Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

Anuncios

Impuestos injustos e insuficientes, enorme deuda pública y estado de bienestar menguante

Con la amenaza de otra crisis global (como recuerdan Argentina y Turquía con sus severos problemas económicos) y sacado Mariano Rajoy del ejecutivo por una moción de censura, los resultados de su gobierno no son, como se dice castizamente en Madrid, para echar cohetes. Para empezar, según el Banco de España el gobierno Rajoy consiguió que la deuda pública superara el billón de euros por primera vez en la historia reciente del país. Aún peor, que sobrepasará por primera vez en un siglo el equivalente del 100% del PIB, la riqueza nacional de un año. En junio, cuando la moción de censura expulsó al PP del gobierno del Reino, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos debían (y deben) un billón con 163.000 millones de euros. Lo que significa que anualmente han de pagarse unos 30.000 millones de intereses.

Si la deuda pública es superior al PIB nacional, es más difícil devolver a los acreedores el dinero que han prestado y entonces, por la nefanda influencia de las instituciones internacionales neoliberales (FMI y Eurozona) se imponen medidas de austeridad y recortes sociales que, no solo perjudican a la mayoría de la gente, cuyos derechos sociales son pisoteados en tanto el estado de bienestar se va al garete, sino que también perjudican el crecimiento económico del país y lo reducen. De momento, España se salva más o menos a pesar de su enorme deuda pública, porque los tipos de interés son bajos. Por ahora.

Campeones en desigualdad

Tal vez el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados enmienden situación tan peligrosa sin hacérselo pagar a la gente. Situación que sería inaceptable pues, según el último Barómetro Social de España, las cosas no van tan bien como muchos medios informativos que comulgan las ruedas de molino de las recetas del neoliberalismo pretenden. A destacar, por ejemplo, que la distribución de la riqueza ha sido en el cercano 2016 mucho más desigual que en el ya lejano año 1994. Hasta tal punto que se ha multiplicado por dos la brecha entre quienes tienen más (que no son muchos, por cierto) y los que poseen poco o muy poco. Lo muestra, por ejemplo, que los salarios son mucho más bajos, pero no así las ganancias de las empresas que aumentan. Varios economistas y sociólogos dicen también que el Reino de España ha sufrido un gran retroceso social y por eso estamos a la cola de Europa en el reparto de riqueza. Tan a la cola que, según Eurostat (agencia de datos de la Unión Europea), solo están peor en desigualdad Rumanía, Lituania y Bulgaria. Lo que no deja de ser muy esclarecedor.

Más cifras aburridas, tal vez, pero significativas. Según la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la desigualdad entre hogares que tienen riqueza y quienes apenas tienen nada se ha multiplicado por dos ¡en sólo 12 años! Si en 2002 la mitad de hogares más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de hogares más pobres, ahora esa riqueza se ha multiplicado por 12. La mitad más rica del país ha aumentado su patrimonio medio un 29%, mientras la mitad más pobre ha perdido un 30% de lo poco que tenía, casi un tercio menos que antes. Una desigualdad indecente.

Indicador de esa situación es que el salario medio hasta 2016 ha perdido el 5% de poder adquisitivo y ha aumentado la desigualdad entre tramos salariales, no porque se paguen más salarios altos sino porque aumentan sin cesar quienes cobran sueldos inferiores al salario mínimo oficial (736 euros mensuales). En 1994, hace casi un cuarto de siglo, quienes cobraban menos que el salario mínimo eran unos 3 millones, pero hoy ya son 6 millones (el 34% de la población ocupada) quienes cobran salarios por debajo del Salario Mínimo. El doble que hace 24 años.

La pobreza severa, inaceptable

En España, los hogares en riesgo de pobreza son el 60% y un 30% son quienes soportan una pobreza severa. De 1994 a 2015 el riesgo de pobreza en España ha aumentado algo más de 3%, lo que significa que las personas en riesgo de pobreza ya son algo más de 10 millones en números absolutos . Este aumento es muy superior al de la Unión Europea. Y ¿a qué llamamos pobreza severa? Cuando una familia no puede cumplir o disfrutar de cuatro situaciones de estas nueve siguientes:

1. No poder ir de vacaciones una semana al año.

2. No poder comer carne, pollo o pescado cada dos días.

3. No poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

4. No poder pagara gastos imprevistos de 650 euros.

5. Retrasarse en pagar la hipoteca, alquiler o recibos de gas y luz…

6. No poder comprar un automóvil a plazos ni tampoco mantenerlo.

7. No poder tener y usar el teléfono.

8. No poder adquirir un televisor.

9. No poder tener una lavadora.

Pobreza severa es la que sufre la población con ingresos tan reducidos que es imposible llevar una vida digna. De 2007 a 2015 han aumentado más de un millón las personas que sufren pobreza severa hasta sumar 3 millones en toda España. Sólo Cantabria, Ceuta y Melilla han reducido su pobreza severa, pero ésta ha aumentado en el resto del país. Dicho de modo muy comprensible, en España, la población a la que le es muy difícil llegar a fin de mes ya es un 34% del total. Demasiada gente pues ese porcentaje son ¡16 millones de personas! Pero en tanto crecen en España la pobreza y la emergencia social , no lo hacen las políticas sociales y sí aumenta la exclusión social.

Aunque lo expuesto no sucede por destino fatal ni mala suerte. Esa devastación social tiene causas y responsables. El aumento obsceno de desigualdad, de pobreza y pobreza severa tiene mucho que ver con un sistema de impuestos injusto, regresivo e insuficiente que empuja al Estado a endeudarse.

Vuelta al siglo XIX

En román paladino, la persistencia de la desigualdad está directamente relacionada con que paguen menos quienes tienen más, pues eso supone menor recaudación del Estado y que éste no pueda atender las necesidades y derechos de la ciudadanía. Sin olvidar en el caso español la nefasta aportación de una empobrecedora reforma laboral que ha convertido en precaria a la mayor parte de la clase trabajadora. Como botón de muestra de esa precariedad depauperante, cabe citar que en España casi la mitad de horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 (44%) no se pagaron ni compensaron con tiempo libre, según informe del sindicato CCOO basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, esas horas extras trabajadas y no pagadas equivalen a 74.000 empleos a tiempo completo. Vamos hacia atrás como los cangrejos y se imponen impunemente prácticas obscenas propias del siglo XIX.

Para que no quedé nada en el tintero, cabe rememorar también que, según informe del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) y la universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB. Y eso significa que unos 290.000 millones de euros escapan cada año al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, esa economía sumergida es causa de que NO se ingresen en las arcas públicas más de 90.000 millones anuales de impuestos y cotizaciones sociales. La recaudación de las arcas estatales es insuficiente porque no hay la menor voluntad política de que deje de serlo.

Ya ven, a la que escarbamos en las razones de la desigualdad, todo se relaciona: impuestos, políticas sociales, pobreza y estado de bienestar menguante.

La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos,el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar qye, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Socia y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuiestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidadd Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Juego de tronos, desigualdad y pobreza en el Reino de España

Recién se ha recordado que en 1977, el hoy Rey emérito Juan Carlos I, envió una carta al Sha de Persia, Reza Pahlevi, en la que le pedía diez millones de dólares para ayudar a la candidatura de Adolfo Suárez a vencer a Felipe González del PSOE en las elecciones generales. Las primeras democráticas tras la dictadura franquista y así reforzar la débil monarquía. Esa carta del entonces rey fue citada en 2009 en el libro Adolfo Suárez: ambición y destino del periodista Gregorio Morán, pero antes se había publicado en las memorias de Asadollah Alam, primer ministro de Irán de 1962 a 1964 .

Por si ese recuerdo no fuera bastante asombroso, portadas de diarios y sumarios de informativos televisivos y radiofónicos destacan estos días declaraciones de Corinna, empresaria alemana de origen danés (que pretende ser princesa), cuya aparición en los medios es frecuente desde 2006 por su relación con el rey Juan Carlos I de España. Corinna le organizó al entonces rey safaris en África y lo representó ante magnates, altos dignatarios, empresarios rusos y de Arabia Saudí. El calibre de las declaraciones de la señora Corinna ha movido a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, PdeCAT y Bildu a solicitar que Juan Carlos I acuda a una comisión de investigación del Congreso. Para explicarse.

Pagando por la austeridad impuesta

Y, mientras quien fuera según algunos medios ‘amiga íntima y entrañable del rey emérito’ ha hablado en la radio de presuntas comisiones, intermediación en negocios y testaferros, España no deja de arrastrar problemas serios y graves que afectan a mucha gente. Como el aumento que no cesa de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, legados infames de los gobiernos del Partido Popular, pero también fruto de la blandura política del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis ante las implacables exigencias de austeridad de la Unión Europea.

