El farmacéutico, un sector empresarial digno de toda sospecha

Bayer ha comprado la multinacional Monsanto. Dos gigantes empresariales peligrosos porque no tienen en cuenta la gente, aunque sus productos son esenciales para ella: medicamentos, semillas y alimentos. Bayer será ahora la mayor empresa global farmacéutica, incluidas semillas y pesticidas agrícolas. Por su parte, la farmacéutica multinacional Grifols traslada su sede central a Irlanda. Para eludir impuestos en España, obviamente. Grifols detenta el monopolio de hemoderivados, (medicamentos a partir de sangre humana) y quiere apropiarse de las patentes de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, aunque gran parte de investigación sobre Alzheimer la hayan hecho y hagan profesionales de instituciones públicas españolas, con pacientes públicos del Servicio Nacional de Salud y financiación pública. Últimamente, 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Una vez más, la rapiña capitalista. Lo público corre con los gastos y lo privado se queda con los beneficios.

La nueva Bayer y el comportamiento de Grifols van como anillo al dedo para hablar del poderoso sector de las farmacéuticas. Tanto que sus beneficios son mayores que los de fabricantes de armamento. El mercado mundial de medicamentos mueve 700.000 millones de euros de los que más de la mitad están controlados por solo media docena de empresas. Además, la lista de 500 mayores empresas del mundo muestra que los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de la lista sumados. Y es que por cada euro invertido en producir un medicamento, las farmacéuticas ganan 1.000. ¿No es un rendimiento indecente?

Ignacio Ramonet recuerda un informe de la Comisión Europea del pasado julio sobre el sector farmacéutico que muestra como las grandes farmacéuticas juegan sucio para impedir medicinas eficaces y descalifican los medicamentos genéricos mucho más baratos. Las gigantescas masas de dinero de las farmacéuticas les proporcionan una potencia financiera colosal para arruinar con pleitos millonarios a los modestos fabricantes de medicamentos genéricos. Las grandes farmacéuticas son un peligro. John Le Carré mostró con detalle cuan inmorales y desaprensivas son en su novela El Jardinero Fiel.

Que no son trigo limpio lo demuestra que de 2000 a 2003 casi todas las grandes empresas farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU acusadas de fraudes diversos. Ocho fueron condenadas a pagar más de dos billones de dólares de multa. Y cuatro (Bayer era una de ellas) reconocieron su responsabilidad en actuaciones que arriesgaron la salud y vida de pacientes.

Pero hay más indecencias en el oligopolio farmacéutico. Producir medicamentos que no curan ni aportan nada nuevo es el 75% de la producción del sector. El sector farmacéutico argumenta que esos medicamentos mejoran los tratamientos existentes, pero es falso. De 2000 a 2006 se aprobaron 441 fármacos, pero sólo 44 aportaban alguna mejora. El primer medicamento con estatinas para rebajar el colesterol salió en 1987 y desde entonces se han comercializado cinco versiones del mismo con precios más caros, pero sin aportar mejoras ostensibles.

Según denuncia Gilles Godina, hace tiempo que la gran industria farmacéutica no invierte en investigar nuevos medicamentos. Por ejemplo, no investiga nuevos antibióticos desde 2001, aunque la OMS haya advertido que las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos son la segunda causa de muerte en el mundo. El New York Times publicó en marzo de 2014 que, en la India, la menor eficacia de antibióticos ante bacterias resistentes causó más de 60.000 muertes al año de recién nacidos.

De como son las farmacéuticas da fe Thomas Steitz, investigador del Instituto Médico Howard Hughes de Yale y premio Nobel de Química 2009. Seitz denunció en 2011 documentadamente que las empresas farmacéuticas no invierten en investigar antibióticos que puedan curar de una vez: prefieren fabricar medicamentos que sea necesario tomar toda la vida. Y por eso muchas farmacéuticas cancelaron las investigaciones de nuevos antibióticos. Abandonan los antibióticos por ser menos rentables; los medicamentos para enfermedades crónicas, que no curan pero los pacientes han de tomar mientras vivan, son más rentables para las farmacéuticas.

Otra muestra del espíritu de las farmacéuticas la mostró Marijn Dekkers, consejero delegado de Bayer hasta abril de 2016. Aseguró en una entrevista que Bayer no desarrollaba un medicamento concreto pensando en los pacientes de la India: “lo producimos para los pacientes occidentales que pueden pagarlo”. Difícil mayor indecencia.

