Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de moto notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

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La Unión Europea como Plutocracia

Si democracia es el gobierno del pueblo (demos), plutocracia es el de los más ricos (ploutos). Esta sencilla aclaración etimológica permite decir hoy con toda justicia, a la vista de los hechos de los últimos años, que esta Unión Europea está descaradamente al servicio de la minoría que detenta el poder económico en Europa. Una sociedad gobernada o controlada por la minoría de los miembros más ricos que apenas son unos cinco millones de personas. Contra más de 500 millones.

Tan convencida afirmación proviene del conocimiento de que la última de la Comisión Europea es excluir a los parlamentos nacionales de la aceptación o no de los tratados comerciales bilaterales que se negocien. Tratados comerciales cuya aplicación causa a la ciudadanía graves problemas de atención a la salud, reducción de derechos laborales y agresiones al medio ambiente entre otras consecuencias muy negativas. Pero permite aumentar más los beneficios de corporaciones y multinacionales.

A esta Unión Europea le sobra la democracia y la esquiva, manipula o suprime en cuanto puede. Buena muestra de eso es ver quien manda en la UE. Manda la Comisión Europea que no es el resultado de una mayoría parlamentaria democráticamente elegida sino de acuerdos y chanchullos de los gobiernos de la eurozona, con especial influencia de los de los países más ricos, como Alemania o Francia. Pero de elección democrática, nada.

Más muestras de plutocracia. En 2004 se puso a votación la Constitución Europea y fue rechazada por las ciudadanías de Francia y Holanda, pero no se inició después un debate para elaborar otra Constitución o corregir los desacuerdos de la primera. No. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó el Tratado de Lisboa en esa ciudad para sustituir la Constitución europea rechazada. La Comisión Europea se pasó por el forro el rechazo electoral de las ciudadanías francesa y holandesa y, si no quieres caldo, dos tazas. Habrá la Constitución que queramos y la llamamos Tratado de Lisboa.

Hay dos frentes fundamentales que muestran el establecimiento de la plutocracia en la Unión Europea: la fiscalidad (los impuestos que se pagan o dejan de pagar), y los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión. Ambos de gran repercusión en las vidas de los europeos y europeas de a pie, de la inmensa mayoría ciudadana.

Ahora la Comisión Europea propone dividir los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para evitar el veto de los parlamentos, como sucedió en Valonia cuando esa región belga autónoma rechazó al acuerdo comercial de la UE con Canadá porque vulneraba gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Valonia votó en contra porque ese tratado deterioraba los servicios públicos, perjudicaba la agricultura y violaba derechos laborales. De las consecuencias perjudiciales de esos tratados bilaterales para le gente común supo la ciudadanía al conocer el contenido de tratados como el TTIP de la UE con EEUU.

El nuevo plan de la Comisión Europea es negociar acuerdos comerciales sólo de competencias exclusivas de la UE y separar los acuerdos de inversión. Así los acuerdos comerciales entrarían en vigor sin intervenir los parlamentos nacionales y regionales. Quieren aplicar ese método en la negociación de acuerdos bilaterales de la UE con Australia y Nueva Zelanda.

Otro frente en el que la minoría rica ha desplegado una gran ofensiva (tan importante como lo fue militarmente el desembarco en Normandía) es el de los impuestos. Impuestos que las grandes empresas y grandes fortunas evaden o eluden. Así los grandes beneficios de las multinacionales viajan de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o España a Irlanda (12% de impuesto máximo de sociedades). De Irlanda se desvían a Holanda (1% de tasa) y de Holanda van a parar a las islas Vírgenes o a Delaware en EEUU, donde sencillamente no pagan impuestos. Por eso es posible, por ejemplo, que en Reino Unido, en 2005 y 2006, 466 grandes empresas de las 700 mayores del país pagaran solo 15 millones de libras de impuestos por beneficios. Las 436 restantes no pagaron nada, aunque tuvieron beneficios.

Como denunció el Nobel de economía Stiglitz hace años, los ricos usan su dinero para asegurarse políticas, medidas y ventajas fiscales que les permitan ser más ricos. Por esa razón algunos estados de la Unión Europea (con especial relevancia de Luxemburgo) han firmado cientos de acuerdos con corporaciones y multinacionales para que paguen muchos menos impuestos de los que debieran. Por eso es adecuado decir que estamos en una plutocracia, una sociedad donde dominan los ricos aunque sean muy pocos.

