La Unión Europea como Plutocracia

Si democracia es el gobierno del pueblo (demos), plutocracia es el de los más ricos (ploutos). Esta sencilla aclaración etimológica permite decir hoy con toda justicia, a la vista de los hechos de los últimos años, que esta Unión Europea está descaradamente al servicio de la minoría que detenta el poder económico en Europa. Una sociedad gobernada o controlada por la minoría de los miembros más ricos que apenas son unos cinco millones de personas. Contra más de 500 millones.

Tan convencida afirmación proviene del conocimiento de que la última de la Comisión Europea es excluir a los parlamentos nacionales de la aceptación o no de los tratados comerciales bilaterales que se negocien. Tratados comerciales cuya aplicación causa a la ciudadanía graves problemas de atención a la salud, reducción de derechos laborales y agresiones al medio ambiente entre otras consecuencias muy negativas. Pero permite aumentar más los beneficios de corporaciones y multinacionales.

A esta Unión Europea le sobra la democracia y la esquiva, manipula o suprime en cuanto puede. Buena muestra de eso es ver quien manda en la UE. Manda la Comisión Europea que no es el resultado de una mayoría parlamentaria democráticamente elegida sino de acuerdos y chanchullos de los gobiernos de la eurozona, con especial influencia de los de los países más ricos, como Alemania o Francia. Pero de elección democrática, nada.

Más muestras de plutocracia. En 2004 se puso a votación la Constitución Europea y fue rechazada por las ciudadanías de Francia y Holanda, pero no se inició después un debate para elaborar otra Constitución o corregir los desacuerdos de la primera. No. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó el Tratado de Lisboa en esa ciudad para sustituir la Constitución europea rechazada. La Comisión Europea se pasó por el forro el rechazo electoral de las ciudadanías francesa y holandesa y, si no quieres caldo, dos tazas. Habrá la Constitución que queramos y la llamamos Tratado de Lisboa.

Hay dos frentes fundamentales que muestran el establecimiento de la plutocracia en la Unión Europea: la fiscalidad (los impuestos que se pagan o dejan de pagar), y los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión. Ambos de gran repercusión en las vidas de los europeos y europeas de a pie, de la inmensa mayoría ciudadana.

Ahora la Comisión Europea propone dividir los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para evitar el veto de los parlamentos, como sucedió en Valonia cuando esa región belga autónoma rechazó al acuerdo comercial de la UE con Canadá porque vulneraba gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Valonia votó en contra porque ese tratado deterioraba los servicios públicos, perjudicaba la agricultura y violaba derechos laborales. De las consecuencias perjudiciales de esos tratados bilaterales para le gente común supo la ciudadanía al conocer el contenido de tratados como el TTIP de la UE con EEUU.

El nuevo plan de la Comisión Europea es negociar acuerdos comerciales sólo de competencias exclusivas de la UE y separar los acuerdos de inversión. Así los acuerdos comerciales entrarían en vigor sin intervenir los parlamentos nacionales y regionales. Quieren aplicar ese método en la negociación de acuerdos bilaterales de la UE con Australia y Nueva Zelanda.

Otro frente en el que la minoría rica ha desplegado una gran ofensiva (tan importante como lo fue militarmente el desembarco en Normandía) es el de los impuestos. Impuestos que las grandes empresas y grandes fortunas evaden o eluden. Así los grandes beneficios de las multinacionales viajan de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o España a Irlanda (12% de impuesto máximo de sociedades). De Irlanda se desvían a Holanda (1% de tasa) y de Holanda van a parar a las islas Vírgenes o a Delaware en EEUU, donde sencillamente no pagan impuestos. Por eso es posible, por ejemplo, que en Reino Unido, en 2005 y 2006, 466 grandes empresas de las 700 mayores del país pagaran solo 15 millones de libras de impuestos por beneficios. Las 436 restantes no pagaron nada, aunque tuvieron beneficios.

Como denunció el Nobel de economía Stiglitz hace años, los ricos usan su dinero para asegurarse políticas, medidas y ventajas fiscales que les permitan ser más ricos. Por esa razón algunos estados de la Unión Europea (con especial relevancia de Luxemburgo) han firmado cientos de acuerdos con corporaciones y multinacionales para que paguen muchos menos impuestos de los que debieran. Por eso es adecuado decir que estamos en una plutocracia, una sociedad donde dominan los ricos aunque sean muy pocos.

