla han reducido su pobreza severa, pero ésta ha aumentado en el resto del país. Dicho de modo muy comprensible, en España, la población a la que le es muy difícil llegar a fin de mes ya es un 34% del total. Demasiada gente pues ese porcentaje son ¡16 millones de personas! Pero en tanto crecen en España la pobreza y la emergencia social , no lo hacen las políticas sociales y sí aumenta la exclusión social.

Aunque lo expuesto no sucede por destino fatal ni mala suerte. Esa devastación social tiene causas y responsables. El aumento obsceno de desigualdad, de pobreza y pobreza severa tiene mucho que ver con un sistema de impuestos injusto, regresivo e insuficiente que empuja al Estado a endeudarse.

Vuelta al siglo XIX

En román paladino, la persistencia de la desigualdad está directamente relacionada con que paguen menos quienes tienen más, pues eso supone menor recaudación del Estado y que éste no pueda atender las necesidades y derechos de la ciudadanía. Sin olvidar en el caso español la nefasta aportación de una empobrecedora reforma laboral que ha convertido en precaria a la mayor parte de la clase trabajadora. Como botón de muestra de esa precariedad depauperante, cabe citar que en España casi la mitad de horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 (44%) no se pagaron ni compensaron con tiempo libre, según informe del sindicato CCOO basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, esas horas extras trabajadas y no pagadas equivalen a 74.000 empleos a tiempo completo. Vamos hacia atrás como los cangrejos y se imponen impunemente prácticas obscenas propias del siglo XIX.

Para que no quedé nada en el tintero, cabe rememorar también que, según informe del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) y la universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB. Y eso significa que unos 290.000 millones de euros escapan cada año al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, esa economía sumergida es causa de que NO se ingresen en las arcas públicas más de 90.000 millones anuales de impuestos y cotizaciones sociales. La recaudación de las arcas estatales es insuficiente porque no hay la menor voluntad política de que deje de serlo.

Ya ven, a la que escarbamos en las razones de la desigualdad, todo se relaciona: impuestos, políticas sociales, pobreza y estado de bienestar menguante.

La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos,el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar qye, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Socia y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuiestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidadd Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

El Tribunal Supremo reconoce errores en la administración de justicia en crímenes machistas

Han pasado quince años desde que Felipe Rascón asesinase a su hija de siete años y se suicidara después en una visita del sistema establecido por un juez. Antes había habido reiteradas denuncias por violencia machista por la ex-esposa, Àngela González, y finalmente divorcio. El juez estableció un régimen de visitas a Andrea, la hija de los divorciados, y durante dos años Felipe Rascón vio a su hija en el lugar fijado por el juez, supervisado por un equipo de servicios sociales. Pero el juez modificó el régimen de visitas y permitió que Rascón pudiera llevarse a la niña y estuviera con ella a solas donde quisiera sin supervisión alguna, aunque los servicios sociales nunca dieron su visto bueno al régimen de visitas abierto. Pocos encuentros después de ese cambio, el 25 de abril de 2003, Felipe Rascón asesinó con dos disparos a su hija Andrea y luego se suicidó. Fue en la localidad de Arroyomolinos de la provincia de Madrid.

En los antecedentes del atroz crimen cabe destacar que la madre, Ángela González, había denunciado docenas de veces a su ex-marido por malos tratos, amenazas e intento de secuestro de la pequeña Andrea. Pero nunca hubo juicio alguna de esas denuncias. ¿Qué razones se esgrimieron por parte de la Justicia para no juzgar al denunciado maltratador?

La Convención de la ONU contra Toda Discriminación de la Mujer condenó a España

Tras el asesinato de la niña Andrea, la madre solicitó amparo justa compensación al Tribunal Constitucional, pero éste negó que la Justicia tuviese que asumir parte de la responsabilidad patrimonial por la muerte de la pequeña. El Constitucional no aceptó la petición pues consideró que el caso no tenía especial trascendencia constitucional y expresó en su dictamen que “lamentando profundamente el fatal desenlace, en el supuesto que nos ocupa no se aprecia que hubiese un funcionamiento anormal de la administración de Justicia”.

Sorprendente, vistos los resultados.

