¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Ciudadanos, la apuesta política del poder financiero y grandes empresas

Tras cerca de siete años de gobierno Rajoy, el legado del PP no es para que las clases trabajadoras echen cohetes. Para empezar, el gobierno entregó a la banca cientos de miles de millones de euros para rescatarla, con la crisis de fondo o como pretexto. Millones de los que más de 24.000 millones de euros nunca se recuperarán como ha reconocido el Banco de España.

O que aún haya tres millones y medio de parados, a los que hay que sumar una  tasa de precariedad laboral en España del 26% con su correspondiente reducción salarial. Y eso es más del doble que en la Unión Europea. Una realidad que empeora el hecho incontestable de que en el Reino de España un 15% de trabajadores son pobres a pesar de tener contrato y ser fijos.

Como ha escrito Miguel Gorospe, coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal en Madrid, en riguroso análisis de la supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Partido Popular y Ciudadanos enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Así es porque la eliminación del citado impuesto desde 2011 (como deducción del 100% del mismo) solo beneficia a un reducido 0,2% de población de la CAM. Unos 15.800 ricos. Por descontado, esa supresión fiscal no beneficia a las siempre inconcretadas ‘clases medias’, tan citadas como pretexto por Ciudadanos y PP. Lo cierto es que suprimir ese impuesto significa que la Comunidad Autónoma de Madrid deja de recaudar 800 millones de euros anuales, convertida parcialmente en paraíso fiscal en el territorio español en el que instalan su sede fiscal ricos de otras comuniddes autónomas.

Menos votantes del Partido Popular

Además del innegable perjuicio a la ciudadanía por la reforma laboral, la corrupción creciente de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular en todo el Estado, más la estupefacta inacción del gobierno Rajoy, cuestionado un día sí y otro también por feministas, pensionistas, estudiantes, sindicalistas, policías y otros grupos y sectores sociales, han reducido de modo notable la intención de voto al Partido Popular. Sin embargo, de acertar los sondeos, será peor el remedio que la enfermedad pues Ciudadanos aparece  como la organización política más votada.

Eso no se comprendería de no contar el llamado partido ‘naranja’ con el apoyo del poder económico del Reino de España que, además de considerable financiación, le proporciona el impagable apoyo de medios de comunicación, que, directa o indirectamente, están en manos del poder económico o controlan.

En pleno conflicto catalán, el 21 de diciembre pasado, Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones catalanas, aunque lejos de poder gobernar por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Fue el más votado porque, en un paisaje de nacionalismo español exacerbado promovido por el PP, Ciudadanos atacó con ferocidad a los independentistas en su nuevo papel de partido más ‘constitucionalista’ del Reino. Aunque más preciso sería decir que Ciudadanos es un partido ‘unionista’ por la unidad de España. Expresión, por cierto, que consagró la dictadura franquista y que la definía.

Ciudadanos, un Podemos de derechas

Ciudadanos nació como Ciutadans en Cataluña en 2006, pero ya como Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de 2008 en las que solo obtuvo poco más de 46.000 votos (0,18%). En las europeas de 2009, el resultado también fue  penoso, pero en las elecciones catalanas de 2012 pasó de 3 a 9 diputados en el Parlament de Cataluña y en 2014 obtuvo dos diputados en el Parlamento Europeo.

Un avance lento y moderado… hasta que a finales de junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una conferencia en el Círculo de Empresarios de Madrid (una de las entidades más neoliberales del país) propuso crear»una especie de Podemos de derechas«. Pero ya estaba creado: Ciudadanos.

Podemos, un partido progresista recien fundado que decía recoger el espíritu del 15-M, había obtenido poco antes cinco eurodiputados y a Josep Oliu, que además de presidente del Sabadell es patrono de FEDEA (Fundación De Estudios de Economía Aplicada), le pareció una atractiva imagen política. Progresista en las formas y más de derechas que Maura en su actuación política.

