Pobreza y corrupción

En 2009 eran casi 11 millones y medio quienes sufrían pobreza en España, pero hoy son casi 1.800.000 personas pobres más que hace seis años, según informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN).

Vamos hacia atrás como los cangrejos y por eso ya hay cerca de catorce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de algo más de 46 millones y medio de habitantes en España. Mucha gente. Y aumentando.

Recordemos, según parámetros de la UE, que ser pobre es tener ingresos tan escasos que no alcanzan para una vida digna. Por eso numerosos comedores solidarios y entidades como Caritas han doblado y triplicado sus servicios para proporcionar con regularidad alimentos a la gente. Porque hay más gente de la que uno se imagina que pasa hambre. Ser pobre es también no poder pagar la hipoteca o alquiler todos los meses, nni la luz ni el gas porque el poco dinero que se ingresa se acaba enseguida. También es pobreza no poder comer carne, pollo o pescado tres veces a la semana porque no alcanza el dinero. Ni poder mantener en invierno la vivienda a temperatura adecuada. Ni poder tener teléfono, televisor o lavadora… Y, como dijo Ban Ki Mon, secretario general de la ONU, ser pobre también es no disponer de vivienda digna ni tener acceso a servicios de salud o que éstos sean limitados, ni poder acceder a una educación en condiciones y que las personas dependientes no reciban ayuda… Eso es pobreza.

Entre las razones de la creciente pobreza en países desarrollados como España está la nefasta política de austeridad impuesta que ha rebajado ostensiblemente el estado de bienestar. Más los vigentes sistemas de impuestos injustos, regresivos e insuficientes en indiscutible beneficio de las élites. Y, con la injusticia fiscal, la corrupción. Corrupción que en este país cuesta algo más de 87.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia; cifra confirmada por algunas universidades. Dinero desvalijado por corruptos que provocan una pobreza que aumenta entre nosotros.

En la vieja y desnortada Europa a final de 2015, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, había 119 millones de europeos pobres o en riesgo de exclusión social. Casi un 24% de población, casi la cuarta parte. El dato incluye a quienes están en riesgo de pobreza, sufren privaciones materiales severas o viven en familias con muy escaso empleo o ninguno. Según Eurostat, la pobreza ha disminuido algo, pero poco, muy poco, y la erradicación de la pobreza es lenta y desigual. Para muestra, tres países europeos donde más de un tercio de población es pobre o está en riesgo exclusión social: Bulgaria (41% de población en pobreza), Rumanía (37%) y Grecia (casi 36%).

¿Que dijo Ban Ki Mon? Que poco o recortado acceso a la salud y educación es pobreza. Pues bien, de Guindos, ministro de economía español en funciones , augura más pobreza cuando asegura que el próximo Gobierno recortará ¡26.000 millones de euros en dos años! Para reducir el déficit. Y sabemos por experiencia que los recortes significan peor atención sanitaria, peor educación, peores servicios sociales… Más pobreza.

Y, para que no haya duda de qué soporta la ciudadanía, el iniciado juicio por corrupción masiva del llamado caso Gürtel desvela una insolidaridad criminal y una vergonzosa y criminal apropiación indebida por la codicia rapaz de los corruptos y sus cómplices que ha despojado a la ciudadanía. Un tal Correa, creador de la trama delictiva corrupta, ha contado que muchas empresas y grandes constructoras (OHL, ACS y Dragados entre otras) financiaron al Partido Popular y sus campañas electorales con dinero negro a cambio de obtener contratos de Fomento, Medio Ambiente… Dinero negro y delictivas adjudicaciones de obras y servicios públicos, más fraude sistemático a la Seguridad Social y evasión de impuestos, suman esos 87.000 millones de euros robados al pueblo trabajador de este país. Los delitos de los corruptos, además de los fraudes citados, son cohecho (en la calle se llama soborno) y prevaricación (decidir un funcionario o político algo injusto a sabiendas). Quienes perpetran esos delitos roban lo que pertenece por derecho a la ciudadanía.

De disponer el Estado de esos 87.000 millones de euros saqueados por corruptos, sanidad, educación o atención a los dependientes y otros servicios sociales no habrían sufrido losenormes recortes presupuestarios sufridos y todo estaría mejor. De no haber sido robada esa enorme cifra por corruptos y cómplices, no se habría recortado el estado del bienestar.

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Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

Desigualdad, una amenaza creciente muy peligrosa

El economista Alejandro Inurrieta considera que la situación política europea (salida del Reino Unido de la Unión y avance electoral de partidos fascistas) ha librado a España de una multa milmillonaria por sobrepasar el déficit impuesto por la Unión Europea. Pero no cabe cantar victoria, porque esa condonación no sale gratis. España deberá recortar 10.000 millones de euros de los presupuestos estatales (aunque en verdad son 15.000) y estará en el punto de mira de los burócratas de Bruselas.

