La Troika otra vez contra Grecia

Tras siete años de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescató a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la Troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para “cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013”. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedió el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunión de 7 de abril del Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la Troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, vulnera derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los más desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una Troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesión alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que “no aplicaremos medidas si no hay solución para la deuda“. Se refiere a reestructurarla y quizás hacer un quita importante. ¿Plantar cara a la Troika? Si no lo hizo hace siete años con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, ¿se atreverá ahora?

De momento el FMI pide más dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la Troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente común es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son víctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen ‘reformar’ las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones públicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

¿Y qué hacer ante un paro del 30% según los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Más paro porque, aunque se crearan empleos, habrá más precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete años. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones públicas a saquear, perdón a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales.

La Troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurabí hace 3.800 años. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestión de fondo, la Troika olvida además que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y España, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Más aún, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con superávit comercial mensual, además esos pagos nunca serían más del 3% del importe de las exportaciones alemanas. Así la deuda no pesó en la economía, Alemania se recuperó y creció.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisión política de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fría por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidió que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrática y demás países del área soviética.

Años después, continuó la promoción económica de Alemania con la creación del euro, que beneficia sobre todo a ese país. Entonces se aplicaron tipos de interés muy reducidos para que Portugal, España y Grecia, sobre todo, pudieran pedir préstamos a Alemania y así poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuación con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la Troika. Ni los gángsteres de los años 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

Disculpen la insistencia, pero necesitamos otra Unión Europea

La dimisión del primer ministro italiano Matteo Renzi, tras la victoria del No en el referéndum en Italia, más el inesperado Brexit de hace unas semanas, ha generado que medios, voceros y portavoces del sistema teman una inestabilidad institucional en la Unión Europea. Pero tal vez lo que preocupa a los de arriba, sea bueno para quienes están abajo. Veamos.

Hace once años, el canciller alemán Schröeder aseguraba que eran necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados económicos y sociales en la nueva Europa unida. Se cumplió, porque sí se han hecho grandes sacrificios. Pero siempre, los mismos. Funcionarios, trabajadores, empleados públicos, autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, los pobres y siempre las mujeres. Y los resultados no tienen nada de buenos para la mayor parte de la ciudadanía.

Unos años después, embarcada a la fuerza la mayoría ciudadana en la crisis, Oskar Lafontaine denunciaba que los mandatarios europeos desmantelaban el Estado social y hacían retroceder a Europa al siglo XIX. Se recortaban logros, derechos sociales y económicos, que tanto había costado conseguir, con la excusa barata de rebajar los déficits públicos. Empezaba la tiranía de la austeridad, convertida en señal de identidad de esta Unión Europea.

Ante la pasión de esta Unión Europea por limitar el déficit público, el economista Juan Torres nos ha recordado que el techo del déficit público del 3% del PIB no responde a criterio científico alguno. El 3% de PIB como máximo déficit público actual se lo sacó de la manga Guy Abelle, un funcionario francés, atendiendo una exigencia del presidente de la República de Francia, François Mitterrand, que quería  algo, una aparente norma fiscal, con la que frenar las demandas de más presupuesto de sus ministros. Solo eso.

Desde hace muchos años, esta Unión Europea no ha dejado pasar ocasión alguna para dejar muy claro al servicio de quien está, que no es precisamente el pueblo trabajador. Y, para hacerlo con comodidad, no ceja de vaciar de contenido y razón de ser la democracia que se supone es la materia prima con la que está construida la UE. ¿En serio?

Una prueba indiscutible de lo dicho es que en 2005 las ciudadanías de Francia, Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática: dijeron NO a la Constitución Europea. Pero los neoliberales constructores de su Europa, distrajeron como magos de feria a la ciudadanía con trucos, amagos y palabrería; olvidaron con alevosía la voluntad ciudadana que dijo NO y dieron el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa, que es lo mismo para el caso y para los intereses de la minoría dominante, porque afianza y remacha el Tratado de Maästricth, claramente al servicio del poder económico, especialmente el financiero, como se comprueba desde hace años.

