Juego de tronos, desigualdad y pobreza en el Reino de España

Recién se ha recordado que en 1977, el hoy Rey emérito Juan Carlos I, envió una carta al Sha de Persia, Reza Pahlevi, en la que le pedía diez millones de dólares para ayudar a la candidatura de Adolfo Suárez a vencer a Felipe González del PSOE en las elecciones generales. Las primeras democráticas tras la dictadura franquista y así reforzar la débil monarquía. Esa carta del entonces rey fue citada en 2009 en el libro Adolfo Suárez: ambición y destino del periodista Gregorio Morán, pero antes se había publicado en las memorias de Asadollah Alam, primer ministro de Irán de 1962 a 1964 .

Por si ese recuerdo no fuera bastante asombroso, portadas de diarios y sumarios de informativos televisivos y radiofónicos destacan estos días declaraciones de Corinna, empresaria alemana de origen danés (que pretende ser princesa), cuya aparición en los medios es frecuente desde 2006 por su relación con el rey Juan Carlos I de España. Corinna le organizó al entonces rey safaris en África y lo representó ante magnates, altos dignatarios, empresarios rusos y de Arabia Saudí. El calibre de las declaraciones de la señora Corinna ha movido a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, PdeCAT y Bildu a solicitar que Juan Carlos I acuda a una comisión de investigación del Congreso. Para explicarse.

Pagando por la austeridad impuesta

Y, mientras quien fuera según algunos medios ‘amiga íntima y entrañable del rey emérito’ ha hablado en la radio de presuntas comisiones, intermediación en negocios y testaferros, España no deja de arrastrar problemas serios y graves que afectan a mucha gente. Como el aumento que no cesa de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, legados infames de los gobiernos del Partido Popular, pero también fruto de la blandura política del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis ante las implacables exigencias de austeridad de la Unión Europea.

Si nos referimos a la pobreza, recordemos para hacer boca que España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según informe de la OCDE: 15%. De los ciento noventa y tantos estados del mundo, solo tienen mayor proporción de trabajadores con empleo, pero pobres, China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. Además, España es el único país europeo de la OCDE entre los diez primeros países del mundo con trabajadores pobres.

¿Qué significa ser trabajador pobre? Que lo que te pagan por tu trabajo no alcanza para comer todos los días del mes (y por eso has de recurrir a Cáritas o a los bancos de alimentos) tampoco puedes poner la calefacción ni otras acciones de vida normal decente.

Eso es pobreza.

Además de la innegable pobreza, según el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, de Oxfam Intermón, en el Reino de España el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y solo un muy minoritario 1% de población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. Ese 1% son menos de 50.000 personas en una población de más de 46 millones y esos pocos acaparan tanto como un cuarto de billón de euros. El informe citado señala a España como tercer país más desigual de la Unión Europea y en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007.

Eso es desigualdad.

El crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría

Desigualdad y pobreza que tienen mucho que ver con la impuesta política europea de austeridad presupuestaria que, en román paladino, significa rebajas considerables en presupuestos sociales y recortes en los servicios públicos que satisfacen los derechos humanos de la ciudadanía. Recortes impulsados por la neoliberal obsesión de reducir el déficit público de los estados miembros de la Unión Europea al precio de que la mayoría viva peor.

Una obsesión que sin la menor duda responde a los intereses y apetitos del minoritario sector financiero europeo que ansía mantener y aumentar su multimillonario negocio de prestar a los Estados y cobrar elevados intereses. ¿Cómo explicar de otro modo que las normas de la UE prohíban que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados de la Unión de no ser para asegurar el negocio de los banqueros?

La nefasta política de austeridad (recortes y rebajas de partidas sociales) en teoría alienta el crecimiento. ¿Promueve el crecimiento? Más bien al revés, sobre todo si se considera que el crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría de población. Hay numerosos ejemplos en países del antaño denominado Tercer Mundo como Brasil o México. Según varios estudios en los que destaca el de Oxfam Intermón, la austeridad impuesta retrasa la verdadera recuperación. La que notaría para bien la mayoría ciudadana en su vida cotidiana.

