Empleo, paro, recuperación y pobreza en el Reino de España

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en un acto del Partido Popular presentó a España en un ataque de euforia como “un ejemplo de recuperación económica”. Si recuperarse es volver a adquirir lo perdido, es difícil aceptar que este país se haya recuperado.

Salvo que recuperarse signifique que las rentas del capital casi doblen a los salarios en un escenario de tozuda alta tasa de paro y creciente precariedad laboral. Según la Contabilidad Nacional de este inicio de año, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, los beneficios empresariales de enero a marzo aumentaron 6%. Se habrán recuperado los grandes empresarios, pero los salarios se redujeron 6.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Eso no es recuperarse.

Tal vez España sea más rica en frías cifras generales, pero españoles y españolas son cada vez más pobres en realidades concretas. Según el FMI, el PIB de España crecerá este año 25.000 millones de euros más que en 2008. Pero solo lo notarán las altas finanzas, grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones multinacionales. La gente común, las familias, han perdido y pierden ingresos y llevar una vida digna es más difícil. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela el avance de la pobreza en España que ya afecta a más del 22% de hogares. Los ingresos de más de cuatro millones de familias no llegan a 8.200 euros anuales y mucha gente cae por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza afecta a más de la tercera parte de familias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura y en el resto de comunidades se escampa. Más de un tercio de hogares no puede afrontar gastos imprevistos y a un 16% de familias les es “muy difícil llegar a fin de mes”. Esas familias a las que no les alcanza el dinero ya son casi tres millones, mientras la pobreza energética afecta a unos dos millones de familias que no pueden tener la casa a temperatura adecuada. Menos mal que llega el tiempo veraniego.

En resumen, los que antes de 2009 lo pasaban mal hoy lo pasan mucho peor. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, infancia y mayores de 50 a 64 años (abandonados en tierra de nadie) sobre todo.

Ha bajado la cifra del paro, pero la vida de las clases trabajadoras no mejora. Tanto es así que incluso la muy neoliberal Comisión Europea reconoce que el crecimiento de España, tan jaleado, no ha reducido nada la creciente e incesante desigualdad y pobreza, al tiempo que pobreza y exclusión social en este Reino son de las más alarmantes de la Unión Europea. Sin olvidar que los trabajadores pobres, los que tienen empleo, pero no dejan de ser pobres, han aumentado hasta el 15% del total de quienes tienen empleo. Por ejemplo, becarios, contratados por horas, fijos discontinuos, falsos autónomos…

Hay algo menos paro en frías cifras, pero no mejor vida. Demasiadas personas encadenan varios empleos de miseria para conseguir ingresos mínimamente dignos. No es de extrañar cuando, según informe del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), casi la mitad de asalariados del Reino de España cobra menos de mil euros mensuales. No mil sino ‘menos de’, lo que puede llegar a ser muy poco. Según la Encuesta de Población Activa, se ha creado empleo precario. Por ejemplo, desde hace ocho años los contratos a tiempo parcial aumentan sin parar. Y con contratos temporales parciales no hay modo humano de vivir con dignidad. Eso no es crear empleo, eso es escampar la pobreza y repartir la penuria.

Por otra parte, los salarios suman actualmente 30.000 millones de euros menos, sin embargo los beneficios del capital aumentaron 14.000 millones. Antes de 2009, los salarios eran el 50% del PIB, la riqueza anual generada. Hoy solo son el 46%. La pretendida recuperación afecta a pocos; en realidad la llamada recuperación no es otra cosa que transferencia de rentas de los trabajadores a la clase capitalista, las élites. Ellos se han recuperado con creces, pero a costa de los demás por reformas laborales, bajos salarios y recortes sociales.

No hay recuperación que valga si no se recupera la mayoría de la gente. No hay recuperación si la inmensa mayoría no puede llevar una vida digna.

Anuncios

Sin vida digna para todos, la recuperación es una paparrucha

El gobierno, cómplices, secuaces y aliados entonan incesante el magnificat de la creación de empleo. Y parece que hay más empleo, pero ¿qué empleo? No es oro lo que reluce. No se recupera tanto empleo como se alardea y la mayoría de empleos son precarios, inseguros, de corto vuelo y salario miserable. Por eso ya hay un 15% de asalariados pobres. Y en aumento.