En el año 2014, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada y ratificada por España, condenó al Estado español por el asesinato de la pequeña Andrea. La CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dictaminó que España había violado derechos fundamentales tanto de la madre Ángela González como de su hija Andrea y pedía, entre otras medidas, “una reparación adecuada y una indemnización integral proporcional” a la gravedad de los hechos. También exigía una investigación exhaustiva e imparcial para averiguar los fallos del funcionamiento de la Justicia y repararlos. Además exhortaba a que se tuvieran en cuenta los antecedentes de violencia machista al otorgar custodias y visitas a los hijos, no solo en el caso de Andrea. También pedía una formación obligatoria en materia de violencia de género para jueces y otros operadores jurídicos.

El tiempo pasó y Ángela González siguió su batalla por consegir justicia hasta que la cuestión llegó al Tribunal Supremo español. Antes, cuando la ONU condenó a España, el Gobierno de Mariano Rajoy había declarado que los dictámenes de la ONU no eran vinculantes para España y por tanto no tenía porque acatarlos. Pero eso no es cierto en absoluto. El Tribunal Supremo de España recién ha sentenciado que hay responsabilidad del Estado en la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea y lo obliga a indemnizar a la madre con 600.000 euros.

La ley de Naciones Unidas obliga sin excusa alguna

La sentencia es muy importante porque sienta jurisprudencia y doctrina, va mucho más allá del caso concreto y deja muy clara la obligatoriedad del Reino de España de acatar las propuestas y recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, así como de los tratados de derecho internacional firmados y ratificados por España.

Gobierno del PP y Ministerio Fiscal alegaron ante el Tribunal Supremo que en la Justicia española no hay un procedimiento para aplicar los dictámenes de Naciones Unidas y éstos no pueden anular sentencias dictadas por la justicia Española. Pero una vez más eso no es cierto. El Tribunal Supremo indica que los dictámenes de la CEDAW son vinculantes y de cumplimiento obligado, puesto que el Estado español firmó esa Convención en la que se indica que “los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente convención“.

La sentencia del alto tribunal español ratifica además, más allá del caso del asesinato de Andrea, la necesidad de que la Justicia adopte medidas adecuadas y eficaces que tengan en cuenta los antecedentes de violencia machista al concretar derechos de custodia y visitas de los hijos, para no arriesgar la seguridad de los menores.

El Supremo recuerda que el artículo 96 de la Constitución española reconoce como parte de la legislación nacional toda la normativa internacional firmada y ratificada por el gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado, además de que el artículo 10.2 de la Constitución indica explícitamente que “las normas de derechos fundamentales se interpretan y aplican según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esa materia”.

Es decir, y sin posibilidad de interpretaciones torticeras, tratados y convenciones de la ONU son de obligado cumplimiento. ¿Es preciso elaborar leyes y normas nacionales para aplicarlos correcta y eficazmente? Pues se elaboran. Pero aún hay más, porque la sentencia del Supremo no se refiere solo al cumplimiento del dictamen de la CEDAW en el caso Ángela Gonzalez, sino que todas las propuestas de cualquier convenio internacional y de todos los comités de derechos humanos de la ONU obligan. Por tanto, no valen excusas de mal pagador de no haber un modo tal o cual para aplicar los acuerdos y convenciones de la ONU. Si no lo hay, tiene que haberlo y pronto para cumplir la legalidad internacional.

¿Hasta cuándo?

Al respecto de la legalidad, cabe recordar que el otoño pasado, alrededor del 1 de octubre, estalló el conflicto entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno del PP. Entonces los dirigentes del PP se hartaron de reivindicar la legalidad y no se cansaron de repetir que el peor delito de los independentistas había sido actuar contra la legalidad… Pero no hay dos legalidades, una que me conviene y cito y otra que me paso por el arco de triunfo con la pretensión de que no obliga, como la condena de la CEDAW, por ejemplo. Pues lo cierto es que la condena del Reino de España por la ONU en 2014 ha sido ratificada y aumentada por sentencia del Tribunal Supremo.

Esa sentencia del Supremo reconoce que el Estado español se equivocó en el caso de Ángela González y su hija Andrea y que los errores cometidos “provocaron lesiones y daños que no tenían porque soportar. Hubo desprotección y clara situación de discriminación durante años antes y después de la muerte de la hija“. Imponer una indemnización de 600.000 euros reconoce esa falta de diligencia de la justicia y la obligatoriedad de cumplir las otras propuestas de la CEDAW.