Toda la inmoralidad de las grandes empresas farmacéuticas, actuaciones económicas irregulares, políticas fraudulentas de precios y conductas anti-sociales, cuando no delictivas, demuestran la necesidad de crear un potente sector farmacéutico público. O, dicho de otro modo, sacar la producción de medicamentos del ámbito privado. Con la salud no se puede jugar.

La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.

Cuando la política que se impone es un crimen

Sin medicamentos para controlar mi VIH, moriré”. Rafael, inmigrante latinoamericano, se hizo en Madrid la prueba de VIH y dio positivo. Le hicieron también una analítica completa y, vistos los buenos resultados, tener el VIH sólo supuso revisiones periódicas. Pero hace un año descendieron sus defensas y el médico le prescribió medicamentos antivirales para evitar el desarrollo del sida. Aún sin permiso de residencia, tenía su tarjeta sanitaria por estar empadronado. Fue atendido y tratado sin problemas. Hasta ahora.

El próximo 1 septiembre, muchos miles de inmigrantes sin permiso de residencia y aún muchos más jóvenes españoles con más de 26 años que no coticen o no hayan cotizado a la Seguridad Social (por estar en paro) dejarán de tener asistencia sanitaria en España, salvo en urgencias, por decreto del gobierno de Rajoy. Entre los expulsados de la sanidad pública hay un colectivo muy vulnerable: quienes tienen el VIH, como Rafael.

Expulsar a inmigrantes irregulares y a jóvenes del servicio público de salud significa, por ejemplo, que los infectados por el VIH (en el caso de inmigrantes, de tres a cuatro mil) no dispondrán de medicamentos para controlar su infección. Tampoco podrán comprarlos, no solo porque no tendrán los más de ochocientos euros mensuales que cuestan, sino porque esos medicamentos no se expenden en farmacias, pues son de exclusiva distribución hospitalaria.

Rafael y otros muchos miles de inmigrantes irregulares o los jóvenes despojados de la tarjeta sanitaria infectados por el VIH estarán más expuestos a morir por sida. A esos seropositivos hay que sumar los pacientes inmigrantes o jóvenes a los que priven de tarjeta sanitaria con hipertensión arterial, cardiopatías diversas, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, asma, enfermedades pulmonares, cáncer… Unos y otros no dispondrán de atención médica ni de diagnóstico ni de tratamiento alguno ni de medicinas.

Lo que ocurra a los infectados por el VIH demuestra el crimen que es de hecho el recorte de derechos sanitarios del decreto gubernamental. Porque sin duda habrá más muertes e incremento de enfermedades oportunistas asociadas al sida. También aumentará el contagio del VIH y de otras enfermedades infecciosas (como la tuberculosis) a la población en general, así como habrá más probabilidad de contagio del VIH de embarazadas infectadas a fetos en gestación. Son algunas conclusiones del Grupo de Estudio del SIDA (Gesida), que forma parte de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gesida asegura que la peor consecuencia por los recortes presupuestarios en sanidad será el aumento de la mortalidad.

Para empeorar las cosas, esas medidas de ahorro que violan derechos humanos tendrán un efecto contrario al buscado. Porque aumentarán los gastos de sanidad. Según el Gesida,aumentarán los costes porque recurrirán a urgencias muchos de aquellos a quienes se les ha quitado la tarjeta sanitaria, lo que reducirá a la mitad el ahorro conseguido con la supresión de la misma. Y también habrá más gasto por tratamientos de personas con tarjeta sanitaria recién infectadas por el VIH y enfermedades asociadas al sida. Contagios que aumentarán por falta de diagnóstico y de tratamiento de pacientes que estén infectados, pero sin control, por haber sido expulsados de la sanidad pública.

Y, mientras el gobierno pretende ahorrar unos millones de euros (que no conseguirá) recortando derechos, el fraude fiscal en el Reino de España ya es de 70.000 a 80.000 millones anuales. El presupuesto total del sistema público sanitario español, según la consultora i2 Integrity, miembro del Pacto Mundial de la ONU contra la Corrupción. Más del 70% de ese fraude fiscal lo perpetran grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones. Pero parece más fácil meterse con inmigrantes y jóvenes que con los ricos que deben pagar y no lo hacen.

Entre los países europeos que soportan recortes presupuestarios que paga la ciudadanía, Grecia, fue el primero en sufrir esa feroz política de austeridad. Y una docena de sus ciudadanos ha denunciado al gobierno griego ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y genocidio; sostienen que la austeridad impuesta está matando al pueblo griego. Y no solo por el abandono de los enfermos con VIH.