Por cierto, FEDEA es un grupo de presión creado, financiado e impulsado por Banco Santander, BBVA, La Caixa (además del Sabadell), Iberdrola, Telefónica, Repsol, y otras grandes  empresas del Ibex 35. En fin, que Ciudadanos es el partido por el que apuesta la banca y las grandes empresas del Ibex.

En su esfuerzo por crear una imagen positiva de Ciudadanos, Albert Rivera se jacta de ser presidente del partido más democrático del Parlamento español. Pero no es cierto sino todo lo contrario. Así lo han testimoniado varios afiliados de Ciudadanos expulsados, removidos o ninguneados porque toparon con la dirección nacional o regional de ese partido. José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Alicante, dimitió por falta de democracia interna. En su carta de dimisión escribió que “con Franco también se llegó a votar, pero no por eso había democracia”. Jaime Trabuchelli, candidato a las primarias en Madrid, se fue de Ciudadanos porque era una«estafa a la sociedad«. Por su parte, Carolina Punset, que estuvo en la Ejecutiva de Ciudadanos, denunció maniobras oscuras y, en una entrevista a eldiario.es, afirmó que el congreso de Ciudadanos de 2017 enterró la pluralidad y la democracia interna, si alguna vez las hubo.

La falacia de no ser de derechas ni de izquierdas

Además, Ciudadanos pretende no ser de izquierdas ni de derechas. Muy original. Incluso hace suyas necedades como «izquierda y derecha son categorías vencidas por la realidad, y cualquier partido que se reclame novedoso tiene que superarlas«. Pero la política no es cuestión de modas e izquierda y derecha son términos que significan querer cambiar las cosas para bien de la mayoría o conservar lo injusto y desigual que hay. Izquierda es cuestionar el actual modelo socio-económico y derecha, afianzarlo. Pero izquierda y derecha no son conceptos superados. Esa pretendida superación de izquierda y derecha es la que pretende la gente de derechas. Y, aunque Ciudadanos diga ser de centro, es de derechas. Sin duda porque defiende los objetivos de cualquier derecha.

Se comprueba en sus propuestas de impuestos que coinciden con las de la fundación FAES de Aznar, guarida del más extremo neoliberalismo capitalista. Por ejemplo, la reforma del IRPF que propone Ciudadanos reduciría de modo considerable la recaudación del Estado y, por tanto, el gasto e inversión sociales. Además proponen más recursos públicos para el sector financiero. ¡Aún más! También proponen un IVA rebajado en artículos de lujo, grandes bienes y hostelería, y otro más alto en productos básicos, alimentos y medicinas. ¿Está claro al servicio de quien está Ciudadanos? Sin olvidar su propuesta de contrato laboral único que harían aún más fácil los despidos.

Además, Ciudadanos apoya la autoritaria ley Mordaza de 2015, que frena las movilizaciones ciudadanas y coarta la libertad de expresión. Y tiene una postura muy retrógrada ante la lacra de la violencia machista. Por ejemplo, propone eliminar del Código Penal la tipificación de delitos específicos de violencia de género. Y uno de sus dirigentes regionales, Carlos Pracht de Cantabria, al pedirle que se pronunciara sobre la violencia machista  no se le ocurrió otra cosa a decir que «las mujeres yihadistas y el aborto también son violencia«.

Algunas declaraciones del  líder máximo de Ciudadanos, dejan bien claro de que pie cojea el señor Rivera. Por ejemplo, que“llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables.” O que  “para tener el derecho universal a la sanidad se necesita el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo”, lo que deja sin un derecho esencial (la sanidad pública) a miles de inmigrantes. Y podríamos continuar citando propuestas y frases que dejan a Albert Rivera y a su partido Cudadanos con las vergüenzas políticas al aire.

