El timo de la ‘recuperación’ en España

El Gobierno español da por concluida la recesión. “Salimos reforzados de la crisis”, proclama su presidente. El ministro de Hacienda remacha que España dirá el adiós definitivo a la crisis en 2014. Y los “mercados” se alegran por la “recuperación” de España. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, se entusiasma porque de todas partes llega dinero a España. Como ha escrito el economista Juan Torres López, la declaración de Botín de que España vive un momento fantástico es verdad… si añadimos “para él y su clase”.

Entra capital de fondos de inversión que compra miles de inmuebles; la Bolsa española superó un día los 10.000 puntos y la prima de riesgo ronda los 240 puntos; el Tesoro paga por ahora menos del 1% por la deuda que vende mientras banca y grandes empresas venden bonos. Pero los indicadores de la economía real (crédito, producción industrial, morosidad bancaria, demanda interior, empleo…) no mejoran. Van a peor.

Antón Losada explica que España es “una ganga” para el capitalismo global porque “ofrece una de las fuerzas de trabajo más baratas del mundo. Las grandes empresas pagan menos del 10% de beneficios y, si algo va mal, el gobierno enjuaga las pérdidas con dinero público”. Especular en España tiene premio seguro. Eso es lo que va bien. Pero solo para la minoría de siempre.

Es más real que hay seis millones de desempleados, que doce millones de ciudadanos (23%) viven bajo el umbral de la pobreza, que la mayoría de empresas no consigue los créditos necesarios y que en 2014 cerrarán un 25% más de empresas que en 2013.

Mientras continúa la austeridad impuesta, la dictadura de la deuda y la obsesión por reducir el déficit con nefastas consecuencias para la mayoría ciudadana. Entonces, para salvar a cara, el Gobierno sus su cómplices y señoores, recurren al cuento de la tarta y el reparto. Una vez más. Un clásico de las fábulas neoliberales. Hacer crecer la tarta para que haya para todos. “Y eso exige sacrificios” repiten hasta el aburrimiento.

Pero nunca hay reparto general de tarta.

Hace 30 años oí por vez primera la fábula de la tarta y el reparto. La contaba un triunfante Felipe González, el mismo que perpetró una reconversión industrial que despojó al país de gran parte de su tejido fabril, como exigían Alemania y otros países industriales europeos para aceptar a España en el Mercado Común. Más la reconversión naval que dejó miles de parados, la apuesta por el ladrillo y el turismo barato como modelo productivo, diezmar la ganadería vacuna de Cantabria y Asturias (en beneficio de otras ganaderías) y menudencias similares.

La tarta nunca creció bastante y no hubo reparto, salvo morralla. Lo han explicado Juan Torres López y Vicenç Navarro en numerosos escritos sobre sueldos, renta social y estado social, aportando datos y hechos que sitúan a España en la parte inferior de la tabla europea (http://www.vnavarro.org/?p=9342, http://www.vnavarro.org/?p=6302, http://www.vnavarro.org/?p=5218, por ejemplo)

Pero sí ha crecido la pobreza y Cáritas denuncia que en la España de 2013 esa pobreza es doble que en 2007. Que tres millones de personas sufren pobreza severa y viven (si se le puede llamar vida) con menos de 307 euros mensuales. Y alerta de “una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social (…) por las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación del desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas”. Dicen en Cáritas que “vamos hacia un modelo social darwinista anglosajón con muy pocos ganadores y muchos perdedores”.

Esa es su maldita recuperación.

Juan Torres López recuerda que las reformas perpetradas primero por Zapatero y luego por Rajoy han buscado sacar del pozo a la banca privada y dar más poder a las grandes empresas frente a los trabajadores. Para que banqueros y grandes propietarios recuperen los beneficios de antes de la crisis. O más. Por eso la situación actual les parece fantástica. Pero no a millones de ciudadanos que viven peor o mucho peor.

Quien tenga duda de qué salida de la crisis quieren la minoría rica y los dóciles gobiernos a su servicio verá ahora que la pretendida recuperación desvela qué es lo que buscan de verdad. No una economía sólida al servicio de la mayoría ciudadana, sino aumentar más sus beneficios. Caiga quien caiga. Y, ya de paso, que las clases trabajadoras regresen al primer tercio del siglo XX que es donde deben estar según ellos. Sin derechos.