Pero esto viene de lejos. Ya en los años ochenta y noventa del siglo XX, los países de América Latina, Asia y África, que aplicaron las recetas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Interrnacional (FMI), lo pagaron caro con el empobrecimiento general de sus poblaciones… aunque mostraran cifras macro-económicas positivas. Pero, ¿saben?, las mejoras que no llegan a la gente común no son mejoras, por mucho que lo proclame la macro-economía. Esas cifras ‘positivas’ en realidad indican que la minoría de siempre se ha apropiado de más, de mucho más, ha acaparado aún mucho más, y para ese viaje no hacían falta alforjas.

Además, la situación se complica y empeora para la gente normal cuando se afianza la economía sumergida, riqueza que escapa al control del Estado, riqueza que no paga impuestos. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, el paro y la corrupción disparan en España una economía sumergida que supone la evasión fiscal de 60.000 millones de euros al año. En España no hay estimaciones oficiales de economía sumergida y la única referencia fiable es la del Parlamento Europeo en 2012: casi el 25% del PIB español sería economía sumergida; siete puntos más que en 2008 y casi la cuarta parte de la riqueza nacional que en dinero se acerca al cuarto de billón de euros anuales. Mucho dinero.

Sin voluntad para conocr la economía sumergida

Por ser necesario conocer el volumen de la economía sumergida, se solicitó al Instituto de Estudios Fiscales del ministerio de Hacienda que aportara personal y medios para un estudio de la realidad de esa economía ilegal sumergida. Pero el instituto no mostró mucho interés. Por su parte el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado quiso elaborar un informe sobre esa sumergida actividad económica, pero lo abandonaron por falta de apoyo institucional y económico.

Si volvemos a la innegable pobreza en este país, una de cada cinco personas (casi 22% de población) vive en pobreza con menos de 8.522 euros al año. Sobrevive (porque eso no es vivir) con menos de 710 euros mensuales y, además según UNICEF, el 31% de niños y niñas en España (2.300.000) vive en pobreza. Una cifra elevadísima.

Además, recordemos que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza impide alimentarse bien a los integrantes  de más de 700.000 hogares españoles, la mayoría con niños. Esos millones de ciudadanos no pueden comer cada dos días carne, pollo o pescado (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) y eso tiene muy malas consecuencias para el crecimiento. Y sencillamente no pueden porque no tienen el dinero para comprar esos alimentos. Ya son tres años seguidos  con malos datos de alimentación en este país.

¿Cuando se abordará en serio acabar con la pobreza y la desigualdad?

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La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.

Aquarius y la crisis de los refugiados delatan una Europa insolidaria

El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Valencia los primeros refugiados que habían deambulado por el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aquarius. Pudieron hacerlo porque una de las primera decisiones de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno fue dar la orden de acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas refugiadas de ese buque, el barco rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno de Malta también había cerrado sus puertos a esos migrantes.

Con esa decisisón, más el anuncio de que en pocas semanas se restaura la sanidad universal (que el PP se cargó vulnerando el derecho humano de los migrantes a la sanidad pública), Sánchez ha puesto la gestión de la inmigración como una de sus prioridades. Además, su ministro de Interior, Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas concertinas (pequeñas piezas de metal afilado) de las alambradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad para acoger a los refugiados del Aquarius, el barco de rescate de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolarización y otras ayudas básicas.

La crisis de refugiados es centenaria

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España muestran su solidaridad con los refugiados, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresaba su rechazable xenofobia al proclamar “stop a la invasión”. Antes, el reaccionario gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos al buque de salvamento Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte ganaron las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la inmigración y han formado gobierno con el difícilmente calificable movimiento Cinco Estrellas.

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa no es ajena ni en los que tampoco es inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios de los gobiernos de Reino Unido y Francia, para repartirse los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Imperio Otomano, acuerdo que es raíz de casi todos los males actuales de la región árabe.

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes europeos, ni caso. “No es responsabilidad nuestra que las personas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e inestables embarcaciones” fue la miserable declaración de Zoido, anterior ministro de Interior del Partido Popular. Una más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en la hipócrita Europa. A frases de semejante jaez suelen añadir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de actuar en los países de origen para que no tengan que huir. Lo malo e hipócrita es que la Unión Euopea no ha hecho nada ni ha manifestado la menor voluntad política de acabar con la guerra de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha ayudado a los países de donde marchan los migrantes por pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido la menor propuesta concreta de desarrollo económico y social en esas tierras.