En fin, por más maquillaje y apariencia de renovación que proporcionen el marketing, la publicidad y la buena prensa cómplice de algunos medios, Ciudadanos es un partido de derechas. Muy de derechas. Pues aunque hablen tanto de clases medias (que nunca concretan ni definen), defienden los intereses de quienes más tienen y atesoran que en este Reino son poco más de 200.000 según el Informe Mundial de la Riqueza del año pasado, de la consultora Capgemini. Pero la población española es algo más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos y la humilde aritmética desvela al servicio de quien está el partido Ciudadanos. O contra quien están de hecho, que es la mayoría trabajadora o pensionista. Quien sirve a los ricos es de derechas.

Lo indudable es que quienes mandan de verdad en este reino (poder financiero, grandes empresas y grandes fortunas) han decidido no correr riesgo alguno. No quieren que, por la torpeza y podredumbre del actual partido de gobierno, pueda  gobernar este país una coalición democrática y progresista. Por eso apuestan por Ciudadanos, porque el PP ya no les sirve.

¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, “lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

La Unión Europea como Plutocracia

Si democracia es el gobierno del pueblo (demos), plutocracia es el de los más ricos (ploutos). Esta sencilla aclaración etimológica permite decir hoy con toda justicia, a la vista de los hechos de los últimos años, que esta Unión Europea está descaradamente al servicio de la minoría que detenta el poder económico en Europa. Una sociedad gobernada o controlada por la minoría de los miembros más ricos que apenas son unos cinco millones de personas. Contra más de 500 millones.

Tan convencida afirmación proviene del conocimiento de que la última de la Comisión Europea es excluir a los parlamentos nacionales de la aceptación o no de los tratados comerciales bilaterales que se negocien. Tratados comerciales cuya aplicación causa a la ciudadanía graves problemas de atención a la salud, reducción de derechos laborales y agresiones al medio ambiente entre otras consecuencias muy negativas. Pero permite aumentar más los beneficios de corporaciones y multinacionales.

A esta Unión Europea le sobra la democracia y la esquiva, manipula o suprime en cuanto puede. Buena muestra de eso es ver quien manda en la UE. Manda la Comisión Europea que no es el resultado de una mayoría parlamentaria democráticamente elegida sino de acuerdos y chanchullos de los gobiernos de la eurozona, con especial influencia de los de los países más ricos, como Alemania o Francia. Pero de elección democrática, nada.

Más muestras de plutocracia. En 2004 se puso a votación la Constitución Europea y fue rechazada por las ciudadanías de Francia y Holanda, pero no se inició después un debate para elaborar otra Constitución o corregir los desacuerdos de la primera. No. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó el Tratado de Lisboa en esa ciudad para sustituir la Constitución europea rechazada. La Comisión Europea se pasó por el forro el rechazo electoral de las ciudadanías francesa y holandesa y, si no quieres caldo, dos tazas. Habrá la Constitución que queramos y la llamamos Tratado de Lisboa.

Hay dos frentes fundamentales que muestran el establecimiento de la plutocracia en la Unión Europea: la fiscalidad (los impuestos que se pagan o dejan de pagar), y los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión. Ambos de gran repercusión en las vidas de los europeos y europeas de a pie, de la inmensa mayoría ciudadana.

Ahora la Comisión Europea propone dividir los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para evitar el veto de los parlamentos, como sucedió en Valonia cuando esa región belga autónoma rechazó al acuerdo comercial de la UE con Canadá porque vulneraba gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Valonia votó en contra porque ese tratado deterioraba los servicios públicos, perjudicaba la agricultura y violaba derechos laborales. De las consecuencias perjudiciales de esos tratados bilaterales para le gente común supo la ciudadanía al conocer el contenido de tratados como el TTIP de la UE con EEUU.

El nuevo plan de la Comisión Europea es negociar acuerdos comerciales sólo de competencias exclusivas de la UE y separar los acuerdos de inversión. Así los acuerdos comerciales entrarían en vigor sin intervenir los parlamentos nacionales y regionales. Quieren aplicar ese método en la negociación de acuerdos bilaterales de la UE con Australia y Nueva Zelanda.

