Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12.000 millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el Gobierno alemán considera que habrá acuerdo con un trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo es sancionado por abusar y perpetrar irregularidades el Deutsche Bank. El Bank of America pagó 16.650 millones de dólares por ilegalidades varias. JPMorgan Chase fue sancionado con 13.000 millones y Goldman Sachs pagó 5.100 millones. Mientras en Europa también hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. En ese oscuro mundo financiero no se salva nadie. Porque es oscuro. Peligroso y alarmante.

Pero Deutsche Bank es hoy emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Tal vez por eso una acción del poderoso banco alemán vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Otro exponente de severos problemas es que, por ejemplo, el año pasado el Deutsche inició la reestructuración para reducir 35.000 empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en diez países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12.000 millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan solo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por el presunto delito de apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, altos dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria desveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extraordinarias de los miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25.000 euros anuales, pero que no existía para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos quince millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería, incluso tratamientos de belleza… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y escandalosas opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129.000 ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200.000 accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas. Por ello también dirigentes de la entidad han de responder ante los jueces.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, Bankia entre ellas, con dinero público. El que sale de los impuestos de españoles y españolas. Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecar el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, a día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5% del rescate bancario según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras por más de 53.000 millones de euros. Pero solo se han recuperado 2.686 millones: menos del 5%, en realidad 4,9%. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario de la ciudadanía y de que pueda vivir con dignidad. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude y elusión fiscal que debilitan y entrampan a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre cuando hay una especulación desaforada sin el menor control.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, de no plantarle cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.

Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.