Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Propiedad, multinacionales y derechos humanos

M, vecino de Hospitalet de Llobregat, en España, fue despedido. Está casado y tiene una hija. La crisis. Agotó el subsidio de desempleo y luego sólo logró una pensión de 300 euros por sufrir depresión al no encontrar trabajo. No podía pagar el alquiler y ocupó con su familia un piso vacío de protección oficial en el municipio citado. El piso ocupado era propiedad de la Generalitat de Cataluña, que, lamentablemente, actuó como cualquier empresa privada a la búsqueda de beneficios. Adigsa, empresa pública que administra pisos de protección oficial, le pidió 9.000 euros a M por alquileres y, como no podía pagar, le anunciaron que lo desahuciarían, que lo echaban a la calle, vamos.

M pidió un mes de demora, pero le dieron la callada por respuesta, entonces fue al ayuntamiento de l’Hospitalet y pidió que los alojaran en un albergue, porque en la calle hacía mucho frío. No le atendieron. Un día antes del desahucio, a las cinco de la tarde, M salió de su casa con una cuerda al hombro y se ahorcó en el parque de las Setas del barrio del Gornal en Hospitalet de Llobregat.

En el primer año de la llamada crisis, con recortes, despidos y aumento creciente de desempleo, se iniciaron miles de desahucios. La gente perdía el empleo, no podía pagar la hipoteca o alquiler de la vivienda y los desahuciaban. A la calle. Entre 2008 y 2012, según informe de la Plataforma de Afectados por le Hipoteca (PAH) hubo casi 245.000 expulsiones de sus viviendas de gente, tanto por impago de hipoteca como de alquiler. Y, en el Reino de España, hubo en los primeros meses de crisis más de cuarenta suicidios asociados a desahucios, algunos, para que no hubiera dudas dejaron notas que explicaban la razón de recurrir a tan desesperada medida: quedarse en la calle. ¿Para qué demonios sirve la vigencia legal del derecho a la vivienda, a la vida digna que incluye, si se pasan por el arco del triunfo los derechos de la gente?

Tal vez el error fue incluir también en la Declaración de Derechos Humanos el derecho a la propiedad privada en el artículo 17. Sin matices ni aclaraciones. Como una patente de corso, pues parece incuestionable que empezaron los problemas cuando hace miles de años alguien marcó un espacio de tierra y dijo: Esto es mío. Desde entonces los derechos a una vida digna, al sustento, al trabajo a un techo digno… no casan con ese derecho a la propiedad.

¿Hay alguna razón digna de ser escuchada para que la propiedad sea prioritaria sobre el derecho a la vivienda y a la vida digna?

Vistas las maniobras para vaciar la democracia por grandes empresas y corporaciones, como aprobar los tratados bilaterales TTIP, CETA, TTP…, es evidente que han declarado la guerra a los derechos humanos de la gente. Relacionar desahucios y suicidios pudiera ser considerado extremo, pero esclarece responsabilidades y muestra la calaña de la depredación global que algunos insisten en llamar crisis. Es saqueo puro y duro. La mayoría ciudadana forzada al servicio de una obscena minoría. El imperio de la codicia sin freno.

Amenazas sobre la gente, tanto o más graves que lo narrado, se ciernen contra los derechos humanos de mucha gente y la protección de la Naturaleza. ¿Olvida esa minoría codiciosa que solo tenemos esta Tierra y sus recursos son limitados? Y no vale proponer emigrar a Marte, no por no factible (al menos todos o muchos), tampoco deseable, puestos a ser sinceros. Además, resolver los problemas de aquí en otro espacio suena a creencia religiosa; es la vieja fantasía de aguantar aquí y ser felices en otra vida mejor.

Pero aterrizando, son amenazas contra la gente y la Tierra los planes mineros, forestales, energéticos, eólicos, hidroeléctricos, termoeléctricos… en muchos países del antaño denominado Tercer Mundo. Planes de corporaciones denunciados por la ciudadanía, entidades indígenas y otros actores. Proyectos que supondrán obscenos beneficios para una reducida minoría de accionistas, ejecutivos, cómplices académicos, mediáticos y políticos, pero son un verdadero saqueo para la mayoría de ciudadanos en América Latina, África, Asia…

En la confrontación entre poder económico y derechos humanos de la gente, hay que estar con la gente. Otra opción sería ser cómplice de una injusticia repugnante y del desastre que nos amenaza.

