Crecimiento no es respeto de derechos ni tampoco bienestar social

Circula el equívoco mensaje de que este país, España,  se recupera y se crean empleos a porrillo. Para hacer creíble la patraña, el gobierno del Partido Popular pregona que España crecerá 3,3% este año y 3% el próximo. Y acaso crezca, pero al analizar ese crecimiento se ve que no es oro lo que reluce ni todo el monte es orégano.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), durante 2015 en España hubo 678.200 parados menos. Qué subidón, jalea la prensa afin al régimen. Aparentemente. La cifra tiene truco. Según la misma EPA, la población activa (que trabaja o puede trabajar) son actualmente 22.873.700, pero en 2011 eran algo más de 23.400.000. Hoy hay menos población activa. Y 17.9 millones de empleos, pero en 2007 había 20.6. puestos de trabajo. En realidad, la cuarta parte de ese descenso del paro es en buena medida una reducción de población activa, no parados que hayan conseguido empleo. Y hoy hay menos población activa porque muchos inmigrantes han regresado a su país, numerosos trabajadores nacionales (sobre todo los jóvenes) han emigrado y emigran, más la gente desempleada durante largo tiempo que ha tirado la toalla, deja de buscar trabajo y ya no cuentan. Números que no se contabilizan en el paro real.

Lo indiscutible es que un desempleo de más del 20% se mantiene tozudo mientras se bate el récord de contratos temporales. Además de que la mayoría de contratos temporales son de menor duración. En 2006 el promedio era de 79 días, pero en 2015 ya es solo de 53 jornadas laborales. Menos jornadas, menos salario. Más dificultades, más pobreza. Sin olvidar que en siete años apenas se ha creado un tercio del empleo destruido desde 2008. Un empleo que no es de calidad precisamente o, como se ironiza en Madrid, no es para echar cohetes. Según Eurostat, el 91% de contratados temporales en España no han tenido otra opción, no es que hayan preferido ser temporales. Paro y precariedad laboral llevan camino de ser permanentes, estructurales.

Y, contra al falaz autobombo gubernamental de la creación de empleo (que no es tanto ni es en condiciones), la cruda realidad muestra que la propia evolución del capitalismo no permite que haya empleo para todos. Una verdad incómoda en medio del fervor por el crecimiento como panacea prodigiosa.

La segunda verdad perturbadora es que crecimiento económico y bienestar de la gente no van a la par. O van a la contra. Que crezca la economía no significa más bienestar general. El bienestar, entendido como disfrute de vida digna, depende de la distribución de la riqueza. Y, al llegar aese terreno, ahí pinchamos en hueso. Salarios bajos, menos y peores servicios públicos, recortes sociales y mucha menos renta social para la mayoría.

El crecimiento económico refleja una economía, su riqueza, el PIB… Pero de nada sirve que crezca el PIB, si la riqueza resultante no se distribuye con mínima justicia y equidad. Porque es evidente que crecimiento económico no significa bienestar de la gente, como la historia reciente nos muestra.

De 1940 a 1981, el PIB de Brasil aumentó de 6% a 9% cada década. ¿Vivieron mejor brasileños y brasileñas ese tiempo? No. Fueron años de pobreza, de incertidumbre y sufrimiento. Como los anteriores y posteriores. Hasta que Lula fue elegido Presidente, se propuso en serio reducir la pobreza y la situación empezó a cambiar.

Más cerca en el tiempo, en 2010, Libia fue el segundo país del mundo con mayor crecimiento económico, 10.6%; un notable crecimiento. Paradójicamente, en ese país que crecía sin parar la única esperanza para la gente era emigrar. Por su parte, México creció 6% anual desde 1930 hasta 1970, pero cada vez había más pobres y pobres extremos… Crecimiento no es bienestar ni justicia.

Como recuerda el economista Fernando Luengo, “el crecimiento económico no crea suficientes puestos de trabajo, ni en cantidad ni en calidad, es compatible con la reducción de salarios y el enriquecimiento de las élites, priva de recursos a las administraciones públicas, consume recursos escasos y se basa en la sobre explotación de las economías y pueblos más débiles por los más fuertes”.

Por tanto, menos lobos con el crecimiento y la creación de empleo. Mientras haya en España un 15% de trabajadores pobres, más del 50% de paro juvenil y mayoritariamente empleo precario y mal pagado, no cabe hablar de superación económica. Es un chiste malo.