La Convención de Ginebra obliga

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no tuvo en cuenta fue que el gobierno de España, que firmó y ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de acoger refugiados, de ayudar a quienes huyen de sus países en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, opinión política u orientación sexual. La Convención de Ginebra es un tratado internacional que compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país por las razones expuestas.

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de refugiados en una Europa destrozada . En 1954, la ONU definió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la definición para que el estatuto del refugiado fuera universal y no solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayoría de refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados más en los que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno y la mayoría son civiles.

Una Europa que avergüenza

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el mundo, pero es ignorada por la Unión Europea. Y así, Eslovaquia solo acepta refugiados de según que religión. Macedonia utiliza gases y granadas contra los miles que cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y Reino Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hungría la policía dispara gases lacrimógenos contra los refugiados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la frontera con Serbia. Y en las islas griegas, decenas de miles de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre de la frontera meridional de Macedonia con Grecia, cierre que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la policía militar macedonia disparó granadas paralizantes.

¿Qué Europa es ésta?

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miembros de la Unión Europea regateando el número de refugiados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de gobiernos xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco o húngaro, no cesan las muertes de refugiados en el mar. Al inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían perdido la vida en el Mediterráneo y desde 2014 han muerto en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar la vida.

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a las costas españolas no ha cesado durante el pasado fin de semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 1.290 personas desde el pasado viernes, pero cuatro personas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el mar de Alborán tras hundirse la patera en la que se dirigían a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido ser rescatados con vida cerca de los restos de la embarcación naufragada.

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución política, violencia y hambre provocan que según ACNUR, en los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres millones de personas hayan abandonado sus países. Más de la mitad por la guerra de Siria. Otros huyen de Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya suman más de 68 millones. Es la mayor crisis migratoria de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa no ha sabido o no ha querido responder al más de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia y de la muerte. Una enorme vergüenza para Europa.

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de refugiados, la Unión Europea está más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume, pero no cumple.

¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Solo el crecimiento no asegura una vida digna a la mayoría

Se publicó la sentencia del juicio del caso Gürtel con muchos años de cárcel para casi todos los encausados. Además, la sentencia condena al PP como beneficiario de la corrupción. Esa condena más el encarcelamiento del que fuera ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, ha sido la gota que ha colmnado la copa de la paciencia de la ciudadanía. Además ha puesto en un brete a Ciudadanos que ya no puede mirar a otro lado ante una corrupción generalizada, judicialmente ratificada, como ha hecho hasta ahora. Además, ha impulsado al PSOE a presentar una moción de censura contra Rajoy. El PSOE ha hecho saber que no busca ningún pacto con Ciudadanos, tampoco con los independentista, gobernará durante un tiempo para demostar que son posibles otras políticas y convocará elecciones. Pero está por ver.

La sorprendente respuesta de Rajoy, al conocer la decisión de presentar una moción de censura contra él ha sido pasmosa. Inenarrable. Rajoy ha osado decir, sin ruborizarse ni que le temblara un párpado, que “la moción de censura del PSOE va contra la estabilidad de España y perjudica la recuperación económica”. ¡Cuanto franquismo rezuman tan inauditas palabras! Es franquismo puro porque para Rajoy (como para Franco), no hay salvación fuera del franquismo. O del Partido Popular. ¡Menuda democracia es la del PP y su cúpula!

Hechos, no discursos

Pero contra ese discurso soberbio y triunfalista se imponen los hechos. Hechos y números obligan a aterrizar en la cruda realidad. Y la realidad implacable indica que tener un trabajo fijo en el Reino de España que gobierna el Partido Popular, por ejemplo, no asegura ahuyentar la pobreza. Por ejemplo. Y no lo asegura porque un 15% de trabajadores asalariados son pobres y viven como pobres.

