Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

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Lo que se le avecina a la ciudadanía europea si se aprueba el TTIP

Esta es la síntesis de lo que se le avecina a la ciudadanía si se firma el TTIP, el tratado que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde hace unos años.

Se suprimirán los derechos de huelga, sindicación y negociación colectiva. Rebaja o derogación de leyes positivas para el pueblo trabajador de la fase keynesiana del capitalismo europeo que han sobrevivido a la ofensiva neoliberal desde los ochenta en Europa. No olvidemos que Estados Unidos no acepta ni ha firmado seis de los ocho principales tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tampoco 175 de los 189 convenios de la OIT que protegen derechos laborales. Además, se destruirán un millón de puestos de trabajo, bajarán aún más los salarios y muchas empresas serán trasladadas a otros países. Desaparecerán muchas pequeñas y medianas empresas, incapaces de competir con las grandes y las corporaciones. Se privatizarán la sanidad, educación, administración pública, agua, transporte, gestión de residuos y las pensiones públicas y mucha gente no podrá aceder a servicios esenciales.

La producción de semillas y alimentos estará en manos de unas pocas multinacionales. Se impondrá una agricultura expansiva industrial que no atenderá las necesidades alimentarias de las regiones donde se establezca y eliminarán la agricultura ecológica. Habrá vía libre para productos transgénicos y se suprimirán las normas europeas de seguridad alimentaria. Se venderán alimentos agrotóxicos, hoy prohibidos en Europa, porque el ganado se tratará con hormonas, antibióticos y otros productos de considerable toxicidad. Habrá explotación excesiva de recursos naturales y supresión o rebaja de la protección del medio ambiente…

Y a todo hay que sumar la completa eliminación de los escasos controles que queden en el sector financiero. Los gobiernos no podrán regular, supervisar ni controlar al sector financiero y las pésimas consecuencias de la desregulación financiera que el TTIP busca harán posible el estallido de una enorme crisis que aboque a una recesión profunda y depresión que se lleven por delante toda la economía real. No es un delirio catastrófista. Es un peligro real.

Un peligro real como el que empezó a gestarse en 2007. En pueblos y ciudades de Estados Unidos, gente común que había conseguido abultados préstamos hipotecarios para comprar sus casas sin garantía alguna de solvencia dejaron de pagar sus cuotas de intereses y devolución de capital. Sencillamente no podían. ¿Qué hacer? Peces gordos de las finanzas vieron que millones de esas hipotecas no rendirían nunca y jamás serían devueltas. Eran hipotecas-basura. Entonces a los genios de la banca se les ocurrió esconder las hipotecas incobrables en títulos financieros, mezcladas con bonos rentables. Y crearon unos títulos de presunta alta rentabilidad con la bomba de acción retardada de las hipotecas-basura en su interior. Las agencias de calificación de solvencia les dieron excelente nota, las aseguradoras los aseguraron sin problemas y muchos bancos y entidades financieras los compraron y vendieron por millones en todo el mundo. La crisis estaba servida.

Entonces, un gran banco de inversión estadounidense, Lheman Brothers, pidió desesperadamente ayuda al gobierno federal porque sus cuentas tenían más agujeros que una canasta.  Habían especulado sin freno y se precipitaban al abismo de la quiebra. El gobierno federal dijo que se apañaran y Lehman Brothers se hundió. Puesta de largo de la crisis.

Esa es una escenificación de los frutos envenenados de la desregulación, de la ausencia de supervisión financiera y de la total falta de control de las transacciones financieras.

Tremendo, pues puede suceder de nuevo porque los acuerdos en finanzas, que negocian clandestinamente Estados Unidos y la Unión Europea en el TTIP, son más de lo mismo. No aprenden. Ancha es Castilla para el capital y el sector financiero. Y, por si alguien tuviera duda, la Comisión Europea proclama que “la libre circulación de capitales es uno de los principios fundamentales sobre los que se ha construido la Unión Europea y una de las libertades fundamentales de la UE”. Aberrante y preocupante, pero muy esclarecedor.

El TTIP que se negocia de ningún modo pretende la menor regulación ni control alguno de las finanzas ni de las transacciones especulativas. Apuestan por la financiarización total, convertir todo en activos para especular en el casino financiero en que han convertido la economía de la Tierra. A este paso, hasta el aire que respiramos será un activo para especular.

¿Comprenden porque hemos de conseguir que no se firme el peligroso tratado conocido como TTIP?

Un tratado depredador el que negocian EEUU y la Unión Europea

En Bruselas se negocia un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta hace poco, en secreto. En realidad, una patente de corso para grandes empresas y corporaciones, gran banca y fondos de inversión. El sueño de Al Capone: conseguir beneficios sin norma, regla ni control. Son muchos los daños y males que sufriría la ciudadanía con ese Tratado, pero citamos dos: extensión del fracking y resolución de controversias entre inversores y estados.