Lo cierto es que demasiada gente soporta una vida difícil. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) afirma que hoy hay 3.720.297 personas en paro inscritas en sus listas a la espera de un trabajo, pero no son todos los parados. Y la Encuesta de Población Activa (EPA) dice que los desempleados son 4.574.700. Pero esa tampoco es toda la verdad.

Datos oficiales indican que en España hay 33.385.425 personas en edad laboral, de 16 a 64 años, y personas con empleo, dadas de alta en la Seguridad Social, son poco más de 17 millones. La diferencia son 15 millones, que no son parados, pues hay que restar las personas fuera del mercado laboral por causas diversas. Estudiantes, discapacitados con pensiones reducidas, pre-jubilados a los 60 años o antes… Pero entre todos y algunos más no reducen la resta a cuatro millones y medio, porque los números de la EPA siguen sin ser ciertos.

La encuesta sobre el paro no cuenta quienes no tenían empleo la semana anterior a la consulta ni quienes no lo tienen en las dos semanas siguientes. Ni figura como empleado quien tiene un trabajo que dejará de tener en una semana. Por otra parte, los asalariados parados que hacen cursos de formación profesional no cuentan como desempleados. Ni se cuentan las personas que han desistido de buscar empleo, tras años de no encontrarlo. Una situación que no aparece en las encuestas. Las cifras oficiales de paro en España no responden a la realidad. La gente sin trabajo remunerado es bastante más que la reconocida, porque la EPA no lo cuenta todo.

Que economía y mercado laboral no van tan bien como pretenden lo muestran, por ejemplo, los miles y miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a 1.200.000 trabajadores en los cinco años de reforma laboral del PP. El Ministerio de Empleo informó que de 2012 a 2016 se presentaron 90.000 expedientes de regulación de empleo. Expedientes que provocaron 236.000 despidos y algo más de 730.000 suspensiones de contratos. A ese casi millón de afectados cabe añadir 228.000 trabajadores a los que se les redujo la jornada y, por tanto, el salario. Curiosa recuperación.

Es esclarecedor que en 2016 el PIB creciera un 3,2%, pero algo más de 3.600 empresas presentaron unos 4.900 ERE, que supusieron 22.200 despidos, 44.000 suspensiones de contrato y unas 7.600 reducciones de jornada laboral. Más de 70.000 trabajadores afectados, sin contar despidos puros y duros o contratos de semanas, días e incluso horas. Que las cifras económicas oficiales poco o nada tienen que ver con la vida real de la gente se ve en el sector turístico, por ejemplo. El aumento de turistas, del que tanto presume el gobierno, no repercute en la situación real de los trabajadores y trabajadoras. Y sí, han venido más turistas, que han ocupado más plazas hoteleras, pero ese aumento no se ha traducido en más empleos ni ha beneficiado a los trabajadores del sector con mejores salarios. Pues mientras los turistas aumentan un 20% desde 2008 y un 9% lo hacen las plazas hoteleras, los empleos del sector hotelero son casi los mismos de hace ocho años. Solo se ha computado un ridículo 0,63% de aumento de empleo, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. El mismo número de trabajadores para atender a muchos más turistas con los mismos salarios o menos. Quienes se recuperan son algunas empresas, no la gente trabajadora.

Las grandes cifras económicas no interesan salvo que supongan una vida mejor para el pueblo trabajador. Una vida digna. Llegar a fin de mes sin agobios; alimentarse bien; poder afrontar gastos imprevistos sin zozobras; mantener el hogar a temperatura adecuada (sin temer un sablazo de electricidad o gas); levantarse por las mañanas sin temer la incertidumbre del día… El colmo sería que la gente asalariada pudiera ahorrar algo. Pero ¿cómo se ahorra con salarios de 700 euros o menos?

Sin vida digna para la gente, lo demás son paparruchas.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

Las deudas ilegítimas no se pagan

Si los gobiernos esgrimen la deuda para perpetrar sus planes de austeridad (que son violaciones sistemáticas de derechos económicos y sociales), la ciudadanía ha de exigir que se hagan auditorías de la deuda para determinar si la deuda es legítima. O no. La auditoría determina quién contrajo la deuda, con quién, para qué, con qué plazos y condiciones, con qué interés y qué proporción tiene esa deuda respecto a la riqueza del país. Las auditorías han de responder a las cuestiones de cuánto se debe, por qué se debe y a quién se debe.

Hablemos de Grecia, caso esclarecedor. Como sabemos, los planes de austeridad impuestos por la Comisión Europea y el FMI precipitan a la inseguridad y a la pobreza a gran parte de la ciudadanía griega. Mientras, según el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo, el gobierno griego es el ejecutivo europeo que más gasta en defensa respecto a su producto interior bruto: 4% en 2009.

Mientras se ejecutan los mayores recortes de derechos sociales y económicos de Grecia en la historia reciente, el gobierno griego compra 6 fragatas FREMM  y varios helicópteros de combate SAR a Francia, así como submarinos a Alemania. Miles de millones de euros. Una deuda que Alemania y Francia exigen que se pague. Al precio de que millones de griegos sufran y sufrirán durante años por los recortes de sus derechos.

¿Saben qué respondió el ministro de defensa de Francia al diputado François Cornut-Gentille que preguntó si se mantendría el pedido de armamento del gobierno griego a Francia?

Ninguna de las medidas de restricción presupuestaria adoptadas en marzo de 2010, cuando intervino la Unión Europea, debe afectar al presupuesto de compras del ministerio de Defensa griego.Por tanto, las negociaciones para la compra de fragatas FREMM y helicópteros SAR siguen vigentes”.

Tras tal barbaridad (y aún sin insistir en que una parte de la enorme deuda griega es por el juego sucio y los engaños del anterior gobierno, perpetradas con la complicidad necesaria de la banca Goldman Sachs), hay que concluir que la deuda griega es ilegítima.

Si las constituciones democráticas no son papel mojado, gran parte o tal vez todas las deudas públicas pueden ser ilegítimas. Porque nada justifica la violación sistemática de derechos fundamentales de los ciudadanos que el pago de la deuda provoca. En España, el artículo 10,2 de su Constitución dice que “las normas referentes a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de los Derechos Humanos”.

¿Qué significa? Significa que si “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana” (artículo 23,3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Previamente (artículo 23,1) se ha dejado claro que “toda persona tiene derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, más los gobiernos de Grecia, España, Portugal… son analfabetos funcionales, porque no comprenden un rábano de lo que leen. ¿Qué parte de la legislación de derechos humanos no han entendido?

Toda deuda cuyo pago suponga violaciones sistemáticas de derechos humanos de la ciudadanía, o de parte de ella, es ilegítima. Contraer una deuda por haber rebajado o suprimido impuestos a quienes más poseen (lo que conlleva reducir ingresos y que el Estado se endeude más de lo admisible) y además pretender hacer pagar la deuda a la ciudadanía, la convierte en ilegítima.

¿Y qué hacer con la deuda ilegítima? En un blog de economía y finanzas, el Blog Salmón, se apunta que “cuando Argentina dejó de pagar su deuda hace diez años, el país se convirtió en un paria (…) y vivió una profunda crisis interna. Pero su economía se recuperó rápidamente y experimentó un rápido crecimiento gracias al impulso de la competitividad (…). Lo mismo ocurrió en Rusia en 1998 y Ecuador en 2000. Los impagos de deuda soberana han sido bastante frecuentes en la historia. Una lección a tener en cuenta para defender que el impago masivo puede ser la mejor opción cuando la alternativa a la vista es la inacabable austeridad y el desempleo”.

Esta claro, ¿no?

Hay que enhebrar de una vez el hilo en la aguja

Por un lado, la minoría privilegiada impone austeridades y reducciones del déficit a cualquier precio, más impunidad del mundo financiero, reformas laborales para debilitar a los trabajadores y servilismo de los gobiernos.

