El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

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Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

La troika se quita la careta en el conflicto con Grecia

Negociaciones, reuniones y más reuniones de gobierno griego y troika. La semana que viene hay solución. Antes de fin de mes. No hay progreso. Las conversaciones no avanzan. Hay una brecha entre gobierno griego y troika. Las propuestas griegas son insuficientes. La pelota está del lado de los griegos…

Con titulares de tal jaez, y la espada de Damocles de la suspensión de pagos griega, los medios informativos marean la perdiz. Hasta que el FMI congela las esperanzas de acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Hay diferencias irresolubles, dijo un portavoz del FMI, sobre la reforma del sistema griego de pensiones, impuestos indirectos y financiación de gastos públicos. Porque eso es lo  que realmente interesa a los acredores, banca, eurogrupo y FMI: meter mano en las pensiones, recortar o hacer desaparecer la financiación de servicios públicos (para apropiárselos como negocio) y que suban los impuestos indirectos para todos, pero que bajen los directos para quien más gana y tiene. Lo demás son florituras.

Los meses pasados de pretendida negociación entre el gobierno griego y representantes de sus acreedores internacionales son de imprecisión y confusión hasta devenir grosero chantaje a Grecia. La troika incluso ha empezado una ofensiva general contra el Gobierno griego, agitando el miedo a la fuga de capitales de Grecia.

La troika, leal defensora de los acreedores internacionales, exige medidas que ponen al gobierno griego entre la espada y la pared. Más impuestos indirectos, disminuir más el funcionariado, recortar inversiones y gastos sociales, rebajar protección social…

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, culpa del colapso de las negociaciones a los acreedores por insistir en el cambalache de ayuda a cambio de una austeridad que perjudicará severamente al pueblo griego. ¿Una gran deuda la de Grecia? Sí, pero no olvidemos la iniquidad y gratuidad de un gasto en armamento que antes y durante la crisis convirtió a Grecia en el quinto comprador de armas del mundo. Sin desconocer tampoco que la voluminosa deuda pública griega empezó a contraerse arbitrariamente por la dictadura de los coroneles. La compra de armamento, que infla la deuda, se pretende justificar por un presunto peligro de guerra con el enemigo histórico Turquía. Improbable porque ambos estados están en la OTAN y EEUU, que la controla, difícilmente lo permitiría.

El gobierno de Atenas ha mostrado buena voluntad y ha hecho concesiones, como un moderado aumento de impuestos que no afecte a los ingresos más bajos. Pero la buena voluntad ha caído en saco roto. Al respecto, el Nobel de economía, Joseph Stiglitz, ha escrito que la Unión Europea se ha embarcado en un arriesgado juego de cuerda floja con el Gobierno griego, a pesar de que Grecia ha cumplido con mucho más de la mitad de las exigencias de sus acreedores. Pero Alemania y otros acreedores de Grecia, ha denunciado el Nobel, insisten en que Grecia ha de aceptar la política económica de austeridad… que ha demostrado ser un fracaso. Y, como ya se quitan la careta, el comisario europeo Günter Oettinger ha advertido que hay que prepararse para un “estado de emergencia”. Considera que las conversaciones para rescatar a Grecia han fracasado e incluso señalan la posible salida de Grecia de la zona euro.

¿Pero, acaso la troika ha tenido en algún momento voluntad de llegar a un acuerdo con el gobierno de Grecia? Como ha escrito recientemente el también Nobel de Economía Paul Krugman, ¿la obsesión por el déficit y la austeridad no es una estupenda excusa para recortar las políticas sociales en beneficio de la población?

Es sintomático que, cuando el primer ministro Papandreu, antes de las elecciones que ganó Syriza, agobiado por la situación económica planteó convocar un referéndum ciudadano sobre las políticas de ajuste impuestas, la respuesta inmediata de la troika fue que ni se le ocurriera siquiera pensar en tan extravagante consulta popular. Porque para esa gente la ciudadanía no pinta nada, absolutamente nada; solo están en el paisaje como simples figurantes.

Es esclarecedor que muchos economistas coincidan en la necesidad de reestructurar la deuda griega y critiquen los objetivos fiscales de la troika. También coinciden en que más austeridad es absurdo tras el desastre de los últimos años, porque finalmente, dicen, éste no es un debate económico, sino político y plagado de las peores intenciones.