El Tratado busca horadar el suelo sin cortapisas ni molestas normas de protección del medio ambiente y la salud ciudadana. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo vertical y se inyecta a presión agua con arena y productos químicos para fracturar las rocas subterráneas que contienen gas o petróleo y favorecer su salida al exterior. Pero los productos usados son tóxicos y cancerígenos, además de dejar el subsuelo en condiciones irrecuperables y contaminar las aguas subterráneas. Con el Tratado, el fracking se extendería como una plaga por toda Europa.

Y la Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2.000 millones de dólares por su campaña anti-tabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.
Incluso el FMI reconoce que la resolución de conflictos entre inversores y Estado limita gravemente la capacidad de los Estados y debilita a los gobiernos para decidir lo necesario para los países. Pero se negocia.

Por otra parte, el Tratado se vende como solución a la crisis, pues dicen que aumentará el PIB un 1% y se crearán millones de puestos de trabajo. Falso. Un estudio de la propia Comisión Europea calcula que el crecimiento europeo solo será un 0,1%, y la competencia estadounidense perjudicará a los sectores agrícola, carne, fertilizantes, azúcar y metal. Y se destruirán millones de puestos de trabajo.

Susan George ha denunciado que el Tratado elimina los controles de regulación social y medioambiental; las normas que protegen a trabajadores y trabajadoras, a consumidores y a la naturaleza. Normas que las grandes corporaciones consideran obstáculos a eliminar porque se interponen en el aumento de sus beneficios.

Pero el Tratado no perjudica solo a la ciudadanía europea. Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), el sindicato más poderoso de ese país, ha denunciado que “esos acuerdos de comercio dejan en manos de las grandes empresas la política económica de Estados Unidos y buscan rebajar salarios al trasladar los empleos al extranjero”. Trumka asegura que el Tratado con la Unión Europea sigue el modelo erróneo del que firmaron EEUU, México y Canadá (NAFTA, en inglés). “Tras veinte años del NAFTA, sabemos que sus consecuencias son muy negativas”. Y, según Susan George, “el NAFTA provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, considerables bajadas salariales en Estados Unidos y trabajo semi-esclavo en México. Pero enormes beneficios para las élites empresariales”.

Trumka denuncia también que lo que busca este Tratado no son acuerdos comerciales, sino rebajar la protección del trabajador y del consumidor, así como reducir la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Priman los intereses privados sobre el bien común. Pero se ha constituido en Europa una respuesta: el Mandato de Comercio Alternativo, una alianza de más de cincuenta organizaciones de consumidores, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de comercio justo, agricultores, sindicatos y agencias de desarrollo. Una alternativa al Tratado donde las personas y el medio ambiente estén siempre por encima de los beneficios e intereses de las grandes corporaciones.

No es fácil, pero hay que detener ese Tratado y establecer el Mandato de Comercio Alternativo. Por el bien de todos.

Cuando el libre comercio es mentira y explotación

¿Cómo les suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque le obligan a poner en las cajetillas que el tabaco es malo (como está archidemostrado)? ¿O que una petrolera demande a una república porque un tribunal de la misma la condenó a limpiar los muchos residuos tóxicos que vertió en la Amazonia durante años? Ha ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador.

¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un mínimo control de capitales? Es Chile, que no puede controlar los capitales que se mueven en su territorio por prohibírselo un acuerdo comercial con Estados Unidos. También han esgrimido un acuerdo comercial Chevron y Philips Morris para sus indecentes e ilegítimas demandas.

Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un magno Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Y, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones. Y el secreto nunca augura nada bueno. Nunca.

El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de México, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y también en Estados Unidos y el acuerdo benefició de verdad a grandes empresas de ambos países, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así ha ocurrido en todos los países que han firmado acuerdos comerciales bilaterales.

Desde hace décadas, los países ricos ya no suelen ocupar militarmente los mal llamados países en desarrollo para colonizarlos. La ocupación militar para disponer de materias primas baratas y recursos naurales ha sido sustituida por tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados ha firmado, Estados Unidos, ha invadido manu militari varios países.

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es apoyar a las grandes empresas en los países receptores frente a las actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, esos tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales puedan incumplir las leyes nacionales. E impongan sus disolventes condiciones a la política económica del país receptor. Los tratados dicen establecer mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero el auténtico objetivo es crear entidades de arbitraje que tramiten las demandas de las empresas contra los estados, falladas mayoritariamente a favor de las empresas. Unos arbitrajes lejos de cualquier control democrático, por supuesto.

Ahora, ante la muy elevada probabilidad de que se firme el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, los lobbies de grandes empresas y corporaciones ya van a saco contra la que ellos llaman “politización de acuerdos comerciales“. Es decir, contra  la posibilidad de que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo legislen protegiendo a la ciudadanía y al medio ambiente.

Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen frontalmente a que en el acuerdo comercial se incluya la protección de derechos humanos y laborales. Porque lo que busca ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía, la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de muy caras demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más de contenido democrático a Europa.

Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Y sí de lo contrario, podríamos añadir. La dicha liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y algún otro, pero la mayoría de países ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos ellos, excepto en China. Y eso sin ahondar en la evidencia de que las comisiones internacionales de arbitraje no son nada fiables sinó todo lo contrario. Porque tienen también una puerta giratoria: sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés.

Cabe preguntarse pues, como ha escrito Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esa oscuridad informativa (que conviene a la minoría rica) es altamente perjudicial para la ciudadanía que se juega mucho. La aplicación del acuerdo tendrá un impacto muy negativo en los derechos, la justicia, el bienestar y una vida digna de la mayoría de ciudadanos.

En cualquier caso, como ha escrito Joseph Stiglitz, sabemos que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino imponer un comercio dirigido al servicio de los intereses de la minoría económica que ha dominado la política comercial de Occidente.

Si la ciudadanía no se espabila e impide ese acuerdo comercial, lo pagará caro.

Una estupidez suicida

Lo ocurrido en la central japonesa demuestra que la energía nuclear siempre es una imprevisible bomba de relojería. Japón no es Ucrania ni Fukushima, Chernobil, pero también ha ocurrido un grave accidente nuclear. Philip Grassman recuerda que “quien se apoya en la energía atómica ha de aceptar esos riesgos. Tan improbables como se quiera, pero nunca se pueden excluir. Hace 25 años un accidente nuclear en Chernobil afectó a cientos de miles de personas. Hoy el mundo se enfrenta a una situación similar, aunque la magnitud no sería comparable, porque el reactor de Fukushima está en una región mucho más poblada que la de Chernobil”. Sería mucho peor.

¿Occidente aprendió algo de Chernobil? Ahí está Europa apostando por la energía nuclear, prorrogando la actividad de viejas centrales nucleares. En Alemania, la presión ciudadana tras el accidente de Japón ha forzado a la canciller Merkel a ordenar desconectar los reactores más antiguos y paralizar la prórroga de vida nuclear decidida. Pero en España, el Gobierno no se apea de prorrogar la vida de viejas centrales nucleares y Francia, con decenas de reactores nucleares, quiere construir más.

¿Alguien puede garantizar que, con 437 reactores nucleares operativos en el mundo, no habrá nunca ningún accidente nuclear más? Y un accidente nuclear nunca es para echarlo a broma. Sin hablar de los residuos nucleares milenarios y de que, tal como asegura John Rowe, ejecutivo de Exelon, el mayor operador nuclear de Estados Unidos, “construir nuevos reactores ya no es rentable”.

En cuanto al petróleo como fuente de energía, los acontecimientos de África del Norte, guerra de Libia incluida, apuntan, como asegura Michael T. Klare, que “está claro lo que sucederá. No hay ninguna otra región capaz de sustituir a Oriente Medio como principal exportador de petróleo. La economía del petróleo se contraerá y con ella la economía mundial. El reciente aumento del precio del petróleo sólo es un leve temblor que anuncia el terremoto petrolero que vendrá. El petróleo no desaparecerá, pero en próximas décadas no alcanzará volúmenes necesarios para satisfacer la demanda prevista y, más pronto que tarde, la escasez pasará a ser la característica dominante”.

¿Alguien recuerda las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973? Inflación, inestabilidad económica, recesión… Pues fue de chiste comparado con lo que puede ocurrir si no se toman medidas. Lo que se avecina es menos petróleo disponible y más caro, más las consecuencias del accidente nuclear de Japón, medioambientales, de salud y, por supuesto, económicas.

Hay que hacer cambios que eviten o frenen lo que se nos viene encima. Es urgente. Por supuesto, los de siempre, quienes conforman lo que Marx denomina clase dominante y algunos llamamos también minoría privilegiada, no se apean del burro, porque no renuncian siquiera a reducir un tanto sus obscenas ganancias.

Ahora, como propone Stéphane Hessel, es buen momento para la rebelión civil no violenta que se enfrente a la dictadura financiera (camuflada tras el eufemismo de “mercados”). Y también para cuestionar un modelo energético y un modo de hacer que convierten la vida de la gente común en misión imposible. Y destruyen el planeta, aunque lentamente. Necesitamos energía, sí, pero no derrocharla como hacemos y menos aún una energía de fuentes contaminantes y devastadoras. Es buen momento para empezar a cambiar fuentes de energía, hábitos y conductas que nos llevan al desastre económico y ecológico.

Hacer frente a la crisis energética que viene se suma a luchar contra la crisis múltiple existente. Con un cambio no sólo de hábitos y prácticas sino de orden de valores. Recuperar la ética colectiva y solidaria. Y apostar por la rebelión civil pacífica. Nosotros, la ciudadanía, los dueños del poder político y la soberanía.

Como recuerda Hessel, “la primera década del siglo XXI ha sido un período de retroceso” de los muchos avances políticos y sociales logrados desde finales de la II Guerra Mundial. Pero también “nos encontramos en un umbral entre los horrores de esa primera década y las posibilidades de las siguientes”. Esa posibilidad de recuperar el terreno perdido depende de nosotros, ciudadanos y ciudadanas.