Hace doce años, antes de la crisis, escribí en este blog que tras tantos años, vicisitudes, retóricas hueras y fuego de artificios para ocultar lo que ocurría y las intenciones reales de los poderosos, se cumplían otra vez los análisis y conclusiones de Marx. Una minoría muy minoritaria obtiene como sea el máximo beneficio de la mayoría depredándola, explotando a la mayoría. Como reconoció Warren Buffett (uno de los seis hombres más ricos del mundo) a un periodista de The Wall Street Journal al estallar la crisis: “claro que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que gana”.

Habrá que hacer algo y dar la vuelta a la situación.

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Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Paraísos fiscales, guaridas financieras

La OCDE y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Hoy los paraísos fiscales campan impunes por Europa. Las diminutas islas británicas del canal de la Mancha, por ejemplo, y los pequeños estados de Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, Luxemburgo o Andorra, sin ir más lejos, tienen una bien ganada fama de paraísos fiscales. Mientras Austria, Holanda e Irlanda actúan también a menudo como ellos, sin olvidar a Suiza, por supuesto, que a pesar de alguna concesión reciente a la información, es aún buen lugar para esconder fortunas.

Los paraísos ya no son lugares exóticos con palmeras y playas de aguas cristalinas. En el nuevo panorama de la burla fiscal destaca Londres, por ejemplo. Aunque, por mayor precisión, la capital del escaqueo tributario sería la City, su distrito financiero. Ahí funcionan a todo gas excelentes operaciones de lavado y blanqueo. Con la necesaria complicidad del carísimo mercado inmobiliario de la ciudad. Genial para ocultar y lavar miles de millones de euros. Así se han blanqueado más de 150.000 millones de euros, según datos oficiales británicos. Y, siendo dato oficial, es probable que sea más.

El blanqueo es sencillo. Los súper-ricos de donde sea llegan a la capital del Reino Unido con billetes en mano o en maletín y compran, por ejemplo, un apartamento, ático o palacete, cuanto más caro, mejor. Nada de nombres ni apellidos, of course, y los propietarios no pagan ni un chelín de impuestos. Los Papeles de Panamá desvelan que los propietarios de cuarenta mil carísimas propiedades inmobiliarias londinenses… son empresas con sede en paraísos fiscales. Y ahí la hacienda británica no tiene nada que rascar.

En el nuevo panorama del pirateo de impuestos, los Estados Unidos de América funcionan como paraíso fiscal. Así lo denuncia un reciente informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes. Explican que en Estados Unidos está la quinta parte de los servicios financieros del mundo para ciudadanos no residentes. ‘No residentes’ es jerga de paraísos para designar a su clientela. Son cuentas, depósitos, otras ocultaciones, inversión y especulación de no estadounidenses sin nombre ni identificación. Y da igual que la OCDE acuerde el intercambio automático de información financiera y fiscal entre sus estados contra el blanqueo y la evasión fiscal. Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo y no da ni dará información.

El informe de Los Verdes denuncia que catorce Estados de Estados Unidos actúan como paraísos fiscales. Y en Delaware, Nevada y Wyoming se pueden registrar con suma facilidad empresas-pantalla o fantasma. Indispensables en la evasión fiscal. Solo existen en el papel y no se sabe ni se puede saber quiénes son sus propietarios, accionistas y gestores. Ni quienes se lo llevan crudo. Para hacerse una idea del tinglado, en el estado de Delaware (con la misma superficie que la pequeña Rioja y 860.000 habitantes), en el número 1209 de la calle Orange de la pequeña ciudad de Wilmington, tienen su sede más de 285.000 empresas. Más apretadas que los personajes del camarote de los hermanos Marx.

Otrosí, las patrióticas empresas del Ibex 35 en 2014 tenían más de cuatrocientas empresas filiales con sede en ese aprovechado edificio de Delaware. Y casi novecientas en total en ese y otros paraísos fiscales. ¿Para qué será?

Echando la vista siete años atrás, temblorosos mandatarios europeos ponían a dios por testigo de que acabarían con los paraísos fiscales. Fue tras el hundimiento de Lehman Brothers que tanto acoquinó a las élites. Pero, pasado el susto inicial, se olvidaron de propósitos de enmienda y hoy los paraísos gozan de excelente salud. Con su ayuda, ésta es la era de la evasión fiscal. Además, esos paraísos han crecido como setas en el bosque tras lluvias otoñales y no pagar impuestos o impuestos ridículos ya es plaga, epidemia.

En aras de la decencia semántica, deberíamos dejar de llamarlos paraísos fiscales. Mejor guaridas financieras.

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

Quienes han provocado la crisis –denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.