Otro frente en el que la minoría rica ha desplegado una gran ofensiva (tan importante como lo fue militarmente el desembarco en Normandía) es el de los impuestos. Impuestos que las grandes empresas y grandes fortunas evaden o eluden. Así los grandes beneficios de las multinacionales viajan de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o España a Irlanda (12% de impuesto máximo de sociedades). De Irlanda se desvían a Holanda (1% de tasa) y de Holanda van a parar a las islas Vírgenes o a Delaware en EEUU, donde sencillamente no pagan impuestos. Por eso es posible, por ejemplo, que en Reino Unido, en 2005 y 2006, 466 grandes empresas de las 700 mayores del país pagaran solo 15 millones de libras de impuestos por beneficios. Las 436 restantes no pagaron nada, aunque tuvieron beneficios.

Como denunció el Nobel de economía Stiglitz hace años, los ricos usan su dinero para asegurarse políticas, medidas y ventajas fiscales que les permitan ser más ricos. Por esa razón algunos estados de la Unión Europea (con especial relevancia de Luxemburgo) han firmado cientos de acuerdos con corporaciones y multinacionales para que paguen muchos menos impuestos de los que debieran. Por eso es adecuado decir que estamos en una plutocracia, una sociedad donde dominan los ricos aunque sean muy pocos.

Hace doce años, antes de la crisis, escribí en este blog que tras tantos años, vicisitudes, retóricas hueras y fuego de artificios para ocultar lo que ocurría y las intenciones reales de los poderosos, se cumplían otra vez los análisis y conclusiones de Marx. Una minoría muy minoritaria obtiene como sea el máximo beneficio de la mayoría depredándola, explotando a la mayoría. Como reconoció Warren Buffett (uno de los seis hombres más ricos del mundo) a un periodista de The Wall Street Journal al estallar la crisis: «claro que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que gana».

Habrá que hacer algo y dar la vuelta a la situación.

La deuda, mucho más que un negocio especulativo

En España de 2010 a 2015 se recortaron casi 19.000 millones de euros en Sanidad y Educación.  Cediendo a las imposiciones de la Unión Europea. Pagados por la ciudadanía con derechos insatisfechos y vulnerados. Recortes para pagar deuda pública y reducir el déficit presupuestario.

Si crear deuda es negocio de la banca, mejor si es pública. Para la banca. El actual sistema de deuda es sospechoso y letal. En diez años, por ejemplo, América Latina pasó de una deuda pública de 440.000 millones de dólares a otra de 800.000 millones. Casi el doble. Según Naciones Unidas, América Latina pagó de 1982 a 1990 cuatro veces su deuda y, tras dieciséis años de pagar, su deuda era el triple de la de 1982. Un negocio de fábula para los acreedores.

A medida que avanzaba la ofensiva neoliberal, y con ella la constante rebaja de impuestos a los ricos y grandes empresas, aumentó de modo insoportable la deuda pública. En Europa fue exponencialmente desde el Tratado de Maastricht que prohíbe a los bancos centrales prestar a los estados miembros. Reducidos los ingresos estatales por rebajas fiscales a los ricos, los gobiernos piden préstamos a la banca privada que los da a interés considerable. Pero si esa deuda pública hubiera sido financiada por bancos centrales con los mismos tipos de interés con los que prestan generosamente a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima.

Ya le tocó a Europa, pero la deuda ha sido poderosa palanca para forzar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, despedir funcionarios, privatizar lo público, rebajar salarios… Como denuncia Eric Toussaint, “con complicidad de los gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI, el sector financiero, responsable innegable de la crisis, especula con las deudas de los Estados y exige implacable su reembolso imponiendo una austeridad salvaje”. En Europa. El caso de Grecia es esclarecedor. Si te mueves, no sales en la foto.