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De austeridades, recortes, derechos y pillajes

En España ya hay 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Cuatro de cada diez familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos y tienen dificultades para pagar facturas. Y además no pueden poner calefacción suficiente en la vivienda todos los días. Solo un botón de muestra de la malhadada dicha crisis.

 

Esas situaciones tienen mucho que ver con la austeridad presupuestaria que se impone de modo implacable. Los recortes. Una austeridad que pretenden justificar porque esos “recortes dolorosos” son para “ahorrar” y así reducir el déficit. Pero el Gobierno del Reino de España recorta, sí y mucho, pero no ahorra. Gasta más que el año pasado. En agosto el déficit público ya subía a 48.000 millones de euros; 8.400 millones más que el déficit indicado por la Unión Europea para todo el año.

 

 

¿Cómo es eso? Joan Arnau desvela, a modo de inventario, que, por ejemplo, las subvenciones del gobierno a las empresas eléctricas han aumentado ¡un 28%! Y el pago de intereses de la deuda ha subido más de un 9%. Se recorta sanidad, educación, sueldos, prestaciones a parados, ahora las pensiones… Pero al mismo tiempo se dan miles de millones de dinero público a la banca. Dice Arnau que es el “atraco perfecto”.

 

 

¿Cuánto dinero público se ha dado a los bancos? Dinero público recaudado de los impuestos que pagan la ciudadanía, las clases trabajadoras. El Banco de España ha informado que las ayudas públicas a bancos y cajas de ahorros de 2009 a 2013 fueron 61.366 millones de euros. Oficialmente. Pero esa cifra no incluye otras ayudas como avales, compra de activos tóxicos… Según cálculos de la Plataforma por una Banca Pública, a finales de 2012 el sector financiero español había recibido ya más de 632.000 millones de euros de ayudas públicas. En esa astronómica cantidad se incluyen también los grandes préstamos a bajísimo interés del Banco Central Europeo, que también provienen de los impuestos de la ciudadanía. Un dineral.

 

 

Sufrimos una austeridad predadora, pero el déficit no disminuye. Y así seguirá, porque la austeridad no reduce el déficit sino que asegura el bajón de la demanda y la reducción de la actividad económica. Freno y recesión.

 

 

Los letales recortes no son un problema exclusivo de España ni siquiera de Europa. Según un informe elaborado por Isabel Ortiz y Mathew Cummins, de 2010 a 2012, 98 gobiernos de otros tantos países rebajaron salarios públicos y presupuestos de sanidad y educación. En 86 países además rebajaron las pensiones y en 32 se legisló un despido más fácil y barato, además de aumentar el IVA sobre productos básicos en 94 países, lo que supuso un evidente aumento de precios y pérdida de capacidad adquisitiva.

 

 

El informe de Oxfam Intermón “La trampa de la austeridad” denuncia que “si continúan las medidas de austeridad, en 2025 habrá de 15 a 25 millones de europeos más que serán pobres”. Oxfam afirma además que “hay claras semejanzas entre los programas europeos de austeridad y las ruinosas políticas de ajuste estructural impuestas a América Latina, Este Asiático y África subsahariana de 1980 a final de los noventa”, con los nefastos resultados conocidos. La historia se repite, porque el capitalismo es insaciable.

 

 

No nos engañemos, la austeridad tiene como fin principal desmontar el Estado social, además de pagar a los bancos y especuladores de deuda pública. Ahora, además, el Consejo de Europa ha publicado un informe sobre España donde denuncia de forma explícita que la austeridad viola los derechos humanos y “los recortes en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un preocupante aumento de la pobreza de las familias en España (…) y las actuaciones en salud y educación vulneran las convenciones de la ONU“.

 

 

Bajo el paraguas de la austeridad, la ciudadanía sufre un saqueo incesante de bienes y rentas; una sistemática violación de sus derechos. Pero además pretenden que se comulgue con ruedas de molino al presentar esa rapiña como algo inevitable. Como rayos en una tormenta o el sabor salado del agua de mar.

 

 

Falso.

 

 

Esta austeridad destructora no es más que una versión sofisticada y elaborada de un atraco a gran escala, un robo organizado masivo, un pillaje muy planificado. Un saqueo evidente de las rentas de las clases trabajadoras desviadas sin el menor pudor ni disimulo hacia el capital y los capitalistas.

 

 

Por tanto, menos falacias y embustes sobre la necesidad de las políticas de austeridad perpetradas y lo inevitable de las mismas. Los atracos, robos, pillajes y saqueos a esa escala son crímenes, graves violaciones de derechos, y no hay presunta necesidad que valga. Nada que los justifique. Y la ciudadanía ha de ser muy consciente de ello.