Hace doce años, antes de la crisis, escribí en este blog que tras tantos años, vicisitudes, retóricas hueras y fuego de artificios para ocultar lo que ocurría y las intenciones reales de los poderosos, se cumplían otra vez los análisis y conclusiones de Marx. Una minoría muy minoritaria obtiene como sea el máximo beneficio de la mayoría depredándola, explotando a la mayoría. Como reconoció Warren Buffett (uno de los seis hombres más ricos del mundo) a un periodista de The Wall Street Journal al estallar la crisis: “claro que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que gana”.

Habrá que hacer algo y dar la vuelta a la situación.

Un nuevo terrorismo y respuesta de pena de la clase política

¡Unidos venceremos al terrorismo! es un mantra emocional, una jaculatoria milagrosa que se repite tras el atentado de Barcelona del 17 de agosto que causó 17 muertos. Pero apenas se oye que es imprescindible estudiar a fondo lo que sucede, una nueva forma de terrorismo. Averiguar sus causas y afrontar de raíz este terrorismo que utiliza furgonetas para atropellar, cuchillos y hachas, sin inútiles retóricas y aún menos rebajas de derechos de la gente común. Pero a los gobiernos de Occidente les importa una higa averiguar causas y contextos del nuevo terrorismo que se extiende. Un terrorismo más escondido porque precisa poca organización, pocos medios, y, por tanto, deja menos huellas y pistas.

¿Se dedica suficiente esfuerzo en Europa a saber de a salafistas y similares así como averiguar más sobre las oscuras relaciones de algunos países árabes con éstos? Y aún preocupa menos el tinglado comercial del honorable Occidente con esos ambiguos países árabes que, además, se pasan por el arco de triunfo los derechos humanos de la gente. Para muestra, un botón. Al menos 66 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en 2017, según denuncia Amnistía Internacional, y hace unas semanas ejecutaron a 14 personas en Arabia Saudí . ¿Por asesinar o violar tal vez? No, por manifestarse contra el Gobierno.

De 2014 a 2016 España ha vendido armamento a Arabia Saudí por mil millones de euros y, no por casualidad, desde 2015, una coalición de países árabes encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad la población civil, mercados, escuelas, mezquitas, funerarias, fábricas y hospitales de Yemen. Según la ONU ya son más de 10.000 los muertos, sobre todo civiles, gente inerme.

Según denuncian Greenpeace, Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón, vender armas a países que violan derechos humanos de forma flagrante, Arabia Saudí por ejemplo, es ilegal según el derecho internacional elaborado por Naciones Unidas e incluso según el español.

A pesar de esa ilegalidad, el pasado enero el rey Felipe VI viajó a ese país para cerrar la venta al equívoco régimen saudí de cinco barcos de guerra construidos en España. Sobre esas ventas de armamento y otras, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho que “si no lo hacen unos, serán otros”. Ruin argumento que escarnece los derechos humanos. El anterior Rey y el actual, así como los gobiernos del PSOE o PP, han cortejado algunas de las peores dictaduras del mundo en Magreb, Oriente Próximo o Asia Central. Para pillar negocios.

El argumento miserable y falaz para justificarlo pretende que, si se crea empleo, que se violen derechos humanos es irrelevante, un problema interno de esos países. Pero no es así cuando se habla de Venezuela, por ejemplo, a la que no se le tolera ni tirar una colilla al suelo.

En esa sucia línea de actuación, donde el fin justifica los medios, Ana Pastor, presidenta del Congreso, entregó al dictador kazajo Nursultán Nazarbáyev (uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo) el collar de la Orden de Isabel la Católica en nombre de Felipe VI. Pero en 2003, el gobierno de Aznar ya concedió a Islom Karimov, dictador de Uzbekistán hasta su muerte, la Gran Cruz del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII para premiar “virtudes cívicas al servicio del Estado”.

Tal vez entre esas virtudes cuente encabezar un régimen torturador que encarceló y asesinó a miles de disidentes políticos, esterilizó a decenas de miles de mujeres y forzó a trabajar a miles de niños en campos de algodón. Karimov fue “lo peor de lo peor” de los dictadores del mundo según Freedom House, pero ningún gobierno posterior del PSOE ni del PP siquiera consideró retirar esa condecoración a Karimov.

Entre los déspotas internacionales a los que España ha otorgado el Collar o Gran Cruz del Mérito Civil están Sadam Hussein, Mohamed Hassad (ministro de Marruecos que tortura presos y usa la violencia contra refugiados) y seis miembros de las casas reales de Kuwait, Abu Dhabi, Dubai y Emiratos Árabes Unidos, países muy democráticos como todos saben. Otrosí el gobierno no ha tenido en cuenta el informe del CNI alertando de que Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos financian comunidades musulmanas en España en las que se cuelan salafistas y yihadistas.

Si beneficios y comercio están por encima de los derechos humanos, este mundo lleva camino de convertirse en un burdel.