La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.

Grecia, Europa y deuda

La Comisión Europea descarta una quita de deuda pública griega. Y el Banco Central Europeo (BCE), en una actuación inadmisible contra Grecia, no proporcionará más liquidez a bancos griegos. Esa irresponsabilidad del BCE es sin duda para forzar otro “rescate”: es decir, más contrarreformas y más dominio sobre Grecia. Pero sobre esa deuda ya escribió Alejandro Nadal que “los poderes establecidos difundieron mensajes sobre la irresponsabilidad del pueblo griego que nada tienen que ver con la realidad económica. Bancos alemanes, franceses y holandeses se lucraron con la burbuja financiera que crearon en la eurozona. Pero cuando ésta reventó, socializaron pérdidas”. Se lo hicieron pagar a la ciudadanía para seguir teniendo beneficios, aunque se hundiera el pueblo griego. Beneficios nada legítimos, por supuesto. Se conoció entonces la deuda griega real y la Troika impuso un rescate a un precio altísimo para Grecia. Pero no se contó toda la verdad.

Las investigaciones de Nick Dunbar y Elisa Martinuzzilam y escritos de Eduardo Febbro, entre otros, desvelaron la falsificación de las cuentas públicas griegas. Un fraude contable perpetrado por la banca Goldman Sachs al servicio del régimen bipartidista griego, todo sea dicho. Para que Grecia pudiera integrarse en el euro.

En 2000, la deuda griega era 103% del PIB, pero Goldman Sachs cambió la deuda cotizada en dólares y yenes por deuda en euros con una tasa de cambio ficticia, además de otras maquinaciones. Así redujeron en falso el endeudamiento de Grecia. Goldman Sachs engañó a la Unión Europea, pero nunca respondió ante la ley, protegida por complicidades de instituciones financieras y políticas europeas.

Complicidades como la de Papademos, gobernador del Banco Central griego de 1994 a 2002; de Christoforos Sardelis, jefe de gestión de la deuda griega de 1999 a 2004; de Spyros Papanicolaou, que lo reemplazó; de Jean Claude Trichet, entonces presidente del BCE, que negó documentación que hubiera permitido conocer la verdad de esa deuda. O de Mario Draghi, hoy presidente del BCE, vicepresidente de Goldman Sachs para Europa entonces. ¿Draghi no conocía el apaño de las cuentas griegas cuando su banca organizó el montaje? Además, el BCE y otras entidades impidieron auditorías que hubieran desvelado el engaño de esa deuda. Una deuda cuyo manejo por la Troika cumple un papel de dominación como el de las legiones imperiales de Roma o los ejércitos coloniales del XIX. Así es en el sur de Europa.

Pero ahora que Comisión y BCE pretenden  negar el pan y la sal al pueblo griego, retrocedamos a 1954. Para recordar, una vez más, que Alemania salió del profundo hoyo económico en el que estaba hundida por dos guerras mundiales (que ella provocó, empezó y prolongó) por la solidaridad de veinticinco países acreedores (entre ellos, Grecia y España). Le perdonaron 62% de deuda, alargaron los plazos de pago del resto y redujeron los intereses. Europa fue generosa y lúcida: si un mes Alemania Federal (entonces) ingresaba menos por exportaciones que los intereses a pagar, éstos se aplazaban.

Pero no solo Alemania. Hubo amplias reducciones de deuda pública a Francia e Italia tras la II Guerra Mundial. Quitas de 52% y 36% respecto a sus PIB de 1934. La deuda de ambos países fue perdonada en gran parte y, al no estar ahogados por la deuda, sus economías mejoraron con esas medidas y ambos países devinieron potencias económicas.

Las quitas son práctica corriente desde hace siglos. ¿Por qué Grecia no ha de tener ese trato? Es de justicia, porque la desastrosa situación de Grecia es el fruto purulento de una cadena de delitos económicos en la que hay implicados muchos poderes. ¿Acaso el origen delictivo de parte de la descomunal deuda griega no la hace parcialmente ilegítima? Y las deudas ilegítimas no se pagan, como formuló en 1927 el jurista y profesor ruso Alexander Sack; nada bolchevique, por cierto.

Por no hablar de las compras de helicópteros de combate y buques de guerra del gobierno conservador griego a Francia y Alemania en los primeros años de la crisis. Compras que la Troika no consideró que debieran anularse. Lo que empapa de ilegitimidad esa deuda por material de guerra.