Utilizar la deuda para dominar es antiguo. Como cuenta el historiador Eugene Rogan en Los árabes, hace casi ciento cincuenta años, Jair al-Din, dimitido presidente del Gran Consejo de Túnez por negarse a solicitar el primer préstamo de su país a un banco extranjero, denunciaba con amargura que, tras la concesión del préstamo, las exigencias de los acreedores llevaron a Túnez a la bancarrota: “El gobierno entró en la ruinosa senda de pedir prestado para pagar préstamos y en menos de siete años, Túnez, que nunca debió nada, sufrió la abrumadora carga de millones de piastras de deuda”. Además de ser forzado a ceder la soberanía a una comisión financiera internacional que supervisaba la economía tunecina para asegurar el pago de intereses. Ocurrió lo mismo en Egipto y también le pasó por ese tiempo al gobierno central del Imperio Otomano. La ruina por deuda.

¿Qué hay tras la implacable dictadura de reducir el déficit e imponer recortes? Negocio seguro y fácil para la banca, por supuesto, más fraude y elusión fiscales. Y fiscalidades muy regresivas que son parte del negocio. En plata, quienes tienen más y más atesoran pagan muy pocos impuestos. O no pagan. Si el Estado no llega, que se endeude.

The New York Times denuncia que unos pocos estadounidenses muy ricos negocia en privado constantemente con el Servicio de Impuestos Internos federal para reducirlos. Esa presión clandestina permanente ha creado de hecho un sistema fiscal privado, solo al alcance de unos pocos miles. Curiosamente, son quienes más aportan a candidatos de campañas electorales.  Cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400 ciudadanos más ricos de EEUU pagaban un 27% de sus ingresos en impuestos federales. Pero en 2012, esa cantidad ya era menos del 17%. Y Paul Krugman denuncia la actual injusticia y regresividad de la fiscalidad estadounidense al recordar que en los años 60, el 0,01% más rico pagaba un impuesto sobre la renta de más del 70%.

La democracia no lo es sin impuestos progresivos, justos y suficientes, que incluyan gravámenes y tasas al capital y a la especulación financiera. Pues no puede haber libertad sin existencia material garantizada y, de no acabar con el atraco del déficit, deuda pública y austeridad ni redistribuir la riqueza con impuestos justos, progresivos y suficientes, no hay vida libre posible. Ni democracia. Además, no pagar la deuda o pagar solo parte, que es lo exigible y justo, es práctica tan antigua como la humanidad. Las primeras anulaciones y reestructuraciones de deuda se hicieron en tiempos de Hammurabí. Hace tres mil años. Un ejemplo a seguir.

Un régimen de opresión y saqueo llamado deuda

Medios de comunicación, portavoces gubernamentales y servidores de la élite económica en España pregonan el peligro de la cuantiosa deuda pública y la culpable responsabilidad colectiva en la misma: la estúpida falacia de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Tan es así que un Gobierno pretendidamente socialista reformó con alevosía la Constitución, sagrada e intocable para otras cuestiones, con un artículo 135 que proclama que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública (…) se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. ¡En la Constitución!

El endeudamiento público no ha sido por vivir por encima de nuestras posibilidades sino utilizado por el poder financiero para saquear recursos públicos. Pero el adormecedor mantra repetido una y otra vez es la relación de la deuda pública con la crisis. Y por eso presionan para reducirla con recortes sociales y más recortes. Pero la deuda pública no es causa de la crisis. En años anteriores a la misma, la deuda pública española era de las más bajas de Europa.

La deuda pública ha crecido por una política fiscal regresiva al servicio de la élite económica y por un gigantesco y continuo fraude fiscal de grandes empresas y capitales. Más el cuantioso rescate de una banca privada potencialmente quebrada. España es modélica en el saqueo que es convertir deudas privadas en deuda pública.

Conviene recordar ahora que en los 70 del siglo pasado arrancó la nueva versión del capitalismo que llamamos ‘financiarización’. Reducir a producto financiero especulativo cualquier valor, bien o servicio que pueda ser vendido y comprado, hoy o mañana. Mientras se extiende el uso y abuso del apalancamiento: endeudarse hasta las cejas para especular mucho más allá del patrimonio habido.