No es cierto que salgamos de la crisis

En la pasada campaña electoral, PP y sus voceros pregonaron haber gobernado bien, que el paro disminuía gracias a sus ‘reformas’ y la economía iba viento en popa. Pero otra es la cruda realidad. Tal vez el PP y la ciudadanía vivan en dimensiones diferentes y no ven ni viven lo mismo.

Hace un año, Fernando Luengo nos recordaba, contra el coro laudatorio de economistas neoliberales, que no salíamos de la crisis. Aunque el producto interior bruto aumentara en 2014 un 1,4% y previsiones próximas apuntaran algún crecimiento. Pero endeble, ridículo. Aunque lo más importante, recordaba Luengo, es que la economía tal vez se movía (o arrastraba), pero la mayoría de población no se enteraba, no se recuperaba. El desempleo mantenía cotas históricas, casi todos los nuevos contratos son precarios y los salarios, bajos, muy bajos. Y nada ha cambiado para bien.

Es la trampa de las cifras macro-económicas, que poco tienen que ver con la realidad. Y ésta, implacable, muestra que la mayor parte de salarios se han estancado o disminuyen. Además de aparecer (y aumentar) los trabajadores pobres: los que no salen de la pobreza con empleo. Si se le puede llamar empleo. La precarización del empleo atribuible al PP ha provocado pobreza laboral generalizada. Según el Instituto Nacional de Estadística, algo más del 14% de trabajadores con empleo no superan el umbral de la pobreza. ¡Muy fuerte!

Las cifras de pobreza y desigualdad muestran que la presunta recuperación no llega a la gente. Porque la innegable realidad es que la crisis ha sido una ofensiva en toda regla de la minoría que detenta el poder económico contra la población. La ha empobrecido y privado de derechos esenciales, en exclusivo beneficio de las llamadas élites. El resto, música ambiental.

¿Qué ocurrió con los tres millones de empleos que el PP prometió? Agua de borrajas. Pero durante su gobierno sí se ha destruido el equivalente a 900.000 empleos, como documenta Enrique Negueruela. La Encuesta de Población Activa (EPA) oficial muestra que no hay recuperación real, como prueba que hoy se trabajen ¡33 millones de horas menos! La reforma laboral del PP ha destruido el equivalente a esos citados cientos de miles de puestos de trabajo a tiempo completo. Como demuestran esos millones de horas trabajadas menos. Además de que dos millones y medio de ocupados están subempleados en puestos de menor cualificación que la que poseen (cobrando menos, claro) o muchas menos horas de las necesarias para obtener un salario decente.

El paro bajó en mayo pasado casi 120.000 personas, dicen, pero fue la típica bajada primaveral, no por acción gubernamental alguna que fortalezca la economía productiva. Además de que los contratos indefinidos a jornada completa de los nuevos empleados no llegan a un ridículo 5%. Mientras el 92% (casi todos) son eventuales, temporales, precarios. Si eso es reducir el paro…

Y con tanto desempleado es vital saber qué ayudas reciben los parados, pues han de vivir. Y la cobertura a parados solo atiende al 53% de gentes sin trabajo. Es decir, un 47% de parados (casi la mitad) no recibe ayuda alguna.

Además de que son menos los desempleados que cobran prestación, menor es la que reciben, como documenta CCOO. En España hay casi dos millones de personas en paro excluidas del sistema de protección por desempleo (SEPE), según ese servicio, pero la EPA asegura que los desempleados sin ayuda son casi cuatro millones. El doble. Mucha gente. Los desempleados con subsidio apenas son la mitad de parados y las ayudas continúan bajando. El gasto para protección al desempleo en mayo bajó 10% respecto a 2015… y algo más del 40% respecto a 2012. Pero el paro de muy larga duración aumenta; según la EPA, ya es el 43%…

No hay motivo de alegría para la gente trabajadora ni esperanza de mejora en tiempo breve. La recuperación es una falacia. ¿Cuándo dejarán de mentir? Además de que lo que perpetra esta gente del PP va contra los principios y derechos propios de una sociedad civilizada y justa. Principios indiscutibles o reina la barbarie.

Principios como que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que todo individuo tiene derecho a la vida. Y, para asegurar ese derecho a la vida, tiene derecho a la seguridad social y satisfacer sus derechos económicos. Por lo que toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo.

¿Qué parte de esos derechos no entienden esos neoliberales?

La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.

