Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.

Luchar por la democracia

Quienes controlan la economía amenazan la vida digna de la mayoría ciudadana. Perpetran su agresión, su saqueo, por medio de leales siervos como gobiernos, grandes medios de comunicación e instituciones económicas internacionales. Nadie puede dudar ya de que la minoría rica, la clase dominante, ha condenado y condena a millones de personas a la pobreza, la incertidumbre y la angustia en un ataque sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. Los derechos cuyo disfrute garantizan la dignidad, la vida.

¿Qué hacer? No confiar en milagros, por supuesto, y saber que esta lucha será larga y dura. Además de enfrentarse a la austeridad, los recortes, la destrucción de lo público, el paro, la precariedad, los desahucios… no hay que descuidar ni un instante la lucha por recuperar la democracia. Aunque es más exacto decir que hemos de luchar por una democracia de verdad. No el remedo de democracia con que nos engañan y oprimen. Porque, junto al saqueo y violación de derechos, nos llevan a pasos agigantados a un sistema dictatorial, maquillado como democracia ritual, pero vacía de contenido.

En el Reino de España, la muy franquista Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Rajoy pretende imponer, recuerda mucho la legislación de aquella dictadura franquista que institucionalizaba el miedo y la represión. Ésta del PP es una ley para convertir la protesta ciudadana en delito. Muy franquista. Tanto es así que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la nueva ley de Seguridad Ciudana viola los derechos de reunión y manifestación. Porque la libertad de “expresar el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” ha de ser respetada y protegida por la justicia. Y aquí no es así sino todo lo contrario.

Y aún hay más. Hace unas semanas, el Consejo de Europa publicó un informe sobre derechos humanos en España donde alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por la policía contra la ciuddanía que se manifesta contra la austeridad. Y denunciaba la impunidad de los policías que maltratan y torturan a detenidos. Llueve sobre mojado. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Estudios, ha denunciado que el proyecto de reforma de Código Penal del PP va más lejos que Franco y Primo de Rivera, que nunca introdujeron la pena de cadena perpetua que ahora el PP impone. Una pena inadmisible, porque va contra la reinserción del preso. En su artículo 25, la Constitución manda que el fin principal de las penas de privación de libertad es precisamente la reinserción.

Y, para rematar el viaje a territorio totalitario, la también nueva ley de Seguridad Privada del PP permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles de las ciudades; tarea hasta ahora reservada a policías nacionales o municipales. Además, los seguratas (como se designan popularmente los agentes privados de seguridad) podrán controlar espacios públicos, pedir carnés y comprobar identidades, hacer registros e incluso detener ciudadanos. Como los inaceptables cuerpos paramilitares en una dictadura bananera.

Más aún. Contra todo derecho, el ministerio del Interior creará un archivo de infractores. Y la misma ambigüedad del término ‘infractores’ otorga a esa amenaza un tufo de dictadura que  se carga de una tacada la presunción de inocencia y las garantías procesales, como elementos básicos de la democracia. Además serán tratados y castigados como delincuentes quienes defrauden a la Seguridad Social y consigan una prestación a la que no tiene derecho. Los que defrauden por valor de 50.000 euros (por ejemplo, quien cobre ilegalmente un subsidio de 600 euros durante siete u ocho años) puede ser condenado a ¡seis años de cárcel! Pero para que un fraude a Hacienda sea delito sancionable con prisión, se ha de defraudar más del doble: 120.000 euros. Sin olvidar los 80.000 millones de fraude fiscal en España y que nadie pague por ello.

Cabe recordar ahora que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hace poco que “su partido no consentirá que España quede en manos de personas que siempre protestan, pero nunca proponen absolutamente nada”. Una proclamación pública que suena a invitación al golpe de estado o, cuanto menos, al pucherazo electoral. Porque lo que dice Cospedal es que si ganara las elecciones un frente amplio de partidos de izquierda, movimiento ciudadano, asambleas del 15M… el PP no les permitiría gobernar. Aparte de la falsedad de lo de “nunca proponen nada”, porque la ciudadanía que protesta, el movimiento ciudadano, las plataformas cívicas de todo tipo, las asambleas del 15M… proponen medidas y alternativas para sustituir este sistema injusto y predador.

El peligro autoritario es real. Y contra el autoritarismo solo vale luchar por la democracia. La democracia de verdad, participativa, no un decorado que la simule.

Por si alguien no se ha enterado de que crisis, deuda y déficit son un saqueo

Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras. El mismo Gobierno impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años, argumenta. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien y con lucidez expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. ¿Pillan por donde iba el reverendo King? Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.