Pero cuatro años después del dictamen de la CEDAW, la mayoría de medidas dictadas aún no se aplican. Y el pacto de Estado contra al violencia de género, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, contiene avances, pero aún no se ha concretado en medidas concretas.

¿Qué se espera? No hay que olvidar que en el interín no cesan los malos trato a mujeres por hombres ni los feminicidios, casi uno por semana.

Parafraseando a Ciceron podríamos gritar ¿hasta cuándo se abusará de la paciencia de la ciudadanía en la lucha que no arranca del todo contra los asesinatos machistas?

Juego de tronos, desigualdad y pobreza en el Reino de España

Recién se ha recordado que en 1977, el hoy Rey emérito Juan Carlos I, envió una carta al Sha de Persia, Reza Pahlevi, en la que le pedía diez millones de dólares para ayudar a la candidatura de Adolfo Suárez a vencer a Felipe González del PSOE en las elecciones generales. Las primeras democráticas tras la dictadura franquista y así reforzar la débil monarquía. Esa carta del entonces rey fue citada en 2009 en el libro Adolfo Suárez: ambición y destino del periodista Gregorio Morán, pero antes se había publicado en las memorias de Asadollah Alam, primer ministro de Irán de 1962 a 1964 .

Por si ese recuerdo no fuera bastante asombroso, portadas de diarios y sumarios de informativos televisivos y radiofónicos destacan estos días declaraciones de Corinna, empresaria alemana de origen danés (que pretende ser princesa), cuya aparición en los medios es frecuente desde 2006 por su relación con el rey Juan Carlos I de España. Corinna le organizó al entonces rey safaris en África y lo representó ante magnates, altos dignatarios, empresarios rusos y de Arabia Saudí. El calibre de las declaraciones de la señora Corinna ha movido a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, PdeCAT y Bildu a solicitar que Juan Carlos I acuda a una comisión de investigación del Congreso. Para explicarse.

Pagando por la austeridad impuesta

Y, mientras quien fuera según algunos medios ‘amiga íntima y entrañable del rey emérito’ ha hablado en la radio de presuntas comisiones, intermediación en negocios y testaferros, España no deja de arrastrar problemas serios y graves que afectan a mucha gente. Como el aumento que no cesa de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, legados infames de los gobiernos del Partido Popular, pero también fruto de la blandura política del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis ante las implacables exigencias de austeridad de la Unión Europea.

Si nos referimos a la pobreza, recordemos para hacer boca que España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según informe de la OCDE: 15%. De los ciento noventa y tantos estados del mundo, solo tienen mayor proporción de trabajadores con empleo, pero pobres, China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. Además, España es el único país europeo de la OCDE entre los diez primeros países del mundo con trabajadores pobres.

¿Qué significa ser trabajador pobre? Que lo que te pagan por tu trabajo no alcanza para comer todos los días del mes (y por eso has de recurrir a Cáritas o a los bancos de alimentos) tampoco puedes poner la calefacción ni otras acciones de vida normal decente.

Eso es pobreza.

Además de la innegable pobreza, según el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, de Oxfam Intermón, en el Reino de España el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y solo un muy minoritario 1% de población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. Ese 1% son menos de 50.000 personas en una población de más de 46 millones y esos pocos acaparan tanto como un cuarto de billón de euros. El informe citado señala a España como tercer país más desigual de la Unión Europea y en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007.

Eso es desigualdad.

El crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría

Desigualdad y pobreza que tienen mucho que ver con la impuesta política europea de austeridad presupuestaria que, en román paladino, significa rebajas considerables en presupuestos sociales y recortes en los servicios públicos que satisfacen los derechos humanos de la ciudadanía. Recortes impulsados por la neoliberal obsesión de reducir el déficit público de los estados miembros de la Unión Europea al precio de que la mayoría viva peor.

Una obsesión que sin la menor duda responde a los intereses y apetitos del minoritario sector financiero europeo que ansía mantener y aumentar su multimillonario negocio de prestar a los Estados y cobrar elevados intereses. ¿Cómo explicar de otro modo que las normas de la UE prohíban que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados de la Unión de no ser para asegurar el negocio de los banqueros?