España tiene el dudoso honor de ser el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según uno de los últimos informes de la OCDE, la organización que reúne los 37 estados más desarrollados del mundo. Solo tienen más asalariados pobres China (la que más), India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. España es el único país europeo de la OCDE entre los primeros diez países con trabajadores pobres.

También denuncia la realidad que la cacareada recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres en España, según Oxfam. Y eso recuerda dos casos clásicos en los que el crecimiento en un país no significa que las cosas vayan bien para su gente. Esos casos son Brasil y México. México creció durante décadas, pero ese crecimiento no supuso la desaparición de la pobreza, ni siquiera una reducción considerable de la misma. Según Unicef, en 2008 (cuando estalló la crisis), en México había casi 51 millones de pobres de una población de 114 millones de habitantes; la mitad. Pobres a los que sus ingresos no alcanzaban ni alcanzan para atender las necesidades básicas y vivir con dignidad.

Solo el crecimiento no asegura la vida digna

El caso de Brasil es más escandaloso si cabe, pues creció año tras año durante todo el siglo XX, pero su inmensa población no lo notó y Brasil se mantuvo entre los países con más pobres de América Latina. Hasta 1999, la extrema pobreza en Brasil rondaba el 26% de población y, aunque unos 28 millones de brasileños salieron de la pobreza de 2004 a 2014 (en los primeros años de la presidencia de Lula da Silva), en 2016 unos tres millones de brasileños cayeron de nuevo por debajo del umbral de la pobreza, haciendo buena la expresión de ser Brasil un país rico lleno de pobres.

Volviendo al Reino de España, el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, elaborado por Oxfam Intermón, indica que el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y que solo un 1% de la población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. El informe muestra a España como tercer país más desigual de toda la Unión Europea y donde más ha crecido la desigualdad desde 2007. En cuanto a la cacareada recuperación económica, de poco sirve cuando los hechos indican que el disfrute de la renta nacional se ha reducido un 17% para los más desfavorecidos, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22% del total de población. Sin embargo los beneficios empresariales se dispararon hasta el 200%. El informe de Oxfam expone también que en España un trabajador con salario medio debería trabajar más de 29 años para lograr el mismo ingreso que consigue en un año alguien del sector más rico y, si la comparación se hace con el salario mínimo vigente, ese trabajador debería trabajar durante 71 años para conseguir lo mismo que alguien que esté en la parte alta de la lista de personas con más ingresos en un año.

Niños, jóvenes y mujeres en la pobreza

Más hechos. Los jóvenes que consiguen un empleo cobran un salario 33% menor que el que se percibía en 2008, mientras los contratos a tiempo parcial (con sueldo muy bajo) han crecido un 54% entre la gente joven. Así no hay quien planifique un futuro. En cuanto a las mujeres con un empleo hay que señalar que siete de cada diez personas con los salarios más bajos son mujeres: un 70%. Y, para rematar un panorama que nada tiene que ver con el triunfalismo del PP, casi dos millones y medio de niños están por debajo del umbral de la pobreza en España, tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil, según Unicef, mientras el 38% de jóvenes del país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Para más inri y que no quepa duda sobre la verdadera situación de la economía y de la gente en España, los datos de la Agencia Tributarua muestran que son los asalariados quienes aportan más al Estado porque el 83% de recaudación fiscal proviene del IVA el IRPF y otros impuestos pagados por los trabajadores.

Como asegura el refranero castellano, obras son amores y no buenas razones. No son los discursos ni las palabras sonoras lo que vale y nos sirve, sino lo que se hace de verdad y se consigue. Lo que sorprende es que, visto y sufrido el panorama descrito, no hayan sido corridos a gorrazos (metafóricamente hablando) el PP y el gobierno que sostiene con tanta desigualdad, pobreza, corrupción y opresión. Como hay y sufrimos.

 

 

Ciudadanos, la apuesta política del poder financiero y grandes empresas

Tras cerca de siete años de gobierno Rajoy, el legado del PP no es para que las clases trabajadoras echen cohetes. Para empezar, el gobierno entregó a la banca cientos de miles de millones de euros para rescatarla, con la crisis de fondo o como pretexto. Millones de los que más de 24.000 millones de euros nunca se recuperarán como ha reconocido el Banco de España.