Lo que importa son las personas, la gente, el pueblo trabajador, la ciudadanía, no las macrocifras que ocultan la realidad y con las que sesuelen hacer juegos malabares. Para muestra, un último botón, un botón reciente. En medio de tanto discurso triunfal, este enero en España hay 57.247 personas paradas más. Y también en enero la Seguridad Social ha perdido más de 204.000 cotizantes (es decir, parados o tal vez en la economía suemergida, en condiciones aún peores y sin protección alguna). ¿De qué diablo de crecimiento hablamos?

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Una contrarreforma fiscal amenaza a la ciudadanía

Rebajar impuestos a los ricos, reducir cotizaciones sociales empresariales, eliminar la progresividad del impuesto sobre la renta y aumentar impuestos indirectos son objetivos prioritarios de la élite financiera y económica en cuestiones de tributación.

Antes de la crisis de 1929, los millonarios estadounidenses pagaban un tipo impositivo del 25%, pero a partir de 1932 pagaron el 63% para salir de la Gran Depresión. Y de 1942 a 1944 pagaban un 94% para contribuir a la guerra contra la Alemania nazi y el Japón militarista. Acabada la guerra, los ricos estadounidenses pagaron de nuevo el 63% o más incluso. Hasta que Ronald Reagan fue Presidente y empezó la rebaja de impuestos. La media de tipo impositivo hoy es el 35% en Estados Unidos para rentas altas, pero el especulador estadounidense Warren Buffet (uno de los hombres más ricos del mundo) ha reconocido que él paga un 17,5% mientras sus empleados pagan en proporción mucho más. Porque los ricos realmente pagan menos, mucho menos.

En España docenas de profesionales de la universidad, la economía y la investigación social han firmado un manifiesto contra la reforma fiscal con la que amenaza el Gobierno del Partido Popular la ciudadannía. Reforma fiscal que rebaja impuestos a grandes empresas, banca y rentas altas sin tener en cuenta, además, que España es líder en fraude fiscal. Fraude fiscal y e impago de cotizaciones sociales empresariales por una economía sumergida que mueve 253.000 millones de euros, tanto como la cuarta parte del PIB español. Así lo denuncia Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Tanta economía sumergida significan 60.000 millones de euros de impuestos evadidos y 30.000 de impagadas cotizaciones.

Sin embargo, ningún gobierno español ha elaborado el más modesto informe sobre economía sumergida y cómo combatirla. Además, España es el país europeo que menos recursos dedica contra el fraude fiscal: un empleado de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a uno por 942 habitantes de Francia, por 740 en Alemania y por 722 en Holanda. La Agencia Tributaria española tiene la mitad que la plantilla media de la Unión Europea, pero el doble de economía sumergida. Y más evasión fiscal. Además, en España, el fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas es casi 3/4 partes de toda la evasión fiscal. Acaso por eso 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según denuncia el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Lugares perfectos para esconder capital, transacciones y beneficios. Y no pagar impuestos.

Según explica Eduardo Garzón, el actual sistema de impuestos ya es injusto, porque un 43,4% de lo recaudado se consigue con impuestos muy regresivos (32% de IVA y 11,4% de Impuestos Especiales). Y el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, teóricamente progresivo, en la práctica no lo es. Porque las personas con renta alta pagan en proporción menos que las de renta media. El impuesto de sociedades sólo supone 10% del total recaudado, además de no ser justo porque las 10 mayores empresas del IBEX pagan un 17% mientras pequeñas y medianas empresas abonan el 23%.

A pesar de que grandes empresas, banca y grandes patrimonios eluden y evaden impuestos a placer, la presunta reforma fiscal que prepara el Partido Popular aún los favorecerá más. Y pagarán menos. Pero como el Gobierno necesita aumentar ingresos, la presunta reforma que prepara hará recaer el peso del aumento de ingresos sobre la clase trabajadora, la ciudadanía, la gente común. Con más impuestos indirectos y especiales. Los que pagan lo mismo un camarero que trabaja once horas diarias por 950 euros mensuales que el presidente y consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, que se embolsa 8 millones de euros anuales.

Y además el Gobierno reduce los actuales siete tramos de ingresos del impuesto sobre la renta a cinco. Cuando es sabido y demostrado que, cuantos menos tramos tiene ese impuesto, es menos progresivo y más injusto. Porque quien tiene y gana más paga menos en realidad.