Esta Unión Europea (que de modo alguno es la de la ciudadanía) ha castigado a la gente con una austeridad infame mientras inyectaba millones y millones de euros para salvar a una banca responsable de la llamada crisis. Como actuó la UE en la crisis de Grecia fue el expositor más claro de esa deriva. Sobre esa grave crisis, el Nobel de economía Stiglitz acusó a la Unión Europea de haber impuesto una estrategia económica catastrófica a Grecia para obligar a arrodillarse al Gobierno progresista de Syriza. Y añadió el Nobel no recordar depresión económica alguna tan deliberada y desastrosa como la de Grecia, evidentemente por culpa de la Unión Europea.

Sirva el aserto de base, con los hechos antes expuestos, para evaluar si esta UE conviene o no a la gente común. Pues, por si no fuera suficiente, esta UE ha levantado una fortaleza carísima contra inmigrantes y refugiados y ha enviado al infierno los derechos y garantías sociales de la gente. Sin olvidar que el Tratado de Lisboa, que sustituyó a la negada Constitución europea, se coció en comités oscuros y secretos. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo intervinieron. Porque para la minoría dominante en esta UE, la ciudadanía es un decorado o, cuanto más, una masa de extras y figurantes.

Y, mientras no cesa la austeridad, se reducen los ingresos públicos y la elusión y evasión fiscales campan a sus anchas. ¿Es casual que en esta UE sigan impunes Andorra, Gibraltar, islas británicas del Canal de la Mancha, Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres? Paraísos fiscales comprobados, donde con cabriolas, atajos y trampas financieras consiguen que los ricos paguen muchos menos impuestos.

Entonces ¿para qué quiere el pueblo trabajador esta Unión Europea?

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.

Sigue el atropello de la Unión Europea a la ciudadanía con la austeridad

La organización global CADTM (Comité Ciudadano para Anular la Deuda del Tercer Mundo) demostró en los años 90 que la deuda pública del Tercer Mundo era ilegítima e ilegal y, por tanto, inaceptable. Hoy en la Unión Europea la deuda es un arma letal en manos del poder financiero a través de sus esbirros euroburócratas y, mientras la Unión concede a España un año o quizás dos para reducir su déficit público, machaca implacable a Grecia.

Ningún país de la Unión puede siquiera dudar de la política de austeridad, reducción del déficit público y religioso pago de la deuda. Ni soñar con moratorias, reestructuraciones o quitas. Aunque las políticas de austeridad y pago de deuda supongan frenazo económico, crecimiento ridículo, más paro o trabajo precario, desigualdad obscena y más pobreza.

Grecia tiene superávit primario, porque ingresa más por impuestos que lo que gasta en pagar a funcionarios y financiar políticas. Pero tiene déficit final, porque ese superávit se lo come el pago de intereses de la deuda. Si pagará menos intereses, no tendría déficit. O si el interés a pagar fuera tan bajo como el que el BCE concede generoso a la banca por inyectarle millonadas de liquidez.

¿Que Grecia tenga déficit por abonar intereses mueve a sus ‘acreedores’ a ofrecer un pago más llevadero? Evidentemente, no. Y además exigen ‘reformas’. Que en román paladino significa que una amplia mayoría de la ciudadanía griega verá vulnerados sus derechos y lo pasará peor. Los principales acreedores de Grecia, por cierto, son FMI, BCE y eurozona. Tienen casi el 80% de la deuda griega.

Hablando de déficit, cabe señalar que España tiene déficit primario, porque lo recaudado con impuestos es menos que lo que gasta. Más 30.000 millones de euros de pago anual de intereses de deuda. El déficit español es considerable y su deuda, mayestática.

¿Por qué ese diferente trato con Grecia y España? Porque el gobernante Partido Popular (como el gobernante PSOE con Zapatero) no cuestionan la política de austeridad de la Unión Europea. Grecia lo hizo y, aunque luego cedió, ha sido atropellada para escarmiento de terceros. Ahora el FMI pide más ‘progresos’ para que los acreedores (que son ellos) concedan un tercer rescate. Sin más ‘reformas’ no hay rescate.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha remachado que solo habrá acuerdo de acreedores’ (ellos) y Gobierno griego si éste hace las reformas pendientes. Y cuando los burócratas de la UE o del FMI piden ‘reformas’, la gente común ha de apretarse el cinturón. Para que no suene a extorsión (que es lo que es), Moscovici hace un brindis al sol y dice que “se necesita un paquete de reformas creíbles, económicamente adaptadas, financieramente sostenibles y socialmente justas”. Increíble la desfachatez de esos euroburócratas.