 

Pensiones públicas, cuestión de dignidad y justicia

Las pensiones públicas sufren un descomunal ataque desde hace años. La minoría rica quiere sustituir las pensiones públicas por privadas. Un pastel enorme. En España las pensiones públicas son 117.000 millones de euros anuales. Sumen las del resto de Europa.

Dirigen la ofensiva contra las pensiones públicas el FMI, Banco Mundial y Unión Europea. El FMI riza el rizo al sostener que la mayor esperanza de vida “acarrea costos financieros a los gobiernos por los planes de jubilación”. Y amenaza con que hay que recortar las pensiones. ¿Más?

El FMI osa decir incluso en un reciente informe que vivir más es “un riesgo financiero”. De ahí a empezar a urdir algún tipo de ‘solución final’, no hay tanto trecho. Un viceministrojaponés ya pidió a los jubilados que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas públicas.

Pero lo peor es que, para reducir “el riesgo que supone la longevidad”, el FMI propone recurrir a los mercados de capital porque -dice- son quienes “tienen más capacidad para gestionar los planes de pensiones”. Es como contratar zorros  para que vigilen el gallinero. O pedófilos para escuelas infantiles.

Desde hace años hay una campaña catastrofista impulsada por FMI y compañía que, con la remunerada ayuda de presuntos expertos nacionales, profetizan sistemáticamente la quiebra de las pensiones públicas. Sesudos estudios profetizaron la bancarrota del sistema público de pensiones en España en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010… Pero ni uno acertó.

Para rematar la infamia, Christine Lagarde, directora del FMI, tiene la desfachatez de afirmar que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con “decisiones correctas en medidas estructurales”. En plata, con retrocesos sociales y contra- reformas hacia la caverna. Es decir, esa cierta distribución de riqueza que fue el mal llamado estado de bienestar ahora resulta ser una “adicción”. Para el FMI cobrar una pensión es como esnifar cocaína o chutarse heroína.

En España, entre los “adictos” al bienestar (según el FMI), hay unos 9.000.000 de pensionistas; casi una quinta parte de población total. Y, de esa cantidad, algo más de la mitad cobra pensiones inferiores a 750 €. Casi dos millones de pensionistas cobran menos de 500 euros, pero que cobren más de 1500 euros no llegan ni al 1% y 1000 o más, solo un tercio. Al final, en el Reino de España, más de la mitad de pensionistas está bajo el umbral de la pobreza. ¿Rebajará esta gente las pensiones hasta que quienes están razonablemente bien sean pobres y para el resto la pobreza se convierta en miseria?

Para mantener la falacia de la insostenibilidad de las pensiones, en España se actúa como si la Seguridad Social fuera diferente del Estado. Inicialmente se separaron las cuentas de ésta por transparencia, pero ahora se pretende que es un ente diferente, que ha de sobrevivir por su cuenta. Como si no fuera parte del Estado. Pero es falso, porque todos los recursos del Estado han de hacer frente a la totalidad de gastos del Estado. Pensiones incluidas.

Aparte de que la seguridad social tiene cuentas limpias y claras, en cualquier caso, la presunta insostenibilidad de las pensiones públicas desaparece cuando son atendidas en los presupuesto generales por el estado. Sin necesidad de depender del volumen de cotizaciones sociales, convertidas así en una partida más de financiación, pero no la única.

¿Y las cuentas claras y el déficit…? rugirán los voceros neoliberales. ¿Hablamos pues de los insostenibles gastos militares, los derroches suntuarios, las obras públicas innecesarias, el abundante dinero para la Iglesia católica, el dinero de la corrupción? ¿Hablamos del capitalismo de amiguetes? ¿Hablamos del fraude fiscal…? En España suma 80.000 millones de euros…

La realidad es que los trabajadores financian Europa y tiene derecho a una pensión digna. En España, cerca del 90% de impuestos recaudados procede de rentas del trabajo. Y cifras semejantes se dan en Grecia, Portugal, Italia… En tanto que quienes más ganan y más tienen eluden y evaden impuestos a placer. Como muestra, 550.000 millones de euros españoles (equivalente al 45% del PIB) no han pagado impuestos y se ocultan en paraísos fiscales, según ha denunciado la revista Alternativas Económicas. Y se puede hablar en términos semejantes del resto de países europeos.