La batalla por una verdadera reforma fiscal es crucial. Una reforma con la que pague más quien más tiene y más gane. Una reforma que garantice que se recauda lo suficiente para atender las necesidades y derechos sociales de la ciudadanía. Esa batalla ha de estar en primera fila de la lucha ciudadana. Y frenar la contrarreforma fiscal. Una democracia no lo es de verdad si no tiene un sistema de impuestos suficiente, progresivo y justo. Lo contrario de lo que propone el Partido Popular. Si no se frena esa contrarreforma, una mayoría ciudadana vivirá aún peor

Acabar con la evasión de impuestos y los paraísos fiscales

En España se ha desvelado un caso fiscal significativo, protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín es presidente del Instituto Nóos, ligado a “salidas invisibles” de dinero a paraísos fiscales por medio de empresas pantalla, según conclusiones del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Urdangarin, su socio, Torres, otros gestores y ex altos cargos del Partido Popular son investigados por varios delitos y el fiscal atribuye a Urdangarín y Torres ser propietarios de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habría adquirido la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social (constituida por Urdangarín en 2006) para presuntamente evadir capitales a paraísos fiscales.

También conocemos algunos defraudadores fiscales expedientados. El piloto de motos Sete Gibernau, el empresario Ricardo Rodrigo, los hermanos Carulla (dueños de Agroalimen), Carceller (propietario de Cervezas Damm), la tenista Arancha Sánchez Vicario, la soprano Montserrat Caballé, el piloto de F1 Martínez de la Rosa, el también piloto Fernando Alonso, el tenista Carlos Moyá, el ex jugador del Barcelona Luis Enrique, el piloto de motos Alex Crivillé… Fiscalmente andorranos, suizos o monegascos, dejaron de pagar millones de euros de impuestos.

En Suiza y Liechenstein en 2009 y 2010 se descubrieron 3.200 cuentas ocultas de políticos, empresarios, profesionales de altos honorarios y financieros españoles. Algunos defraudadores han sido expedientados pero, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los ricos que han incurrido en delitos fiscales millonarios han tenido un escandaloso trato condescendiente y privilegiado por parte del gobierno. Pero hay más.

La economía sumergida española se multiplicó por cuatro de 1980 a 2008, según informes de Funcas, federación de cajas de ahorros. Economía escondida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. Economía fraudulenta que mueve 245.000 millones de euros que, aún tributando a la baja, cubriría con creces el déficit de España en 2012 sin recortes ni aumentar impuestos a la mayoría.

Esa evasión fiscal es posible por los paraísos fiscales. No hagan caso de los cantos de sirena de la OCDE ni del G20 que pretenden que sólo quedan tres o cuatro paraísos fiscales. Paraísos fiscales, haberlos, haylos. Y muchos. Docenas de exiguos territorios o estados de cartón-piedra en el Pacífico o Atlántico más Suiza, Andorra, Gibraltar, Panamá, Luxemburgo, Liechstentein… Sin impuestos sobre el beneficio de empresas en sus territorios; con secreto bancario como dogma y cuentas anónimas numeradas como sacramento. Sin información ni estadísticas fiables sobre operaciones financieras, aunque sí un volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, más una sospechosa simplicidad y falta de vigilancia para constituir y registrar sociedades mercantiles. Y, por supuesto, ningún control sobre las sociedades filiales de las empresas transnacionales establecidas en ellos. A lo que añadir ausencia total de penalización por blanqueo del dinero y ninguna colaboración con autoridades fiscales y judiciales de cualquier país.

Sin tocar tales características que los definen, para sacar a un estado de la lista de paraísos fiscales, la OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin ninguna relevancia financiera (Islas Faroe, Groenlandia…) o entre ellos mismos.

Acuerdos de reciprocidad de información fiscal sin repercusión alguna en la lucha contra el fraude fiscal ni contra el blanqueo de dinero. Puro maquillaje.

Como recuerda Vigueras, “los paraísos fiscales son refugio del dinero sucio de los evasores de impuestos, de los corruptos, de los criminales organizados y de los terroristas del mundo”. Aunque la OCDE diga lo contrario, hay aún mucho paraíso fiscal, entre todos ocultan 6 billones de dólares y son realmente un peligro para la Humanidad.

El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, desencadena vulneraciones sistemáticas de derechos sociales. Porque los estados disponen de menos recursos por la evasión de impuestos y no pueden satisfacer el disfrute de derechos indiscutibles como salud o educación, por ejemplo. Una menor disposición de recursos agravada por la nefasta austeridad presupuestaria impuesta. Por tanto, la lucha contra la austeridad presupuestaria, contra las deudas ilegítimas, evasión y fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, es la lucha por el Estado de derechos sociales (mal denominado de bienestar). La misma lucha.