La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Falacia de contraponer libertad y seguridad

Tras los asesinatos en la redacción de Charlie Hebdo, el presidente español Mariano Rajoy declaró que su gobierno protegería las libertades y perseguiría a los radicales. A los dos días, muchos policías patrullaban por Madrid, algunos armados incluso con fusiles. Ésa es su idea de proteger la libertad. Y parece que él y otros gobernantes europeos quieren utilizar el execrable atentado para reducir libertades, recortar derechos de la gente común y controlar más a la ciudadanía. Entrar a saco en Internet, intervenir teléfonos, más controles, menor papel de los jueces… Contra los terroristas, dicen. ¿Acaso éstos llevan alguna marca especial que los distingue de la buena gente? No la llevan, por lo tanto esas medidas nos afectarán a todos ¿Cuántos ciudadanos no verán vulnerados sus derechos por mera sospecha si se aprueban ciertas medidas antiterroristas? Ya hemos conocido situaciones análogas.

El antiterrorismo deviene un peligroso pretexto. A los gobiernos europeos les ha faltado tiempo para poner en cuestión la libre circulación de personas y maniobrar para que policía o servicios de inteligencia husmeen correos electrónicos y llamadas telefónicas sin control judicial. O sacar el ejército a la calle para vigilar las ciudades, como en Francia y Bélgica. Mientras los ministros de Interior de la Unión Europea acuerdan retocar el tratado de Schengen. Para reforzar la lucha antiterrorista, dicen. Schengen eliminó fronteras entre países de la Unión y ahora los mandatarios intentarán reponerlas de hecho. Grave retroceso para el derecho de libre circulación de las personas.

Pero en la vieja Europa los ramalazos autoritarios vienen de lejos. Hace varios años, al tiempo que Francia preparaba un paquete de medidas antiterroristas, tan equívocas y peligrosas como las que se barajan hoy, el entonces ministro de Interior británico, Charles Clarke, amenazaba a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con reducir a nada la Convención Europea de Derechos Humanos si no ajustaban sus sentencias a la política antiterrorista defendida por su gobierno. ¡Muy democrático!

Otra medida del gusto de los mandatarios europeos es controlar y registrar (aún más) a los pasajeros de líneas aéreas. Para que no lleguen yihadistas a Europa, dicen. Pero, ¿de dónde venían los asesinos de la redacción de Charlie Hebdo? ¿Acaso no eran franceses de tercera generación de inmigrantes magrebíes? No venían de Oriente, sino de las calles de París.

Lo exigible es analizar a fondo por qué dos jóvenes franceses musulmanes decidieron perpetrar esa inaceptable salvajada. Sobre todo si las medidas antiterroristas amenazan libertades y vulneran derechos de la gente común, musulmanes o no. Por no hablar de la responsabilidad de algunos gobiernos occidentales en la financiación y preparación de terroristas. ¿Se ha olvidado que Bin Laden fue financiado por la CIA para combatir a los soviéticos en Afganistán?  ¿Y que Estados Unidos y Francia han convertido la que hace diez años era región sin terrorismo del Sahel africano en zona de violencia armada?

Por otra parte, el dilema seguridad o libertad que pretenden plantearnos es una falacia inaceptable. Con toda razón, Ben Emmerson, relator especial de la ONU para los derechos humanos, asegura que “solo venceremos en la lucha contra el terrorismo si somos fieles a nuestros valores fundamentales: el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Las violaciones de derechos por los gobiernos en nombre de la lucha antiterrorista hacen que las políticas para combatir el terrorismo generen condiciones que propician su expansión. Las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no se contraponen: se han de complementar y reforzar mutuamente”. Y Kofi Annan, ex- secretario general de la ONU, anunció hace tiempo que “los expertos internacionales en derechos humanos, incluidos los de Naciones Unidas, coinciden unánimes en que muchas medidas de los Estados para luchar contra el terrorismo violan derechos humanos y libertades. Claudicar en el respeto de los derechos humanos facilita que los terroristas consigan sus objetivos. Porque nos iguala moralmente a ellos”.

Lo formuló con ingenuidad, pero con claridad, Charles Swift, oficial jurídico de la Marina de Estados Unidos y abogado defensor de oficio del chófer de Bin Laden: “Si nuestros adversarios consiguen que no sigamos las reglas, perdemos lo que somos. Somos los buenos. Y lo demostramos cada día que seguimos esas normas, independientemente de lo que hagan los enemigos”.

Cuanto más se vulneren derechos humanos, más se abona el terreno en el que nacen y crecen los terrorismos.