Si nos referimos a la pobreza, recordemos para hacer boca que España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según informe de la OCDE: 15%. De los ciento noventa y tantos estados del mundo, solo tienen mayor proporción de trabajadores con empleo, pero pobres, China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. Además, España es el único país europeo de la OCDE entre los diez primeros países del mundo con trabajadores pobres.

¿Qué significa ser trabajador pobre? Que lo que te pagan por tu trabajo no alcanza para comer todos los días del mes (y por eso has de recurrir a Cáritas o a los bancos de alimentos) tampoco puedes poner la calefacción ni otras acciones de vida normal decente.

Eso es pobreza.

Además de la innegable pobreza, según el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, de Oxfam Intermón, en el Reino de España el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y solo un muy minoritario 1% de población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. Ese 1% son menos de 50.000 personas en una población de más de 46 millones y esos pocos acaparan tanto como un cuarto de billón de euros. El informe citado señala a España como tercer país más desigual de la Unión Europea y en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007.

Eso es desigualdad.

El crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría

Desigualdad y pobreza que tienen mucho que ver con la impuesta política europea de austeridad presupuestaria que, en román paladino, significa rebajas considerables en presupuestos sociales y recortes en los servicios públicos que satisfacen los derechos humanos de la ciudadanía. Recortes impulsados por la neoliberal obsesión de reducir el déficit público de los estados miembros de la Unión Europea al precio de que la mayoría viva peor.

Una obsesión que sin la menor duda responde a los intereses y apetitos del minoritario sector financiero europeo que ansía mantener y aumentar su multimillonario negocio de prestar a los Estados y cobrar elevados intereses. ¿Cómo explicar de otro modo que las normas de la UE prohíban que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados de la Unión de no ser para asegurar el negocio de los banqueros?

La nefasta política de austeridad (recortes y rebajas de partidas sociales) en teoría alienta el crecimiento. ¿Promueve el crecimiento? Más bien al revés, sobre todo si se considera que el crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría de población. Hay numerosos ejemplos en países del antaño denominado Tercer Mundo como Brasil o México. Según varios estudios en los que destaca el de Oxfam Intermón, la austeridad impuesta retrasa la verdadera recuperación. La que notaría para bien la mayoría ciudadana en su vida cotidiana.

Pero esto viene de lejos. Ya en los años ochenta y noventa del siglo XX, los países de América Latina, Asia y África, que aplicaron las recetas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Interrnacional (FMI), lo pagaron caro con el empobrecimiento general de sus poblaciones… aunque mostraran cifras macro-económicas positivas. Pero, ¿saben?, las mejoras que no llegan a la gente común no son mejoras, por mucho que lo proclame la macro-economía. Esas cifras ‘positivas’ en realidad indican que la minoría de siempre se ha apropiado de más, de mucho más, ha acaparado aún mucho más, y para ese viaje no hacían falta alforjas.

Además, la situación se complica y empeora para la gente normal cuando se afianza la economía sumergida, riqueza que escapa al control del Estado, riqueza que no paga impuestos. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, el paro y la corrupción disparan en España una economía sumergida que supone la evasión fiscal de 60.000 millones de euros al año. En España no hay estimaciones oficiales de economía sumergida y la única referencia fiable es la del Parlamento Europeo en 2012: casi el 25% del PIB español sería economía sumergida; siete puntos más que en 2008 y casi la cuarta parte de la riqueza nacional que en dinero se acerca al cuarto de billón de euros anuales. Mucho dinero.

Sin voluntad para conocr la economía sumergida

Por ser necesario conocer el volumen de la economía sumergida, se solicitó al Instituto de Estudios Fiscales del ministerio de Hacienda que aportara personal y medios para un estudio de la realidad de esa economía ilegal sumergida. Pero el instituto no mostró mucho interés. Por su parte el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado quiso elaborar un informe sobre esa sumergida actividad económica, pero lo abandonaron por falta de apoyo institucional y económico.

Si volvemos a la innegable pobreza en este país, una de cada cinco personas (casi 22% de población) vive en pobreza con menos de 8.522 euros al año. Sobrevive (porque eso no es vivir) con menos de 710 euros mensuales y, además según UNICEF, el 31% de niños y niñas en España (2.300.000) vive en pobreza. Una cifra elevadísima.