Grecia saqueada, recesión, despidos masivos, ajustes, retrocesos sociales y miseria. Son los frutos de la trampa y crecimiento de la deuda griega más el rescate y otras injusticias adjuntas. Pero la Comisión y el BCE no parecen dispuestos a una quita, no sea que haya justicia en Europa y cundan la sensatez y la solidaridad financieras con los estados más endeudados.

Austeridad, evasión fiscal y democracia auténtica

La austeridad que hoy se impone tiene gravísimas consecuencias. Más desempleo y más pobreza, más enfermedades y más suicidios. La austeridad mata, como titula David Sucker un concienzudo estudio al respecto. Cabe hurgar por tanto el origen y responsables de la malhadada austeridad.

La austeridad se cuece cuando la minoría rica comprueba que se acaban las vacas gordas. Años setenta. Grandes empresarios, banca y grandes fortunas ven reducirse sus beneficios. Ni siquiera la explotación de países empobrecidos evita la merma. Entonces se empezó a rebajar impuestos a los ricos, mientras el fraude fiscal devenía endémico y la economía se financiarizaba. No producir bienes y servicios, sino pura especulación financiera; por cada dólar invertido en economía real, 60 en pura especulación. La economía se convierte en un casino.

 

El proceso se acelera en 2008 cuando se hunde Lehman Brothers, “intoxicado” hasta las cejas. Su balance, pura filfa y humo, pues buena parte de activos eran deudas que jamás se cobrarían; hipotecas-basura “titulizadas”, camufladas. Hipotecas-basura que los diez mayores bancos de inversión vendieron, engañando a todo el mundo, con la calificación de muy seguras y rentables por las oscuras agencias de rating. Es la crisis.

 

El sistema financiero se tambaleó y los gobiernos acudieron raudos a inyectar muchísimo dinero para salvarlo. Los estados se endeudaron para ayudar a la banca y entonces surgieron trileros, timadores de toco mocho y de la estampita vociferando que el déficit público era inaceptable y se imponía la austeridad. Naturalmente para que los estados ahorraran y pudieran pagar intereses de deuda pública a la banca; deuda que habían comprado con barato dinero público del Banco Central Europeo. Y los gobiernos ahorraron a costa de la mayoría. En beneficio de la minoría rica.

 

¿Cuántos forman esa minoría que se beneficia de la austeridad y la supresión de derechos? Según el Informe anual de Riqueza en el Mundo 2013 de RBC Wealth Management y Capgemini, en España hay 144.600 poseedores de más un millón de dólares y en EEUU, tres millones y tres cuartos de millón. En todo el mundo, 12 millones. Un ridículo 0,17% de población contra 7.000 millones de personas.

 

Minoría no solo codiciosa y especuladora, sino también delincuente. Manipulan tipos, estafan a clientes, ocultan riesgos, se lucran con información privilegiada… y, especialmente, evaden impuestos. Pagan poquísimos impuestos, pero les parece demasiado. Y esconden sus fortunas.

 

Quienes evaden impuestos precisan blanquear su sucio dinero. Gracias a los paraísos fiscales y a buena parte de la banca. El barrio financiero de Londres (la City), por ejemplo, es el mayor lavadero de dinero negro del mundo. El blanqueo hace sorprendentes compañeros de cama, pues tanto necesita blanquear dinero sucio quien especula con fondo de inversión y no quiere pagar un duro de impuestos como el narcotraficante que vende cocaína. Como muestra, la actuación del banco británico HSBC. Según el Senado de los Estados Unidos, HSBC aceptó que criminales del mundo usaran sus servicios para blanquear ingentes cantidades de dinero del narcotráfico. También blanqueó Standard Chartered… Y otros muchos.

 

El agujero de impuestos evadidos alcanza el billón de dólares: más que los presupuestos de 176 países. Si ese billón se abonara, se acabaría con la pobreza, se doblarían las energías limpias y todos los niños del mundo estarían escolarizados.

 

Por el contrario, las crisis de las últimas décadas, y sobre todo esta crisis, han empobrecido a millones, provocado hambrunas y hecho sufrir a miles de millones. Y, según Naciones Unidas, la especulación con dinero blanqueado del crimen organizado ha contribuido a agravar las crisis financieras y económicas de las últimas décadas. Porque, como denuncia también la ONU, “la penetración de los sindicatos del crimen en las finanzas fue facilitada por los programas de ajuste estructural impuestos a los países endeudados para poder acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional”. Más claro…

 

La evasión de impuestos es delito muy grave, porque en democracia evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Es así porque los impuestos justos, progresivos y suficientes son condición indiscutible de la democracia de verdad. Pues no hay libertad ni justicia sin asegurar la independencia material que garantiza una vida digna a toda la ciudadanía. Y eso se logra con una fiscalidad justa que permite al estado redistribuir la riqueza, ofrecer servicios públicos esenciales y protección social.