Muy comprensiva, esa ‘troika’ reconoce la dificultad de “grandes reformas fiscales y de las pensiones” que el gobierno griego ha de hacer sí o sí. Las de las pensiones se traducirán en pensiones aún más reducidas y más dificultades para obtenerlas. Y las ‘grandes reformas fiscales ‘ supondrán que quienes más tienen paguen mucho menos de lo que deberían. Quien pagará más será el pueblo trabajador, mientras el capital pagará impuestos de chiste por sus rentas. Si paga.

Austeridad, rebaja del déficit, recortes presupuestarios, reducción de pensiones y demás obscenidades… lo paga el pueblo trabajador. Millones de griegos en estado crónico de incertidumbre y amenazados por la pobreza. No se merecen eso. Harvey tiene razón cuando explica que, además de la explotación de siempre por la que la minoría dominante se queda con el beneficio del esfuerzo del pueblo trabajador, hoy además le arrebata lo conseguido tras siglos de lucha: servicios públicos, derechos humanos sociales y económicos, dignidad…

La buena noticia es que la austeridad presupuestaria empieza a considerarse delictiva. En España, un fiscal ha acusado de homicidio imprudente a dos altos cargos de la consejería de sanidad del gobierno autónomo de Galicia. Por no proporcionar medicamentos contra la hepatitis C que evitaría la muerte. Fármacos negados por “razones presupuestarias”.

Por cierto, ahora recordemos que el informe de la auditoría de la Comisión Especial de la deuda griega demostró que gran parte de esa deuda es inmoral, ilegítima e ilegal. Y recomendó no pagar varios tramos de la misma.

La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.

Unión Europea y Turquía: un acuerdo obsceno y vergonzoso

La Unión Europea (UE) y Turquía han cerrado un acuerdo para expulsar refugiados. Turquía expulsará expatriados y además cerrará la vía por la que llegan a Grecia. Se vaciarán los campos de refugiados de las islas de Lesbos, Quíos, Kos, Samos y Leros, que serán devueltos a Turquía.

¿Qué consigue Turquía? Algunas ventajas políticas (no muchas) y el compromiso europeo de financiar proyectos de sanidad, infraestructuras, educación y alimentación por 6.000 millones de euros hasta 2018. El régimen turco en absoluto es modélico en derechos y libertades, pero ahora además se ha vendido por un plato de lentejas.

Que un país externo a la UE haga el trabajo sucio y expulse a ciudadanos extranjeros del sacrosanto suelo europeo no es nuevo. Lo perpetra desde hace meses Marruecos para España. Por un acuerdo opaco que no se ha dado a conocer, España y la Unión Europea ofrecen a Marruecos algunos beneficios y apoyo político. A cambio, Marruecos evita como sea que inmigrantes y refugiados que llegan a ese país crucen las fronteras de Ceuta, Melilla o el estrecho de Gibraltar. Informativos y noticiarios televisivos han explicado cómo actúa Marruecos y no tiene nada que ver con el respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Por cierto, el Gobierno en funciones del Partido Popular perpetró hace unos días devoluciones colectivas de refugiados y migrantes en Melilla, prohibidas por el derecho internacional.

Amnistía Internacional ha calificado el pacto de la UE con Turquía como una “violación histórica de derechos humanos”. Pero a los voceros de la Unión les da igual. Pretenden que lo que buscan es acabar con el negocio de las mafias que trafican con inmigrantes. ¿Qué mafias? Hay que ser cínico. Acabar con mafias sería trabajo de investigación policial, pero expulsar a la gente que busca refugio no tiene nada que ver con esa tarea ni así se acabará con presuntas mafias.