En estos tiempo de sobre producción, frenazo del crecimiento y disminución de ganancias en la economía real, los intereses de la deuda son un negocio principal del poder financiero y, para mantener ese modo de obtención de beneficios, harán lo que sea. Ahora simulan que están a punto de alcanzar un acuerdo y los periódicos titulan que Europa respira aliviada. Sinceramente, lo tengo que ver. ¿Tendrá relación con el aparente cambio de actitud de la troika que el comite internacional que ha hecho la auditoría de la deuda griega haya concluido que ésta es ilegal, ilegítima y odiosa. Y, por tanto, no hay que pagarla?

 

Eurogrupo y Grecia, un conflicto de fondo

Desde hace meses, muchos medios de comunicación y voces del FMI, Banco Central Europeo (BCE) y Eurogrupo (reunión de ministros de economía y finanzas de la Unión Europea) moldean de modo torticero una visión nada veraz de las negociaciones del Gobierno griego con el Eurogrupo a propósito del pago de la deuda de Grecia. Voceros del Eurogrupo y FMI han dicho y reiterado cuan mal van las negociaciones, atribuyen a Grecia la responsabilidad del posible fracaso de las mismas y dicen no ver próximo acuerdo alguno.

Aumentan la presión y el acoso a Grecia y se intoxica la opinión pública con informaciones incompletas, textos manipulados y baile de titulares. ¿Preparan el ambiente para dejar caer a Grecia? Lo sorprendente, en este totum revolutum mediático, es el olvido sistemático de que los problemas financieros y la desorbitada deuda de Grecia son clara consecuencia de la actuación de los anteriores gobiernos griegos con la complicidad de BCE y FMI, que miraron a otro lado cuando debían supervisar, controlar y evitar males mayores.

¿No fueron gobiernos griegos, conservador y socialdemócrata (muy partidarios de esta Europa de finanzas y capital), quienes falsearon las cuentas públicas griegas, con la ayuda de esa oscura banca Goldman Sachs, para que Grecia pudiera ingresar en la zona euro? Que no quepa ni sombra de duda de que, más allá de cifras y qué necesita Grecia hoy o el mes que viene, el conflicto entre el Eurogrupo y el gobierno de Grecia es esencialmente político, además de caracterizarse por una desvergüenza intolerable.

La desfachatez llega a cotas inauditas cuando se insinúa que el Eurogrupo se niega a reestructurar la deuda griega porque el 80% de la misma es con el BCE y la eurozona, y reestructurarla supondría pérdidas para los contribuyentes europeos (preferimos llamarlos ciudadanos), incluidos los de países más pobres que Grecia. ¿Desde cuando les ha interesado de verdad la suerte de la gente común? Y, ya puestos, ¿por qué no hablamos de cuánto ha costado y cuesta a los contribuyentes europeos el rescate de la banca?

Intoxicaron la campaña electoral griega del pasado enero con amenazas y chantajes, augurando todo tipo de desgracias para Grecia si triunfaba Syriza, pero no pudieron evitar que el pueblo trabajador lo eligiera para gobernar. Ahora intentan que Syriza fracase, porque no pueden permitir que el Gobierno griego de izquierda tenga éxito, no sea que consiga aún mayor apoyo de la ciudadanía. El Eurogrupo no quiere en absoluto que una Grecia gobernada por la izquierda se salga con la suya y habrá un nuevo camino para afrontar los problemas.

Por eso exigen acelerar las reformas exigidas. ¿Reformas? En España sabemos muy bien qué significan sus reformas. Esas reformas han traído creciente precariedad laboral más desigualdad y pobreza no vistas desde hace décadas. Esas reformas han hecho posible que en el Reino de España haya gente que pasa hambre y que la única comida de muchos niños sea la del mediodía en la escuela y las vacaciones escolares se conviertan en problema, porque en casa no hay para comer todos los días. Por desgracia, no es el único problema que la dichosa austeridad causa.