El endeudamiento se convirtió en motor principal de una economía de humo. Se creó dinero de la nada, porque la gran banca daba abundantes créditos baratos, sobre todo a los estados y, en una década, la deuda pública se multiplicó por siete.

¿Irresponsabilidad económico-financiera? No. Nuevo régimen para aumentar los beneficios de la élite económica que el marxismo denomina “clase dominante”. La deuda ya es un régimen que “el poder financiero utiliza para saquear los recursos públicos y atacar los derechos humanos”, denuncia Maria Lucia Fattorelli, auditora fiscal e impulsora del movimiento ciudadano global de auditoría de la deuda.

Por medio de organismos internacionales nada democráticos (FMI, BCE, OMC u OCDE), el régimen de la deuda impone ajustes presupuestarios, contra-reformas fiscales, laborales, de pensiones públicas, de control de inflación, “ingeniería financiera” y cambio de leyes nacionales en beneficio del sector financiero y de la prioridad del pago de la deuda. Mientras, los grandes medios de “información” ocultan, manipulan y desinforman sobre la realidad económica y financiera y maquillan sus graves consecuencias sociales.

Así pretenden ocultar la responsabilidad de la banca privada en la crisis financiera. Y luego FMI, BCE y OCDE presionan para asegurar la transferencia de recursos públicos a los bancos privados responsables de esta poliédrica crisis. Porque la élite económica logró enormes beneficios con el creciente endeudamiento que hinchó las burbujas inmobiliaria y financiera e hizo imparable la crisis.

De todo se tiene cumplida experiencia en el Reino de España. Como denuncian Gerardo Pisarello y Jaume Asens, “cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de retraso de la edad de jubilación, cada recorte de derechos sociales se ha presentado como imprescindible para pagar las deudas y obtener más fondos”.

La deuda pública era apenas 40% del PIB en 2006 y hoy es 96%. ¿Por qué tal aumento? Por un generoso rescate bancario. Lo último es que el Gobierno regala 40.000 millones de euros a la banca privada por activos fiscales diferidos. Es evidente que aumentar en cinco años casi un 60% el volumen de la deuda pública respecto al PIB no ha sido por estímulos para que la economía real se recupere ni para satisfacer los derechos sociales de la ciudadanía.

¿Hasta dónde llegarán los explotadores del régimen de la deuda? Hasta donde les dejemos, pues son insaciables. Una primera respuesta son las auditorías ciudadanas de la deuda pública. Para determinar su origen, conocer quiénes son poseedores de deuda y cuánta. Y qué parte es ilegítima. Extender el conocimiento de esos hechos y no pagar deuda pública hasta averiguar cuánta es ilegítima. Eso para empezar.

Sin justicia fiscal y además nos dan gato por liebre

A finales de 2013, once países de la Unión Europea acordaron establecer un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). No se hizo nada al respecto durante meses y ese ITF parecía congelado. Francia e Italia sí legislaron sobre la implantación de ese impuesto, pero tan corto como vuelo de perdiz. En España ni siquiera se mencionó en los Presupuestos Generales del Estado y en los restantes ocho países, nada de nada. Pero hace unos días, por sorpresa, los ministros de economía de la UE (Ecofin) acordaron en Bruselas que el impuesto sobre transacciones financieras será realidad en 2015.

Pero éste ITF es insuficiente, corto y timorato. Aunque, más allá del evidente electoralismo de anunciar ahora su puesta en marcha (por la proximidad de los comicios al Parlamento Europeo), el ITF desbloquea el dogma neoliberal de no poner impuestos al capital y a sus movimientos especulativos. Y eso es importante. No porque debamos agradecer nada a esta UE sino porque la crisis y la escandalosa reducción de ingresos estatales les obligan a bajar del burro.