La constante rebaja de salarios desde hace años, la demostrada pérdida de valor adquisitivo de las clases trabajadoras y la exigencia europea de recortar gastos sociales para rebajar el déficit público aumentan y aumentarán la desigualdad en España. La brecha entre ricos y pobres crece y así, en España, un reducidísimo 1% de población (menos de medio millón de individuos) posee más riqueza que el 80% del país (37 millones de personas). En 2015, en España, el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó un 15%, mientras la riqueza del 99% de población (muchos millones) caía un 15%. Y no es casualidad, mientras los presidentes de empresas del IBEX35 cobren casi 160 veces el salario medio de un trabajador. Y medio millón de niños se quedan en España sin beca de comedor en verano, según denunció Educo. Por cierto, un tercio de la infancia española está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero, además, 40% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos o pagos a plazos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, según Eurostat, quienes están en riesgo de pobreza en España (casi 29% de población) no pueden ir de vacaciones una semana al año; ni comer carne, pollo o pescado cada dos días; ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; tampoco pueden tener teléfono, televisor ni lavadora y se retrasan habitualmente en pagar hipoteca o alquiler, el gas y la electricidad. Porque así se manifiesta la pobreza en España, pobreza que aumenta con la desigualdad. Desigualdad demostrada cuando 20 familias más ricas del país acumulan más patrimonio que 14 millones de personas corrientes. La desigualdad crece, pero no solo en España; también América Latina, Asia y África. Los datos implacables muestran que la desigualdad aumenta en todo el mundo.

En América Latina durante una década gobiernos progresistas se enfrentaron a la desigualdad y la redujeron. Pero el poder capitalista contraatacó y Argentina y el parlamento de Venezuela, por ejemplo, cayeron de nuevo en manos de los servidores de la minoría rica privilegiada, hacedores de desigualdad y pobreza, junto a Perú, Chile, Brasil… Branko Milanovic, economista estudioso de la desigualdad, asegura que ésta es un problema muy grave desde 1980. Precisamente cuando empezaron las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes de gasto público social.

Según el informe de riqueza global de Crèdit Suisse, no llegan a 39 millones (0.5% de población) los multimillonarios y billonarios que poseen algo más de la tercera parte de todos los activos financieros del mundo. Solo 39 millones entre 7.200 millones de habitantes. Mientras el 90% de población mundial apenas accede a la quinta parte de la riqueza global. La desigualdad muy alta en el mundo, cuenta Milanovic, aumenta a pasos agigantados en países ricos (EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia…) y los llamados en desarollo o emergentes (Rusia, China, India, Sudáfrica…)

Tras la crisis de 1929, reformas y controles del capital e impuestos justos y progresivos propiciaron que la riqueza se distribuyera con mayor equidad. Pero desde los ochenta del siglo XX, los capitalistas vuelven a las andadas y la desigualdad aumenta sin cesar. Cuando estalló el colapso financiero de 2008, los estados solo ayudaron (y muy generosamente) al 1% más rico, no a la gente corriente, que es mayoría. La economía real se frenó (y ahí sigue) mientras la cuarta parte de población mundial ve empobrecer su vida.

¿Quieren saber que es desigualdad? Que sólo 62 personas (los pasajeros de un autobús) posean la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.700 millones de personas. Lo denuncia Oxfam en su informe Una economía al servicio del 1%. Hace cinco años esos súper-ricos eran 388 personas. Pero cada vez son menos, poseen más riqueza y tienen más poder, mucho más poder.

Habrá que hacer algo, porque, con la que está cayendo, la Unión Europea insiste en que el nuevo gobierno del Reino de España deberá hacer más recortes para no superar el déficit impuesto del 3%. Da igual que aumenten injusticia y pobreza. Ellos no lo van a notar.

 

Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12.000 millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el Gobierno alemán considera que habrá acuerdo con un trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo es sancionado por abusar y perpetrar irregularidades el Deutsche Bank. El Bank of America pagó 16.650 millones de dólares por ilegalidades varias. JPMorgan Chase fue sancionado con 13.000 millones y Goldman Sachs pagó 5.100 millones. Mientras en Europa también hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. En ese oscuro mundo financiero no se salva nadie. Porque es oscuro. Peligroso y alarmante.

Pero Deutsche Bank es hoy emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Tal vez por eso una acción del poderoso banco alemán vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Otro exponente de severos problemas es que, por ejemplo, el año pasado el Deutsche inició la reestructuración para reducir 35.000 empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en diez países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12.000 millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan solo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por el presunto delito de apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, altos dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria desveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extraordinarias de los miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25.000 euros anuales, pero que no existía para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos quince millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería, incluso tratamientos de belleza… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y escandalosas opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129.000 ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200.000 accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas. Por ello también dirigentes de la entidad han de responder ante los jueces.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, Bankia entre ellas, con dinero público. El que sale de los impuestos de españoles y españolas. Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecar el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, a día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5% del rescate bancario según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras por más de 53.000 millones de euros. Pero solo se han recuperado 2.686 millones: menos del 5%, en realidad 4,9%. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario de la ciudadanía y de que pueda vivir con dignidad. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude y elusión fiscal que debilitan y entrampan a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre cuando hay una especulación desaforada sin el menor control.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, de no plantarle cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.