Sin embargo, quienes defienden los intereses de los poderosos acreedores exigen al Gobierno griego una reforma laboral con despidos masivos, recortes de pensiones y bajo salario mínimo. ¿Cómo se puede exigir eso cuando la austeridad impuesta ha arruinado la vida de millones de griegos? A la minoría que manda en Europa le importa un rábano la gente y, además, no puede permitir que Syriza triunfe. Porque teme que su modo de gobernar, cambiando las cosas y pensando en la mayoría de la gente, cunda en Europa. Es obvio que el Eurogrupo desvela obscenamente al servicio de quién está. Al de esa minoría que se suele decir es el 1% de la población.

Y ahora cabe finalizar recordando que, además, una parte de la deuda griega es ilegítima. Como la contraída para comprar buques de guerra, submarinos y helicópteros de combate a Francia y Alemania… en tiempos de crisis y austeridad. Y la deuda ilegítima, contraída contra los intereses del pueblo trabajador, no debe ser pagada.

Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad

Con una enorme deuda ilegítima, que no ha contraído la ciudadanía, y la corrupción campando a sus anchas, en España (también en Europa con cifras diversas), millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva impunemente el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos y que, a pesar del dinero recibido, no se aleja convincentemente de  la insolvencia .

Este panorama es el de una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. Porque a este sistema corrompido le sobran los derechos de la ciudadanía.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece sin cesar. Menos derechos laborales. Rebaja de salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ese es el escenario que hoy sufren las clases trabajadoras, la ciudadanía en general.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“.

Se entiende habitualmente que tales crímenes son las deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, pero ¿acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad (teóricamente para afrontar la crisis) no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de la riqueza es un vago recuerdo.

En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimientos masivos? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es solo un medio de acumular capital por la minoría sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

La deuda como amenaza

Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB. Es decir, de toda la riqueza nacional. La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.

En el Reino de España, los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. Y es que la utilización de la deuda no es técnica, inocente, neutral ni imparcial. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para pagar los créditos con los que alimentaron la burbuja inmobiliaria y para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.

Que la deuda sea impagable hace imprescindibles moratorias, reestructuraciones, suspensiones y quitas. Medidas normales en el capitalismo, como lo fueron en el feudalismo y antes. En la Babilonia de Hammurabí, hace cuatro mil años, hubo una treintena de reestructuraciones de deuda, incluidas cuatro anulaciones.

Pero no hay que ir tan lejos para comprobar que reestructuraciones y quitas de deuda son actuaciones frecuentes. Por el Acuerdo de Londres de 1953, 25 países acreedores aceptaron anular un 62% de la deuda externa alemana. Reducción que fue clave para la rápida recuperación y posterior desarrollo de la República Federal Alemana. Reinhart y Trebesch nos ofrecen algunos datos históricos sobre otras reestructuraciones de deuda cercanas; las amplias reducciones de deuda pública de Francia o Italia tras la conflagración mundial del 52% y 36% respectivamente respecto a su PIB de 1934. La deuda fue condonada en su mayor parte, olvidada y, tras la reestructuración, mejoraron las condiciones económicas y ambos países crecieron.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.

Desde hace tres décadas, es política neoliberal aumentar el endeudamiento de la mayoría de países para controlarlos o incidir en sus políticas. En la vieja Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados. Con la caída de ingresos del Estado, por las rebajas de impuestos a los que más poseen y más ganan, los gobiernos recurren a la banca privada que compra sus bonos de deuda a interés más alto. Es el mecanismo de aumento de la deuda pública en Europa y de control que cierra así el círculo del uso torticero de la deuda.

Puesto que el modo clásico de producción flaquea desde hace décadas para obtener los beneficios que pretendía la clase dominante, la deuda pública se ha convertido en manos del poder económico y de sus gendarmes (FMI, BCE, CE…) no solo en mecanismo de control político sino también en medio para conseguir esos anhelados beneficios. En modo de acumulación de capital. Como también lo son la austeridad fiscal por trasvase de rentas de las clases populares a las élites, la corrupción (apropiación ilegal directa del contenido de las arcas públicas) y la especulación financiera desaforada. Si la deuda pública es hoy medio de acumulación, es un modo de explotación y de dominio.

Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.