Una de las insuficiencias más graves de este ITF es que solo se pagará por transacciones en las que el vendedor emita el producto financiero a vender en uno de los once países del acuerdo. Pero no se gravarán las operaciones en las que vendedor o comprador residan en uno de esos países, como sería lo justo y lógico. Gravar según el lugar de emisión facilita a los especuladores poderosos una vía para no pagar la tasa. Solo tendrán que emitir sus productos financieros donde les dé la gana, pero que no sea uno de los once países que implantan el ITF. Así eludirán el impuesto. Con el agravante de que este ITF solo afecta a transacciones con acciones y más adelante, derivados, pero no con divisas ni otros productos financieros.

Otra deficiencia grave parece ser que lo recaudado se dedicaría a formar un fondo para futuros rescates bancarios. Eso han dicho los ministros económicos de la UE. Es decir, se reafirma el mantra de los casinos: la banca siempre gana. Cuando lo justo sería que ese dinero del ITF fortaleciera la economía sostenible y satisficiera derechos sociales de la ciudadanía. Sin olvidar que, cuando se concibió ese impuesto hace décadas, fue prioritariamente para disuadir la especulación financiera, reducirla y controlar los movimientos de capital.

En realidad, el ITF es en parte un impuesto contra la acumulación de riqueza. Acumulación nada inofensiva. Enormes cantidades de dinero controladas por un grupo muy reducido se mueven libremente y especulan por todo el mundo con la abundante gama de activos financieros de todo tipo y pelaje, obteniendo obscenos beneficios. Sin pagar impuesto alguno o apenas. Con la imprescindible colaboración de los paraísos fiscales. Una especulación que altera severamente la economía real y la vida de las personas. El filme The Company Men, protagonizado por Ben Affleck y Tommy Lee Jones, muestra como la especulación afecta a la seguridad del empleo, por ejemplo. Los selectos accionistas mayoritarios de una empresa financiera estadounidense despiden progresivamente a la mayor parte de sus ejecutivos. Para recortar gastos, arguyen. Pero lo que buscan de verdad es aumentar ostensiblemente el valor de sus acciones, porque la cotización en Bolsa subirá cuando se sepa que han reducido personal de modo implacable.

Los datos demuestran que la especulación es brutal. Según el Banco Internacional de Pagos, en 2013 solo el mercado de divisas movía diariamente 4 billones de euros. Un valor anual de 1.000 billones de euros. Y en Europa, las transacciones financieras en 2012 movieron 692 billones de euros. ¿Qué hubiera significado recaudar un impuesto sobre esas transacciones?

En el Reino de España, el 40% de lo recaudado por la Agencia Tributaria proviene del impuesto sobre le renta (IRPF), según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). De esa recaudación, el 84% son impuestos por rentas del trabajo y solo 9% por las del capital. Ya va siendo hora de que el capital pague lo que le corresponde. Y un ITF en condiciones puede ser camino para cierta justicia fiscal.

Cuando hace 16 años ATTAC reivindicó en solitario un Impuesto sobre Transacciones Financieras (la Tasa Tobin sobre operaciones con divisas), los tomaron poco menos que por dementes. Hoy, quienes desguazan Europa con sus dogmas de desregulación y desde siempre vetan impuestos para el capital aceptan ahora un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, aunque no sea el que necesitamos. Y el 61% de la ciudadanía europea considera necesarios y posibles esos impuestos. Una fiscalidad justa y progresiva sobre el capital y sus incesantes transacciones financieras no es una utopía inalcanzable. Se puede conseguir y lo hemos de conseguir.

Austeridad, evasión fiscal y democracia auténtica

La austeridad que hoy se impone tiene gravísimas consecuencias. Más desempleo y más pobreza, más enfermedades y más suicidios. La austeridad mata, como titula David Sucker un concienzudo estudio al respecto. Cabe hurgar por tanto el origen y responsables de la malhadada austeridad.

La austeridad se cuece cuando la minoría rica comprueba que se acaban las vacas gordas. Años setenta. Grandes empresarios, banca y grandes fortunas ven reducirse sus beneficios. Ni siquiera la explotación de países empobrecidos evita la merma. Entonces se empezó a rebajar impuestos a los ricos, mientras el fraude fiscal devenía endémico y la economía se financiarizaba. No producir bienes y servicios, sino pura especulación financiera; por cada dólar invertido en economía real, 60 en pura especulación. La economía se convierte en un casino.

