Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

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El capitalismo perjudica seriamente la salud

En la vieja Europa se dispara una alarma. Ha llegado el ébola. En Madrid, una enfermera que cuidó a un sacerdote enfermo de esa fiebre hemorrágica letal ha contraído la enfermedad. El ébola ha saltado de la empobrecida África a la desarrollada Europa.

Más allá de los miedos de los países desarrollados, ébola, malaria, sida, cólera, sarampión y el mismo ébola matan en silencio a millones de personas. Especialmente en África. Millones.

En 1976 se identificó el virus del ébola como causante de una enfermedad especialmente peligrosa, pero 38 años después, la enfermedad sigue ignorada por los países desarrollados y no se sabe de nadie que investigue en serio para curarla o prevenirla. Mientras aumentan los infectados y los muertos. Pero curar esa dolencia, ni las otras citadas no es negocio, por ahora, por eso no se investiga o se investiga poco.

Las grandes empresas farmacéuticas no tienen interés alguno en hallar medicamentos y vacunas contra las letales enfermedades que azotan a los países pobres. Pero gastan en publicidad y mercadotecnia el doble de lo que invierten en investigación y desarrollo.

Que el espíritu y voluntad del muy capitalista sector farmacéutico es conseguir cuantos más beneficios, mejor y nada más, lo ratifica el consejero delegado del gigante de los medicamentos, Bayer, Marijn Dekkers: “Bayer desarrolla medicamentos para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”. Más claro, agua cristalina.

La negligencia y abandono de investigaciones contra enfermedades de los pobres tiene que ver directamente con la búsqueda de beneficios. Los pobres no pueden pagar las medicinas que les curarían y, por tanto, no hay negocio.

La mortandad por enfermedades que castigan sobre todo a países empobrecidos tiene mucho que ver también con los ‘ajustes estructurales’ a los que obliga el Fondo Monetario Internacional si los estados africanos, por ejemplo, quieren obtener créditos del Banco Mundial. Esos ‘ajustes’ son especialmente privatizaciones de lo público y rebajas de gasto social, especialmente en sanidad. Mientras la Organización Mundial de la Salud indica que el gasto público mínimo en sanidad pública ha de ser un 15% de los presupuestos generales, en África la media es un 5%.

Otra actuación capitalista es crear enfermedades que solo existen en la codiciosa voluntad del sector farmacéutico. Las farmacéuticas presentan como enfermedades procesos naturales de la vida humana como menopausia, timidez, tristeza por hechos o pérdidas dolorosas o pérdida de potencia sexual a partir de cierta edad. ‘Enfermedades’ que han de medicarse, claro, y no con fármacos baratos. Para lograr ese engaño universal, cuentan con la persuasión o soborno de algunos médicos y sobre todo con enormes inversiones en mercadotecnia y publicidad para enredar al público, haciéndole creer que problemas vitales normales son patologías que se curan con píldoras.

El psiquiatra estadounidense Allen Frances ha declarado como práctica funesta también la creciente medicalización de la vida en psiquiatría. Por su parte, el Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, ha denunciado que “grandes farmacéuticas han cancelado sus investigaciones de antibióticos porque curan a la gente y esas empresas no quieren curar a la gente sino vender fármacos que haya que tomar toda la vida”. Es otro gran fraude de uno de los sectores más potentes del sistema, el farmacéutico, que muestra claramente su innegable amoralidad.

Que el sector farmacéutico es capitalismo puro lo indica que, en la lista de las 500 mayores empresas del mundo, los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superan los de las otras 490 empresas de esa relación. El remate de la calaña del capitalismo a partir de ese potente sector lo expresa la monja y médico internista catalana, Teresa Forcades, quien, en su obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas afirma que “en 2000 y 2003, la casi totalidad de grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de Estados Unidos, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2 billones (anglosajones ) de dólares de multa. En cuatro casos las farmacéuticas implicadas (TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer) reconocieron su responsabilidad en actuaciones criminales que pusieron en peligro la salud y vida de miles de personas”.

Por tanto es completamente correcto del todo asegurar que el capitalismo perjudica seriamente la salud.