La impagable deuda es un mecanismo de dominio

España tiene una deuda desmesurada, según la Comisión Europea. Por eso revisará de nuevo su economía para verificar si las reformas laboral y de pensiones perpetradas son suficientes para disminuir el volumen de deuda pública. Y es de temer lo peor. Entre tanto las élites económicas europeas, que controlan el tinglado político, insisten en imponer la austeridad fiscal que en román paladín son recortes presupuestarios públicos (especialmente sociales) que violan sistemáticamente derechos humanos de la mayoría trabajadora ciudadana. Como es sabido, recortes en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones… Más una persistente rebaja de salarios.

Recortar para ahorrar y reducir la deuda pública. Esa es la inaceptable vía que nos imponen. Pero resulta que la deuda es impagable. Pública y privada. Carlos Sánchez Mato ha escrito que “la economía española tiene un sobre endeudamiento superior a los 2,2 billones. Y Juan Torres señala que “la evidencia empírica muestra que la deuda pública no se ha disparado por gastos en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas. Vicenç Navarro, por su parte, recuerda que en 2007 España tenía un superávit presupuestario del 2% del PIB, cuando el de Alemania era solo del 0,2%. Pero dos años después el déficit público español era ya el 11%. No por aumento del gasto público y aún menos, social.

¿Por qué? El pago de intereses de la propia deuda más las cuantiosas ayudas a bancos y cajas de ahorro son la causa del aumento del déficit público español. Y las ayudas a grandes empresas, más las continuas rebajas fiscales (hasta el año pasado) a banca, empresas, corporaciones y grandes fortunas . A finales de 2012, las ayudas públicas totales a banca y cajas sumaban 1,42 billones €; casi 88.000 millones en capital y el resto en avales y otras medidas que se reflejan en los balances para paliar la falta de liquidez.

Pero aún con el ilegítimo crecimiento de la deuda pública, en España ésta es el 22% de toda la deuda.

Eduardo Garzón ha calculado que si el Banco Central Europeo hubiera prestado dinero al Estado al 1% de interés, (como presta a bancos privados), la deuda pública española de 1989 a 2011 sería un 14% del PIB y no más del 90% actual. Ergo, tres cuartas partes de deuda pública española son los beneficios de compradores y especuladores de deuda soberana. Deuda ilegítima con toda probabilidad.

Así y todo, el mayor problema es la deuda privada. En España, un 68% del total de deuda. Deuda de banca, medianas y grandes empresas y familias. La de las familias es apenas una quinta parte del total. Sin embargo, el casus belli, el pretexto para cargarse el estado de derechos sociales, es el exceso de deuda pública. Y ésta es una vieja historia.

En las tres últimas décadas del siglo XX, la clase capitalista comprobó que las dictaduras militares en América Latina no proporcionaban los beneficios esperados. Y encontró en la deuda pública un eficaz medio de dominio. Con la imprescindible y entusiasta colaboración del FMI y del Banco Mundial, convirtió las deudas públicas de esa zona del mundo en rentables cadenas y grilletes que aherrojaban los países y permitían explotar a placer las naciones latinoamericanas.

Ajustes estructurales, devaluación salarial, destrucción de lo público, absolutismo de lo privado, violación de derechos sociales, fiscalidad regresiva… En América Latina se aplicó el mismo guión que sufre Europa desde 2009 . Y hay que afrontar el saqueo social que ahora sufren los pueblos europeos. Sin olvidar que la deuda es impagable. Antes o después habrá que condonarla, reestructurarla y reducirla; deudas públicas, internacionales, de empresas y hogares. No hay otra.

En realidad, se perdonan o reducen deudas desde hace siglos. Más cerca, en 1953, Alemania negoció en Londres su deuda con 22 países acreedores y les pidió su condonación. Esos países (entre ellos Grecia, por cierto) perdonaron la mitad de la deuda a los alemanes. Y la economía alemana pudo crecer con fuerza.

Mientras no se alcance esa inteligente lucidez, ATTAC propone que los bancos centrales presten directamente a los Estados a bajo interés (como a los bancos ) y se reduzca en la Unión Europea al 0% la prima del dinero prestado a los estados en los mercados. Además de empezar a reducir la parte ilegítima de la deuda. No hay impedimentos técnicos para hacerlo, solo se necesita voluntad política. Pero no existe esa voluntad. Y, por tanto, toca a la ciudadanía presionar una y otra vez; una y otra vez. Solo la acción ciudadan cambiará las cosas y la deuda dejara de ser un medio de opresión.