Además, recordemos que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza impide alimentarse bien a los integrantes  de más de 700.000 hogares españoles, la mayoría con niños. Esos millones de ciudadanos no pueden comer cada dos días carne, pollo o pescado (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) y eso tiene muy malas consecuencias para el crecimiento. Y sencillamente no pueden porque no tienen el dinero para comprar esos alimentos. Ya son tres años seguidos  con malos datos de alimentación en este país.

¿Cuando se abordará en serio acabar con la pobreza y la desigualdad?

La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.

Aquarius y la crisis de los refugiados delatan una Europa insolidaria

El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Valencia los primeros refugiados que habían deambulado por el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aquarius. Pudieron hacerlo porque una de las primera decisiones de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno fue dar la orden de acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas refugiadas de ese buque, el barco rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno de Malta también había cerrado sus puertos a esos migrantes.

Con esa decisisón, más el anuncio de que en pocas semanas se restaura la sanidad universal (que el PP se cargó vulnerando el derecho humano de los migrantes a la sanidad pública), Sánchez ha puesto la gestión de la inmigración como una de sus prioridades. Además, su ministro de Interior, Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas concertinas (pequeñas piezas de metal afilado) de las alambradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad para acoger a los refugiados del Aquarius, el barco de rescate de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolarización y otras ayudas básicas.

La crisis de refugiados es centenaria

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España muestran su solidaridad con los refugiados, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresaba su rechazable xenofobia al proclamar “stop a la invasión”. Antes, el reaccionario gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos al buque de salvamento Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte ganaron las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la inmigración y han formado gobierno con el difícilmente calificable movimiento Cinco Estrellas.

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa no es ajena ni en los que tampoco es inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios de los gobiernos de Reino Unido y Francia, para repartirse los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Imperio Otomano, acuerdo que es raíz de casi todos los males actuales de la región árabe.

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes europeos, ni caso. “No es responsabilidad nuestra que las personas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e inestables embarcaciones” fue la miserable declaración de Zoido, anterior ministro de Interior del Partido Popular. Una más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en la hipócrita Europa. A frases de semejante jaez suelen añadir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de actuar en los países de origen para que no tengan que huir. Lo malo e hipócrita es que la Unión Euopea no ha hecho nada ni ha manifestado la menor voluntad política de acabar con la guerra de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha ayudado a los países de donde marchan los migrantes por pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido la menor propuesta concreta de desarrollo económico y social en esas tierras.

La Convención de Ginebra obliga

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no tuvo en cuenta fue que el gobierno de España, que firmó y ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de acoger refugiados, de ayudar a quienes huyen de sus países en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, opinión política u orientación sexual. La Convención de Ginebra es un tratado internacional que compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país por las razones expuestas.

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de refugiados en una Europa destrozada . En 1954, la ONU definió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la definición para que el estatuto del refugiado fuera universal y no solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayoría de refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados más en los que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno y la mayoría son civiles.

Una Europa que avergüenza

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el mundo, pero es ignorada por la Unión Europea. Y así, Eslovaquia solo acepta refugiados de según que religión. Macedonia utiliza gases y granadas contra los miles que cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y Reino Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hungría la policía dispara gases lacrimógenos contra los refugiados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la frontera con Serbia. Y en las islas griegas, decenas de miles de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre de la frontera meridional de Macedonia con Grecia, cierre que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la policía militar macedonia disparó granadas paralizantes.

¿Qué Europa es ésta?

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miembros de la Unión Europea regateando el número de refugiados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de gobiernos xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco o húngaro, no cesan las muertes de refugiados en el mar. Al inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían perdido la vida en el Mediterráneo y desde 2014 han muerto en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar la vida.

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a las costas españolas no ha cesado durante el pasado fin de semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 1.290 personas desde el pasado viernes, pero cuatro personas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el mar de Alborán tras hundirse la patera en la que se dirigían a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido ser rescatados con vida cerca de los restos de la embarcación naufragada.

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución política, violencia y hambre provocan que según ACNUR, en los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres millones de personas hayan abandonado sus países. Más de la mitad por la guerra de Siria. Otros huyen de Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya suman más de 68 millones. Es la mayor crisis migratoria de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa no ha sabido o no ha querido responder al más de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia y de la muerte. Una enorme vergüenza para Europa.

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de refugiados, la Unión Europea está más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume, pero no cumple.

¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.