Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

No es una crisis, es un saqueo

Una historia interminable. Tras expoliar la sanidad, depredar la educación pública y perpetrar reformas laborales que han destruido millones de empleos (sobre todo en el Sur europeo), ahora, en España, un comité de 12 “expertos” propone “reformas” para hacer “sostenibles” las pensiones. Ocho de esos “sabios”, por cierto, han estado a sueldo de la banca. La OIT, además, denuncia que un millón de europeos ha perdido su trabajo en solo seis meses. Desde que empezó la llamada crisis, hay diez millones de parados más, que ya suman 27 millones en la Unión Europea.

Como es sabido, la crisis la provocaron los bancos privados de países ricos con sus especulaciones, choriceos y malas prácticas; incluso delitos. Pero los estados acudieron raudos al rescate. En 2007 y 2008, inyectaron a la banca cerca de un billón de dólares. Pero no acabó ahí el derrame de ayudas públicas. Hoy, a pesar del despilfarro de dinero, la banca continúa inestable, insolvente y sin dar créditos a empresas y familias.

Los bancos españoles son paradigma de ese derroche e insolvencia. Por ejemplo, el Estado ha ayudado a un banco, Bankia, con 157.000 millones de euros de dinero público, avales o compra de activos. Cinco veces el presupuesto anual de subsidios de desempleo. Pero Bankia continúa insolvente y al borde del abismo.

A finales de 2012, las ayudas públicas a cajas y bancos españoles ascendían ya a más de 1,42 billones de euros. Y, por si fuera poco, en la Unión Europea hay un fraude fiscal de un billón de euros, reconocido por el presidente de la Comisión Europea. Los estados tienen menos ingresos por el fraude fiscal y las rebajas de impuestos a los ricos. Y se endeudan.

En el tercer trimestre de 2012, la deuda pública española había ascendido hasta 817.400 millones de euros. Y ese endeudamiento aumenta en 2013 por la ayuda pública de 37.000 millones de euros para tapar agujeros de los bancos. Con el agravante de que gran parte de la deuda pública (contraída en muy buena medida para ayudar a la banca) está en manos de la propia banca. Porque con el dinero que el Banco Central Europeo presta a los bancos al 1% (dinero también público), éstos compran deuda al 4%, 5% o más de interés. Sin riego ni esfuerzo. Un negocio redondo.

Se establece así un circuito perverso de recurso permanente a la deuda para mayor beneficio de la banca. Recurso a la deuda que, como se ve, es transferencia neta de riqueza del Estado (es decir, la de todos) a la banca. En el caso español, el endeudamiento ha supuesto el pago de 258.000 millones de euros en intereses desde 2009. El endeudamiento ha servido de nada para activar la economía, porque el déficit sigue ahí.

El nuevo timo de la minoría rica y los serviles gobiernos europeos es aflojar en la exigencia de reducir el déficit, pero apretar en reformas “estructurales”. Chantaje puro y duro. O se imponen las contrarreformas exigidas (rebaja directa de salarios, despido fácil barato o gratuito, desprotección laboral, rebaja de pensiones, privatización de sanidad, educación y otros servicios públicos…) o no hay comprensión para rebajar el déficit. Y se continúa recurriendo a endeudarse para pagar los intereses y gastos corrientes del Estado. Insostenible.

En resumen, la banca provoca la crisis. La banca se hunde. El Estado la rescata con dinero público. El rescate aumenta el déficit público. Hay que reducir el déficit. Y se recortan presupuestos. Los recortes perjudican gravemente a la ciudadanía. Los recortes hacen retroceder la actividad económica. Aumenta el paro. Banca y grandes empresas evaden más impuestos que nunca. El fraude fiscal reduce los ingresos del Estado. El Estado se endeuda. La banca, especuladora e insolvente, continúa recibiendo ayudas públicas. Y, por esa razón, aumenta el déficit público. Banca, grandes empresas y gendarmes internacionales de la minoría rica exigen reducir el déficit. Como sea. Para reducir el déficit, los dóciles gobiernos recortan más derechos de la ciudadanía… Sigue la historia interminable.

Pero ya no es crisis: es saqueo. Saqueo (también denominado pillaje o latrocinio) es apoderarse de modo ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos. Y, en uso del derecho a la legítima defensa ciudadana, tenemos el derecho y el deber de actuar contra ese saqueo. Empezando por desobedecer a esos gobiernos cómplices necesarios del saqueo.