O que aún haya tres millones y medio de parados, a los que hay que sumar una  tasa de precariedad laboral en España del 26% con su correspondiente reducción salarial. Y eso es más del doble que en la Unión Europea. Una realidad que empeora el hecho incontestable de que en el Reino de España un 15% de trabajadores son pobres a pesar de tener contrato y ser fijos.

Como ha escrito Miguel Gorospe, coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal en Madrid, en riguroso análisis de la supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Partido Popular y Ciudadanos enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Así es porque la eliminación del citado impuesto desde 2011 (como deducción del 100% del mismo) solo beneficia a un reducido 0,2% de población de la CAM. Unos 15.800 ricos. Por descontado, esa supresión fiscal no beneficia a las siempre inconcretadas ‘clases medias’, tan citadas como pretexto por Ciudadanos y PP. Lo cierto es que suprimir ese impuesto significa que la Comunidad Autónoma de Madrid deja de recaudar 800 millones de euros anuales, convertida parcialmente en paraíso fiscal en el territorio español en el que instalan su sede fiscal ricos de otras comuniddes autónomas.

Menos votantes del Partido Popular

Además del innegable perjuicio a la ciudadanía por la reforma laboral, la corrupción creciente de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular en todo el Estado, más la estupefacta inacción del gobierno Rajoy, cuestionado un día sí y otro también por feministas, pensionistas, estudiantes, sindicalistas, policías y otros grupos y sectores sociales, han reducido de modo notable la intención de voto al Partido Popular. Sin embargo, de acertar los sondeos, será peor el remedio que la enfermedad pues Ciudadanos aparece  como la organización política más votada.

Eso no se comprendería de no contar el llamado partido ‘naranja’ con el apoyo del poder económico del Reino de España que, además de considerable financiación, le proporciona el impagable apoyo de medios de comunicación, que, directa o indirectamente, están en manos del poder económico o controlan.

En pleno conflicto catalán, el 21 de diciembre pasado, Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones catalanas, aunque lejos de poder gobernar por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Fue el más votado porque, en un paisaje de nacionalismo español exacerbado promovido por el PP, Ciudadanos atacó con ferocidad a los independentistas en su nuevo papel de partido más ‘constitucionalista’ del Reino. Aunque más preciso sería decir que Ciudadanos es un partido ‘unionista’ por la unidad de España. Expresión, por cierto, que consagró la dictadura franquista y que la definía.

Ciudadanos, un Podemos de derechas

Ciudadanos nació como Ciutadans en Cataluña en 2006, pero ya como Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de 2008 en las que solo obtuvo poco más de 46.000 votos (0,18%). En las europeas de 2009, el resultado también fue  penoso, pero en las elecciones catalanas de 2012 pasó de 3 a 9 diputados en el Parlament de Cataluña y en 2014 obtuvo dos diputados en el Parlamento Europeo.

Un avance lento y moderado… hasta que a finales de junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una conferencia en el Círculo de Empresarios de Madrid (una de las entidades más neoliberales del país) propuso crear”una especie de Podemos de derechas“. Pero ya estaba creado: Ciudadanos.

Podemos, un partido progresista recien fundado que decía recoger el espíritu del 15-M, había obtenido poco antes cinco eurodiputados y a Josep Oliu, que además de presidente del Sabadell es patrono de FEDEA (Fundación De Estudios de Economía Aplicada), le pareció una atractiva imagen política. Progresista en las formas y más de derechas que Maura en su actuación política.

Por cierto, FEDEA es un grupo de presión creado, financiado e impulsado por Banco Santander, BBVA, La Caixa (además del Sabadell), Iberdrola, Telefónica, Repsol, y otras grandes  empresas del Ibex 35. En fin, que Ciudadanos es el partido por el que apuesta la banca y las grandes empresas del Ibex.