No es cuestión de sostenibilidad sino de dignidad y justicia. Cuestión de derechos. Y de impuestos justos, progresivos y suficientes.

El franquismo que permanece , un agravante de la crisis-saqueo

 

La crisis no es sólo un saqueo, descarada transferencia de rentas de las clases trabajadores a la minoría rica; es también un ataque organizado contra la democracia, un vaciado de la misma. Por eso una característica del Reino de España, la permanencia del franquismo, es un peligroso agravante.

 

No solo por el severo deterioro de libertades civiles, derechos cívicos y políticos; que también. Tampoco por el hecho incontestable de que, por ejemplo, en Madrid haya aún más de doscientos espacios públicos con nombres franquistas. Calles, plazas y otros lugares públicos ostentan nombres directamente vinculados a la feroz dictadura franquista. Tampoco porque la inminente ley contra el aborto del gobierno del Partido Popular sea más autoritaria y restrictiva que las de las muy católicas Polonia e Italia.

 

El permanente franquismo es un agravante peligroso del fracasado modelo productivo. Un modelo que se inició en los 60 sobre el ladrillo y sigue a pesar de su fracaso. Domenech, Buster y Raventós han escrito con muy buena puntería que, en España, la actual “corrupción sistemática echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en el que se transformó la estructura de poder empresarial del franquismo con las privatizaciones de la Transición”.

 

Buen indicador de esa corrupción es que los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera, al tiempo que más de 300 políticos profesionales están imputados por presunta corrupción. Aunque solo cuatro estén en la cárcel. Y ningún empresario o banquero, la otra parte del tándem. Pues para que haya corrupción son necesarios corrompido y corruptor. Otra línea directa del franquismo también.

 

Por eso sólo un 4,5% de contribuyentes declara a Hacienda más de 60.000 euros anuales. Por eso hay una economía sumergida del 25% del PIB, (una pérdida de recaudación por IVA de más de punto y medio respecto a la media de la Unión Europea). Por eso un tercio o más de billetes de 500 euros están en España, que ocupa el lugar 30 de corrupción de la lista de Transparencia Internacional, tras Chipre y Botswana.

 

Hay un sello inequívocamente franquista (cuando los poderes políticos estaban en indecente totum revolutum) en la reciente decisión de la Fiscalía de no investigar los contratos del ministerio de Fomento con los generosos empresarios donantes del gobernante Partido Popular. Porque esa investigación es impertinente, dijo el fiscal. ¿Impertinente? ¿Que molesta con sus exigencias? ¿Que se comporta con insolencia y descaro? ¿Inoportuna, indiscreta? Que eso significa sobre todo el vocablo impertinente.

 

Sorprende que, cuando una parte notable de ingresos públicos se van por la cloaca de la sistemática corrupción, no se quiera averiguar por donde se van y a beneficio de quien desaparecen. Como también lleva el sello del nunca expulsado del todo franquismo que en los primeros meses de gobierno Rajoy, éste gobernara con más de 30 decretos-ley.

 

Y, como recuerda Juan Luis Gallego, es muy franquista que en los últimos tiempos se dispare el más rancio y ridículo patriotismo que práctica por sistema el odio contra el contrario. Patriotismo que se opone con ferocidad y malas artes “a la integración de los inmigrantes, al laicismo, a la bioética, al matrimonio homosexual, al pacifismo, a la igualdad de mujeres y hombres, a la discriminación positiva en favor de la mujer…”.

 

Como dijo hace poco Carmen Negrín, nieta del que fuera presidente de gobierno republicano Juan Negrín, “el franquismo nunca se ha ido: se ha transformado, se ha adaptado y está muy presente en toda la sociedad española”. Hasta el muy conservador Financial Times ha publicado que los dirigentes del Partido Popular “no han acabado su viaje desde sus orígenes franquistas a un centro-derecha moderno”.

 

A quienes crean que no hay para tanto, recuerden, como ha dicho el historiador Paul Preston, que en el bando que se rebeló contra la legítima República, el bando franquista, “había un plan de exterminio” de todos quienes no estuvieran de acuerdo con ellos. ¿Qué tiene que ver hoy? Pues que realmente son mala gente, pintiparados para aplicar sin vacilar la doctrina del shock que nos explicó Naomí Klein.

 

El franquismo que no acabamos de echar es grave obstáculo para que la ciudadanía de España se libere de la crisis-saqueo.

Algo habrá que hacer.