Tal vez suene excesivo hablar de genocidio, pero es justo decir que la política de austeridad que se impone es un crimen. El gobierno español tiene un mes para rectificar parte de la tropelía. Y Europa debe cambiar de rumbo.

¿Quién es más pirata?

Los piratas están de moda. Países ricos y asociaciones de derechos de autor han lanzado una intensa campaña contra el pirateo de películas y canciones; filmes y éxitos musicales que se copian bajo mano y se venden ilegalmente con pingües beneficios. También otros piratas, éstos somalíes y armados con Kalashnikov, atacan, abordan y secuestran barcos en el océano Índico para exigir cuantiosos rescates. Los gobiernos han enviado sus buques de guerra para hacer frente a los piratas y evitar sus abordajes. Lejos del ánimo la menor simpatía por estos piratas, como por nadie que recurra a la violencia para lograr sus fines y ponga en peligro la vida, libertad e integridad de las personas. Ni por aquéllos. Pero tal vez deberíamos prestar atención a otros piratas más letales.

Desde hace años, empresas farmacéuticas transnacionales envían personal explorador a países empobrecidos con la saqueadora y depredadora misión de descubrir plantas, semillas, microorganismos, tratamientos y conocimientos populares y tradicionales de esos países, en Latinoamérica y Asia, así como técnicas curativas y terapias indígenas, para rapiñarlos y registrarlos sin encomendarse ni a dios ni al diablo, con la sacrosanta protección de la patente. Cees Hamelinck, profesor de la Universidad de Ámsterdam, denunció hace tiempo esta nueva piratería: “En muchos países pobres [el sector farmacéutico] saca partido de los conocimientos locales para fabricar medicamentos muy rentables, sin el consentimiento ni beneficio de los habitantes del lugar”. Y así, expertos del Gobierno de India descubrieron que más de 5.000 “medicinas y tratamientos tradicionales” indios se estaban registrando en oficinas de patentes de todo el mundo por empresas o testaferros que nada tenían que ver con la India, su cultura, sus conocimientos o sus intereses.

Ahora, India se ha convertido en el primer país que se enfrenta a la bio-piratería de grandes empresas farmacéuticas occidentales: ha elaborado una inmensa base de datos (La Biblioteca Digital del Conocimiento Tradicional) y declarado “propiedad pública” más de 200.000 tratamientos médicos de la cultura india para impedir que la industria farmacéutica robe esos conocimientos tradicionales con el viejo truco de patentarlos. Las grandes transnacionales farmacéuticas han dejado maltrechos a los países empobrecidos por el elevado precio de sus medicamentos patentados y su beligerante actitud contra el esfuerzo de países emergentes para elaborar principios activos, medicamentos genéricos sin marca, mucho más baratos.

Las organizaciones solidarias defensoras del derecho a la salud han denunciado que anualmente llegan a morir diecisiete millones de personas por no poder conseguir medicamentos contra infecciones respiratorias, malaria, sida, tuberculosis o enfermedades sexuales, debido a su alto precio. La codiciosa belicosidad de las empresas farmacéuticas se traduce en una implacable presentación de demandas judiciales contra gobiernos de los países emergentes que intentan elaborar o importar medicamentos genéricos a precios razonables y asequibles para curar a sus ciudadanos.

La presión internacional, fruto de protestas ciudadanas y de la acción de organizaciones como Oxfam y Médicos sin Fronteras, han conseguido que las empresas farmacéuticas retiren o pierdan demandas contra gobiernos como el de India, Filipinas y otros; demandas en las que realmente buscaban patentes de corso para vender sus caros fármacos y que se prohibieran los medicamentos genéricos baratos. Pero la beligerancia farmacéutica no acaba ahí.

Germán Velázquez, director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS, recomendó producir medicamentos genéricos y eliminar las patentes en el sector farmacéutico. Tal vez fuera casualidad, pero desde que el doctor Velázquez publicó su estudio ha recibido amenazas de muerte, ha sido agredido físicamente y acosado telefónicamente. Ahora se mueve con protección policial.

Casper Gutman, un gangster de modales exquisitos y palabra culta, personaje de El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosa figura de oro y piedras preciosas. Cuando se le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya responde: “Un objeto de tal valor pertenece sin duda a quien lo consiga”. Ésa parece ser la filosofía del sector farmacéutico, blindado tras un injusto sistema de patentes: el conocimiento para quien se apropie de él. Según Noam Chomsky, “los derechos de propiedad intelectual no son más que protección del control que garantiza a las grandes corporaciones el derecho a cobrar precios de monopolio”. Y visto todo esto, ¿quién es más pirata?