Por otro, la inmensa mayoría de ciudadanos que necesita que se cree empleo, que no nos carguemos la Tierra, que disminuya la desigualdad, que se reparta la riqueza, por lo menos una parte…

Hay un claro enfrentamiento entre la minoría privilegiada y la inmensa mayoría ciudadana. La minoría defendiendo sus obscenos e ilegítimos intereses. Y la mayoría, su indiscutible justo derecho a una vida digna. Por eso, al encarar la crisis y sus consecuencias es preciso determinar si las personas y sus derechos son referente de las propuestas que pretenden resolver la maldita crisis. Quizás suene ingenuo, pero ¿acaso la Declaración Universal de Derechos Humanos es sólo un adorno? Por supuesto que no. Y no nos engañemos, no es el  objetivo: es el camino. Por eso la crisis y cómo resolverla es cuestión de derechos humanos. O no hay solución.

Así, Bill Mitchell, profesor de Teoría Económica de la universidad de Newcastle (Australia), denuncia que “los gobiernos del mundo, azuzados por financieros, FMI, OCDE y G20 van en estampida para ejecutar programas de austeridad y controlar déficits. Pero en toda la propaganda huera sobre austeridad se pierde de vista el verdadero problema. Porque miles de niños morirán como resultado de las necias políticas de austeridad fiscal, únicamente pensadas para satisfacer a las élites sociales ricas”.

O, como denuncia Intermón Oxfam, podríamos añadir también que diariamente uno de cada seis habitantes del mundo no sabrá si ese día comerá. O que en los países del euro ya hay más de 15 millones de desempleados. También que una de cada cuatro jubiladas españolas está condenada a la pobreza. Que… Suma y sigue. La crisis sin resolver es pisotear derechos humanos de millones de personas.

Pero, además de insolidaria e injusta, la minoría privilegiada es necia (del latín nescio, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar) y su codicia es estúpida (necia, falta de inteligencia), porque no se percatan de que sus recortes y austeridad de hoy es apostar por el desastre enseguida. Incluso el New York Times dice en un reciente editorial que “a ese súbito entusiasmo por la austeridad fiscal, especialmente en economías fuertes, le saldrá el tiro por la culata, condenando a Europa a muchos años de estancamiento o algo peor. Y Estados Unidos corre el mismo riesgo enorme. Los Demócratas han abandonado el estímulo económico y la creación de empleo por la verborrea contra el déficit”.

Costas Lapavitsas, investigador del Research on Money and Finance de Londres, ha diagnosticado que “todo conduce al viejo error de reducir el gasto público antes de que la economía se recupere. Ese resurgir conservador está directamente relacionado con los intereses financieros, los mismos que nos metieron en la crisis. Callaban cuando fueron rescatados por los estados, pero ahora dictan la política en Europa. Ese calvinismo tan alemán de la austeridad es muy peligroso y puede arrastrar a Europa a un estancamiento muy prolongado”.

Para acabar de rematar ese pésimo envite, resulta que el problema no es el déficit de los Estados; un déficit que, por cierto, los Gobiernos contrajeron para salvar a los bancos. Esos mismos bancos rescatados que, cómplices con los “mercados”, ahora mienten, siembran rumores, chantajean y especulan sin piedad. No permitáis que os engañen: el verdadero problema es la deuda de bancos de unos países con bancos de otros. Los bancos no se prestan entre sí, porque se deben mucho unos a otros y no se fían ni un pelo unos de otros. ¿Y que han hecho con ese dinero prestado que se deben unos a otros? Casi siempre especular. Y, como ahora no tienen liquidez, no hay crédito. Y sin crédito la economía real no funciona.

Por tanto, si además de explotadora, codiciosa e injusta, la minoría privilegiada es necia, no esperemos que los de arriba resuelvan la crisis. “Los de arriba” son gobiernos, instituciones económicas nacionales e internacionales más bancos y “mercados”, fundidos en un totum revolutum impresentable.

Somos nosotros (ciudadanos, asalariados, capas populares: la inmensa mayoría) quienes hemos de poner el hilo en la aguja. De momento, resistir, informarse, saber y debatir. Para no perder pie, para saber dónde estamos.

Y, cuanto antes, mejor que más tarde, volver al trabajo ciudadano colectivo, pasar de la resistencia a la acción. Sin dejar de ayudar a quienes estén peor que nosotros. Con imaginación, con decisión, con tenacidad y sin ira. Sin ninguna ira. Sin dejarnos llevar por emociones encontradas, que suelen ser pésimas consejeras.

O tomamos la iniciativa o no salimos de ésta.