Los mandatarios de esta hipócrita Europa pretenden que el plan de expulsiones (‘deportaciones’ dicen) será “temporal y extraordinario”, colaborando con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Pero resulta que ACNUR, la Agencia de la ONU para refugiados, ha negado que vaya a colaborar con esos planes de la Unión Europea. Además, embusteros.

Una situación tan inaudita que cuesta encontrar adjetivos para calificarla. Situación intolerable porque, además, Europa tiene mucho que ver con la violencia sistemática y la guerra en Oriente Medio, causa del desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Ahora, el objetivo real de la UE es expulsar cuantos más refugiados e inmigrantes irregulares sea posible. Por la vía rápida. Y le pasan el muerto a Turquía y Grecia que tendrán que tomar medidas inaceptables para aplicar el acuerdo. Según la Comisión Europea, esa aplicación del acuerdo exigirá 4.000 personas entre policía de fronteras, expertos, intérpretes, abogados y jueces con un coste de 280 a 300 millones de euros en seis meses del que se hará cargo la UE. España aportará funcionarios para esas expulsiones que vulneran no sé cuantos pactos de derecho internacional.

Turquía por su parte se compromete además a abortar nuevas rutas de desplazados a Europa. La acobardada Europa teme un aumento de refugiados de Libia, Siria… por otros caminos. Y quiere atajarlos. Pero es pésimo enfoque. Como tratar un tumor cerebral con aspirinas. Refugiados y migrantes continuarán llegando por miles y el inaceptable acuerdo con Turquía, Marruecos (o quien sea) no resolverá nada porque no va al origen: que esos miles huyen de la violencia, la muerte y la incertidumbre. Mientras sigan violencia y guerra, habrá refugiados.

En el colmo del cinismo, la UE se ha comprometido a acoger a un sirio en territorio turco por cada sirio expulsado de las islas griegas. Pero esas acogidas de refugiados serán pacatas. Inicialmente, 18.000 y, como máximo, 72.000 refugiados. Calderilla si tenemos en cuenta que el año pasado llegaron a Grecia y sus islas un millón de personas expatriadas. Y que no es solución.

Afrontar de verdad el problema de los refugiados es una exigencia ética de verdadero respeto de los derechos humanos; eso de lo que tanto presume Europa de boquilla.

Esta Unión Europea marea la perdiz con acuerdos y tratados para decir que su actuación es legal. Pero la legalidad de por sí no significa demasiado. Como recordaba Martin Luther King, Hitler actuaba legalmente. Más importante que la legalidad es la legitimidad. Y esta Unión Europea la pierde por momentos.

Plan B alternativo para construir una Europa democrática

El movimiento contra la austeridad presupuestaria cuajó en Europa tras la humillación a Grecia. Una despótica Troika condenó al pueblo griego a la pobreza, incertidumbre y sufrimiento, en tanto seguían los ataques contra el estado social en Europa del Sur con el pretexto de reducir el déficit público. Meses después nacen en Europa propuestas de confluencia de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y políticas contra la austeridad criminal que impone esta Unión Europea (UE).

Muy oportuno, porque, tras el triunfo del No a la austeridad en el referéndum griego, el nada fiable presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sentenció inapelable que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”. Y así destapó con una nitidez indiscutible la Europa autoritaria. La de la élite gobernante al servicio de la minoría que detenta el poder económico y financiero. Para el presidente de la Comisión los tratados que conforman esta UE son como Dios. Pero hoy, el resultado comprobado de esta Europa bajo la dictadura neoliberal es que los tratados han logrado que los ricos sean más ricos, crezca la desigualdad y aumenten los pobres que son más pobres. Lo peor es que esta Unión utiliza la crisis  para desposeer sistemáticamente a las clases trabajadoras europeas en beneficio del poder económico y financiero. Por medio de sistemáticas rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales más brutales recortes sociales de los presupuestos de los Estados, que significan violaciones permanentes de derechos del pueblo trabajador.