 

El proceso se acelera en 2008 cuando se hunde Lehman Brothers, “intoxicado” hasta las cejas. Su balance, pura filfa y humo, pues buena parte de activos eran deudas que jamás se cobrarían; hipotecas-basura “titulizadas”, camufladas. Hipotecas-basura que los diez mayores bancos de inversión vendieron, engañando a todo el mundo, con la calificación de muy seguras y rentables por las oscuras agencias de rating. Es la crisis.

 

El sistema financiero se tambaleó y los gobiernos acudieron raudos a inyectar muchísimo dinero para salvarlo. Los estados se endeudaron para ayudar a la banca y entonces surgieron trileros, timadores de toco mocho y de la estampita vociferando que el déficit público era inaceptable y se imponía la austeridad. Naturalmente para que los estados ahorraran y pudieran pagar intereses de deuda pública a la banca; deuda que habían comprado con barato dinero público del Banco Central Europeo. Y los gobiernos ahorraron a costa de la mayoría. En beneficio de la minoría rica.

 

¿Cuántos forman esa minoría que se beneficia de la austeridad y la supresión de derechos? Según el Informe anual de Riqueza en el Mundo 2013 de RBC Wealth Management y Capgemini, en España hay 144.600 poseedores de más un millón de dólares y en EEUU, tres millones y tres cuartos de millón. En todo el mundo, 12 millones. Un ridículo 0,17% de población contra 7.000 millones de personas.

 

Minoría no solo codiciosa y especuladora, sino también delincuente. Manipulan tipos, estafan a clientes, ocultan riesgos, se lucran con información privilegiada… y, especialmente, evaden impuestos. Pagan poquísimos impuestos, pero les parece demasiado. Y esconden sus fortunas.

 

Quienes evaden impuestos precisan blanquear su sucio dinero. Gracias a los paraísos fiscales y a buena parte de la banca. El barrio financiero de Londres (la City), por ejemplo, es el mayor lavadero de dinero negro del mundo. El blanqueo hace sorprendentes compañeros de cama, pues tanto necesita blanquear dinero sucio quien especula con fondo de inversión y no quiere pagar un duro de impuestos como el narcotraficante que vende cocaína. Como muestra, la actuación del banco británico HSBC. Según el Senado de los Estados Unidos, HSBC aceptó que criminales del mundo usaran sus servicios para blanquear ingentes cantidades de dinero del narcotráfico. También blanqueó Standard Chartered… Y otros muchos.

 

El agujero de impuestos evadidos alcanza el billón de dólares: más que los presupuestos de 176 países. Si ese billón se abonara, se acabaría con la pobreza, se doblarían las energías limpias y todos los niños del mundo estarían escolarizados.

 

Por el contrario, las crisis de las últimas décadas, y sobre todo esta crisis, han empobrecido a millones, provocado hambrunas y hecho sufrir a miles de millones. Y, según Naciones Unidas, la especulación con dinero blanqueado del crimen organizado ha contribuido a agravar las crisis financieras y económicas de las últimas décadas. Porque, como denuncia también la ONU, “la penetración de los sindicatos del crimen en las finanzas fue facilitada por los programas de ajuste estructural impuestos a los países endeudados para poder acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional”. Más claro…

 

La evasión de impuestos es delito muy grave, porque en democracia evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Es así porque los impuestos justos, progresivos y suficientes son condición indiscutible de la democracia de verdad. Pues no hay libertad ni justicia sin asegurar la independencia material que garantiza una vida digna a toda la ciudadanía. Y eso se logra con una fiscalidad justa que permite al estado redistribuir la riqueza, ofrecer servicios públicos esenciales y protección social.

 

La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).

Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.

 

Delitos y crímenes económicos

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo para concretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se ha conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos