Un país desmemoriado

En el prólogo del libro El país de la desmemoria, quien fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, escribe que hablar de lo que ha sucedido en este país es hacerlo real. Es el propósito del periodista sevillano Juan Miguel Baquero, autor del citado texto: contar graves y terribles verdades de dolor y muerte en este país desde 1936 a 1975, nunca abordadas oficialmente. Con este libro, Baquero hace suyas las reclamas y reivindicaciones de las víctimas de la rebelión militar franquista con la ayuda del fascismo italiano y del nazismo alemán, que se conoce como guerra civil española. Más las del largo período de feroz dictadura que siguió a aquélla. Reivindicaciones y derechos de las víctimas, nunca atendidas ni satisfechas, que se resumen en el trinomio verdad, justicia y reparación.

Masacres

El libro de Baquero empieza con un capítulo aterrador: ‘Ensayo para la barbarie’, en el que sin el menor eufemismo, con atroz claridad, cuenta la que se conoció como La Desbandá, la masacre de miles de civiles que huían de Málaga, tras su conquista por las tropas franquistas, por la carretera hacia Almería. Probablemente uno de los peores crimenes de guerra perpetrado por los franquistas. Masacreejecutada por la artillería pesada de los cruceros franquistas Canarias, Baleares y Almirante Cervera y las bombas arrojadas por aviones nazis y fascistas, en tanto la infantería italiana ametrallaba por tierra a los civiles inermes. Hubo más de 5.000 muertos y eran más de 200.000 refugiados (hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños) quienes huían aterrados y asediados por tierra, mar y aire. Una matanza fríamente premeditada contra el pueblo trabajador porque allí no había guerra, cuenta a Baquero un testigo nonagenario que lo sufrió siendo niño.

Hubo otras masacres con bombardeos de aviación nazi o fascista (Guernica, Barcelona, Xátiva…). Matanzas de civiles lejos del frente de guerra, escribe el autor, que demuestran la voluntad genocida del franquismo: aniquilar al adversario social y político. Esa voluntad terrorista (porque buscaba causar terror para disuadir de cualquier resistencia) causó en pocos años y mucho más allá del fin de la guerra civil, unos 115.000 desaparecidos forzados, cifra reconocida por entidades internacionales, cuyos cadáveres siguen enterrados anónimos en las más de 2.500 fosas comunes en cementerios y cunetas de todo el país. Una realidad execrable que hace de España el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados tras Camboya, que se lleva la palma, y muchas más víctimas que Chile y Argentina bajo sangrientas dictaduras militares.

Los capítulos de El país de la desmemoria apuntan a un texto intenso y esclarecedor. Y así, el autor aborda Ensayo para la barbarie, El genocidio fundacional del franquismo, Tierra sembrada de fosas comunes, Justicia contra impunidad, Mujer: del feminsimo la represión, Memoria LGTBI, Memoria viva… textos que dejan aterrado al lector. Carlos Slepoy, el abogado que presentó ante la justicia argentina por justicia universal una querella contra los crímenes de Franco y sus cómplices, asegura que en España hubo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad española para hacerla desaparecer.

Una Comisión de la Verdad

Pablo de Greiff, relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, instó al Estado español a juzgar los crímenes del franquismo y a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977. Ese relator ha propuesto al gobierno de España que cree una entidad oficial independiente, una comisión de la Verdad, que averigúe y publique todo lo ocurrido en este país, desde 1936 hasta los años posteriores a la muerte del dictador, para esclarecer los crímenes del franquismo. Ejecuciones tras consejos de guerra, asesinatos extrajudiciales, depuraciones profesionales masivas, saqueo de bienes de los vencidos, robo sistemático de propiedades comunes, violaciones sistemáticas, torturas continuas, trabajo esclavo de miles y robo de bebés que, recuerda Baquero, son los crímenes que empezaron a perpetrarse con la rebelión militar de julio de 1936 y se prolongaron durante décadas y aún algunos más allá de la muerte del dictador.