En su esfuerzo por crear una imagen positiva de Ciudadanos, Albert Rivera se jacta de ser presidente del partido más democrático del Parlamento español. Pero no es cierto sino todo lo contrario. Así lo han testimoniado varios afiliados de Ciudadanos expulsados, removidos o ninguneados porque toparon con la dirección nacional o regional de ese partido. José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Alicante, dimitió por falta de democracia interna. En su carta de dimisión escribió que “con Franco también se llegó a votar, pero no por eso había democracia”. Jaime Trabuchelli, candidato a las primarias en Madrid, se fue de Ciudadanos porque era una“estafa a la sociedad“. Por su parte, Carolina Punset, que estuvo en la Ejecutiva de Ciudadanos, denunció maniobras oscuras y, en una entrevista a eldiario.es, afirmó que el congreso de Ciudadanos de 2017 enterró la pluralidad y la democracia interna, si alguna vez las hubo.

La falacia de no ser de derechas ni de izquierdas

Además, Ciudadanos pretende no ser de izquierdas ni de derechas. Muy original. Incluso hace suyas necedades como “izquierda y derecha son categorías vencidas por la realidad, y cualquier partido que se reclame novedoso tiene que superarlas“. Pero la política no es cuestión de modas e izquierda y derecha son términos que significan querer cambiar las cosas para bien de la mayoría o conservar lo injusto y desigual que hay. Izquierda es cuestionar el actual modelo socio-económico y derecha, afianzarlo. Pero izquierda y derecha no son conceptos superados. Esa pretendida superación de izquierda y derecha es la que pretende la gente de derechas. Y, aunque Ciudadanos diga ser de centro, es de derechas. Sin duda porque defiende los objetivos de cualquier derecha.

Se comprueba en sus propuestas de impuestos que coinciden con las de la fundación FAES de Aznar, guarida del más extremo neoliberalismo capitalista. Por ejemplo, la reforma del IRPF que propone Ciudadanos reduciría de modo considerable la recaudación del Estado y, por tanto, el gasto e inversión sociales. Además proponen más recursos públicos para el sector financiero. ¡Aún más! También proponen un IVA rebajado en artículos de lujo, grandes bienes y hostelería, y otro más alto en productos básicos, alimentos y medicinas. ¿Está claro al servicio de quien está Ciudadanos? Sin olvidar su propuesta de contrato laboral único que harían aún más fácil los despidos.

Además, Ciudadanos apoya la autoritaria ley Mordaza de 2015, que frena las movilizaciones ciudadanas y coarta la libertad de expresión. Y tiene una postura muy retrógrada ante la lacra de la violencia machista. Por ejemplo, propone eliminar del Código Penal la tipificación de delitos específicos de violencia de género. Y uno de sus dirigentes regionales, Carlos Pracht de Cantabria, al pedirle que se pronunciara sobre la violencia machista  no se le ocurrió otra cosa a decir que “las mujeres yihadistas y el aborto también son violencia“.

Algunas declaraciones del  líder máximo de Ciudadanos, dejan bien claro de que pie cojea el señor Rivera. Por ejemplo, que“llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables.” O que  “para tener el derecho universal a la sanidad se necesita el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo”, lo que deja sin un derecho esencial (la sanidad pública) a miles de inmigrantes. Y podríamos continuar citando propuestas y frases que dejan a Albert Rivera y a su partido Cudadanos con las vergüenzas políticas al aire.

En fin, por más maquillaje y apariencia de renovación que proporcionen el marketing, la publicidad y la buena prensa cómplice de algunos medios, Ciudadanos es un partido de derechas. Muy de derechas. Pues aunque hablen tanto de clases medias (que nunca concretan ni definen), defienden los intereses de quienes más tienen y atesoran que en este Reino son poco más de 200.000 según el Informe Mundial de la Riqueza del año pasado, de la consultora Capgemini. Pero la población española es algo más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos y la humilde aritmética desvela al servicio de quien está el partido Ciudadanos. O contra quien están de hecho, que es la mayoría trabajadora o pensionista. Quien sirve a los ricos es de derechas.

Lo indudable es que quienes mandan de verdad en este reino (poder financiero, grandes empresas y grandes fortunas) han decidido no correr riesgo alguno. No quieren que, por la torpeza y podredumbre del actual partido de gobierno, pueda  gobernar este país una coalición democrática y progresista. Por eso apuestan por Ciudadanos, porque el PP ya no les sirve.

Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.