La nefasta política de austeridad (recortes y rebajas de partidas sociales) en teoría alienta el crecimiento. ¿Promueve el crecimiento? Más bien al revés, sobre todo si se considera que el crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría de población. Hay numerosos ejemplos en países del antaño denominado Tercer Mundo como Brasil o México. Según varios estudios en los que destaca el de Oxfam Intermón, la austeridad impuesta retrasa la verdadera recuperación. La que notaría para bien la mayoría ciudadana en su vida cotidiana.

Pero esto viene de lejos. Ya en los años ochenta y noventa del siglo XX, los países de América Latina, Asia y África, que aplicaron las recetas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Interrnacional (FMI), lo pagaron caro con el empobrecimiento general de sus poblaciones… aunque mostraran cifras macro-económicas positivas. Pero, ¿saben?, las mejoras que no llegan a la gente común no son mejoras, por mucho que lo proclame la macro-economía. Esas cifras ‘positivas’ en realidad indican que la minoría de siempre se ha apropiado de más, de mucho más, ha acaparado aún mucho más, y para ese viaje no hacían falta alforjas.

Además, la situación se complica y empeora para la gente normal cuando se afianza la economía sumergida, riqueza que escapa al control del Estado, riqueza que no paga impuestos. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, el paro y la corrupción disparan en España una economía sumergida que supone la evasión fiscal de 60.000 millones de euros al año. En España no hay estimaciones oficiales de economía sumergida y la única referencia fiable es la del Parlamento Europeo en 2012: casi el 25% del PIB español sería economía sumergida; siete puntos más que en 2008 y casi la cuarta parte de la riqueza nacional que en dinero se acerca al cuarto de billón de euros anuales. Mucho dinero.

Sin voluntad para conocr la economía sumergida

Por ser necesario conocer el volumen de la economía sumergida, se solicitó al Instituto de Estudios Fiscales del ministerio de Hacienda que aportara personal y medios para un estudio de la realidad de esa economía ilegal sumergida. Pero el instituto no mostró mucho interés. Por su parte el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado quiso elaborar un informe sobre esa sumergida actividad económica, pero lo abandonaron por falta de apoyo institucional y económico.

Si volvemos a la innegable pobreza en este país, una de cada cinco personas (casi 22% de población) vive en pobreza con menos de 8.522 euros al año. Sobrevive (porque eso no es vivir) con menos de 710 euros mensuales y, además según UNICEF, el 31% de niños y niñas en España (2.300.000) vive en pobreza. Una cifra elevadísima.

Además, recordemos que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza impide alimentarse bien a los integrantes  de más de 700.000 hogares españoles, la mayoría con niños. Esos millones de ciudadanos no pueden comer cada dos días carne, pollo o pescado (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) y eso tiene muy malas consecuencias para el crecimiento. Y sencillamente no pueden porque no tienen el dinero para comprar esos alimentos. Ya son tres años seguidos  con malos datos de alimentación en este país.

¿Cuando se abordará en serio acabar con la pobreza y la desigualdad?

La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.

Libertad provisional a la Manada, aún queda mucho camino por recorrer

La Audiencia de Navarra, el más alto tribunal de la comunidad autónoma de Navarra, dejó el pasado viernes en libertad provisional a los cinco miembros de la llamada ‘La Manada’, jóvenes condenados por abusos sexuales a una joven madrileña. La decisión de la puesta en libertad no ha sido unánime, sino por mayoría de dos de los tres magistrados que forman el tribunal. El presidente del mismo emitió un voto particular discrepante en el que aboga por prolongar la prisión provisional de forma incondicional.

Como es sabido, los hechos juzgados y condenados sucedieron en julio de 2016 en las fiestas de San Fermín de Pamplona, capital de Navarra.

¿Cómo es posible que los dejen en libertad si ya han sido condenados a nueve años de prisión? Jurídicamente es posible porque la sentencia ha sido recurrida tanto por el fiscal como por los abogados defensores de los condenados y, en tanto la sentencia no sea firme al ser ratificada o modificada por un tribunal superior, la situación penitenciaria de los condenados es de prisión preventiva. Sin embargo cabe decir que no es frecuente en el Reino de España que un condenado, pero sin sentencia firme que esté en prisión preventiva, sea puesto en libertad provisional. No suele ocurrir.