Recordemos que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue una institución oficial creada por el gobierno de Sudáfrica, presidido por Nelson Mandela, para que hubiera justicia tras el fin del apartheid. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos eran invitadas a explicar sus sufrimientos y los autores de los crímenes podían confesarlos en audiencias públicas. Tras escuchar testimonios y relatos, las víctimas decidían si se concedía impunidad a los autores de crímenes y violaciones de derechos humanos.

La Comisión de la Verdad nunca fue una institución judicial, sino un área de mediación entre víctimas y agresores. Presidió esa comisión el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, y su lema fue que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. Propósito perfectamente aplicable a España. Esa Comisión permitió esclarecer desapariciones, asesinatos y otros muchos delitos que hubieran permanecido ocultos e hizo posible que las víctimas fueran reconocidas y se les otorgara reparación por su sufrimiento. La Comisión de la Verdad sudafricana ha sido modelo para otros países que han sufrido períodos de violencia, dictaduras o guerra civil.

La trampa

Pero en el Reino de España conocer y reconocer la verdad sobre la guerra civil y la dictadura que siguió tropieza una y otra vez con la trampa que oganizaron franquistas ‘reformistas’ que participaron en la Transión a la Democracia, para asegurar la impunidad del franquismo. Esa trampa es la ley de Amnistía de 1977. Todos los intentos de investigar los crímenes del franquismo han sido frenados, rechazados, alegando que esas investigaciones van contra esa ley de Amnistía del 77. Eso le ocurrió a Baltasar Garzón, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, que empezó a investigar los crímenes de la dictadura franquista, fue acusado, juzgado y apartado de la carrera judicial porque había contravenido esa ley. Y eso a pesar de que la ONU, el Consejo de Europa y organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, han denunciado una y otra vez que recurrir a la ley de Amnistía no es valido ni admisible jurídicamente.

El abogado Jaime Sartorius, que formó parte de la Comisión parlamentaria que elaboró esa ley, ha asegurado de palabra y por escrito que en el debate parlamentario nunca se dijo que la ley de amnistía fuera borrón y cuenta nueva de los delitos del franquismo. Y Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, recordó que fue la UCD de Suárez (otro partido heredero del franquismo), la que coló al final de la tramitación parlamentaria proposiciones que nunca estuvieron en el texto acordado de esa ley. Clausulas que extendían la amnistía a los delitos contra las personas cometidos por funcionarios de la dictadura y por agentes de orden público. O, lo que es lo mismo, la impunidad para los crímenes de la dictadura y sus responables. Cuando ése no era en modo alguno el objetivo de la ley de Amnistía que lo que se proponía era vaciar las cárceles de personas presas por haber luchado por las libertades contra la dictadura franquista.

Con tanta trampa y engaño, este país necesita con urgencia una Comisión de la Verdad que se ponga en marcha cuanto antes para reconocer lo que ha sucedido, juzgar los crimenes del franquismo y ofrecer reparación a las decenas de miles de víctimas, tal como ordena el derecho internacional. El libro El país de la desmemoria de Juan Miguel Baquero es un buen punto de partida.

Urge derogar ya la ley Mordaza

Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles (como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace y otros muchos) han propuesto formalmente acabar con las leyes mordaza; es decir, anular la ley de seguridad ciudadana (la propiamente ‘ley Mordaza’), la reforma del Código Penal y también la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular cuando Rajoy era presidente de gobierno. Normas ilegítimas y regresivas, por cierto, que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia. Leyes que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana. Una vulneración de derechos que caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios o totalitarios.

El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión

Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión. Para Amnistía la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, no solo amplía los poderes policiales sin supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del Partido Popular, porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.

Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley Mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía sino para frenar, impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.

Ese truco sucio que es la ley Mordaza ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo (las fuerzas de seguridad) sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en esas infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas sin fácil posibilidad de recurso. Así, la ley Mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas impuestas al año de nunca menos de 600 €. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa Ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte y la división de poderes se va al garete.

Mal momento de la Unión Europea

Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero por desgracia todo eso ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en Estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.

No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.

En España hay nuevo gobierno desde hace una semana. Un gobierno que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes y que así sea pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular (que no tenía mayoría suficiente), los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley Mordaza tan franquista.

Una cuestión de calado porque, contra la incorrección de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es sobre todo el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza se pasan por el arco de triunfo.

La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.