Son tres las iniciativas que busca construir una alternativa contra la criminal austeridad de esta Unión Europea: Por un Plan B en Europa, Austerexit y Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25). ¿Se organiza por fin la oposición y resistencia europeas contra esta Unión? Veremos. Sus proyectos buscan en primera instancia eliminar el destructor Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno y acabar con el chantaje permanente a los gobiernos nacionales. Sin embargo, no todos quienes están contra la desintegradora austeridad ponen en cuestión el sistema económico que hace posible esta Europa. ¿Es posible cambiar Europa sin cuestionar ni erosionar el capitalismo?

Hay además dos posturas políticas diferentes de esta oposición que parece nacer con ganas de organizarse y crecer. Terminar con el euro y sus estructuras. O democratizar Europa, sin que mantener el euro o no sea prioritario. ¿Será esa diferencia como ocurre en la fábula de Samaniego en la que dos conejos discuten si les perseguían galgos o podencos hasta que los perros los sorprendieron despistados y los devoraron?

Desde luego nada será posible si la ciudadanía no sale a las calles. Cambiar esta Unión Europea no es cuestión de camarillas ni de líderes iluminados. Nada se logrará si organizaciones y movimientos sociales, ciudadanos y políticos no se convierten (metafóricamente) en tropas de asalto por una revolución democrática que construya una nueva Europa. Se podría empezar creando una red de municipios rebeldes y desobedientes y actuar en conjunto, así como trabajar con paciencia y tesón para que los sindicatos europeos se pongan en marcha, abandonen el papel secundario de buen rollito de los últimos años y recuperen la combatividad propia de sindicatos de clase y dejen de ser actores de reparto, extras o figurantes del sistema.

Una primera acción común mostraría la solidez del movimiento de oposición a esta Unión Europea. Por eso, el 28 de mayo, aniversario de la Comuna de París, se ha convocado una gran movilización por otra Europa en más de cien ciudades europeas. El éxito de esta movilización medirá en parte la fuerza del movimiento que nace para romper la actual arquitectura europea.

Es tiempo de construir el proyecto de otra Europa, no de reformas cosméticas. No habrá más justicia ni mas democracia en Europa sin desobedecer las reglas de juego de esta UE hasta eliminarlas. No habrá cambio sin desobedecer ni quebrar la política al servicio del poder financiero. No habrá otra Europa sin cuestionar el sistema capitalista, sobre el que se asienta esta Unión, para construir otro sistema.

El Plan B avanzará si se desobedecen tratados y techos de déficit. Y para logralo es preciso que la gente se mueva. Lo sintetiza Alberto San Juan cuando asegura que “sin movilización en las calles ningún partido cambiará nada. Es tiempo de volver a las plazas”. Esta UE no se arregla con reformas. Porque no es reformable. Es imposible gobernar a favor de la ciudadanía con los tratados y normas de esta Unión. Se necesita una revolución que ha de ser no violenta y democrática radical. Vía difícil, costosa y acaso lenta, pero nunca imposible. ¿Acaso no ha habido cambios en la Historia?

Y no nos confundamos. No es un problema de España contra Alemania o al revés. Es el pueblo trabajador europeo de todos los países miembros contra las élites políticas y económicas que lo explotan. Por eso es momento de tejer alianzas y redes contra la austeridad en España, Italia, Grecia, Portugal… Y sumar más y más para que crezca la desobediencia contra la dictadura de las élites.

Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

Esta Unión Europea es irreformable

Ucrania acordó con sus acreedores (Unión Europea, FMI y fondos de inversión) reestructurar 17.200 millones de euros de deuda. Les han perdonado 3.400 millones (una quita del 20%) más una demora de cuatro años en los que Ucrania solo paga intereses; lo que supone retrasar el pago del capital de deuda a 2019 (y hasta 2027, no desde 2015 a 2023 como antes). Y Ucrania solo pagará 43 centésimas de euro más de interés; un tipo de 7.75%.
Ocurre unas semanas después de que la Unión Europea y el Banco Central Europeo, acreedores de Grecia, se nieguen a la menor quita de deuda. Aunque otro acreedor, el FMI, argumentó la necesidad de la quita. En su lugar, la Unión Europea ha acosado y chantajeado a Grecia. O aceptaba sus condiciones, dignas de Al Capone, o salía del euro.
Lo ha descrito con claridad el economista James K. Galbraith, asesor del gobierno de Syriza: “A finales de enero, el Eurogrupo amenazó a Grecia con destruir su sistema bancario. Cuando el gobierno griego convocó un referéndum, Eurogrupo y BCE cerraron los bancos y, cuando el pueblo griego dijo NO, aumentaron las represalias hasta que el gobierno griego tiró la toalla”.
Tras tan obsceno espectáculo, resurge el debate sobre salir del euro o no. Pero la cuestión no es salir del euro o permanecer. Como ha escrito el ex-ministro de finanzas alemán y líder de Die Linke (la Izquierda), Oskar Lafontaine, “mientras el BCE pueda cerrar el grifo del dinero a un gobierno de izquierdas, no puede haber ninguna política verdaderamente democrática y social en Europa”. ¿Para qué sirve esta Europa a la gente común?

Ni siquiera es preciso recordar que puestos clave de decisión financiera de la UE están y han estado en manos de sujetos que han sido altos directivos de un banco tan predador y digno de sospecha como Goldman Sachs, entre cuyas hazañas está haber falseado las cuentas de Grecia durante los gobiernos conservador y socialdemócrata, para poder ingresar en la eurozona.

Y así, se llega a la triste pero indiscutible conclusión de que esta Unión Europea no admite reformas que merezcan tal nombre. Pues reformar significa ‘modificar algo con la intención de mejorarlo’, y mejorar (para la gente, por supuesto) no es intención ni voluntad de los totalitarios euroburocráticos que gobiernan esta Unión.
¿Qué hacer? ¿Otra construcción europea? ¿Una alianza de países del sur? Imposible. Tal vez. Lo parece.
Imposible pareció a muchos cuando, en 1917 un grupo de sufragistas, que exigían el voto para las mujeres, decidieron concentrarse cada día frente a la Casa Blanca. Al principio fueron ignoradas y su protesta apenas tuvo repercusión, pero se mantuvieron tenaces, convencieron a la opinión pública y dos años después las mujeres podían votar en EEUU. Y a continución en otros países.
En marzo de 1930, Gandhi empezó una marcha de 400 kilómetros para protestar contra el monopolio de la sal del Imperio Británico en la India por ser predador e injusto. Empezaban 17 años de lucha por la independencia. Y la consiguieron.
En el siglo XIX, al inicio de la industrialización, en Europa y EEUU los obreros trabajaban de lunes a domingo en jornadas de hasta quince horas por salarios de miseria. Tras duros y prolongados años de lucha, la clase trabajadora ha conseguido niveles de emancipación notables, lo que no significa que se hayan logrado todos los objetivos deseados y necesarios.
La actual Unión Europea nació inicialmente para que nunca más hubiera enfrentamientos bélicos entre Alemania y Francia, como ocurrió en los siglos XIX y XX. Pero de la búsqueda de paz y respeto de derechos humanos de todos se ha pasado a una especie de Chicago años 30 al servicio del poder financiero y las corporaciones transnacionales.
Como ha escrito Frédéric Viale de ATTAC Francia, “la Unión Europea es un mecanismo conservador antidemocrático para impedir cualquier avance progresista, sea cual sea la voluntad de los pueblos”. Y remacha Galbraith que “las esperanzas de negociar un cambio en la eurozona se han puesto a prueba con resultados brutales y que en la Eurozona hay una dictadura burocrática es un hecho”.
La democracia ya no existe, insiste Viale, hay que fundarla de nuevo, porque esta Unión Europea no es democrática. Es el problema, no la solución y así no hay avance alguno. Por eso esta Unión Europea no es reformable.
Si a eso añadimos la enorme vergüenza de estos días de unos gobiernos europeos incapaces de ponerse de acuerdo en distribuir a los refugiados por países (y algunos incluso negándose a aceptar refugiados), no hay la menor duda de que esta Europa no es la de la gente común, porque solo sirve a los banqueros, grandes empresarios y altos burócratas.
Habrá que rebelarse para cambiar las cosas.