Hablamos de rendir cuentas, de justicia

“Bush deja el país hecho trizas. Con tres dígitos más de paro (7,2 %), un millón más de pobres, seis millones más de ciudadanos sin cobertura sanitaria, un déficit presupuestario de un billón de dólares (cuando su antecesor dejó un superávit de 200.000 millones) y una recesión económica de profundidad insondable. No es cuantificable la cuenta ya conocida de los desperfectos en la imagen de EEUU, en el Estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos y en la moral de sus conciudadanos”.

 

A este resumen de la presidencia de Bush del periodista Lluís Bassets cabría añadirle dos guerras terribles con muchos muertos civiles (las de Afganistán e Irak), que Bush impulsara un militarismo desatado (el conglomerado armamentístico ha obtenido ganancias obscenas durante la presidencia de Bush); que introdujera el nefasto concepto de ‘guerra preventiva’ contra todo derecho y civilización; que arrasara el derecho internacional y la legislación de regulación de conflictos; que mintiera a mansalva para invadir Irak; que autorizara la tortura, los secuestros y ejecuciones sumarias; que se negara a firmar el protocolo de Kyoto e impidiera cualquier propuesta decente para reducir la contaminación y el calentamiento global…

 

Y, por el contrario, no se halló arma de destrucción masiva alguna; no se ha detenido a Osama bin Laden ni a ningún alto dirigente de Al Qaeda; no hay paz ni democracia en Irak; no hay paz ni apenas democracia en Oriente Medio; no hay más seguridad en Estados Unidos ni tampoco en el resto del mundo… El informe del Pentágono del mes de diciembre sobre terrorismo alerta sobre el crecimiento de Al Qaeda y organizaciones afines en el norte de África, más actividad terrorista en Afganistán, Pakistán y en la frontera de ambos países…

 

Pero no se trata de hacer hoy un balance del que muchos analistas e historiadores consideran el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. La cuestión es que en un mundo civilizado y democrático es imperativo rendir cuentas por las decisiones, acciones y omisiones que comportan consecuencias terribles, así como por toda transgresión de la ley. Nacional o internacional. ¿Rendirá cuentas Bush?

Preguntado el presidente Obama sobre las responsabilidades de Bush y una posible investigación sobre violaciones de las leyes en su presidencia, respondió que “no creo que nadie esté por encima de la ley”, pero añadió que “necesitamos ver hacia delante en vez de mirar hacia atrás”.

 

Más allá de que tal respuesta sea simplemente diplomática o pueda ser considerada frase retórica, es más justo lo que ha escrito el Nobel Paul Krugman al conocer esa respuesta de Barack Obama: “Si no averiguamos lo que ocurrió durante los años de Bush, significa que quienes tienen el poder están por encima de la ley, pues no enfrentan consecuencia alguna si abusan de su poder (…). Una investigación seria de los abusos en la era de Bush convertiría Washington en un lugar incómodo para quienes abusaron del poder y para quienes actuaron como sus procuradores o apologistas. (…) Pero si cubrimos superficialmente los abusos de los ocho años pasados, garantizaremos que ocurran de nuevo”.

 

El cambio que encarna el nuevo presidente de Estados Unidos desde que inició su campaña electoral significa muy especialmente recuperar el respeto incondicional a los principios esenciales de la democracia, a los derechos humanos y a la ley, como expresión concreta de esos principios. Y ese respeto supone la imprescindible rendición de cuentas. Rendir cuentas por los actos cometidos o por las omisiones consentidas.

 

En última instancia se trata de rescatar la memoria de lo ocurrido del olvido. La memoria de lo hecho, de lo perpetrado, del sufrimiento causado. Y no es poesía, porque, como ha dicho en alguna ocasión el subcomandante Marcos del Frente Zapatista de Liberación, “la memoria es como acá llamamos a la justicia”. Entonces hablamos de justicia, no de otra cosa. Es la hora de la justicia. O no habrá cambio de verdad.

 

Por más que Estados Unidos no ratificara la Corte Penal Internacional, una nueva era y la sincera voluntad de cambio obligan a restaurar la justicia. Porque, además de otras transgresiones y violaciones de la ley, estamos hablando de posibles crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad. Y esos crímenes no prescriben.