 

La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).


Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.

 

¿Quién va a la cárcel?

España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por 100.000 habitantes, cuando en Alemania hay 95 por 100.000, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.

Con la crisis, aumentaron los delitos violentos en 2011. Algunos asesinatos, secuestros y atracos más que en 2010, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, aunque menos que en 2009. Pero lo que llena las cárceles son los delitos de los pobres, de los de abajo y, especialmente, los relacionados de un modo u otro con el tráfico de drogas.

Una radiografía de esa delincuencia puede verse en cualquier cárcel provincial española. Cárcel de pobres, cárceles de desesperados, habitualmente en medio de la nada, donde los presos acumulan 30, 40 o 50 causas penales por hurtos, robos, lesiones, tirones, contrabando o venta de heroína, cocaína, hachís u otras drogas… En la jerga carcelaria son los gremlins. Pobres sin remedio a los que el delito no saca de la pobreza. Presos ligados a la prisión con salidas y entradas constantes. Sor Genoveva, una monja católica de 88 años, que hace casi setenta va a las cárceles de Barcelona para escuchar a los presos y ayudarlos, no tiene la menor duda: “Siempre es la gente más pobre la que está en la cárcel”. Sabe de qué habla.

Gente que paga caros sus delitos. A quien cogen contrabandeando un kilo de cocaína, le caen ocho o nueve años de cárcel. Pero, dos importantes financieros españoles, por ejemplo, condenados por el Tribunal Supremo como autores de estafa y falsedad en la venta de un solar de Madrid, no fueron a la cárcel por una discutible y discutida interpretación de la prescripción por el Tribunal Constitucional que los soltó. Aunque, como escribió quien fue teniente fiscal de Barcelona, José María Mena, “fueran efectivamente estafadores y falsarios”. Mena dice que “también merece ser recordado el beneficio de 200 millones de pesetas (120.000 euros) conseguido por Alierta (presidente de la multinacional Telefónica) por una información privilegiada bursátil de carácter reservado, que era delito, pero quedó impune al amparo de la prescripción.

No es excepción que los ricos escapen del castigo por sus delitos económicos por la discutible utilización de la prescripción; la institución jurídica que dice que pasado cierto tiempo algunos delitos ya no puedan ser juzgados. Pero, prescripción aparte, hay más delitos que hacen daño a mucha gente y perjudican mucho a la ciudadanía, aunque sus perpetradores no pisen nunca la cárcel. ¿Qué creen que es esta maldita crisis más que una acumulación de delitos de diversos pelajes financieros cuyas consecuencias paga la ciudadanía? Delitos camuflados y ocultos, perpetrados con brillante ingeniería financiera y obscena contabilidad imaginativa. Entonces, para camuflar la impunidad de facto de los delincuentes económicos y financieros, los ricos, se promete con grandes aspavientos barrer el delito de las calles (recurso utilizado por muchos gobiernos en diversos países), que solo significa cebarse en los pequeños delincuentes, en los delincuentes pobres.

Lo cierto es que, benevolentes con la evasión de impuestos y los graves delitos económicos o los protagonizados directamente por miembros de la minoría rica, los sistemas penales y penitenciarios europeos han sido y son beligerantes e intolerantes con las infracciones de las clases sociales desfavorecidas. Y, por si fuera poco, hoy en España el gobierno del Partido Popular y sus aliados pretenden convertir en delincuente a la ciudadanía que protesta pacíficamente contra un sistema económico que los esquilma y viola sus derechos. Lo quieren hacer endureciendo el Código Penal y, si se aprobara, Gandhi iría a la cárcel en España. Así están las cosas y no es como se reducirá la población penitenciaria. Pues, como escribió Josep M. Vallés, responsable que fue de las prisiones de Cataluña en el Reino de España: “Tener muchas cárceles y que estén llenas es un fracaso”.

Mientras tanto, responsables de delitos económicos y financieros, de compleja elaboración e inteligente y retorcido camuflaje jurídico que hace difíciles de descubrir tales delitos, campan a sus anchas perjudicando a la mayoría. Da igual que las consecuencias las paguen miles, cientos de miles o millones de personas.

Este sistema cada día pierde más legitimidad y está democracia se vacía más y más.