Indignación por la libertad provisional

Este cronista fue voluntario en cárceles españolas durante casi ocho años, acudiendo varios días de la semana, sobre todo a la prisión de Soto del Real de la provincia de Madrid, como responsable y organizador de un taller de escritura narrativa y otros diversos aprendizajes culturales para presos y presas. Y no recuerda que dejaran a nadie en libertad provisional porque las sentencias no fueran firmes. Lo que sí sucedía habitualmente era que se prolongara la prisión preventiva tanto como la ley permitiera.

La puesta en libertad de los cinco condenados de ‘la Manada’, con fianza de 6.000 euros cada uno, ha enojado al movimiento feminista, a los movimientos sociales y a partidos políticos, sin excepción, que han respondido a esa libertad provisional con nutridas concentraciones y manifestaciones de protesta en muchas ciudades españolas.

Ya había habido días atrás cuantiosas concentraciones y manifestaciones al conocerse la sentencia por abusos y no por violación, que es el delito que las organizaciones feministas consideran que hubo. Y ahora, de nuevo se manifiesta una oposición frontal de la ciudadanía a una actuación de jueces. Tal vez porque en el Reino de España hay una asignatura pendiente: la total eliminación del más pequeño resto de franquismo en el Estado. Que lo hay y no poco ni excepcional. Y el machismo estaba en el ADN de la dictadura franquista.

Si ahondamos en la segunda decisión del tribunal de Navarra apropósito de ‘la Manada’ (la primera fue condenar por abusos y no por violación), se comprueba algo peor que el desacuerdo jurídico cual es la presencia de una visión machista en partes del mundo judicial o, como denuncian las organizaciones feministas, el asentamiento de estructuras patriarcales en la Justicia. Algo que sin duda viene de lejos si se analiza el lento caminar de la lucha contra la discriminación de la mujer y la consecuente violencia machista desde finales de los 70. No olviden que hasta 1975 las mujeres no podían abrir una cuenta corriente personal (salvo con autorización del marido) ni tampoco podían pedir una línea telefónica personal. Lo contamos como botón de muestra de la situación real de la emancipación femenina en las últimas décadas y lo mucho que queda por hacer.

Mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género

Otrosí, en los años 80, en el Reino de España, las mujeres que denunciaban malos tratos de su marido o pareja a menudo tenían que oír de los agentes de policía que procuraran arreglarlo hablando. Tanto fue así que la Dirección General de Policía tuvo que publicar circulares instando a los agentes a que no se les ocurriera disuadir a las mujeres de denunciar a sus maltratadores.

Desde entonces se ha recorrido bastante camino, aunque no suficiente visto lo visto. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, expresó su sorpresa por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a La Manada. Para Ortega, la resolución judicial “pone de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género“. Forma políticamente correcta de denunciar la cultura machista de muchos integrantes de la Justicia que se ha de combatir con formación anti-patriarcal entre otros medios.

La reacción a esa puesta en libertad ha sido tan general que incluso Dolores de Cospedal, que no se caracteriza por un feminismo progresista, se ha mostrado “profundamente decepcionada” con el auto sobre ‘La Manada’ y ha pedido reformar el Código Penal.

Por su parte, Amalia Fernández, de Mujeres Juristas Themis, ha calificado de indignante la decisión judicial a la que “no le ve ninguna base jurídica“. Fernández afirma que hay prisión provisional en tanto no se celebre juicio, “pero en este caso hay una sentencia superior a cinco años, por lo que la decisión de la Audiencia no tiene ninguna lógica”.

Tal vez al final sí cambie este país en igualdad de las mujeres. Pero cuesta lo suyo. El Gobierno de Navarra se ha enfadado con la puesta en libertad de ‘la Manada’ y su presidenta, Uxue Barkos, considera que “la Justicia debe hacer un serio ‘sprint’ para ponerse a la misma altura en que está la sociedad“. Algo que no es nuevo, habida cuenta de que en tantas cuestiones que a todos afectan, la gente, la ciudadanía, suele ser mas avanzada que sus representantes políticos o institucionales.